En defensa de lo público

La educación es un derecho humano fundamental, así ha sido reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) y en todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han desarrollado desde entonces.

Que la educación sea un derecho humano implica que debe ser de disfrute universal, y por ello debe ser gratuita, debe garantizarse a todos y todas en condiciones de igualdad y debe estar libre de toda discriminación (ONU, PIDESC, 1966). El Estado es, de acuerdo a la normativa internacional, el primer responsable de este derecho y tiene las obligaciones fundamentales de respetarlo, protegerlo, y garantizarlo, para lo cual debe construir, fortalecer y universalizar los sistemas públicos de educación.

La educación pública es la condición más básica de una democracia, sin ella no es posible garantizar la participación política de la ciudadanía en condiciones de igualdad, sin ella se marchitan los vínculos entre individuo y comunidad, y es imposible superar las tradicionales discriminaciones e injusticias que han aquejado a nuestros pueblos.

De acuerdo a la Internacional de la Educación, “la educación pública es un sistema abierto a todo el mundo sin discriminaciones por motivos de género, religión, cultura o clase social, gratuito, financiado por el sector público, y gestionado y evaluado conforme a los objetivos y principios establecidos democráticamente por las autoridades públicas”.

Aunque los Estados de América Latina han firmado y ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, y los han incorporado a sus Constituciones, se han dado pasos muy lentos para universalizar los sistemas públicos de educación, así como para garantizar su gratuidad plena, y mejorar sus condiciones progresivamente, de tal forma que todas las personas puedan disfrutar de este  derecho en condiciones de igualdad.

Por el contrario, en casi todos los sistemas educativos de la región desde las década de los 80, se ha registrado la entrada rápida y progresiva de un conjunto muy amplio de prácticas privatizadoras. La incapacidad del Estado para ofrecer un proceso educativo público en todos los niveles, ha dejado el espacio para el florecimiento de grandes empresas educativas cuyo único objetivo es maximizar su rentabilidad a costa de los esfuerzos económicos de quienes pueden pagar.

Por otra parte, los presupuestos públicos de educación cada vez más se utilizan para comprar a corporaciones privadas toda clase de servicios educativos, en vez de generar la capacidad para producirlos públicamente, de manera que todos y todas los puedan aprovechar.

Los sistemas públicos han adoptado el lenguaje de la gerencia privada, y se pretende manejar los colegios, los/as profesores/as, y las secretarías de educación como si fueran operarios y fábricas, olvidando que son el lugar privilegiado para la construcción de la democracia.

En muchos casos el sistema educativo estatal ha claudicado en su obligación de construir escuelas públicas, y ha preferido comprar cupos a colegios particulares, o entregar los colegios públicos en administración a organizaciones privadas, muchas de ellas con ánimo de lucro, privatizando y comprometiendo con ello la formación en ciudadanía, y la rectoría misma del sistema público de educación.

Finalmente, este ascenso del afán lucrativo en el campo de la educación ha dado lugar al empoderamiento de las corporaciones privadas y de sus representantes en el debate mismo de la política pública y en la toma de decisiones colectivas, una suerte de promiscuidad público privada se ha tomado las estructuras de gobierno de la educación pública, funcionarios del sector pasan rápidamente a ser gerentes de empresas educativas, y gerentes se tornan funcionarios públicos de la noche a la mañana, fuertes lobbys capturan las decisiones de la política pública, y el conflicto de intereses se vuelve nota reiterativa de aquello que debiera ser orientado por la transparencia, la democracia, y la rendición de cuentas.

El investigador Sthepen Ball ha clasificado varias de estas formas de privatización según se trate de la cesión de segmentos de la educación pública a organizaciones privadas (exo-privatización), o bien, impliquen la incorporación de criterios empresariales y rentabilistas en la misma política pública (endo-privatización).

En la exo-privatización podemos identificar modalidades de privatización como la generalización de vouchers educativos, los colegios concedidos en administración a organizaciones privadas, la compra directa (total o parcial) de cupos por parte del sector público a colegios privados, y finalmente, el aumento vertiginoso de las compras públicas de todo tipo de bienes y servicios incorporados al proceso educativo. En la endo-privatización se agrupan modalidades de privatización como la constitución de cuasimercados educativos en la política pública, la gestión rentabilista del sector, y las políticas de premios y castigos a los profesores o directivos de los colegios públicos, culpándoles del éxito educativo, que se debe en realidad al sistema como un todo.

A la exo y endo-privatización, o privatización DE y EN la educación, respectivamente, se añade una tercera forma, que consiste en la creciente influencia de actores corporativos en la toma de decisiones sobre las políticas públicas educativas, bien sea a través de redes que conforman para representarles, bien a través de fuertes mecanismos de lobby directo o indirecto. A veces este ascenso del mundo corporativo sobre la política educativa, se manifiesta en la rotación de cuadros desde el sector privado a la política pública, o desde la política pública hacia las corporaciones educativas, configurando reiteradas situaciones de conflicto de interés.

Todas estas tendencias a la privatización del campo educativo, en un contexto como el latinoamericano, donde los sistemas públicos no han llegado a universalizarse en la mayoría de pa������ses, ni se garantiza la gratuidad plena en la educación pública, tienden a fragilizar la garantía del derecho, a generar graves brechas de desigualdad en el disfrute del mismo, y pueden, como lo han mostrado varios casos patentes, terminar desatando lógicas profundas de segregación y discriminación de acuerdo a la capacidad de pago y el origen socioeconómico de las personas. Estas lógicas de privatización en el campo educativo. no resultan, como tal, proclives a la superación de las profundas injusticias y discriminaciones  históricas que han caracterizado nuestra región desde un largo periodo previo.

Lee también:

Hidden privatisation in public education. Preliminary Report, prepared by Stephen J Ball and Deborah Youdell, Institute of Education, University of London. Education International 5th World Congress, July 2007.