Investigación que analiza cuánto pagan las familias por la educación en Ghana, Kenia, Uganda y Pakistán, concluye que escuelas privadas tienden a ser entre 3 y 5 veces más caras que las escuelas públicas.
Alice Whitby/ActionAid
Asimismo, los hallazgos de esta investigación llevada a cabo por ActionAid muestran que la educación primaria en estos países no es gratuita ni siquiera en las escuelas públicas o gubernamentales, dado que hay un sinnúmero de costos que dificultan el acceso a la educación, entre ellos costos de exámenes, uniformes escolares, alimentación, excursiones, textos educativos. Los niños y niñas cuyas familias no sean capaces de asumir estos costos, quedan excluidos de las escuelas.
El informe señala que debido a la falta de financiamiento adecuado, la percepción de la disminución de la calidad de la educación pública en estos cuatro países empuja a las familias a encontrar otras alternativas, las escuelas privadas están creciendo como resultado de esta demanda creando y consolidando desigualdades sociales y llevando a la estigmatización de la educación pública.
Resalta que, de acuerdo a los marcos jurídicos nacionales e internacionales, los Estados tienen la obligación de proporcionar educación gratuita y obligatoria, así como el deber de tomar las medidas apropiadas para asegurar que la educación esté libre de costos directos e indirectos que menoscaben el disfrute de este derecho. Afirma que los gobiernos tienen la capacidad de recaudar más ingresos para financiar la educación, por ejemplo reduciendo los incentivos fiscales para la inversión y atacando la evasión fiscal.
Finalmente, el documento incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Ghana, Kenya, Uganda y Pakistán, entre ellas: garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad, suprimiendo todos los costos directos e indirectos, mejorar la calidad de las escuelas públicas, no delegar al sector privado su responsabilidad de asegurar el derecho a la educación y fortalecer la reglamentación, control y transparencia de las escuelas privadas.
En lo relativo a la financiación, aumentar el presupuesto de educación hasta al menos el 20% del presupuesto nacional o el 6% del PIB; aumentar el volumen del presupuesto general mediante la ampliación de la base imponible mediante una imposición progresiva y efectiva; la asignación de más recursos para promover la equidad, y aumentar los niveles de monitoreo del presupuesto para garantizar que el mismo sea asignado y ejecutado eficientemente; eliminar los incentivos fiscales y fortalecer los sistemas tributarios.
Otras recomendaciones se orientan a mejorar la infraestructura, la formación y calificación de maestros/as y avanzar en la igualdad de género en la educación.
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