La resolución reafirma la importancia de la educación pública así como la urgencia de abordar los impactos negativos de la comercialización de la educación 

Adoptada por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado jueves 22 de junio, la resolución reconoce la importancia de la inversión en educación pública con el máximo de los recursos disponibles, y aumentar y mejorar el financiamiento interno y externo para la educación, como se estableció en Declaración de Incheon, así como de garantizar que las políticas y medidas en materia de educación sean compatibles con las normas y principios de derechos humanos, y de fortalecer el compromiso de todas las partes pertinentes para contribuir a la educación como bien público (párrafo 3).

Además, insta a todos los Estados a establecer un marco regulador para los proveedores de educación (ya sea que operen de manera independiente o en asociación con los Estados), con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aludiendo a normas y estándares mínimos para la creación y el funcionamiento de servicios educativos, al abordaje de cualquier impacto negativo de la comercialización de la educación, al fortalecimiento del acceso a recursos apropiados y a  la reparación de las víctimas de violaciones del derecho a la educación (párrafo 2.e).

Asimismo,  exhorta a todos los Estados a que regulen y supervisen a los proveedores de educación, responsabilizando a aquellos cuyas prácticas tienen un impacto negativo en el disfrute del derecho a la educación, así como apoyar actividades de investigación y sensibilización para comprender mejor el amplio impacto de la comercialización de la educación sobre el disfrute de este derecho (Párrafo 4).

Para conocer más sobre esta resolución, pueden encontrar en adjunto el comunicado de prensa firmado o acceder al texto del mismo en línea aquí.

El texto completo de la Resolución A/HRC/35/L.2 del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación pueden encontrarla aquí.