Por Susan Robertson
Fuente: Education in Crisis
Foto: Ana Rey
En el momento en que se pone en marcha la siguiente ronda de negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inlgés) realizada el 26 de mayo y los Ministros de Comercio asisten a la reunión ministerial de TISA el 1° de junio, Wikileaks se convierte, una vez más, en la fuente de una importante filtración de información sobre estas negociaciones.
Parece que este autoproclamado grupo de “muy buenos amigos”, como se han descrito a sí mismos, compuesto por 23 integrantes que representan a 50 países, liderado por los Estados Unidos y la Comisión Europea (que es el único negociador de los 28 países que integran la Unión Europea) ha acordado una agenda política y desreguladora radical que ha ido más allá de lo que uno podría haber imaginado.
En forma secreta, Wikileaks revela que los negociadores del TISA han acordado restricciones sobre las empresas estatales argumentando que deben operar como empresas del sector privado. Esto va de la mano con un acuerdo para desregular las corporaciones, y mecanismos que aumentan la liberalización, mientras que se aseguran los intereses de las corporaciones a futuro (cualquier recusación requerirá que los postores paguen a estas empresas los ingresos perdidos a futuro), y podemos observar que las condiciones están dadas para la expansión de un mercado capitalista global que acapara todo; incluidos los derechos que pensamos que teníamos para definir servicios públicos como la educación.
En total, los países de TISA representan el 70% del comercio mundial de servicios, y quieren no sólo proteger, sino extender el control sobre el comercio de servicios como una ventaja competitiva, esta vez con mecanismos ineludibles y para la resolución de conflictos que hacen que sea imposible acabar con su dominio. ¡Les agradezco buenos amigos, pero no, gracias!
Tras la recusación y la dilación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) bajo el mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el 2005, muchos grupos de activistas creyeron que habían triunfado. Mirando hacia atrás, es evidente que no fue así. Por el contrario, esto fue sólo una victoria temporal sobre una estrategia a largo plazo donde se procuraba incorporar los sectores de servicios – como la educación y la salud – a dicho espacio, y por lo tanto, someterlos a las sanciones de las reglas del comercio mundial. No debemos desistir, nuevamente el juego del gato y el ratón entra en acción. Los Estados Unidos y la Unión Europea promovieron y aseguraron la proliferación de Acuerdos Comerciales Preferenciales, en gran medida de carácter bilateral.
Alrededor del año 2011, la retórica de los gobiernos, posterior a la crisis del 2008, junto con la presión de las empresas y sus grupos de mayor interés, pusieron en marcha una nueva ronda de negociaciones secretas en diversos frentes. Entre estas negociaciones se encuentran el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés) entre Canadá y la Unión Europea, el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) entre los 12 países del Pacífico dominado por los Estados Unidos, y la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) donde participan la Unión Europea y los Estados Unidos. Todos incluyen a la educación en el marco del sector de servicios y no como un derecho humano. Si logran cumplir con su misión, todos dejarán a la educación fuera del ámbito de las personas, de la política electoral, y de los debates más amplios, en lo que respecta al propósito de la educación, cómo se regula, quiénes se benefician, y qué mecanismos reguladores y de otro tipo se establecen para asegurar que se den las condiciones para una sociedad más igualitaria, respetuosa, con cohesión y justicia social.
Si estos buenos amigos saben manejar el TISA, nos proporcionarán un conjunto de regulaciones que conformarán el marco y determinarán los sectores de la educación a futuro, de una forma que no hemos visto, no hemos debatido, ni votado a favor, y sobre lo cual no hemos sido consultados, pero que no podemos recusar ni cambiar. Además, cuando las partes interesadas, tales como los sindicatos y sus trabajadores han preguntado acerca de cómo podríamos participar en calidad de partes interesadas, las puertas se han mantenido firmemente cerradas.
Usted no se imagina cuán alejada se encuentra esta situación de los procesos proclamados como “democráticos”. Lo que es peor aún y genera malestar, es que se asemeja a una política autoritaria y fascista, y debe ser recusada, mencionada y resistida.
Si se requiere que la educación juegue un rol en nuestras sociedades como una de las instituciones sobre las que las personas tienen derecho a exigir cuentas, a causa de sus efectos distributivos y relacionales, entonces tenemos que oponernos a las propuestas de los buenos amigos y llamar a sus tácticas por su nombre: anti-democráticas, corruptas y egoístas. Insistimos que los servicios públicos, como la educación, son precisamente eso. ¡Son públicos y nuestros y deben ser protegidos como una empresa estatal de propiedad pública que le rinde cuentas al pueblo.