La investigación analiza el cumplimiento de la gratuidad de este derecho en la región a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay

Los marcos internacionales sobre la gratuidad del derecho humano a la educación, específicamente: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el Protocolo de San Salvador (1988), reconocen que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y estar disponible gratuitamente para todas las personas. También establecen que la enseñanza secundaria y superior debe estar accesible para todas y todos, implementando progresivamente su gratuitad.

Asimismo, las constituciones, leyes generales de educación y otros dispositivos de los Estados de América Latina y el Caribe han incorporado este conjunto de obligaciones.

En este contexto y con miras a comprobar si los avances en el ámbito normativo se están observando en la práctica, la CLADE realizó la Consulta sobre la Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, la cual se desarrolló con el apoyo de ActionAid y Oxfam Novib, y en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Colectivo de Educación Para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar de Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay.

La consulta sondeó la situación actual relativa al cumplimiento de la garantía de la gratuidad por los Estados, a partir del análisis de cambios en la normatividad y de la consulta directa a comunidades escolares, de suerte que la voz de los sujetos de derecho pueda ser escuchada respecto a esta dimensión indispensable en la garantía del derecho humano a la educación. Este proceso indagó si son suficientes o no los recursos que llegan a las instituciones educativas de cada uno de los países, concluyendo que en los cuatro contextos nacionales analizados, la gratuidad no constituye una realidad en la práctica.

Tanto en Guatemala como en Colombia, Honduras y Paraguay, las familias deben asumir pagos relacionados a mensualidades, matrículas, derechos de grado, derechos de exámenes, asociación de padres, boletines de notas, útiles escolares, uniformes, libros de texto, transporte escolar, actividades extracurriculares y alimentación escolar. En todos los países, se encontraron situaciones en que las maestras y maestros, así como rectoras/os invierten recursos propios en la manutención de las escuelas y en materiales necesarios. También se observó con mucha preocupación la situación de parte de las y los docentes, que en muchos casos tienen que trabajar dobles jornadas, percibiendo sueldos bajos, para suplir la demanda educativa.

Para demandar educación gratuita – El informe viene acompañado de la cartilla Educación pública y gratuita: principio y condición de derechos humanos, que tiene el propósito de fortalecer acciones en defensa de la educación gratuita, y promover este debate en las escuelas de nuestra región.

La cartilla invita a los sujetos de la comunidad educativa a conocer los principales desafíos en la lucha por la gratuidad de la educación en América Latina y el Caribe, así como algunas formas de demandarla a los Estados, con ejemplos de incidencia en el ámbito nacional.