Rechazada por las y los estudiantes que ocuparon más de 200 escuelas el año pasado, la reorganización escolar vuelve a impulsarse de manera discreta por el gobierno del estado, contrariando un pedido presentado por el Ministerio Público y la Defensoría Pública en diciembre de 2015 que demanda a la Justicia la suspensión de este proyecto

04 de julio de 2016

Por Samuel Grillo, de CLADE

El 28 de junio la Rede Escola Pública e Universidade (Red Escuela Pública y Universidad), formada por maestras/os e investigadoras/es del campo educativo de São Paulo, lanzó una nota técnica en que señala que las medidas recientemente tomadas por la Dirección Estadual de Educación de São Paulo (SEE-SP) manifiestan la implementación discreta y oculta de un proyecto de reorganización escolar en el estado.

La nota analiza los argumentos esgrimidos por la SEE-SP ante una demanda que el Ministerio Público y la Defensoría Pública del estado de São Paulo presentaron a la Justicia en diciembre de 2015, pidiendo la suspensión de la reorganización escolar, debido a que el gobierno no la había discutido con la sociedad civil y las personas directamente afectadas. Luego que se presentó un fallo judicial provisional en favor de dicha demanda, el gobierno del estado de São Paulo afirmó que suspendería la reorganización escolar. Este anuncio tuvo lugar el mismo día en que se realizaron grandes manifestaciones estudiantiles contra este proyecto en la capital, las cuales fueron fuertemente reprimidas por la policía militar y hubo detenciones de estudiantes.

Pese a eso, según el estudio de la Rede Escola Pública e Universidade, ahora se implanta en el estado de manera silenciosa el mismo proyecto que el gobierno de Geraldo Alckmin trata de imponerle a las comunidades educativas desde el 2015, y que había sido suspendido a fines de aquel año en respuesta a las protestas estudiantiles masivas. El proyecto determinaba, entre otras cosas, el cierre de al menos 94 escuelas públicas en el estado y la transferencia de 311 mil estudiantes a otras unidades, sin diálogo previo. Sin embargo, la Dirección Estadual de Educación (SEE-SP) dice, defendiéndose, que la reorganización escolar no se está desarrollando, que al contrario, las medidas que viene impulsando son administrativas y no necesitan respetar la participación social.

En este contexto, el objetivo del estudio mencionado es ofrecer argumentos para que la Justicia pueda actuar rápidamente haciendo cumplir la Ação Civil Pública (ACP) propuesta por el Ministerio Público y la Defensoría Pública en diciembre de 2015, que ya tuvo una primera decisión judicial favorable. La investigación también quiere apoyar a la sociedad civil en el seguimiento de las actividades de la SEE-SP.

Hallazgos – La nota técnica de la Rede Escola Pública e Universidade identificó que, entre mayo de 2015 y mayo de 2016, 165 escuelas negaron matrículas a las llamadas “clases de ingreso”, que corresponden al primer año de cada ciclo de enseñanza (fundamental y medio). Se supone que estos datos respondan al ya anunciado objetivo del gobierno de establecer unidades en el estado en que haya apenas uno de los ciclos de enseñanza, las llamadas unidades de ciclo único, en el plazo de 3 o 4 años. Para este estudio se utilizaron datos de la demanda judicial que el Ministerio Público y la Defensoría Pública presentaron ante la SEE-SP, e informaciones del Censo Escolar que abarca 5 mil centros educativos registrados en el estado. Se analizó el número de estudiantes matriculadas/os, la cantidad de salas de aula y los procesos de cierre y apertura de clases en cada ciclo de enseñanza en este período.

El estudio también identificó que de las 165 escuelas mencionadas, 53 (32%) estaban en la lista inicial del gobierno con unidades que se cerrarían o se transformarían en escuelas de ciclo único, de acuerdo al plan de reorganización escolar. A su vez, en 51 de las unidades de enseñanza mencionadas, no se abrieron matrículas para el ciclo que el gobierno ya había anunciado que cerraría en estas escuelas.

A ello se suma el cierre de 2.158 salas de aula y 24.433 matrículas en el sistema educativo en todo el estado, lo que ha generado el aumento del número de estudiantes por aula de la enseñanza fundamental a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Una de las justificativas de la SEE-SP para impulsar la reorganización era la de que está disminuyendo el número de estudiantes en la red pública, y por lo tanto estas medidas no implicarían en riesgo de hacinamiento en las salas de aula. Sin embargo, el estudio realizado por la Rede Escola Pública e Universidade revela que, en los últimos años del ciclo fundamental, hay un promedio de 35 estudiantes por sala de aula, mientras que en la enseñanza media es de 37, y en las salas de EPJA llega a 45.

Para justificar su plan de cerrar salas de aula en todo el estado, la SEE-SP recientemente cambió una norma respecto a la cantidad máxima de estudiantes permitida en cada sala de aula, aumentándola en todos los niveles educativos. Pese a ello, el 1,5% de las salas de aula del estado sigue teniendo estudiantes por encima del nuevo límite.

En la conferencia de prensa del lanzamiento de la nota técnica mencionada, se apuntó que el gobierno paulista invierte actualmente apenas el 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado en educación, uno de los índices más bajos de Brasil. El actual Secretario de Educación del estado de São Paulo inclusive dijo publicamente que la educación no debería considerarse una responsabilidad del Estado. Asimismo, se observa que la tendencia en el conjunto de políticas educativas del estado de São Paulo es la falta de garantía de una educación pública, gratuita y de calidad, a través de la toma de medidas que van de la municipalización de la enseñanza a la privatización de la oferta educativa en base a alianzas público-privadas.

Histórico – En 2015, las ocupaciones de 213 escuelas de enseñanza media y fundamental del estado de São Paulo se dieron como medida de resistencia a la reorganización escolar impuesta por el gobierno de Geraldo Alckmin que proponía el cierre de 94 escuelas (inicialmente el número ascendía a 477 centros educativos). Aunque el objetivo señalado expresa la necesidad de reducir la infraestructura ante la disminución del número de matrículas y la preparación para la municipalización de la enseñanza fundamental, en concreto la medida tomada sin debate público conlleva al hacinamiento de clases al mismo tiempo que debilita el sistema público y abre camino para la creación de centros de educación infantil e institutos de formación técnica y tecnológica en base a alianzas público-privadas.

Estudiantes, docentes, padres y madres reaccionaron enérgicamente en defensa de la escuela pública. Más de un mes de movilizaciones seguidas y la ocupación de más de 200 escuelas resultaron en la renuncia del Secretario de Educación del Estado de São Paulo y la suspensión del proceso de reorganización a comienzos del mes de diciembre de 2015. Después de ello, las ocupaciones mantuvieron cierta continuidad, creándose una instancia de coordinación denominada Comando de las Escuelas Ocupadas.

Lea aquí la nota técnica que fue producida por la Rede Escola Pública e Universidade.