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“La priorización de escuelas privadas en detrimento de un sistema público es un obstáculo al derecho a la educación”

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En entrevista, el coordinador de la Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT), William Thelusmond comenta los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en Haití. Lea a continuación

William Thelusmond. Foto: CLADE

William Thelusmond. Foto: CLADE

¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho humano a la educación en Haití?

Thelusmond – Haití representa un caso muy particular pues en este país la privatización de la enseñanza ha representado históricamente un grave problema. Antes aún de los sismos que afectaron el país en enero de 2010, la situación era alarmante: el 85% de las escuelas de Haití eran privadas. El problema de la educación privada es un tema omnipresente en el país.

Como se sabe que la población no puede pagar y hay miles de niños, niñas, jóvenes y adultos fuera de la escuela, el actual gobierno ha tomado como prioridad principal la búsqueda por la gratuidad de la educación – lo que no se está concretizando de manera general y sistemática aunque los gobiernos anteriores ya hubieran empezado a discutir el tema también. Sin embargo, tanto las políticas gubernamentales como la cooperación internacional en general se basan para incluir a estos estudiantes en la compra de becas en escuelas privadas y no en la ampliación y fortalecimiento del sistema público, lo que es un problema. De otra parte, se permite que las escuelas públicas del país también les cobren a las y los estudiantes cuotas escolares de inscripción y gastos preliminares a principios del año lectivo, lo que viola el principio de la gratuidad.

La presidencia actual y la anterior se han rehusado a publicar una ley para disminuir y reglamentar las obligaciones escolares aunque el Parlamento ya la haya aprobado desde hace más de dos años. Se habla sobre la gratuidad de la educación, pero no se comenta la necesidad de que haya calidad en la educación. Asimismo, hay un gran descompás con relación a los datos que se manejan en la política educativa. A veces las cifras que se utilizan están sobrestimadas. Un Ministro de Educación del país perdió su cargo por haber dicho que los beneficiarios del programa presidencial eran menos de 200 mil en vez de más 1 millón y 200 mil que menciona la campaña oficial.

Es decir, el desafío es de gran magnitud. El hecho de que la cooperación internacional financie el apoyo e inclusive la construcción de escuelas privadas en detrimento de un sistema educativo público imposibilita que la mayor parte de la población haitiana pueda ir a la escuela. En ese contexto, tenemos el desafío de aclararle a la opinión pública lo que pasa realmente en la educación pública del país. Otro desafío se refiere al hecho de que en los últimos cinco años se han empleado varias/os docentes que no tienen formación ni titulación para la docencia.

Por ello, actualmente los sindicatos de maestras/os del país luchan para que se les ofrezca y se exija formación a las personas que actualmente ejercen la docencia. Existen también normalistas que no logran titularse.

¿Qué logros alcanzó la sociedad civil hasta el momento respecto a la garantía del derecho humano a la educación en el país?

Thelusmond – Podemos decir que desde el 1986 hasta ahora hubo un avance significativo en la educación. Hasta hace poco tiempo la cantidad de personas analfabetas/os en Haití era del orden del 80 o 90%. Ahora ese porcentaje es alrededor del 50%. El último Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano de 2013 muestra el 48,7%. Se trata de un número todavía elevado, pero hubo una mejoría, que sólo se hizo posible porque las organizaciones sociales la reivindicaron. Además, en el pasado, hubo gobiernos con más sensibilidad social que alcanzaron algunos logros para la educación del país. El problema es que, en ese recorrido, se preocuparon únicamente con la masificación de la educación, sin ponerle atención al tema de la calidad. Aun así para nosotros hubo un aumento representativo en el acceso a la educación, que resultó de la movilización de organizaciones sociales y personas. Pero es importante destacar que a pesar de ello la educación en el país sigue siendo muy deficiente.

Otro logro importante es que actualmente el tema de la defensa del derecho a la educación es el eje de la agenda del debate público en el país. Todos están discutiendo y opinando sobre este asunto, lo que prácticamente no existía hace unos diez años. La mayor preocupación por el tema también resulta del poder de presión de la sociedad civil organizada.

¿Cuáles fueron las principales actividades de movilización social e incidencia política que realizó la REPT en 2012?

Thelusmond – A principios del año pasado, discutimos la Ley de Educación, que se había aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Articulamos una campaña de información sobre esa ley por todo el país. Para eso fuimos a todos los departamentos de Haití, donde nos encontramos a poblaciones campesinas y organizaciones de barrio, entre otras comunidades, para explicarles el contenido de la ley y pedirles que se manifestaran y se movilizaran, por la sanción estatal a esa normativa.

Empezamos como REPT a debatir el contenido de esa ley y, simultáneamente, se realizaron diversas manifestaciones públicas por su aprobación, apoyadas por la coalición. Otro foco de acción de la REPT es informar a la población sobre la situación actual de la educación y las políticas públicas de educación en el país. Para hacerlo utilizamos las siguientes estrategias: debates públicos presenciales, producción y distribución de documentos, explicitación del tema a través de la radio, organización y participación en marchas y protestas, búsqueda de otros medios de difusión y movilización de la ciudadanía para que reivindiquen su derecho a la educación.

Para el futuro tenemos la intención de desarrollar un trabajo de observación y análisis de las políticas públicas de educación y también de lo que pasa respecto a ese derecho en la vida cotidiana de las escuelas y de la comunidad educativa. Queremos producir investigaciones, dando a conocer sus resultados a la población, para que de esa manera podamos hacer denuncias y propuestas bien fundamentadas. Ese es uno de los ejes de trabajo en que queremos ahondar. También anhelamos seguir defendiendo la descentralización de la educación para que todas las políticas, los proyectos y los recursos en educación lleguen a cada localidad del país.

Ana Lucía: “Lo difícil para seguir estudiando fue pues lo económico, falta de plata”

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A continuación, vea el relato de Ana Lucía, quién cuenta que la cuestión financiera ha sido la mayor dificultad para seguir estudiando

Yo me llamo Ana Lucía. Tengo … bueno, nascí en 1960… pues… tengo 52 años. Lo difícil para seguir estudiando fue pues lo económico, falta de plata. Faltó que alguien me apoyara para seguir estudiando.  Estudié hasta quinto de primaria, entrando a primero y como entré a nocturna ya en Bogotá me asustó un poco.Un hermano que era el que me estaba apoyando para estudiar me decía que quería que fuéramos doctoras, que nos especializáramos en algo de doctoras. No se pudo, porque éramos siete hermanos y mi mamá ya era quien respondía por papá y mamá. La única hermana que estudio fue la última. Alcanzó hasta el bachillerato, consiguió el novio y allí quedó.

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Debate: ¿El derecho a la educación es compatible con la privatización?

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En Chile, se implantó un sistema educativo basado en la alianza público-privada, que hoy se considera uno de los más desiguales del mundo. En el debate a continuación, vehiculado por el periódico La Tercera, el diputado Felipe Kast y el abogado Fernando Atria discuten el tema del sentido de la educación en torno a una cuestión fundamental: es posible a un sistema que concibe la educación como un servicio privado garantizarla como un derecho humano?

Nuestra opinión: Para la CLADE, el derecho humano a la educación es incompatible con la idea de que esta pueda ofrecerse como un servicio privado. De toda manera, te invitamos a reflexionar sobre el tema y sumarse al debate, a través de los espacios al lado. ¡Participa!

Cuando los derechos sociales quedan vacíos

Por Felipe Kast - Diputado de Evópoli

El libre y apasionado intercambio de ideas es uno de los tesoros de la democracia, y por lo mismo quisiera comenzar agradeciendo al profesor Fernando Atria por tomarse el tiempo de responder en forma extensa a la columna que publiqué el día 14 de julio. Nada más saludable para un momento de reformas que un debate transparente y profundo.

En las siguiente líneas argumento que, a diferencia de lo que plantea Atria, es infructuoso hablar de la educación como derecho social sin definir primero su estándar de calidad, y por lo mismo la reforma educacional enviada al Congreso –fin al lucro, la selección y al copago– no permite transformar la educación de calidad en un derecho social efectivo, como él quisiera creer.

El modelo de Atria: sobre el mercado y los derechos sociales Podría comenzar comentando algunos problemas de forma que tiene la respuesta del profesor Atria, pero lo más interesante son las diferencias de fondo, particularmente los errores conceptuales que contiene el modelo utilizado para defender la reforma del gobierno (la respuesta a los temas de forma se encuentra disponible en otro documento, justamente para no contaminar la discusión de fondo).

El modelo de Atria descansa básicamente en dos supuestos: (S1) la educación en Chile funciona como un bien de mercado, y (S2) terminando con el lucro, la selección y el copago la educación logrará el objetivo de ser un derecho social. La reflexión en este documento concluye que, siguiendo la ruta propuesta Atria, la “educación de calidad” seguirá siendo un derecho exclusivo para quienes dispongan de los recursos necesarios para pagarla. Y es que no tiene sentido referirse a un determinado derecho social sin haber definido primero el estándar de calidad del mismo. Sólo cuando tengamos una reforma que asegure una educación pública y profesores de excelencia lograremos enfrentar tanto a la segregación como a la deficitaria calidad del sistema educacional. Continúa con la lectura.

Kast y la educación: todavía un bien de consumo

Por Fernando Atria - Abogado, profesor de derecho en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez.

¿Cuál es el desacuerdo entre el diputado Kast y yo?

Kast dice que mi afirmación de que la educación es hoy en Chile una mercancía que se distribuye conforme a las reglas del mercado es incorrecta, que “en Chile el sistema de educación dista mucho de funcionar bajo la lógica del mercado”. Lo primero que debe ser notado es lo que esto significa: que la derecha ya no puede defender el mercado en la educación. Hasta hace algunos años habrían dicho que, por supuesto, la educación era un mercado, y que eso era importante porque el mercado era la garantía de la eficiencia, la libertad, etc. Ya no dicen esto. En vez de eso, nos quieren convencer de algo que raya en el absurdo: que el sistema educacional diseñado por los economistas de Chicago no es en realidad un mercado.

¿Es esto un rechazo genuino del mercado en educación o es una impostura, una forma de defender el mercado sin tener el coraje de decir que se está defendiendo el mercado? Para eso tenemos que atender a las razones por las que el diputado dice que en educación no hay mercado.

Según el diputado, el sistema educacional chileno no es un mercado, porque (a) conforme al artículo 19 N° 10 de la Constitución la educación es un derecho, y (b) hay educación disponible para el que no puede pagar. El problema es que la educación a la que todos tienen derecho, esa educación que es enteramente gratuita, es “de mala calidad”. Por consiguiente, dice el diputado, el problema actual no es cambiar el régimen de provisión de la educación (como lo intenta hacer el proyecto del gobierno) sino mejorar la calidad de esa educación que se ofrece gratuitamente. Continúa con la lectura.

La discreta privatización de la educación pública

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Por Guntars Catlaks | Mundos de la Educación nº 27

Foto: Pura vida

Foto: Pura vida

Un nuevo estudio encargado por la Internacional de la Educación revela que la creciente tendencia a privatizar la educación pública se camufla muchas veces con palabras como “reforma de la educación” o se lleva a cabo discretamente a través de una “modernización”. De ahí el título del estudio: La privatización encubierta en la educación pública.

Los autores de esta investigación son el catedrático Stephen Ball y la Dra. Deborah Youdell, ambos del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. En su estudio analizan dos tipos de privatización: una en la que las ideas, técnicas y prácticas del sector privado se importan para que las escuelas sean más parecidas a empresas, y otra en la que la educación pública se abre a la participación del sector privado con ánimo de lucro. El primer tipo de privatización generalmente allana el camino al segundo.

Ambos afectan profundamente al modo de prestar el servicio educativo, de decidir el plan de estudios, de formar al personal docente, de evaluar a los estudiantes y, en realidad, a los valores fundamentales sobre los que se sostiene la educación pública tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

“Por lo que se deduce del estudio hasta el momento, uno de los problemas más importantes atañe al propio espíritu de la educación”, señaló el secretario general de la IE, Fred van Leeuwen. “Por ponerlo de la forma más clara posible: ¿la educación consiste en brindar a todos los niños y jóvenes la oportunidad de desarrollar todo su potencial como persona y como miembro de la sociedad? ¿O es más bien un producto que se vende a clientes, que desde una edad temprana son considerados consumidores y blancos de la comercialización?

Los docentes y sus sindicatos en todo el mundo defienden firmemente el concepto de educación pública de calidad como derecho fundamental del niño. Por tanto, esta transformación encubierta de la educación pública en un producto que se usa para obtener beneficios privados resulta muy preocupante.

“La Internacional de la Educación encargó la realización de este estudio para arrojar algo de luz sobre la tendencia hacia la privatización. Precisamos una mayor transparencia, necesitamos comprender mejor lo que está sucediendo para poder participar en un debate público sobre el futuro de la educación en nuestras sociedades”, afirmó Van Leeuwen.

Se publicó un informe preliminar para el Congreso Mundial celebrado en Berlín en julio de 2007, que fue presentado por los autores en una sesión temática sobre la privatización.

El Instituto de Investigación de la IE encargó el estudio, y su Red de Investigación se reunió dos veces para abordar asuntos relativos a la privatización y evaluar las conclusiones emergentes. El informe final se presentó el 17 de junio en el Centro Sindical de Londres.

John Bangs, del sindicato británico National Union of Teachers (NUT) y miembro del consejo del Instituto de Investigación de la IE, declaró: “Se trata del primer análisis del impacto global de estas tendencias a la privatización sobre los sistemas de la educación pública”. Bangs hizo referencia al recientemente fallecido secretario general del NUT y señaló: “Steve Sinnott habría estado encantado de ver este informe”.

“Es el primer toque de advertencia de la IE contra el tremendo impacto de los privatizadores en la educación”, afirmó Jerry Bartlett, secretario general de NASUWT y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE. “La privatización supone la dejación por parte del Estado de su obligación de prestar un derecho fundamental. Va a ser una herramienta realmente útil para hacernos eco de la desaparición del espíritu del sector público en la educación”.

Stephen Ball dijo que la denominada industria de la educación resulta enormemente rentable. “Los servicios educativos constituyen el sector de exportaciones más importante para el Reino Unido, valorado en 28.000 millones de libras al año aproximadamente”, señaló. “¡Es un auténtico negocio!”

Y en este gran negocio, la clase emergente de los “empresarios educadores” son los que mayores beneficios van a cosechar. Las empresas encargadas de preparar y corregir los exámenes, por ejemplo, son empresas multimillonarias en países que otorgan máxima prioridad a los resultados de los exámenes como forma de medir la calidad de la educación. Según Ball, en el marco de la ley “No Child Left Behind” (“Que ningún niño se quede atrás”), promulgada por el gobierno de George Bush, cada año se realizan 45 millones de exámenes que reportan 517 millones de dólares al sector privado.

Y en el plano internacional, el Banco Mundial también promueve la participación de las empresas privadas en los sistemas de la educación pública. “El Banco Mundial está colocando al sector privado en el centro de su política en los países en desarrollo”, declaró Ball.

Youdell añadió que, en muchos países en desarrollo, las tendencias de privatización muchas veces predominan en los proyectos de educación recién establecidos, en ocasiones financiados por el Banco Mundial o con fondos para ayuda. Como dependen más de la ayuda externa, las naciones en desarrollo son inevitablemente más vulnerables a la privatización en todas sus formas.

Ball advirtió de que en muchos países la privatización ha avanzado tanto que en la actualidad se considera algo inevitable o simplemente “de sentido común”. Asimismo, instó a los educadores a ser escépticos ante las iniciativas privadas y a mirar más allá de los aparentes beneficios inmediatos de, por ejemplo, los recursos de aprendizaje, equipos u ordenadores “gratuitos”.

La consecuencia más insidiosa de la privatización encubierta, según Ball, es la forma en que están cambiando las relaciones entre los docentes, los estudiantes y los padres. Cuando la educación se comercializa, los resultados (incluidos los logros de los alumnos) son considerados productos. De esta manera, los responsables escolares se convierten en gerentes de empresa, los docentes se convierten en técnicos y los estudiantes (según los resultados de sus exámenes) en activo o pasivo de una escuela que compite contra todas sus vecinas.

Ball destacó además que existe una fuerte necesidad de llevar a cabo “auditorías éticas” para evaluar el impacto de la injerencia privada en la educación pública.

Bob Harrris, asesor principal de la IE, agradeció el informe y elogió su potencial como herramienta para que los sindicatos de docentes desarrollen sus estrategias y se resistan a las formas más atroces de privatización.

Harris puso de relieve la necesidad de que los sindicalistas comprendan perfectamente el peligro que suponen para la educación pública (y en realidad para todos los servicios públicos) las presiones de la privatización, y de que actúen enérgicamente para llevar a cabo contrapropuestas.

“El debate no debe ser si las reformas educativas son o no necesarias, sino más bien el tipo de reformas y las condiciones necesarias para tener éxito”, afirmó.

[Tomado de “Mundos de la Educación No 27”]