Según analiza el Foro por el Derecho a la Educación, de Chile, “la situación actual refleja una concepción mercantil de la educación, pues el cierre de las escuelas se justifica desde un punto de vista economicista y no desde el derecho”

Fuente: Foro por el Derecho a la Educación

Ante el arribo de la Nueva Mayoría al gobierno, la reforma educacional junto con la reforma tributaria y constitucional, pasa a estar en el centro del debate. Debido a ello al nuevo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre se lo ha visto en una actitud mediática, buscando escuchar más que proponer, generando reuniones bilaterales con los más diversos actores del mundo educacional y emplazando a los estudiantes a concretizar reuniones. En la trastienda, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de protección presentado por las comunidades educativas de las escuelas Corberta Esmeralda y Francisco Infante Abbot, cuyo cierre fue decretado por la municipalidad de  Renca. Ante este escenario, ¿podrá el nuevo gobierno avanzar más allá de los anuncios y señales mediáticas, garantizando el derecho a la educación?  

Según el Colegio de Profesores [1] son más de 30 establecimientos municipales los que cerraron el último trimestre, aludiendo a temas como problemas de infraestructura y bajas de matrícula, de esta manera pasaron a engrosar la lista de más de 864 escuelas municipales cerradas en los últimos 20 años[2]. Con escazas excepciones, esto se ha hecho en la absoluta impunidad: cada vez que se presenta un recurso de protección es rechazado.

Cierres que según relatan las apoderadas, se realizaron sin informar directamente a la comunidad como es el caso de la Escuela F N° 377 “Ciudad Santo Domingo de Guzmán” de la comuna de Cerro Navia, que pese a tener buenos resultados en los cuestionables indicadores como el SIMCE y una infraestructura adecuada y renovada, fue cerrado, dejando sin posibilidad de continuar sus estudios a más de 250 estudiantes.

Macarena González, apoderada de la misma escuela comenta la traumática situación que ha generado esto en los niños y las niñas, y en la comunidad, “El alcalde vulneró los derechos de los niños y de la comunidad; las escuelas eran un patrimonio de las comunidades. Todas las escuelas que cerró eran terrenos donados y a los pobladores les costó construirlas. Es una lástima que no haya considerado la historia de estas escuelas”.

La facilidad con que se han cerrado escuelas en los últimos 20 años se debe a que la normativa chilena entrega todas las condiciones para favorecer esta situación y además permite que se realice de forma unilateral por parte del sostenedor del establecimiento: basta con avisar a la comunidad y al Seremi del cierre del establecimiento durante los últimos dos meses antes del término del año vigente[3].

La débil reglamentación sobre esta materia permite que se cursen los cierres de escuelas sin la necesidad siquiera de regularizar el pago de sueldos y de las imposiciones de los trabajadores de la educación. “Los dineros que eran enviados a nuestras escuelas eran desviados porque ni siquiera contábamos con los implementos básicos de aseo. Cuando encaramos al SEREMI, nos dijo que Cerro Navia era una de las comunas a la que más recursos se le inyectaba. Sin embargo hasta el día de hoy no se les han pagado las cotizaciones a los profesores y ni siquiera  pueden ocupar lo mínimo que son sus servicios de salud”, agrega la apoderada de la escuela “Ciudad Santo Domingo de Guzmán”.

La irregular situación de las y  los trabajadores de la educación tiene menos exigencias que la normativa que rige para los contratos por obra o faena, ya que en este último caso, al término del trabajo se le exige al empleador estar al día con  el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales (pago de sueldos, comprobante de pago de remuneraciones, nómina de trabajadores despedidos con indicación del causal del despido, pago de remuneraciones y cotizaciones de AFP, de seguros de cesantía y previsionales al día); normativa mínima que en el caso de la educación chilena no existe.

Esto explica la facilidad con que año a año se cierran o fusionan las escuelas municipales, como una expresión del poco reconocimiento de la importancia que tiene lo público en la realización del derecho a la educación y de la elaboración de un entramado legal que otorga toda las facilidades para una regulación de lo educativo desde el mercado; argumentos que el Foro Chileno por el Derecho a la Educación ha puesto en discusión y desarrollado en documentos anteriores[4].

La situación actual refleja una concepción mercantil de la educación, pues el cierre de las escuelas se justifica desde un punto de vista economicista y no desde el derecho ya que se debiese garantizar el acceso a la educación sin que los estudiantes se vean forzados a desplazarse a otros barrios.

Esta situación no solo rompe con el tejido de las comunidades, además borra parte de la historia construida en esos territorios. Por otro lado, las instituciones públicas en principio “no quiebran” asumir esta situación sería entender que el Estado chileno es  incapaz de sustentar sus instituciones, sin embargo, la educación se encuentra en un nivel extremo de mercantilización donde los argumentos del cierre son argumentos propios de un mercado educativo.

Por ahora las comunidades de Cerro Navia esperan que los recursos legales presentados sean favorables y que en un corto plazo sus escuelas puedan volver a funcionar y de esa forma sumarse a los casos de escuelas reabiertas como ocurrió en Paine, Pirque y Peñaflor. “Nuestras escuelas van a salir fortalecidas de esto porque vamos a ser nosotros quienes nos haremos cargo de ellas, vamos a tener mayor participación” comenta Irma Meza, dirigenta de la escuela Sargento Candelaria.  Por cierto no buscan volver a lo mismo, ahora quieren levantar una nueva escuela en que la participación sea el eje articulador.

Por parte del gobierno no ha existido una posición clara ante esta alarmante situación, sólo anuncios de desmunicipalización que por ahora no resuelven el estado de abandono en que se encuentran las comunidades. Es por ello que el Foro por el Derecho a la Educación, ha iniciado acciones de justiciabilidad, presentando un informe ante el Relator Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, para denunciar  el incumplimiento de obligaciones y violación del derecho a la educación por parte del Estado de Chile[5].

El cierre de escuelas públicas vulnera el derecho a la educación porque genera procesos de segregación de las comunidades, y en el caso de Chile, los profundiza, produce despidos masivos y precarización del trabajo docente, obliga a los padres, madres y apoderados  a “reubicar” a estudiantes  y gastar dinero en uniformes, materiales y traslados; altera la integridad psíquica de niños, niñas y adultos ante cambios imprevistos. En el caso de los niños y las niñas que son parte de Proyectos de Integración Escolar, quedan sin el apoyo de especialistas pues al colegio que ingresen los cupos ya estarán cubiertos, impidiendo que sean evaluados de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, generando repitencias e incluso la deserción escolar. Se vulnera así los derechos de los niños y niñas,  produciendo situaciones de permanente angustia y dolor emocional que dificultan el pleno desarrollo de la personalidad humana al que apunta la educación cuando es entendida como un derecho humano fundamental.

Desde el Foro por el Derecho a la Educación consideramos que una propuesta de desmunicipalización debe ir de la mano con el fortalecimiento de la educación pública y de sus comunidades. Como lo hemos expresado en la columna “el derecho a la participación en la educación chilena”, es fundamental la participación de las comunidades para contribuir a la cohesión social, de manera deliberativa y permanente, en la toma de decisiones al interior de los establecimientos. La imposición unilateral del cierre de escuelas y liceos, por parte de los sostenedores municipales, infringe el derecho a la participación que es parte del derecho a la educación.

La participación implica, la decisión colectiva sobre los asuntos que comprometen a la comunidad como: la inversión de los recursos, además de fiscalización del adecuado uso de ellos, y el fortalecimiento de la democracia interna.  Son los propios actores de la comunidad quienes mejor conocen sus necesidades. Esto permite que se construyan proyectos colectivos que representen de forma íntegra el interés de las comunidades, tal como buscó perfilarse la Escuela Comunitaria República Dominicana mediante su proyecto educativo polivalente[6].

Desde la perspectiva del derecho a la educación, las comunidades deben además fiscalizar el uso de los recursos al interior de los establecimientos y tener propuestas sobre sus usos[7]. Para avanzar en estas medidas es primordial romper el trato igualitario que existe entre las escuelas públicas y las particulares subvencionadas que no rinden cuentas ante el Estado y la ciudadanía. Ratificada esta igualdad de trato por el gobierno anterior de Michelle Bachelet mediante la LGE, hemos llegado al caso en que la Subvención Escolar Preferencial beneficia mayoritariamente a la educación privada, que recibe el 52% de estos recursos, según Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Hasta ahora solo existe una subvención a la matrícula que si bien varía según asistencia, nivel de vulnerabilidad social y discapacidad de los estudiantes, mantiene un criterio de mercado para financiar la educación.

Es por ello que el Foro propone avanzar en medidas que fortalezcan la educación pública como: el control y participación comunitaria sin disminuir la responsabilidad  del Estado; un financiamiento basal acorde a las necesidades educativas de las comunidades. Para hacer esto posible en un corto plazo, el Foro ha venido construyendo una propuesta que permita costear los requerimientos de cada escuela o territorio de forma participativa. Son algunas propuestas iniciales para restituir el sentido de lo público en educación y evitar que se continúe con este abismal cierre de la educación municipal.