Foto: Roberto Parizotti/Secom CUT
Con el fin de discutir las múltiples tendencias e impactos del “Edu-business” para la realización del derecho humano a la educación, #Contracorriente entrevistó a la investigadora de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil, Theresa Adrião, y al investigador Gustavo Paiva, de la ONG Acción Educativa, ambos co-autores del estudio Los sistemas educativos privados en la educación pública brasileña: consecuencias de la mercantilización para el derecho a la educación (en portugués), que se realizó en el ámbito de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (Privatization in Education Research Initiative – PERI) de la Open Society Foundations. El estudio también incluyó la participación de las investigadoras Raquel Borghi, Teise Garcia y Regiane Helena Bertagna, así como del investigador Salomão Ximenes. Acceda a la página web con una síntesis de los datos de esta investigación: http://www.observatoriodaeducacao.org.br/mapas/#/
En la entrevista, que forma parte del especial “La educación privatizada”, el equipo de investigación pone de relieve las consecuencias de la venta de los sistemas educativos privados a las administraciones municipales en Brasil, un mercado en el que hoy se incluyen las principales multinacionales en el ramo de la educación y editorial, en particular su impacto en la realización del derecho humano a la educación. Lea a continuación.
¿En qué consiste el fenómeno de los sistemas educativos privados en la educación pública brasileña?
Theresa Adrião. Foto: Jornal da UNICAMP
Theresa Adrião (TA) – Esta es la política en la que los gobiernos transfieren las funciones de elaboración e implementación de la política educativa a la esfera privada comercial. En este sentido, los sistemas educativos privados se constituyen en una “canasta” de servicios y productos que consisten en actividades tradicionalmente desarrolladas por los equipos pedagógicos de los organismos de administración públicos y las escuelas: la formación continua del profesorado, la supervisión eficaz de las actividades de enseñanza; la inversión en la producción y distribución de material didáctico a los estudiantes; y los procesos de evaluación externa e interna se encuentran entre las principales funciones transferidas.
Por esta razón, más allá de los problemas pedagógicos que resultan de la adopción de materiales de instrucción – en algunos casos desde preescolar – lo que vale la pena mencionar es el hecho de que las empresas privadas ahora venden los llamados “sistemas de educación” que interfieren en la gestión del propio sistema escolar público local.
¿Cuántos y cuáles son los grupos privados que actualmente trabajan en la educación pública en Brasil? ¿En cuántas ciudades están presentes?
TA – Este modo de privatización de la política educativa, de acuerdo con investigaciones previas (Adrião et al. 2009), se inició en São Paulo en 1998 por iniciativa del grupo llamado en aquel momento COC-NAME, segmento adquirido por Pearson en 2010.
Gustavo Paiva. Foto: Archivo personal
Gustavo Paiva (GP) – Desafortunadamente, por las restricciones de acceso a los datos de las empresas sobre el tema, y la ausencia de datos públicos consolidados, no pudimos hacer el inventario del total de los municipios brasileños que están transfiriendo la política educativa a las corporaciones. Aún así, pudimos identificar, a través de solicitudes de información a los tribunales de cuentas de los estados y la aplicación de cuestionarios directamente a los municipios que, en 2013, el año de referencia para la recopilación de datos de esta investigación, por lo menos 339 municipios brasileños habían adoptado sistemas privados de enseñanza. Además, en el estado de São Paulo, datos de 2010 indican que 269 municipios habían implementado una política de este tipo.
Sobre el número de empresas y grupos que compiten por el “mercado” no tenemos datos consolidados pero en el estudio se localizaron los cinco grupos más grandes de la operación: Abril Educación (hoy en día Somos Educación), que vende el sistema Anglo; Pearson, que trabaja con la venta del sistema Name; el Grupo Positivo; el Grupo Objetivo, que vende el Sistema Objetivo Municipal de Educación (Some); y el Grupo Santillana, dedicada a la venta del Uno Público.
La identificación de estos grupos resulta de una recopilação anterior, mediante la cual se registró el crecimiento de dos grupos que resultaron de la fusión de empresas nacionales y de su adquisición por grupos transnacionales, incluso a través de la colocación de sus acciones en la bolsa de valores. En medio de esos grupos, hay empresas de mucho poder económico en Brasil, como el Objetivo, y también las grandes corporaciones internacionales como Pearson y Santillana, vinculada al grupo español Prisa.
¿Cómo entender las diferencias de perfil entre ellos? Qué permitió el surgimiento de grupos nacionales que antes eran sólo los proveedores de educación privada en las escuelas privadas – como el Objetivo – y la entrada de empresas extranjeras en el país como actores clave en la educación pública brasileña?
TA – Un primer punto al que la investigación llama la atención, y que ha sido poco estudiado en la defensa de la educación como un derecho, es que, aparte de la presencia de las empresas transnacionales en la definición de las políticas educativas, es la progresiva presencia de los fondos de inversión en el control accionista de estos grupos. Es decir, es el capital especulativo el que ahora controla los grupos privados que trabajan en la definición de la política educativa subnacional brasileña.
El caso de Abril Educación, ex COC/Name (ahora Pearson), y Santillana sirven como ejemplos. Cuando abrieron su capital en bolsa, tuvo que ser administrado, al menos en parte, por fondos de inversión. En este “mercado”, representado por los sistemas educativos privados, las matrículas en las escuelas públicas se consideran como una especie de mercancías por parte de los inversionistas.
Además de este fenómeno, grupos privados con mayor presencia en el “mercado” de la educación pública, a través de la venta de los sistemas privados, compiten por fondos públicos a nivel federal, en particular, a través de su participación en el Programa Nacional de Libros de Texto (PNLD por sus siglas en portugués). Así, el estudio indica que los grupos tienen doble ventaja: por medio de su presencia directa en la formulación e implementación de políticas educativas gracias a la venta de los sistemas educativos privados y, al mismo tiempo, por conducto de la venta de productos editoriales para el gobierno federal, a través de PNLD.
¿Cómo se explica el interés de los municipios por estos servicios?
TA – El punto de partida son estudios previos que habíamos desarrollado, según los cuales la expansión de los mecanismos de descentralización de la oferta educativa hacia los municipios (municipalización), donde, en la mayoría de los casos, hay poca capacidad técnica y financiera, relacionada con los límites de gastos impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, la presión de grupos privados y un discurso mediático que atribuye la calidad de la educación a la naturaleza privada de su proveedor, ha permitido la inclusión de dicha estrategia de privatización y, en cierto sentido, el abandono de la responsabilidad de los gobiernos en relación a la política implementada por los grupos privados.
GP – Más allá de la municipalización no ir acompañada de transferencias de los gobiernos federal y estatales capaces de proporcionar a los municipios la capacidad técnica y administrativa equivalente al trabajo impuesto, los municipios tienden a ser más susceptibles a un discurso de descalificación de la educación pública en relación a la privada. Contribuye para ello la forma en que el gobierno federal da a conocer las evaluaciones externas, sin considerar las desigualdades socioeconómicas entre las personas atendidas por la educación pública y las escuelas privadas, y la alta inversión de las empresas privadas en publicidad. Identificamos municipios que han optado por la adopción de un sistema de enseñanza privada, en particular por considerar que es una “marca fuerte” en la región o porque hay una escuela privada de la misma empresa en la ciudad.
¿Hasta qué punto la presencia de sistemas de enseñanza privada en la educación pública amenaza la realización del derecho humano a la educación?
TA – La compra de los sistemas privados de enseñanza por las redes municipales públicas puede dar lugar a dos situaciones que afectan directamente la disponibilidad de fondos para la educación en los municipios. Si recibe los libros del PNLD, al comprar los sistemas privados de educación, el municipio duplica el gasto (ahora realizado por el gobierno federal a través de PNLD) con el mismo propósito. Si el municipio no recibe materiales del programa nacional, no va a duplicar los costos, sino que también reducirá significativamente su capacidad de proporcionar nuevos puestos de trabajo en el sistema público, debido a la reducción de los recursos públicos disponibles para la creación de oportunidades, especialmente en las etapas no obligatorias y en aquellas en que la cobertura es baja.
Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta la extensión de la educación obligatoria por la enmienda constitucional 59/2009, que prevé el preescolar universal, y tiene como objetivo ampliar el servicio de guardería que consta en el nuevo Plan Nacional de Educación, ambas responsabilidades de los municipios. En otras palabras, la compra de los sistemas privados causa impacto en el derecho humano a la educación, reduciendo la disponibilidad de recursos para la expansión de las oportunidades educativas.
Otra cuestión observada en el estudio es la necesidad de analizar los procesos de toma de decisiones por el cual los funcionarios públicos buscan sistemas educativos privados. En este sentido, se pueden distinguir dos fases: la primera es la propia decisión de adoptar o no un sistema privado de enseñanza, ya la segunda se refiere a la decisión sobre qué sistema adoptar entre los que se ofrecen en el mercado educativo privado.
Los sistemas privados en las escuelas públicas, por lo tanto, tienden a someter a las escuelas, los maestros y estudiantes a la homogeneización y al debilitamiento de sus capacidades como sujetos activos y creadores en la realización del derecho a la educación. En este sentido, se oponen a la gestión democrática de la educación y, peor que eso, promueven la dependencia de las redes públicas de los servicios privados, ya que no fomentan el desarrollo de las capacidades locales para la producción de propuestas educativas, capacitación y evaluaciones.
Por último, para los grupos marginados históricamente en su derecho a la educación, la falta de transparencia, de participación y de control del Estado sobre los sistemas educativos privados pone en duda su capacidad para promover la inclusión y el reconocimiento de los estudiantes con discapacidades o necesidades especiales, del campo, las comunidades indígenas y cimarrones y otras poblaciones tradicionales, así como la capacidad de adaptación de los materiales a este público, que necesitan tener su derecho humano a la educación plenamente atendido.
¿Qué se puede hacer para revertir este proceso y permitir que efectivamente exista un fortalecimiento de la educación pública y gratuita para todas las personas, como un derecho humano y la responsabilidad del Estado?
GP – Una cuestión importante a abordar es la capacidad financiera de los municipios para llevar a cabo sus políticas educativas. En este sentido, la aplicación del Costo Estudiante Calidad Inicial (CAQI) y, posteriormente, el Costo Estudiante Calidad (CAQ) [indicador para la financiación del derecho humano a la educación desarrollado por los investigadores en ese campo, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil] es fundamental para que los municipios puedan mantener sus inversiones, pagar a los maestros y los equipos técnicos y crear oportunidades educativas. Esto, sin embargo, no será suficiente e incluso puede agravar el proceso de privatización, ya que habrá más recursos públicos disponibles para el “mercado de la educación”, si no avanzamos en los procesos de gestión democrática.
En otras palabras, lo más urgente es fortalecer los mecanismos participativos de gestión de las políticas educativas: los consejos de educación municipales, los consejos de Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación], las meriendas escolares, la participación en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes municipales de educación, así como de los mecanismos de gestión democráticos dentro en las propias unidades escolares. Sólo con la participación de todas las personas en la definición e implementación de las políticas educativas puede ser garantizada una educación de calidad, centrada en las necesidades reales de la población de cada territorio y realizar de manera efectiva el derecho humano a la educación.
“La educación privatizada” – Lea las otras dos entrevistas que forman parte en el Especial: