Por Adelaida Entenza, de la CLADE
Daniel Lobo
Bajo el manto de “la responsabilidad social”, la empresa Kroton, en alianza con la Secretaria de Educación del estado de São Paulo, en Brasil, impulsa una iniciativa educativa en la red de escuelas públicas de este estado. Lanzada el pasado 31 de agosto bajo el nombre Aliança Brasileira pela Educação, la iniciativa pretende integrar socios de empresas e instituciones gubernamentales y del tercer sector a través de encuentros y foros para “intercambiar experiencias de buenas prácticas educativas promovidas en escuelas públicas y privadas”.
La propuesta, según la Secretaria de Educación, involucra también la capacitación a dirigentes regionales, directores/as y supervisores/as de la red de escuelas públicas del estado de São Paulo, por medio de encuentros mensuales, centrados en la formación de “líderes” con miras a “motivar a los profesores en el desarrollo del proyecto educativo”, así como la creación de 6 grupos de trabajo en São Paulo, alcanzando así a 300 escuelas y 300 mil estudiantes. Contempla a su vez, una expansión progresiva hacia los demás estados y municipios del país.
Se ha señalado que, con la compra de la empresa brasileña del sector educativo Estácio, Kroton se transformó en un gigantesco monopolio privado de la educación en el país y la mayor empresa de educación superior del mundo, con más de 1,5 millones de estudiantes.
La investigadora Theresa Adrião, del Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (GREPPE), de la Facultad de Educación de la Universidad de Campinas (Unicamp), se opone a esta iniciativa y afirma que en Brasil actualmente se experimenta un período de fuerte amenaza a la continuidad de las políticas públicas que afirman la educación básica como un derecho humano, con la protección de los gobiernos a los intereses económicos de grandes corporaciones de la educación y “filántropos” a ellas asociados. “Como ya sucedió en varios países, medidas como esa han profundizado desigualdades en el ámbito educativo y canalizaron los escasos recursos públicos para la ampliación de iniciativas “lucrativas” que alejan a millares de niñas, niños y adolescentes del derecho a la educación, especialmente aquellas/os de familias con menos ingresos y más vulnerables”, afirma.
Recuerda además que en la misma semana del lanzamiento de la “Aliança Brasileira pela Educação”, el Ministerio de Educación brasileño, por medio de la portaría 983 de 26 de agosto de 2016, creó un grupo de trabajo, con miras a analizar los actuales reglamentos del sector educativo privado y preparar un “listado negativo para efectos de negociaciones internacionales en el comercio de servicios, en el ámbito de sectores y subsectores de servicios relacionados con la educación”.
“Considerando la necesidad de ampliar los recursos públicos previstos para la realización del Plan Nacional de Educación, es urgente afirmar la educación como un derecho humano y garantizar que su oferta sea mantenida, gestionada y orientada por el poder público”, afirma Adrião.
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