El Fondo Monetario Internacional ha planteado recortes en esa área al considerar que la isla caribeña ha “gastado demasiado en la educación”

Fuente: teleSUR

Las medidas neoliberales y de recortes sociales que implementa el Gobierno de Puerto Rico para enfrentar la elevada deuda de 73.000 millones de dólares afectarán también al sector educativo.

Según declaraciones de un portavoz al diario británico The Guardian [lea aquí, en inglés], el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha planteado recortes en esa área al considerar que la isla caribeña ha “gastado demasiado en la educación”.

Las medidas implicarían el despido masivo de maestros, el cierre de escuelas y la reducción del gasto educativo, el cual se ubicó en 1.400 millones de dólares en la última década, por lo que se estima que el 45 por ciento de las escuelas públicas serán clausuradas en los próximos cinco años, destaca EFE.

Además del monto de la deuda, el déficit presupuestario de la isla se ubica de 705 a 740 millones de dólares, por lo que se ha planteado la no cancelación de la cuota para el próximo 1 de agosto, según el jefe de Gabinete del Gobernador puertorriqueño, Víctor Suárez.

Al respecto, el miembro del Partido Independentista de Puerto Rico, Salvador Tió Fernández, comentó en el programa Agenda Abierta de teleSUR que el problema con la deuda de Puerto Rico se presenta “desde hace 20 años”.

Tió Fernández consideró que el país caribeño viene pagando desde entonces “la deuda con deuda”, con el consiguiente el incremento de los intereses.

El dato: Más de la mitad de los 3,6 millones de residentes de Puerto Rico vive en condiciones de pobreza, mientras que el desempleo alcanza el 15 por ciento.

Tió Fernández denunció que los gobernantes de Puerto Rico han permitido que empresarios capitalistas apliquen medidas que se enfocan en reducir la capacidad del trabajador. Además, generan el descenso del salario mínimo aunado a la “agresión” estadounidense al no plantearse un rescate federal, pese a ser un estado asociado.

El Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, reconoció que la deuda era “impagable”, por lo que los recortes del sector educativo se suman los ya establecidos a mediados de julio, que afectaron la administración pública con el cierre de diferentes oficinas y la creación de mayores servicios en línea para reducir los gastos.

Lea más: Protestarán en Puerto Rico contra recortes sociales

En vídeo producido por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, de Brasil, durante el Foro Mundial de Educación, realizado en Incheon, Corea, en mayo de 2015, David Archer, gerente de desarrollo de programas de ActionAid y miembro del Comité Directivo de la Campaña Mundial por la Educación, discute los desafíos e implicaciones de la privatización de la educación.

Archer argumenta que se debe aumentar la inversión en educación y habla sobre la iniciativa de ActionAid y aliados, que vienen demandando que los impuestos pagos por multinacionales  se inviertan en el financiamiento de la educación pública. Él también comenta el hecho de que en Brasil, se aprobó que los royalties de comercialización del petróleo se inviertan en educación – lo que ha sido una victoria de la sociedad civil.

La Campaña presentó el video en reunión estratégica de sus miembros, en la que se discutió la implementación del Plan Nacional de Educación de ese país. En inglés, con subtítulos en portugués.

 

La campaña de la Internacional de la Educación contra la creciente privatización de la educación recibió el 22 de julio un sobrado y apasionado apoyo por parte de las y los delegadas/os en su 7° Congreso Mundial, en Ottawa 

Fuente: Internacional de la Educación

En nombre del Consejo Ejecutivo, la Presidenta de Internacional de la Educación, Susan Hopgood, propuso la resolución (1.1) sobre la privatización y comercialización en y de la educación, diciendo que la IE necesitaba dar una respuesta global ante el incremento de las empresas en el ámbito de la educación – el sector lucrativo está actualmente valorado en 5 billones de dólares. “Esta respuesta abarcará la privatización de la educación desde la primera infancia hasta la universidad”, dijo, y añadió que la privatización de la educación es la mayor amenaza para la educación en tanto que bien común.

El mandato de dar una respuesta global

La resolución insta al Consejo Ejecutivo de la IE a iniciar una campaña mundial que implique a sus afiliadas y aliados, destinada a hacer frente a la tendencia creciente de subcontratar a agentes privados e implicarlos en las actividades y servicios relacionados con la educación. También insta al Consejo a crear un grupo de trabajo sobre la privatización y la comercialización de la educación.

Al secundar la resolución, Randi Weingarten, Presidente de la Federación Americana de Docentes (AFT), dijo que la resolución favorecía a los niños y a los docentes, pero que la IE y sus afiliadas tenían que actuar rápidamente “para vencer la ventaja inicial de los privatizadores”.

Una respuesta apasionada

La resolución provocó una respuesta enérgica por parte de los asistentes, con intervenciones de los delegados de Canadá, Filipinas, Suecia, Noruega, Kenia, Reino Unido, México y Colombia. Éstos pusieron de relieve los efectos negativos de la privatización, entre ellos el uso de docentes no cualificados, la falta de plazas escolares, la dependencia de las becas y el modelo de pago diario queexiste en el sur.

Lily Eskelsen García, Presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA) de Estados Unidos, instó a los delegados a utilizar el poder de su número de miembros al movilizarse en campañas locales e internacionales contra la privatización. “La IE tiene una membresía de 32 millones – somos poderosos/as”, dijo.

El apoyo de la UNESCO

La resolución de la Internacional de la Educación recibió el apoyo del orador invitado, el Dr. Jordan Naidoo, Director de EPT. “La UNESCO está plenamente comprometida con la educación en tanto que derecho humano y con la protección de este derecho en tanto que bien común”, dijo.

Naidoo también subrayó la importancia de la labor que la IE y la UNESCO llevan a cabo en este campo. “Con la tendencia creciente hacia la privatización y el mito de que la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) solucionará todas las dificultades, el papel de la IE y la UNESCO es aún más importante”, dijo.

Documento de política educativa

El Congreso también aprobó un apéndice del Documento de política educativa sobre la privatización de los servicios educativos.

Pará testará modelo que tem gerado intensos debates nos EUA: entregar para organizações particulares a administração de colégios do Estado

Fonte:  O Globo | Antonio Gois

O governo do Pará em breve testará em sua rede um modelo de organização escolar que, nos Estados Unidos, tem gerado debates acalorados entre educadores. São as chamadas escolas “charter”, administradas pela iniciativa privada, mas que atendem gratuitamente alunos de baixa renda com financiamento público.

O projeto conta com o apoio do IFC, instituto do Banco Mundial que tem atuado no Brasil em desenvolvimento de projetos de parcerias público-privado (PPPs). Serão construídas 50 escolas de ensino médio. Segundo Tomas Anker, especialista de projetos de PPP no instituto, a ideia — como já acontece num contrato de concessão de rodovia, por exemplo — é que o pagamento da organização privada que assumir a gestão desses colégios seja atrelado a indicadores de desempenho. Entre eles devem constar níveis de aprendizado medidos em avaliações externas, taxas de evasão e repetência, e garantias de equidade no perfil do aluno atendido.

O secretário de Educação do Pará, Helenilson Pontes, sabe que a ideia é polêmica. Ele aposta, porém, que, por serem escolas novas, a resistência será menor: “Não haverá transferência ou fechamento de escolas, nem redução de vagas ou salários. O Pará tem um dos piores índices de educação do Brasil. Isso nos leva a procurar alternativas, mesmo que signifique enfrentar tabus”.

O que o governo do Pará e o IFC pretendem testar no Brasil é se escolas públicas, quando geridas pela iniciativa privada e recebendo níveis similares de financiamento, seriam mais eficientes.

Essa resposta não será simples. Basta olhar para a experiência dos Estados Unidos, país que mais tem testado a fórmula, e que hoje conta com mais de 6 mil escolas com esse perfil. Entre os defensores das charters por lá, havia a expectativa de que elas apresentassem melhores resultados do que as públicas. Em alguns estados, estudos confirmaram essa hipótese.

O movimento cresceu também graças aos bons resultados de algumas redes de colégios que chamaram atenção da opinião pública. Para os favoráveis ao modelo, o fato de ter funcionado em alguns estados e de haver casos exemplares mostra que ele, quando bem gerido, é viável. Seus críticos, porém, apontam com frequência que essas escolas tidas como excepcionais em geral recebem financiamento extra, atendem menos alunos com problemas disciplinares, e dariam ênfase excessiva para a preparação para testes.

As avaliações mais amplas já realizadas por lá ainda não permitem afirmar que, em nível nacional, as charters sejam mais eficientes. Um estudo encomendado pelo Ministério da Educação americano ao instituto Mathematica concluiu em 2011 que, apesar de pais e alunos reportarem níveis maiores de satisfação nos colégios administrados pela iniciativa privada, os resultados dos estudantes em testes de leitura e matemática não eram diferentes dos encontrados nas públicas tradicionais.

Outro grande estudo, este conduzido em 2013 pela Universidade Stanford, concluiu que, em matemática, 29% das charters se saíam melhor que as públicas tradicionais; 40%, iguais; e 31%, piores. Os autores da pesquisa ressaltaram que esses percentuais, quando comparados com o ano de 2009, mostravam melhoria das charters, em boa parte graças ao fechamento de algumas com baixo desempenho.

Em resumo, a experiência americana tem mostrado até agora que há tanto ótimas escolas charters quanto outras que deixam muito a desejar. Ser gerido pela iniciativa privada, portanto, não foi garantia de sucesso ou fracasso. No caso do Pará, por ser um tema que desperta paixões, é preciso avaliar com rigor a iniciativa sem perder de vista o que realmente importa: saber se os alunos estão ou não se beneficiando dela.

Organizaciones de la sociedad civil e informes apuntan para el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional británico a los procesos de privatización en países en desarrollo

Por Tom Lawson | Fuente: Occupy.com

En junio, el Reino Unido se convirtió en la primera nación del G-7 a consagrar como ley una meta estipulada por las Naciones Unidas en 1970, para que se destinara el 0,7% del ingreso nacional bruto a la ayuda internacional. Aunque el Reino Unido sólo alcanzó la meta por la primera vez el año pasado, la nueva ley significa que todos los futuros gobiernos británicos están legalmente obligados a cumplir con ella.

La medida fue bien recibida por la Secretaria de Desarrollo Internacional del gobierno, Justine Greening, junto con varias organizaciones de ayuda, incluyendo Concern Worldwide, ONE Campaign y la red Bond, cuyo CEO Ben Jackson dijo al periódico The Guardian que dicha normativa “envía una fuerte señal a los países en desarrollo que continuaremos para mantener nuestra promesa de ayuda para ellos”.

Pero desde que la ley fue anunciada por primera vez en marzo, han emergido varios casos que revelan cómo el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno, responsable de la ayuda exterior, está aumentando su apoyo al sector privado y beneficiando a corporaciones en lugar de personas.

En Nigeria trabajadores/as del sector de la energía están perdiendo puestos de trabajo, en Tanzania agricultores/as están siendo desplazados/as, y la pobación ugandese no puede pagar la educación básica, mientras que las empresas involucradas, como Agrica y Coca-Cola, se están beneficiando de acceso a nuevos mercados.

Como resultado, una serie de organizaciones de ayuda y desarrollo vienen externando su preocupación por cómo se están asignando los fondos del DFID. Morten Thaysen, asistente de comunicaciones digitales en la organización de la campaña Justicia Global Ahora, dijo que la nueva ley “es una gran noticia, pero por desgracia vemos ejemplos continuos de dinero de la ayuda del Reino Unido en beneficio de las élites corporativas en lugar de la gente común”.

Educación en África Oriental

Un informe, Lucrando con la Pobreza, de Nuevo, lanzado en abril por Justicia Global Ahora, afirma que “la ayuda está siendo utilizada como una herramienta para convencer, persuadir y obligar a la mayoría del mundo a llevar a cabo políticas de apoyo a las grandes empresas” y que “el DFID se ha convertido en el donante más importantes del mundo en la punta de lanza de un empuje para que las empresas con fines de lucro gestionen y provengan educación en África y Asia”.

Un ejemplo dado es la participación de DFID en la creación de escuelas primarias de bajo costo con fines de lucro, a través de Bridge Internacional Academies (BIA) en Kenia y Uganda. En mayo, más de 100 organizaciones internacionales, incluidas 30 en Uganda y Kenia, dieron a conocer una declaración abierta conjunta, dirigida al Banco Mundial, en la que manifiestan su preocupación por BIA que, de acuerdo a la Red Global Justice, emplea “maestras/os mal pagadas/os sin formación y estrategias de marketing agresivas con miras a los hogares pobres”.

Aunque la declaración abierta fue dirigida al Banco Mundial, que ha invertido $ 10 millones en BIA, el Departamento para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña también participa a través de su Impact Fund (Fondo de Impacto). Anunciado en 2012, el fondo es un proyecto de 13 años por valor de £75 millones (115 millones de dólares), y constituye el “principal mecanismo [del DFID] para el aprovechamiento de la inversión del sector privado” en los países en desarrollo. La primera inversión de DFID a través del fondo está en Novastar Ventures, que en cambio va a invertir en BIA.

Un cupo en una escuela Bridge cuesta $ 6 por mes. Por lo tanto, de acuerdo con la Red de Justicia Global, el envío de tres hijos/as a una escuela BIA costaría al menos, la cuarta parte de los ingresos mensuales de la mitad de las familias en Kenia y Uganda. Por el contrario, el presupuesto 2015/16 para las escuelas estatales en Uganda está a sólo 10.000 chelines ugandeses (menos de 3 dólares) por niño/a para todo el año, dice la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos en Uganda.

Un portavoz DFID dijo que “en algunos países en desarrollo las escuelas privadas de bajo costo son parte de la vida cotidiana de las personas”, y que “el Reino Unido trabaja con una serie de socios en educación para garantizar los mejores resultados posibles y valorar el dinero de las y los contribuyentes”.

Pero Angella Nabwowe, gerente de programas de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, dice: “Lo que está haciendo el DFID es la promoción de las desigualdades en Uganda. DFID debería direccionar recursos a la educación pública que recibe financiación largamente insuficientes, de manera que hay escuelas que carecen de instalaciones sanitarias básicas”.

A pesar de estas cuestiones, el DFID también está ampliando su participación en programas de educación privatizada en la República Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique, Tanzania y Nepal. A través de Girls’ Education Challenge, DFID gastará £355 millones (545 millones de dólares) entre el 2011 y el 2017 en proyectos de educación gestionados por la red multinacional de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers, y está trabajando con Coca-Cola para promover “el empoderamiento económico de 5.000.000 de mujeres empreendedoras a través de la cadena de valor de Coca-Cola mundial “, lo que la Red Jsticia Global afirma beneficiar abertamente la estrategia de ventas de la compañía.

Pero no es sólo en educación que la influencia de DFID está beneficiando empresas privadas a expensas de la población local.

Agricultura en Tanzania

Un informe publicado en junio por el Instituto Oakland revela que la compañía británica Agrica recibió £10 millones (15 millones de dólares) en dinero de la ayuda del Reino Unido para apoyar el establecimiento de una plantación de arroz industrial en Tanzania, bajo la dirección de Kilombero Plantaciones Ltd (KPL).

Para dar paso a la nueva plantación de 5.818 hectáreas, el informe dice que muchos/as pequeños/as agricultores/as fueron desalojados de sus tierras. Y aunque KPL ofreció contratos de tipo “pequeños/as productores/as” que permiten a las y los agricultoras/es a trabajar para la empresa, muchos/as han sido empujados a la deuda debido a la escasa rentabilidad y a la imposibilidad de pagar los préstamos necesarios para comprar las semillas y productos químicos específicos necesarios para el trabajo.

Un agricultor dijo a la Red Justicia Global: “A través del contrato, nos vimos obligados a aceptar las tecnologías que realmente no necesitamos para obtener una buena cosecha. Todas las decisiones sobre la agricultura fueron hechas por KPL. Porque yo tenía una deuda, tendía que hacerlo de la manera en que exigieron”.

DFID también está aportando £ 600 millones (922 millones de dólares) de 2012 a 2022 para apoyar la Nueva Alianza para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, que bombea fondos en el sector agrícola de África, requeriendo en cambio que se modifique las reglas comerciales de manejo de la tierra, y de las semillas para favorecer a los agronegocios multinacionales sobre los y las pequeños/as agricultores/as.

Energía en Nigeria

En marzo, se reveló que desde el año 2002, £140 millones (215 millones de dólares) se han gastado por el DFID para apoyar la privatización de la infraestructura energética de Nigeria. El proyecto, denominado Servicio de Asesoramiento para Infraestructura en Nigeria, está siendo ejecutado por Adam Smith International, una empresa de consultoría creada por el centro de estudios de mercado libre Adam Smith Institute.

Como sólo el 40% de los nigerianos tienen acceso a la electricidad – y con el suministro tan mal realizado que la empresa estatal Power Holding Company de Nigeria fue apodada “Por favor tenga una vela cerca” – muchos dicen que es necesario engancharse en acciones para ayudar a mejorar la situación. Sin embargo, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan y el enfoque pro desnacionalización de DFID están haciendo empeorar las cosas.

Desde la entrega de licencias a las empresas privadas, los sindicatos afirman que 10.000 empleados/as, o el 25% de la plantilla, han perdido sus puestos de trabajo sin compensación. Mientras tanto han habido informes de aumento de apagones y, de acuerdo a la Acción Social de Nigeria, la mayoría de las y los clientes se han enfrentado a una subida de precios del 50%.

Con una fuente de abastecimiento no confiable y el 67% de la población viviendo con menos de 1,25 dólares al día, la energía electrica se ha vuelto inasequible para muchos. Por lo tanto, millones de hogares han optado por generar su propia electricidad con inversores de baterías y generadores de gasolina. Incluso el gobierno ha tenido que gastar 4.2 millones de dólares en los generadores para mantener sus oficinas en funcionamiento.

“Las y los nigerianos han sido chantajeadas/os en la creencia de que no había ninguna solución a los retos de electricidad sin la privatización”, dice Ken Henshaw, el gerente senior de programas de Acción Social Nigeria. “Hay que preguntar, quién se está beneficiando de la privatización de la energía en Nigeria, ya que sin duda no es el pueblo de Nigeria”.

Un problema que persiste

Además de estos casos recientes, el organismo de monitoreo de la ayuda del gobierno del Reino Unido, la Comisión Independiente de Impact Aid, declaró en su informe Negocios en el Desarrollo de mayo que “DFID debería reevaluar cómo se evalúa, monitorea y evalúa sus compromisos con las empresas para garantizar su adecuación a los propositos y un foco más atento a las personas pobres”.

De la misma manera otras organizaciones están presionando a DFID adoptar diferentes enfoques.

De Uganda Angella Nabwowe dice que “lo que se tiene que hacer es vigilar donde este dinero se va, y lo que se está haciendo exactamente con ello”, mientras que Jessica Hammer de Oxfam dice que “DFID debería aprender de las experiencias del pasado, revisar su apoyo a la financiación del sector privado y dar prioridad a las inversiones en servicios públicos fuertes. La Red Justicia Global, dice que “la ayuda debe ser utilizada para apoyar las necesidades humanas mediante la creación de servicios públicos en los países que no cuentan con los mismos niveles de privilegio económico que el Reino Unido”.

Pero será que el gobierno británico les escuchará?

Está bien documentado que los conservadores, quien en mayo ganaron una mayoría absoluta por primera vez en 23 años, están entregando gradualmente el control de los servicios públicos de Reino Unido a las empresas privadas – el Servicio Nacional de Salud es quizás el ejemplo más visible. Ahora está claro que este programa no se limita a Gran Bretaña.

A pesar de un futuro seguro para el presupuesto de ayuda del Reino Unido, mientras la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional Justine Greening habla de “oportunidades emergentes” para las empresas británicas en el mundo en desarrollo, y describe la ayuda como “creación de mercado”, al que parece el alivio de la pobreza ya no es la única prioridad del programa de ayuda del gobierno.

Investigación encuentra que las alianzas público-privadas son costosas y arriesgadas, y muestra la falta de transparencia de ese tipo de asociación

Fuente: Eurodad

Un nuevo informe que examina el papel de las alianzas público privadas (APP) como una manera de financiar los proyectos de desarrollo muestra que dichas asociaciones son arriesgadas y costosas, instando a los gobiernos e instituciones financieras a parar de ocultar sus verdaderos costos. Las APP son acuerdos a través de los cuales los financiadores privados remplazan gobiernos en su condición de proveedores y financiadores de los servicios públicos tradicionales, como escuelas, hospitales y carreteras.

Lo que yace bajo la superficie: Una evaluación crítica de las Asociaciones Público Privadas y su impacto en el desarrollo sostenible examina la naturaleza y el impacto de las APP, de cara al marco de realización de la conferencia de ONU, Financiación para el Dessarrollo (Financing for Development – FfD) en Addis Ababa, del 13 al 16 de julio. El informe analiza la literatura existente sobre las APP y las experiencias de Tanzania y Peru, con base en los hallazgos de las redes Afrodad y Latindadd.

Los gobiernos europeos en particular, e instituciones financieras como el Banco Mundial, tienen planes de impulsar la participación del sector privado en el desarrollo durante la cumbre, a despecho de de las reservas de muchos/as expertos/as de países en desarrollo.

La autora del informe, Maria Jose Romero, Gestora de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre la Dívida y el Desarrollo (Eurodad), plantea que: “Las APP están siendo promovidas por nuestros líderes como una manera de financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, como salud y educación, que han sido tradicionalmente provisionados por el Estado. Los costos de esos proyectos suelen ser muy altos, el sector público adume todos los riesgos, y hay frecuentemente un velo que encubre los modos como dichos proyectos son negociados”.

“Nuestros gobiernos deben dar un paso atrás en la Cumbre de Addis Ababa y poner las necesidades del desarrollo – y no las necesidades de los investidores privados – en primer lugar”.

Los gobiernos a menudo ocultan los verdaderos costos de las APP ya que pueden mantener el proyecto y sus pasivos contingentes (deuda potencial) fuera de presupuesto.

Las conclusiones de este informe son:

• En la mayoría de los casos, las APP resultan el método más costoso de financiación y aumentan significativamente el gasto público.
• Normalmente, resulta muy complejo negociar y poner en práctica las APP y muchas veces sus costes de construcción y transacción son más elevados que los de las obras públicas.
• Demasiado a menudo, la obtención de financiación a través de APP conlleva riesgos para las instituciones públicas.
• Existen muy pocas pruebas de que las APP sean eficientes.
• Las APP presentan limitaciones importantes a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad y de prevenir un impacto negativo sobre el medio ambiente.
• El sector público está poco capacitado para implementar APP, sobre todo en los países en desarrollo.
• Las APP son poco transparentes y su escrutinio público es limitado, lo que tiene un impacto sobre su capacidad para rendir cuentas.

Romero afirmó: “Aunque exista alguna evidencia de que las APP pueden aumentar la eficácia de ciertos proyectos, hay diversos ejemplos de arreglos APP que han ido muy mal, y que dejaron una herencia duradera.

“Este informe muestra que promover APP de forma acrítica es un equivoco. Los gobiernos e instituciones financieras deben enfocar el desarrollo de los mecanismos adecuados al nivel del país para identificar si – y bajo qué condiciones – es deseable utilizar APP”.

Como muestran los casos de Perú y Tanzania, la experiencia al nivel del país es conflictuosa. Las APP sufren la poca transparencia y el escrutinio público limitado, que socava la rendición de cuentas democrática. En algunos casos, los proyectos APP han resultado en el descontento público, debido a sus costos más altos y alegaciones de corrupción.

El informe recomienda que los gobiernos dejen de ocultar el verdadero costo de las APP y que la toma de decisión sobre APP sea más transparente y comprometida con la rendición de cuentas. También se recomienda que los éxitos del desarrollo estén en primer plano de cualquier proyecto y que los países en desarrollo sean los responsables cuándo los principios y criterios para evaluar e implementar las APP se desarrollen.

• Descargue aquí el informe (en inglés).
• Para un resumen ejecutivo en español, cliquee aquí.

Fuente: GI-ESCR, Right to Education Project

(Ginebra, 02 de julio 2015) Ocho organizaciones internacionales de la sociedad civil, celebraron hoy una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instando a los Estados a regular y monitorear los proveedores privados de educación y reconociendo el potencial de “impacto en largo alcance de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación”.

El Comité de Derechos Humanos es principal organismo político intergubernamental mundial encargado de los derechos humanos. En la resolución, adoptada mediante un consenso entre sus 47 miembros, el Comité ha, por primera vez, respondido al creciente fenómeno de la privatización y de la comercialización de la educación.

Este fenómeno, y particularmente la emergencia de cadenas en larga escala de escuelas privadas de “bajo costo” con fines de lucro, dirigidas a las familias vulnerables económicamente en los países en desarrollo, ha recibido mayor atención de las organizaciones de la sociedad civil y también de los organismos de expertos/as de la ONU en los últimos meses.

Camilla Croso, de la Campaña Mundial por la Educación, reaccionó: “el crecimiento rápido, no regulado, de los proveedores privados de educación ya está creando – y permitiendo – violaciones del derecho a la educación, que amenazan con borrar los últimos 50 años de progreso en el acceso a la educación. Esta resolución muestra que los Estados se han dado cuenta de que deben actuar ahora para regular dichos proveedores – antes de que sea tarde demás”.

Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales explicó: “Nuestra investigación ha demostrado consistentemente que la privatización de la educación conduce a la segregación socio-económico y a la discriminación contra las niñas y niños más pobres en las escuelas, en violación de las obligaciones de los Estados, como se ha reconocido recientemente en el caso de Chile. La resolución adoptada hoy, destaca fundamentalmente la obligación de proporcionar oportunidades de educación para todos y todas, sin discriminación “.

La resolución demanda que los Estados “pongan en marcha un marco normativo” que establece normas y estándares mínimos para [los proveedores de educación privada] y “monitoren a los proveedores de educación privada”. Delphine Dorsi, del Right to Education Project, comentó: “Este es un recordatorio muy bienvenido de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, de regular a los proveedores privados de educación, en momentos en que un número creciente de proveedores de educación, en particular de las empresas multinacionales de educación, se aprovechan de la débil regulación en algunos países para obtener beneficios en detrimento de padres y madres de familia y de los derechos de la niñez”.

La resolución también pide a los Estados asegurar que “la educación sea consistente con las normas y principios de derechos humanos”. Angelo Gavrielatos, de Internacional de la Educación, explicó: “La evidencia es bastante clara. La creciente comercialización y privatización de la educación está socavando el derecho a una educación de calidad. A los gobiernos, no se puede permitir que deroguen su obligación de proveer educación pública de calidad para todas las niñas y niños. Como se reconoce en tratados de derechos humanos, la educación es un pilar fundamental para una vida digna y debe ser protegida como tal”.

Fundamentalmente, la resolución confirma que “la educación es un bien público”. Según Tanvir Muntasim, de ActionAid Internacional, “esta es la tercera vez en un año, tras el Acuerdo de Muscat de UNESCO, en mayo de 2014, y la Declaración de Incheon, em mayo de 2015, en que los Estados han descrito la educación como un bien público. Es una respuesta sorprendente a los actores que han estado intentando reducir la educación a una mercancía privada, en lugar de un derecho universal”.

El Comité de Derechos Humanos insiste en la resolución sobre la “importancia significativa de la inversión pública en educación, hasta el máximo de los recursos disponibles”. Para Katie Malouf Bous, de Oxfam Internacional, “demasiados gobiernos han negligenciado su deber de financiar adecuadamente la educación, conllevando a escuelas públicas debilitadas y al aumento de la privatización como su resultado inevitable. Inversiones reales y sustanciales para proveer educación pública de buena calidad deben ser el antídoto a la privatización”.

Por último, la resolución pide a los Estados “apoyar la investigación y las actividades de sensibilización para entender mejor el amplio impacto de la comercialización de la educación en el disfrute del derecho a la educación”. Ian Macpherson, de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en Educación, declaró: “Hemos estado trabajando con aliados en los últimos años para investigar las implicaciones en materia de justicia social del crecimiento de los actores privados en educación, y estamos dispuestos a colaborar con los Estados para implementar la presente resolución y aumentar y fortalecer la investigación y el diálogo sobre este tema crucial”.

“Ahora es el momento para que todas las personas interesadas se enganchen en la acción para que se implemente esta resolución”, concluyó Tony Baker, de Results Educational Fund. “Esto se refiere especialmente a los Estados, pero también dice respecto a las instituciones internacionales y a los donantes, como el Banco Mundial, que han estado invirtiendo en escuelas privadas con fines de lucro y cobros de cuotas en los últimos años. Estas inversiones tienen que alinearse con los esfuerzos mundiales y nacionales para lograr la educación gratuita universal para todas las personas, para fomentar el poder de la educación para romper el ciclo de la pobreza. Los actores del desarrollo, además de los gobiernos, deben actuar de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Descarga la resolución del Consejo de Derechos Humanos: http://bit.ly/1IQEGAj

Y más:

• Acceda a un resumen de las observaciones finales recientes de los organismos de derechos humanos de la ONU sobre la privatización de la educación: http://bit.ly/1QPZmlz
• Conoce al último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU sobre la comercialización de la educación: http://bit.ly/1CsI569

Compartimos a continuación un síntesis elaborado por la Campaña Mundial por la Educación sobre las principales noticias relativas al tema de la privatización de y en la educación en ámbito mundial. 

Fuente: Campaña Mundial por la Educación

La privatización en Revisiones nacionales antes de los Tratados en Ginebra

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Ginebra (CESCR) y el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC) realizaron revisiones de Ghana, Chile y Uganda, entre otros. Los informes de la sociedad civil sobre el estado de la privatización en dichos países conformaron unas aportaciones clave en el proceso. Las conclusiones observadas al completo sobre Ghana, Uganda (inglés) y Chile (español) pueden consultarse online.  Las recomendaciones destacan la necesidad de estrategias claras para superar las barreras hacia la equidad, resultantes del crecimiento de las escuelas privadas y, en el caso de Uganda, subrayan la necesidad de una mayor inversión en educación pública. Encontrarán aqui un comunicado de prensa en español.  También se realizaron sesiones informativas sobre el asunto de la privatización para los miembros del CRC y el CESCR. Quizá recuerden que estos informes formaron parte de una serie que la CME y varios de sus miembros han respaldado. Adjunto encontrarán un documento de síntesis realizado por la GI-ESCR (Iniciativa mundial por los derechos económicos, sociales y culturales) señalando los extractos clave de declaraciones de organismos de derechos humanos de la ONU, basados en lo mismo a lo largo de los últimos diez meses (en inglés).

Informe por el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación

El Relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, publicó su último informe (en inglés) la semana pasada. ‘Protecting the right to education against commercialisation’ ‘(Proteger el derecho a la educación frente a la comercialización) reitera la provisión de la educación básica libre de costes como la obligación central del Estado, destaca la necesidad de salvaguarda ante la comercialización de la educación y entra en detalle en la cuestión de la regulación del sector privado. El informe establece algunas recomendaciones clave, entre las que se incluyen:

• Los gobiernos no deben permitir escuelas privadas de bajo coste.
• Los Estados deben establecer un marco elaborado de regulaciones que sean prescriptivas, prohibitivas y punitivas, con el objeto de controlar a los proveedores privados.
• No se debe permitir a ningún proveedor privado establecer una educación con ánimo de lucro.
• Deben crearse vías aparte de los costosos sistemas judiciales para permitir a los padres y las madres, a la comunidad y a la sociedad civil, presentar quejas a las autoridades públicas.

 

El Relator especial también urgió a los cuerpos de tratados en derechos humanos de la ONU a tomar en especial consideración los impactos negativos de los proveedores privados y a garantizar una regulación que esté en línea con la ley de derechos humanos y los marcos establecidos a nivel internacional. Hace un llamamiento a la sociedad civil para exponer los efectos negativos de los proveedores privados en educación «en un intento de promover un movimiento global contra la comercialización de la educación».

El informe se presentó y debatió en el Consejo de derechos humanos de Ginebra. El webcast de la presentación del informe y el consiguiente debate pueden consultarse en la Web TV de la ONU, aquí.

Finalización de una Resolución del Consejo de derechos humanos sobre el derecho a la educación

Se ha puesto sobre la mesa del Consejo de derechos humanos una resolución sobre el derecho a la educación.  Liderada por la Misión de Portugal, está co-patrocinada por 37 países. Esto subraya la necesidad de dar pasos activos para proteger el derecho a la educación protegiendo la educación de las consecuencias negativas de la privatización y comercialización de la educación, protegiendo las escuelas frente a los ataques, terminando con la discriminación por género y fortaleciendo los mecanismos de rectificación disponibles para padres y madres.

Otras reuniones sobre privatización de la educación en Ginebra

Antes de la 29ª Sesión del Consejo de los derechos humanos de la ONU y el lanzamiento del nuevo informe por parte del Relator especial de ONU sobre el Derecho a la educación, en Ginebra, la CME co-organizó un evento sobre la privatización, junto al Proyecto por el derecho a la educación, la Iniciativa mundial por los derechos económicos, sociales y culturales, la Academia de ley humanitaria internacional y derechos humanos de Ginebra y la Iniciativa de investigación de la privatización en la educación. Anjela Taneja, directora de política de la CME, participó como oradora, señalando puntos clave del venidero informe de la CME sobre la privatización, ‘Ganancias privadas, pérdidas públicas’. El evento puede verse aquí. Este evento siguió a una semana de reuniones de organizaciones de la sociedad civil que discutieron modos de trabajar juntas en el asunto durante el año siguiente.

Durante el Diálogo interactivo que siguió a la presentación del informe del UNSR, el miembro de la CME, Plan International, junto a Arigatou International y el RTE Project junto a GIESCR, presentaron respectivamente declaraciones de aprobación del informe reiterando la importancia de salvaguardar la educación como un bien público. La declaración de Plan recomendó que los Estados tomaran todas las medidas necesarias para garantizar una educación pública y de calidad para todos y todas y subrayó que las tarifas escolares a menudo representan un obstáculo en el acceso a la educación – incluyendo las escuelas privadas de bajo coste. Adjunto encontrará la declaración (en inglés).

Informe de la CME sobre privatización: Ganancias privadas, pérdidas públicas

En breve la CME publicará su nuevo informe sobre la privatización en la educación, que se centra en las escuelas privadas de bajo coste y explora otras áreas de implicación privada en el suministro y gestión de educación. El informe está cerca de finalizarse; gracias a todos los miembros y socios de la CME que han contribuido a su elaboración.

Oportunidad para participar: informe del UNSR sobre PPPs

El próximo informe del Relator especial de la ONU sobre el Derecho a la educación versará sobre Alianzas público-privadas (PPPs). Para realizar este informe, el Proyecto por el derecho a la educación está recopilando ejemplos concretos sobre PPPs a nivel nacional, incluyendo las leyes y políticas que las regulan. El UNSRF debe entregar este informe a finales de julio. Por lo tanto, sería de gran ayuda si pudieran compartir información relevante que puedan poseer, hasta el 8 de julio. Adjunto encontrará algunas directrices breves (en español) sobre cómo hacerlo, y podrán enviar sus respuestas a Anjela Taneja, Directora de políticas: anjela@campaignforeducation.org

Únase al grupo de discusión sobre privatización, de la CME

Como pueden ver ¡este tema genera mucha discusión y debate! Acabamos de crear un grupo dedicado a la privatización en nuestro foro de discusión multilingüe de la CME, donde los miembros pueden compartir información y noticias en los cinco idiomas de la CME. Si están interesados en unirse a este grupo, pueden hacerlo directamente en http://discussions.campaignforeducation.org, o contactando con Becka White: becka@campaignforeducation.org.

Después de la exhibición del documental, se realizó un conversatorio que discutió, entre otros temas, la presencia de la cooperación internacional en el país 

La película Dignité tuvo su pre-lanzamiento brasileño el último día 30 en la ciudad de São Paulo. Con la presencia de un público de educadores/as, jóvenes, activistas, periodistas y estudiantes, la exhibición tuvo lugar en la ONG Ação Educativa y formó parte de su serie de encuentros Acción en Debate. Lanzada mundialmente este año de 2015, Dignité – el derecho humano a la educación en Haití es una realización de la CLADE en asociación con la coalición haitiana Reagrupamiento de la Educación para Todos y Todas (REPT) y una producción de Phanton Films.

En Haití, alrededor del 50% de las niñas y los niños en edad de escolarización obligatoria están matriculadas/os. Las escuelas públicas representan apenas el 12% de las escuelas existentes, según el censo escolar de 2011, y los demás centros educativos disponibles son privados. Asimismo, faltan maestras y maestros en todas las etapas educativas, y el 79% de las/os docentes de primaria no han recibido ningún tipo de formación básica. En Dignité, la situación es narrada por estudiantes, docentes, directoras y directores, padres y madres, investigadores/as, activistas, representantes de gobierno y de organismos internacionales.  

En la ocasión, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, destacó que a través de las entrevistas se identificaron grandes desafíos, entre ellos el no cumplimiento de la gratuidad del derecho humano a la educación y la actuación de la ayuda humanitaria sin respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano. “Haití es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene una Ley General de Educación, lo que hace difícil que el Estado garantice este derecho de manera gratuita a todas y todos, confrontando la actual apuesta en la privatización de la educación”, afirmó.

Por su turno, el cineasta Alyson Montrezol comentó su primer viaje a Haití en 2010, cuando pudo conocer el país y su pueblo in loco luego del sismo que se conoció internacionalmente. La experiencia motivó diversos viajes y nuevos proyectos audiovisuales para que la situación pudiera conocerse en otras partes del mundo, entre ellos Dignité. “Me alegra que podamos establecer esta relación entre el cine y la educación. Creo que esta película tiene un importante potencial educativo, y espero que con ella se pueda seguir impulsando el debate sobre este derecho”, añadió.

A lo largo del debate, se destacaron, entre otros temas, la confrontación entre los modelos de educación público y privado como tendencia regional y mundial, más allá de los contextos haitiano y brasileño; las posibilidades de lucha y cambio de paradigma en Haití; la situación de las y los emigrantes haitianos que llegan a Brasil en cada vez mayor cantidad; la importancia de los marcos legales y de un financiamiento público adecuado para la garantía del derecho humano a la educación.

Durante este debate, Giovanna Modé, coordinadora de comunicación de la CLADE y productora ejecutiva del documental, destacó la enorme dimensión de la cooperación internacional en Haití, que actúa muchas veces de manera fragmentada y sin diálogo con el Estado. “Hay una cantidad inmensa de organizaciones que actúan a su tiempo y a su manera, sin embargo es necesario ampliar y fortalecer el sistema público de educación como un espacio de toda la ciudadanía”, dice.

A modo de cierre, Camilla Croso destacó la fuerza y la capacidad de lucha y organización del pueblo haitiano, recordando que su país fue el primero a lograr su independencia y la abolición del régimen esclavista en nuestra región. “Creemos que lograrán conquistar también el derecho humano a la educación para todas y todos en el país con autonomía y esperanza”.

SAM 2015 – El evento se desarrolló también en el marco de las celebraciones de la Semana de Acción Mundial (SAM) 2015 en Brasil. En la ocasión, la coordinadora de proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, María Rehder, presentó las movilizaciones en el país, que este año tienen énfasis en la evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Después de un año de aprobación del plan, la sociedad civil viene aumentando la presión para que este acuerdo avance y se implemente, en particular la ley de royalties del petróleo brasileño. Más informaciones por la página http://semanadeacaomundial.org/2015/

Estudiantes de Chile han convocado en las últimas horas a una nueva jornada de movilización pacífica para exigir una educación pública, gratuita y de calidad. En esta ocasión se incorporan a las marchas ciudadanos que han adquirido deudas cuantiosas para poder cursar sus carreras universitarias y que corren el riesgo de que sus viviendas sean embargadas.

Fuente: teleSur

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