Por Darío Balvidares*
Fuente: Rebelión

Si bien la ola de reformas educativas comienza en 1980, la entrada del mundo corporativo en la educación global tiene un inicio marcado por la cumbre de Jomtien, Tailandia en 1990 con el precepto “Educación para todos”; reafirmado en la cumbre de Dakar (2000). La ruta a seguir queda señalada por los llamados Objetivos del Milenio (ODM); los Objetivos 2015; Estrategias post-2015; Estrategia de Educación 2020 del Banco Mundial y Metas Educativas 2021.
Un asombroso avance de centros, fundaciones y ong,s, que de pronto aparecen con la gran “preocupación” por la educación a nivel mundial y prescriben líneas políticas a los países para la continuidad de la “reforma educativa”, que en apariencia tiene por finalidad la educación de todos.

Pero no nos confundamos, no es un amplio debate pedagógico, puesto que la línea marcada por los reformadores responde de manera unívoca a la pedagogía instrumental, que transforma el conocimiento en instrumento de mercado, anulando la subjetividad en función de la estandarización. De esto hablaremos más adelante.

Lo que nos ocupa es testear, lamentablemente no en toda su magnitud, por razones de economía de lo que un artículo permite, el avance de la reforma privatizadora y su impacto en la educación pública.

El programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREAL) es llevado a cabo por la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe creada en 1996 como producto de la articulación entre el centro de análisis políticos Diálogo Interamericano (IAD), con sede en Washington y la Corporación para el Desarrollo (CINDE) con sede en Santiago de Chile.

Según su propia página web, en sus inicios, decía que el IAD estaba integrado por “100 ciudadanos distinguidos del continente americano, entre ellos, dirigentes empresariales, académicos, de los medios de comunicación y otros líderes no gubernamentales (…) otros miembros fueron presidentes y otros tantos ministros en sus respectivos países”.

Hoy la misma página del IAD dice: “La pertenencia del Diálogo Interamericano incluye más de 100 líderes públicos y privados de Estados Unidos, Canadá y 21 países de América Latina y el Caribe…”.

Los miembros argentinos del IAD (según la propia página web) son José Octavio Bordón, José María Dagnino Pastore, Gustavo Grobocopatel; Juan Manuel Urtubey, María Eugenia Vidal y Alfonso Prat Gay.

Por otra parte, en CINDE se presenta como “una institución de derecho privado (…) entre sus miembros incluyen líderes de diversas áreas, como la industria y el comercio, el gobierno, la educación superior, la política, la religión y los medios de comunicación”.

Estas asociaciones se reproducen en fundaciones y ong´s y casi todas tienen cercanías con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con otros organismos internacionales.

Al mismo tiempo entre las fundaciones y ong`s se construyen cadenas corporativas, como ya veremos.

Repasemos, entidades privadas aparecen como faros de la reforma educativa, en todos los casos el slogan es la “modernización” del estado y la idea de mayor “competitividad económica” mejorando los “estándares” de educación.

La estrategia de educación 2020 del BM se enmarca en “la expansión y la mejora de la educación son clave para adaptarse al cambio y enfrentar esos desafíos. En términos sencillos, las inversiones en educación de calidad conducen a un crecimiento económico y un desarrollo de manera más rápida y sostenible. (…) Los tres pilares de nuestra estrategia son: Invertir temprano. Invertir con inteligencia. Invertir para todos”.

Veamos por un instante la siguiente cadena semántica: “cambio”; “inversiones”; “calidad”; “desarrollo sostenible”.

Las preguntas que surgen, puesto que hablamos de educación, son: ¿a qué cambio se refieren?; ¿de qué inversiones hablan?; ¿qué es la calidad?; ¿quiénes se desarrollan de manera sostenible?

Brevemente, desde los comienzos de las reformas educativas venimos escuchando los mismos enunciados; de Jomtien hasta hoy pasaron 26 años de marchas y seudo contra marchas de las reformas educativas llevadas a cabo por los países firmantes.

Hace 26 años que soportamos un desenfrenado ataque a la educación pública, en pos del “cambio” y sobretodo la “calidad”. Cuando a lo que estamos asistiendo es a un extenso proceso por la privatización de los sistemas educativos, a una sustitución de lo público y de un derecho humano invocando la “mala calidad” de los servicios educativos, como tanto les gusta llamar en los documentos de la reforma y en algunos medios.

Siempre hablamos de la macro-economía; hablemos de la macro-educación; puesto que el plan de reforma es subsumir la educación pública a mayores rentabilidades corporativas; es por eso que cuando hablan de “calidad” no lo hacen en términos pedagógicos, sino que hablan de calidad de los resultados: el modelo instrumental del conocimiento.

Para muestra…

En marzo de 2014 se realizó en San Pablo, Brasil, el Seminario Internacional “Privatización de la educación en América Latina y el Caribe”, organizado en el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

La campaña CLADE propuso para el seminario estudiar y debatir las tendencias de privatización que se despliegan en los países de la región: escuelas chárter; vouchers; liberalización del sistema educativo con perspectivas pro-mercado; alianzas con el sector privado (religiosas, corporativas) y escuelas de bajo coste.

Es importante, también, repasar el anexo que se produjo en el seminario respecto de las corporaciones y los espacios estratégicos para observar el plan de privatización de la educación.

El informe presenta una secuencia de corporaciones dedicadas a la “consultoría”, “prestación de servicios educativos” e “industria de evaluaciones estandarizadas”:

Pearson PLC es una multinacional británica con sede en Londres, es la mayor compañía de servicios educativos y editora de libros del mundo, dueña del Financial Times Group y de Penguin Books. Tiene tres líneas de servicios educativos: educación básica, superior y profesional. Actualmente se inclina hacia los mercados digitales y los mercados educativos en países emergentes. En lo que se refiere a la incidencia por un modelo global de educación favorable a la privatización, desde 2012 Pearson co-presidió junto a UNICEF la Learning Metrics Task Force, que reúne bajo iniciativa de Brookings a 30 organizaciones interesadas en garantizar el enfoque de resultados mensurables de aprendizaje en la agenda Post-2015. Su objetivo es generar consenso favorable a la introducción de sistemas estandarizados de evaluación de los aprendizajes.

Pearson está involucrada en el mercado de escuelas de bajo coste y mantiene el Fondo de Aprendizaje Pagable (Pearson Affordable Learning Fund). Es un fondo con ánimo de lucro, que congrega personas y grupos interesados en invertir en escuelas de bajo coste.

Breve paréntesis ciudadano

En la página web de la corporación Brookings (brookings.edu) podemos leer lo siguiente:

“La ciudad de Buenos Aires ha llevado a cabo importantes reformas de la educación en los últimos cinco años inspirados por el Grupo de Trabajo de las métricas de aprendizaje, la comunidad excepcional de la Champions aprendizaje LMTF, y varios profesionales y especialistas de toda América Latina y el mundo. Estas conexiones son fundamentales para los logros de esos objetivos; su apoyo y experiencias proporcionan un conocimiento invaluable para nuestras propias políticas. Por esa razón, una red de aprendizaje se propuso en agosto pasado para asegurar que todos los niños aprendan lo que necesitan para convertirse en el arquitecto de su propio futuro en un mundo cambiante. La esperanza ahora es que todos seguimos trabajando juntos para mejorar los resultados del aprendizaje para estos niños”.

Es decir, la Learning Metrics Task Force es la estrategia proveedora en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar la estandarización educativa en la disputa desigual de la educación pública y el negocio corporativo, en este caso de Pearson PLC y de la Bookings como corporación colectora y, por supuesto, con la participación de UNICEF.

La Brooking Institution es una organización privada con más de 100 años, de origen estadounidense. A través de su Centro para la Educación Universal, está empeñada en incidir en la política educativa en el ámbito mundial. Se involucró fuertemente en los debates respecto de la agenda Post-2015. Creó, Learning Metrics Task Force, con el propósito de desarrollar un modelo de evaluación de aprendizajes e incidir por la inclusión de una meta en defensa de los resultados mensurables de aprendizaje en la nueva agenda.

Como ya vimos Brooking presta servicios de consultoría a gobiernos y otro de los objetivos más defendidos por la organización es la privatización del campo educativo.

Una reflexión; el texto citado dice: “asegurar que todos los niños aprendan lo que necesitan para convertirse en el arquitecto de su propio futuro”. ¿Qué es lo que los niños necesitan? ¿Los conocimientos que se proponen en LMTF? Descontextualizados, deshistorizados ¿cómo los que evalúan en las pruebas PISA?

La corporación ataca de nuevo

Otra de las fundaciones que aparecen en el anexo del informe del seminario CLADE es la Varkey Gems Foundation, de Sunny Varkey (el mismo que estuvo reunido con el presidente Mauricio Macri en su visita a Davos).

Gems Education Ltd. Es el mayor proveedor global privado de educación escolar; ofrece un abanico de cupos escolares a precios que van desde los 750 a los 40.000 dólares por persona al año, atendiendo diferentes segmentos de renta. Tiene rendimientos anuales de cerca de 500 millones de dólares. Sus inversiones se centralizan en escuelas de bajo coste.

Sunny Varkey es propietario de más de 100 escuelas internacionales en todo el mundo, el 4 de abril de 2011 firmó un acuerdo con la UNESCO para desarrollar programas de formación docente. Dijo Sunny Varkey: “Este acuerdo es un ejemplo en el que GEMS ofrece su experiencia y sus conocimientos a educadores de todo el mundo para influir en la educación docente a nivel mundial”.

¿Qué ocurre en el rancho propio?

Las fundaciones educando a los docentes, de hecho viene ocurriendo en los niveles locales con el eslogan de la “responsabilidad social empresaria”, otorgan charlas o capacitaciones a docentes de todos los niveles, a directivos y supervisores.

Veamos. “…la Fundación Bunge y Born lleva adelante el Programa Sembrador, de ayuda a escuelas rurales, que entrega actualmente a 750 escuelas de todo el país, al comienzo del ciclo lectivo y en forma gratuita, útiles escolares, videos, textos de capacitación docente, banderas de ceremonia, juegos de mesa, elementos deportivos, instrumentos musicales y botiquines de primeros auxilios, entre otros elementos. (…) Este valioso programa, que se desarrolla en alianza con la Fundación Pérez Companc, beneficia directamente a unos 45.000 alumnos e incluye a alrededor de 5000 docentes”. (Editorial diario La Nación 06/12/14).

Lo que parece que se está creando es un para-estado del gobierno de la educación, una transferencia a manos privadas cada vez con mayores competencias, como venimos desarrollando en esta “educación para todos”, de fundaciones empresariales que forman incluso a directivos y supervisores para llevar a cabo la gestión escolar, el estado está en pleno proceso de tercerización de la educación pública.

En el video de promoción de los cursos de la fundación Bunge y su socio Perez Companc (subido a You Tube el 6/01/16) podemos escuchar mensajes como este: “…para nosotros, la mejora continua de la educación es clave. Así acompañamos a las escuelas secundarias y agropecuarias en la implementación de un sistema de gestión de la calidad educativa para que puedan alcanzar la certificación de sus prácticas bajo normas ISO 9001…” Más adelante vemos en el video que debe mediar un convenio con la Universidad de San Andrés (UdeSA), puesto que la capacitación en gestión de los cursos de verano así lo identifica.

La UdeSA se transformó en los últimos años en uno de los faros de la capacitación de directivos, en su promoción para este año: “Grupo de Estudio para Directivos” por tres jornadas de capacitación tiene un arancel de $ 2.100.

No será hora de comenzar a discutir uno de los enunciados que circulaba desde los comienzos de la “reforma”; aquello de que la “educación es pública y lo que diferencia es la gestión” que se diversifica en: estatal o privada (por supuesto que luego aparecieron otras clasificaciones); pero lo que en este trabajo interesa es ver cómo se borra la indistinción de público/privado, bajo el maquillaje de “todo es público” y es justamente la palabra estado la que provoca la interferencia. Dejemos, por el momento, este cambio de estado de la educación, porque, probablemente, en la medida que avancemos se irá respondiendo el porqué del cambio.

Otro poco de historia

Cabe recordar el documento fundante Educación y Conocimiento: Eje para la transformación productiva con equidad producido por la UNESCO y la CEPAL a comienzos de los ’90, dónde se explicitan los núcleos centrales de la reforma economicista de la educación, especialmente para para Latinoamérica y el Caribe en función de las transformaciones de los países de la OCDE.

Este documento es el aparece como marco para la generación de leyes de la reforma, y por supuesto que continúa vigente; en él se prescribe, entre otras cosas, sobre los incentivos docentes (que son sumas no remunerativas, ni bonificables), sobre la mayor “autonomía” de las escuelas (lo que permite desligarse a los estados de su responsabilidad pedagógica, la que se transfiere directa y únicamente a la escuela, siendo que los diseños curriculares y las estructuras son definidos desde el ministerio de educación bajo “recomendaciones” supranacionales).

Para el financiamiento del sistema – y por lo que nos ocupa en este trabajo – propone diversas formas de contribución privadas: programas financiados por empresas; aportes a la capacitación; aranceles para los niveles superiores del sistema; excepciones y estímulos tributarios para las personas privadas que hacen donaciones (léase fundaciones, ong’s); monitoreo y evaluación de resultados; fondos específicos para el mejoramiento de la calidad (a cargo de los llamados organismos de cooperación, léase BID, entre otros)

En 2005, cuando asumió Luis Alberto Moreno como presidente del BID dijo que tenía dos preocupaciones fundamentales: la economía y la educación regional.

En 2008 Argentina toma para educación, un nuevo crédito de 2.700 millones de dólares. Esto es lo que el BID desembolsó para el “Programa de Apoyo a la política de Mejoramiento de la Equidad Educativa”. Este préstamo tuvo un complemento de dineros públicos de 300 millones de dólares.

Con esos dineros se financiaron la compra de libros, el plan mejora de las escuelas secundarias que se articulaba por proyectos y los docentes involucrados cobraban, otra vez, dinero no registrado, más que por la firma de una planilla, pero, que por supuesto tenía una tarifa plana no remunerativa y no bonificable.

Aún continúa, solo que ahora con dineros de fondos propios, pero con la misma metodología. Es más, para monitorear y evaluar la marcha del programa, en la primera fase, se destinaron 18 millones de dólares.

Los procesos de la “reforma” educativa traen aparejados endeudamiento externo, fijación de líneas políticas estandarizadas, insistentes “recomendaciones” sobre la “adecuación” de los estatutos que regulan la actividad docente y la creación del mercado global de la educación en el que compiten (o se cartelizan) las grandes corporaciones, vía fundaciones y ong’s con la meta de terminar de subsumir el sistema público de educación en los proyectos de dependencia económico-corporativo.

Más colonialidad

Para ir cerrando este trabajo comentemos un apartado más que interesante respecto del tan puesto en escena Programa Fulbright de becas de intercambio educativo internacional.

Según la página web de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “La fuente principal de los fondos para el programa fulbright es una asignación anual realizada por el congreso al departamento de estado” que es el patrocinador del programa junto a corporaciones y fundaciones en el extranjero y en el propio país que también prestan apoyo directo o indirecto, así como a través de los convenios realizados en más de 50 países.

En Argentina establecieron un acuerdo, la Comisión Fulbright, la fundación Bunge y Born y el Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología de Córdoba para los intercambios 2001/2010. Es importante ver como existe un centralismo absoluto de los Estados Unidos sobre como aglutina desde convenios bilaterales, es decir toda relación es Estados Unidos y… algún otro país, toda relación es hegemónica.

Acaso demasiado suspicaz, pero que el Departamento de Estado del país del norte patrocine el Programa Fulbright ¿es sólo una cuestión filantrópica?

Para cerrar esta primera entrega es preciso citar al lingüista, investigador y pensador, Noam Chomsky, que escribía en Política y cultura a finales del siglo XX:

“En primer lugar, la democracia. Hemos de decir qué queremos significar con esa palabra. Como la mayor parte de los términos de la historia política, democracia tiene dos significados. Uno es su acepción real y el otro, el opuesto. El opuesto es el que se utiliza con propósitos de control ideológico. En el sentido ordinario (…)un sistema es democrático cuando ofrece posibilidades de que la generalidad de la población juegue un papel significativo en la administración de los asuntos públicos. En el sentido de democracia que se utiliza para control doctrinal, el contraste, la sociedad es democrática cuando imperan los procesos empresariales sin interferencias de la chusma inoportuna”.

*Darío Balvidareses profesor y Licenciado en Letras (egresado de UBA)y exrector de la escuela de Comercio N° 3 Hipólito Vieytes (CABA). Es también autor del ensayo La novela educativa o el relato de la alienación (2005) con prólogo de Osvaldo Bayer y decenas de artículos sobre educación, entre ellos: “Universidad pública o alimento transgénico de la corporación” (2008); “La colonialidad educativa entre Cumbres y Corporaciones: el final del carácter público del conocimiento…el crimen (casi) perfecto” (2010); “De la obsolescencia programada a la obsolescencia educativa” (2011) publicados originalmente por Argenpress y últimamente un breve artículo: “Otro más allá del bien y del mal” (especial para Contrahegemonía – enero 2016). Además es productor periodístico de los programas radiales La Deuda Eterna y La Cultura en Pedazos.