En el evento, se lanzó oficialmente la Comisión de Educación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, con el apoyo de UNESCO-OREALC. Participó en el debate, hablando sobre la amenaza de la privatización de la educación, Juan González, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, que es miembro del Foro por el Derecho a la Educación en el país

Fuente: OPECH

El 8 de enero se lanzó oficialmente en Chile la Comisión de Educación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), bajo la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación (FENAEDUP) y el apoyo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO (UNESCO-OREALC). Dicha instancia, creada en enero de 2015, reúne a las asociaciones de trabajadoras y trabajadores de la Agencia de Calidad (ANFACE), Junta Nacional de Jardines Infantiles (APROJUNJI), Superintendencia de Educación (ASUME), Ministerio de Educación (ANDIME), Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (ASFUNCO) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (AFAEB).

Participando en esta actividad, Victor Parga, dirigente de ASUME y Presidente de la Comisión de Educación de la ANEF, presentó algunos temas críticos que serán tratados durante el año por este espacio. Entre ellos están las limitaciones de la planificación tecnocrática y racionalista como perspectiva única detrás de la toma de decisiones del ámbito educacional y el déficit de información sobre la realidad de las y los trabajadores públicos de la educación, que da cuenta que no sería considerado como un factor educacional de la agenda y se reduce a un asunto de recurso humano o de presupuesto fiscal. El objetivo, en palabras del dirigente, es “instalar el rol de los trabajadores públicos de la educación y el diseño de los servicios como un factor clave en la reforma que quiere Chile, dirigida a fortalecer lo público, lo común, lo que es de todos y todas”.

Estos cambios, reconoce Arturo Pino, presidente de la Federación y representante de ASFUNCO, traen consigo múltiples obstáculos para los trabajadores, en especial cuando lo que se busca es fortalecer la gestión estatal de la educación. Los más complejos son la privatización del sistema dificultando una articulación entre los distintos niveles y espacios, la externalización de servicios que debilitan la capacidad de conducción de un proyecto educativo nacional y la tercerización de roles y funciones públicas que desresponsabiliza al Estado en la garantía del derecho.

Todo ello estaría provocando “una pérdida del sentido de lo público como del bien común dentro de los servicios”. Es necesario no sólo cambiar el diseño de los servicios, sino además su sentido “cultivar una nueva cultura organizacional acorde a este nuevo enfoque humanista y antes que todo centrada en la dignidad de las personas. Queremos un nuevo trato con el Estado pero más importante con las comunidades”.

Privatización de los sistemas educativos – Durante el encuentro, especialistas comentaron la realidad de los servicios de educación y de distintos actores, que están condicionados por el contexto mundial de los sistemas educativos, fuertemente marcados por la tendencia a la privatización de la educación. Henry Renna, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, dio cuenta de los principales cambios en la composición de la oferta de matrículas a nivel de párvulos, primaria y secundaria, a partir de un monitoreo realizado con la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación durante el segundo semestre del 2015 y que próximamente entregará los primeros resultados.

“Hoy en el mundo más de 270 millones de niños, niñas y jóvenes estudian en instituciones privadas. En nuestra región son más de 20 millones, con una participación alrededor del 25 por ciento dentro del sistema”, informó. “La realidad de América Latina es contradictoria”, señala el investigador, “puesto que presenta un tránsito mixto o cruzado, por un lado de fortalecimiento de la oferta pública en infancia, disminuyendo la provisión privada cuatro puntos en las últimas tres décadas, pero por otro un crecimiento de su participación en secundaria y especialmente a nivel de primaria aumentando siete puntos; casi el 90% del total de matrículas creadas en primaria en las últimas tres décadas son nuevas matrículas en centros privados, de las 3,6 millones, 3,2 están en el mercado”.

“Esta transformación si bien tiene escala global, la información indica que serían los países en vías de desarrollo los que contarían con mayores niveles de cobertura privada y las poblaciones más pobres las más expuestas a los efectos del fenómeno privatizador”, añadió. La información entregada da cuenta que Chile estaría por sobre todos los valores regionales de participación de privados alcanzando porcentajes sólo existentes en el siglo XIX bajo control de la Iglesia, llegando a duplicar la media de América latina con más del 63% de las matrículas en manos del mercado.

Por su parte Juan González, del Centro Alerta y del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (OPECH), reconoció que esta tendencia estaría desdibujando el sentido y función que debe tener la educación pública.

“Así la función de construcción de sociedad, de valores, de transmisión y construcción cultural, de fomento de la ciudadanía quedan a la espontaneidad del mercado. En consecuencia, reflexionar sobre el rol del Estado en educación implica analizar como este ha cambiado su funcionamiento tras los cambios estructurales producidos por la reforma neoliberal. Actualmente limitado por el mercado, el Estado queda reducido a un rol de tesorería, administrando bonos y fiscalizando recursos que entrega a privados, tercerizando y concesionando la función educativa. En el actual contexto, de extrema privatización y colusión educativa, debemos pensar en invertir la relación y pasar a un Estado que ponga límites al mercado, y asuma un nuevo rol educativo, acorde al contexto actual, donde la comunidades cobren mayor importancia”, afirmó González.

Un proceso de formación para el 2016 – Según las impresiones de profesionales de la UNESCO, probablemente, el mayor desafío que enfrenta Chile sea el de afrontar la crisis de la educación pública, ello requiere potenciar el rol de sus funcionarios/as en la política y gestión educativa, y al mismo tiempo diseñar iniciativas de formación y mejoramiento de las capacidades de los mismos. En ese sentido se anunció que se está diseñando entre la Federación y la UNESCO un programa de formación permanente para trabajadoras y trabajadores de los servicios federados que será implementado el presente año y que tiene por nombre tentativo “Derecho Humano y Social a la Educación: herramientas para una política educativa transformacional”.

Según Dantón Vera, vicepresidente de AFAEB, “los cambios a nivel del diseño de los servicios necesitan cambios en los que implementamos las políticas públicas. Hoy las capacidades de los servicios y de los trabajadores y trabajadoras de los mismos aparecen como un factor educacional clave para garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad”.

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