Las y los estudiantes también protestan contra la militarización de colegios, iniciada en el 2014; la falta de transparencia sobre la inversión pública en educación ha sido constante en el Estado

06 de enero de 2016

Desde el inicio de diciembre, estudiantes de secundaria del Estado de Goiás, Brasil, han tomado más de 20 colegios, en reacción a la decisión del gobierno del Estado de transferir la gestión de los colegios públicos a la iniciativa privada, contratando Organizaciones Sociales (OSs).

De acuerdo al movimiento de las y los Secundaristas em Luta-GO, las tomas son “una respuesta a la implementación de las Organizaciones Sociales (OSs) en las escuelas y a su militarización. Dichas medidas siguen la lógica empresarial (que prioriza metas [de productividad] en vez de cuestiones pedagógicas), abre brechas para cobros de mensualidades, precariza e desestabiliza las condiciones de trabajo de los profesores, entre otros inúmeros problemas” (lee la declaracion completa aquí).

Según externó la Secretaria de Educación del Estado de Goiás, Raquel Teixeira, en entrevista al periódico Folha de S. Paulo, el gobierno de Goiás ha decidido adoptar dicho modelo – que es similar al de los colegios en concesión, de Colombia -, bajo la justificativa de que los empresarios/as “estudiaron economía, gestión empresarial. Entienden más de gestión que nosotros, educadores”. De acuerdo a la Secretaria, la gestión de las llamadas Organizaciones Sociales Privadas (OSs) permitiría que los y las rectores/as de los colegios públicos puedan desobligarse de las actividades administrativas para dedicarse integralmente a la parte pedagógica de la educación.

En 2014, el mismo gobierno dio inicio a la “militarización” de la enseñanza, con la entrega de la administración de 12 colegios estatales al Ejército. En consecuencia, las y los estudiantes y sus familias fueron obligados a pagar cuotas para la compra de uniformes militares y la manutención de sus colegios, entre otras imposiciones, lo que constituye una violación al principio de gratuidad del derecho a la educación. Además, el 50% de los cupos en las escuelas militarizadas son reservados a los hijos e hijas de militares, lo que implica en la práctica selección de estudiantes, contrariando la universalidad del derecho a la educación. “Soy absolutamente favorable a la enseñanza pública gratuita, que es lo que garantiza la educación a todos que la demandan. Si hay cobros y selección de quiénes entran, no se trata de enseñanza pública y gratuita”, comentó Walderês Nunes Loureiro sobre el tema, ex Secretaria de Educación del Estado de Goiás y docente de la Universidad Federal de Goiás.

Frente a las tomas, el gobierno inició un interdicto de recuperación de la posesión. La jurisdicción competente se lo negó, recordándole al gobierno que las tomas no retiran la propiedad de los colegios del Estado. De otra parte, la represión policial ha empezado a aparecer en los colegios tomados: dos estudiantes sufrieron agresión de la policía militar en el Colégio Estadual Cecília Meirelles, en la ciudad de Aparecida de Goiânia, el día 14/12. Otros embates violentos entre la policía y las y los estudiantes tuvieron lugar durante una nueva protesta realizada en Goiânia el 4 de enero.

La financiación de la educación

En su blog, el profesor Luiz Araújo, criticó la propuesta de transferir la gestión de los colegios a OSs, recordando que no es factible la propuesta del gobierno con base en datos recientes y en un análisis presupuestario: de acuerdo con Araújo, difícilmente la medida de pasar la administración escolar a la iniciativa privada va a contribuir a la reducción del 10% en los gastos con educación, como argumenta el gobernador Marconi Perillo: si por un lado la financiación seguirá bajo la responsabilidad del gobierno, que concederá los recursos para que las OSs administren los colegios, por otro, Marconi anuncia un aumento de la inversión por estudiante, sin que el Estado pueda asegurar los recursos disponibles para hacerlo.

El tema de la financiación de la educación en el Estado merece un tratamiento transparente. Un ejemplo es el tema de la reforma de los colegios públicos de Goiás – uno de los asuntos más controvertidos de la gestión de Marconi Perillo. La Secretaria de Educación informó que 1050 colegios estatales habrían sido reformados del 2011 al 2014, a través del programa “Nuestra Escuela”, con una inversión de 140 millones de reales. De otra parte, consta en la página web del Portal de Informação ao Cidadão, del Tribunal de Cuentas del Estado de Goiás (TCE-GO) un valor menor: según estos datos, entre el 2010 y el 2014, el gobierno Marconi Perillo invirtió 108 millones de reales en reformas edilicias de 1134 escuelas. Sin embargo, datos apurados por la página web Conexão GO junto al mismo TCE-GO indican que la empresa encargada de las obras tendría recibido 5.755.983,67 reales.

De hecho, la comunidad educativa ha venido denunciando que en muchos colegios las reformas se han paralizado porque la empresa responsable alega no haber recibido el valor asignado por el gobierno para las obras. En abril de 2014, la página web Conexão GO entrevistó a estudiantes, docentes y rectores/as de colegios que apuntaron condiciones insalubres, incluso en escuelas cuyas obras ya se concluyeron. De acuerdo al reportaje, padres y madres de estudiantes de la Escola Estadual Belarmino Essado, en la ciudad de Inhumas, publicaron fotos de sus hijas/os asistiendo a las clases en un galpón. En el Colégio Estadual Professor José Carlos Almeida, en la ciudad de Goiânia, colapsó en abril de 2014 una pasarela. No hubo víctimas.

Una de las escuelas recientemente tomadas, el Colégio José Carlos de Almeida, en Goiânia, pasó por situación similar: de acuerdo a su rector, Grimaldino dos Santos, el colegio estuvo cerrado desde agosto de 2014, cuando la reforma se interrumpió, mediante la alegación de que el Estado no repasó los recursos a la empresa responsable.