“Recursos sí hay para la educación superior”. El clamor de estudiantes y profesores no parece terminar pronto

Fuente: Las 2 Orillas

El gobierno nacional no parece desear cambiar su estrategia de negar los recursos para sacar de la crisis de desfinanciación a la Universidad Pública, crisis causada por la política estatal que busca privatizarla. Insiste el gobierno en que no hay recursos. Y en la mesa de diálogo, a la que se vio obligado por las marchas estudiantiles, estudiantes y docentes le insistimos en que sí hay recursos: que están en los impuestos con destinación específica a la educación superior reservados en las reformas tributarias de 2016 y 2017: el punto al impuesto de la renta y complementarios, el 40% del medio punto del IVA, y el porcentaje de los impuestos a las cooperativas. Estos impuestos con destinación específica a la educación superior suman un billón y medio de pesos anuales.

Pero este gobierno y el anterior decidieron desviar esos recursos para financiar el muy costoso e ineficiente programa Ser Pilo Paga, que despilfarra los recursos de la educación pública en empresas privadas de educación muy costosas, pero no por caras mejores que las públicas: con la plata que el gobierno paga hoy en las universidades privadas la educación de cuarenta mil estudiantes pilos, se educarían ciento veinte mil jóvenes en las mejores universidades publicas del país. Ahora este nuevo gobierno, además, decidió desviar los recursos públicos de la educación superior a financiar nuevos programas de préstamos personales a la demanda de educación: Financiación continente al ingreso y Generación E: prestarle a cada joven que desea estudiar ,o a la familia del futuro estudiante, la plata para que paguen su matrícula en una universidad: la generación endeudada con los bancos. Por esa vía busca el gobierno imponer el proyecto de la privatización de la oferta pública de educación universitaria. Si lo dejáramos, nos impondrían el gobierno y las élites banqueras y del negocio de la educación, la filosofía individualista de que la educación superior es una inversión personal que le da nuevo valor a la mercancía fuerza de trabajo de cada joven. Por lo tanto, y como el beneficiado es el individuo, cada quien debe comprarla en el mercado de las mercancías educativas como compra la ropa que usa y la comida diaria con su tarjeta de crédito.

Deja así de ser la educación un derecho que debe garantizar el Estado con la inversión en el sistema educativo de una parte de nuestros impuestos. La convierten en una mercancía que es proveída por el mercado educativo y financiada por el sistema bancario, como cuando usted compra con una tarjeta de crédito en una tienda: lleve ahora y pague después: el viejo sistema de vivir endeudado, que enriquece a los prestamistas. Con esa decisión el gobierno traslada a la empresa privada, a las universidades privadas, y al sistema bancario privado, los recursos de nuestros impuestos que hoy día, por orden de la Constitución y la ley, están destinados a la educación pública. Es ilegal. Y es ilegítimo. Y es inaceptable. Porque privatizar la educación pública bajo el argumento sinuoso de que la educación produce un beneficio personal y por tanto la debe pagar cada estudiante beneficiado o su familia, es una visión individualista que acaba con la filosofía de la educación como un derecho que debe proveer el Estado con los recursos colectivos de nuestros impuestos.

El estrecho individualismo comercial y bancario de esta visión disuelve los lazos de humanidad, de protección, de cuidado y solidaridad que inspiran la humanización que deseamos y hemos decidido constitucionalmente que guíe nuestras relaciones colectivas -nuestra vida colectiva, nuestra vida política- decisión que hoy en Colombia la Constitución nacional y las leyes garantizan y regulan: porque la educación no es concebida por nuestro orden legal como una mercancía individual sino como un derecho. Por ello es anticonstitucional la negativa del gobierno a atender las razones técnicas que está hoy exponiendo nuestro movimiento estudiantil y docente en la mesa de diálogo.

La inversión del Estado en educación pública es necesaria para garantizar la educación como un derecho y un bien común: un bien colectivo que facilita el libre acceso de la niñez y de la juventud a la educación, sin importar su clase ni su riqueza, como sucede en la universidad pública hoy. Es una inversión de nuestros impuestos que tiene la formidable ventaja humana de abrirle a cada niño y a cada adolescente y a cada joven un camino cierto para compartir las artes, las ciencias, las filosofías, y acrecentar las potencias sensibles de crear y de pensar, y de crecer en una sociedad del conocimiento y de la creatividad, en una sociedad pacífica, que resuelve con humanidad sus conflictos. Y garantizar el acceso a la educación pública para cada niño o niña, adolescente o joven o adulto que desee estudiar, tiene otro buen don social: el de ser un camino cierto y generoso para superar las pobrezas económicas y espirituales causadas por las hondas desigualdades sociales…