Por Guntars Catlaks | Mundos de la Educación nº 27

Un nuevo estudio encargado por la Internacional de la Educación revela que la creciente tendencia a privatizar la educación pública se camufla muchas veces con palabras como “reforma de la educación” o se lleva a cabo discretamente a través de una “modernización”. De ahí el título del estudio: La privatización encubierta en la educación pública.

Los autores de esta investigación son el catedrático Stephen Ball y la Dra. Deborah Youdell, ambos del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. En su estudio analizan dos tipos de privatización: una en la que las ideas, técnicas y prácticas del sector privado se importan para que las escuelas sean más parecidas a empresas, y otra en la que la educación pública se abre a la participación del sector privado con ánimo de lucro. El primer tipo de privatización generalmente allana el camino al segundo.

Ambos afectan profundamente al modo de prestar el servicio educativo, de decidir el plan de estudios, de formar al personal docente, de evaluar a los estudiantes y, en realidad, a los valores fundamentales sobre los que se sostiene la educación pública tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

“Por lo que se deduce del estudio hasta el momento, uno de los problemas más importantes atañe al propio espíritu de la educación”, señaló el secretario general de la IE, Fred van Leeuwen. “Por ponerlo de la forma más clara posible: ¿la educación consiste en brindar a todos los niños y jóvenes la oportunidad de desarrollar todo su potencial como persona y como miembro de la sociedad? ¿O es más bien un producto que se vende a clientes, que desde una edad temprana son considerados consumidores y blancos de la comercialización?

Los docentes y sus sindicatos en todo el mundo defienden firmemente el concepto de educación pública de calidad como derecho fundamental del niño. Por tanto, esta transformación encubierta de la educación pública en un producto que se usa para obtener beneficios privados resulta muy preocupante.

“La Internacional de la Educación encargó la realización de este estudio para arrojar algo de luz sobre la tendencia hacia la privatización. Precisamos una mayor transparencia, necesitamos comprender mejor lo que está sucediendo para poder participar en un debate público sobre el futuro de la educación en nuestras sociedades”, afirmó Van Leeuwen.

Se publicó un informe preliminar para el Congreso Mundial celebrado en Berlín en julio de 2007, que fue presentado por los autores en una sesión temática sobre la privatización.

El Instituto de Investigación de la IE encargó el estudio, y su Red de Investigación se reunió dos veces para abordar asuntos relativos a la privatización y evaluar las conclusiones emergentes. El informe final se presentó el 17 de junio en el Centro Sindical de Londres.

John Bangs, del sindicato británico National Union of Teachers (NUT) y miembro del consejo del Instituto de Investigación de la IE, declaró: “Se trata del primer análisis del impacto global de estas tendencias a la privatización sobre los sistemas de la educación pública”. Bangs hizo referencia al recientemente fallecido secretario general del NUT y señaló: “Steve Sinnott habría estado encantado de ver este informe”.

“Es el primer toque de advertencia de la IE contra el tremendo impacto de los privatizadores en la educación”, afirmó Jerry Bartlett, secretario general de NASUWT y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE. “La privatización supone la dejación por parte del Estado de su obligación de prestar un derecho fundamental. Va a ser una herramienta realmente útil para hacernos eco de la desaparición del espíritu del sector público en la educación”.

Stephen Ball dijo que la denominada industria de la educación resulta enormemente rentable. “Los servicios educativos constituyen el sector de exportaciones más importante para el Reino Unido, valorado en 28.000 millones de libras al año aproximadamente”, señaló. “¡Es un auténtico negocio!”

Y en este gran negocio, la clase emergente de los “empresarios educadores” son los que mayores beneficios van a cosechar. Las empresas encargadas de preparar y corregir los exámenes, por ejemplo, son empresas multimillonarias en países que otorgan máxima prioridad a los resultados de los exámenes como forma de medir la calidad de la educación. Según Ball, en el marco de la ley “No Child Left Behind” (“Que ningún niño se quede atrás”), promulgada por el gobierno de George Bush, cada año se realizan 45 millones de exámenes que reportan 517 millones de dólares al sector privado.

Y en el plano internacional, el Banco Mundial también promueve la participación de las empresas privadas en los sistemas de la educación pública. “El Banco Mundial está colocando al sector privado en el centro de su política en los países en desarrollo”, declaró Ball.

Youdell añadió que, en muchos países en desarrollo, las tendencias de privatización muchas veces predominan en los proyectos de educación recién establecidos, en ocasiones financiados por el Banco Mundial o con fondos para ayuda. Como dependen más de la ayuda externa, las naciones en desarrollo son inevitablemente más vulnerables a la privatización en todas sus formas.

Ball advirtió de que en muchos países la privatización ha avanzado tanto que en la actualidad se considera algo inevitable o simplemente “de sentido común”. Asimismo, instó a los educadores a ser escépticos ante las iniciativas privadas y a mirar más allá de los aparentes beneficios inmediatos de, por ejemplo, los recursos de aprendizaje, equipos u ordenadores “gratuitos”.

La consecuencia más insidiosa de la privatización encubierta, según Ball, es la forma en que están cambiando las relaciones entre los docentes, los estudiantes y los padres. Cuando la educación se comercializa, los resultados (incluidos los logros de los alumnos) son considerados productos. De esta manera, los responsables escolares se convierten en gerentes de empresa, los docentes se convierten en técnicos y los estudiantes (según los resultados de sus exámenes) en activo o pasivo de una escuela que compite contra todas sus vecinas.

Ball destacó además que existe una fuerte necesidad de llevar a cabo “auditorías éticas” para evaluar el impacto de la injerencia privada en la educación pública.

Bob Harrris, asesor principal de la IE, agradeció el informe y elogió su potencial como herramienta para que los sindicatos de docentes desarrollen sus estrategias y se resistan a las formas más atroces de privatización.

Harris puso de relieve la necesidad de que los sindicalistas comprendan perfectamente el peligro que suponen para la educación pública (y en realidad para todos los servicios públicos) las presiones de la privatización, y de que actúen enérgicamente para llevar a cabo contrapropuestas.

“El debate no debe ser si las reformas educativas son o no necesarias, sino más bien el tipo de reformas y las condiciones necesarias para tener éxito”, afirmó.

[Tomado de “Mundos de la Educación No 27”]