El fallo judicial de Uganda sobre el cierre de Bridge International Academies significa un paso adelante en el cumplimiento del derecho a la educación en Uganda y otros países
Fuente: Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR)
Traducción al español: Marcela Hernández
Kampala, Uganda, 10 de noviembre de 2016
Las 15 organizaciones que suscriben la presente declaración toman nota de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Uganda con sede en Kampala, el viernes 4 de noviembre. Esta decisión confirma que las medidas y diligencias llevadas a cabo por el gobierno de Uganda conducentes a la decisión de cerrar las escuelas que opera Bridge International Academies (BIA) fueron legítimas y justas. El fallo, que según BIA será apelado, confirma que Bridge International Academies podría haber operado de manera ilegal en Uganda. Apelamos a los gobiernos y a los inversores de BIA para que se comprometan al pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos ante las repercusiones en Uganda, así como en otros países en los que está operando BIA.
En el día de ayer, el gobierno anunció que, ante este cierre, van a trasladar a los niños y niñas de las escuelas Bridge, a escuelas cercanas. Si bien el cierre de una escuela es sumamente devastador, el Gobierno aparentemente no tuvo otra alternativa ante la existencia de varios informes que revelaron que BIA no cumplía con los mínimos estándares educativos. En línea con declaraciones previas de la sociedad civil, apelamos al gobierno de Uganda para que garantice una transición ordenada e inmediata de los alumnos y alumnas de estas escuelas, hacia escuelas públicas cercanas para garantizar la plena e ininterrumpida realización del derecho a la educación de todos los niños y niñas. Bajo ningún concepto un niño o niña puede ser privado/a del acceso a la educación debido al cierre de una escuela y la pérdida de tiempo de instrucción debe ser mínima.
El gobierno de Kenia, país vecino de Uganda, ha enfrentado desafíos similares en su relación con BIA que cuenta con más de 400 escuelas en Kenia. Aparentemente, el Ministerio de Educación de Kenia ha mantenido algunas reuniones con BIA exigiéndole el cumplimiento de las normas, y se ha comunicado por escrito con la compañía, por lo menos en dos ocasiones, el 17 de noviembre de 2014 y el 17 de febrero de 2016 reiterando la solicitud, en base a informes internos que cuestionan el cumplimiento de BIA con la ley, pero al parecer sin éxito. El Ministerio de Educación de Kenia se comunicó nuevamente con BIA, por escrito, el 31 de agosto, otorgándole un plazo de 90 días, es decir, hasta el 30 de noviembre de este año, para cumplir con las directivas y normas.
Abraham Ochieng, de la organización keniata Centro de África Oriental para los Derechos Humanos (EACHRights) comentó: “Lo que está sucediendo en Uganda es sorprendentemente similar a nuestra experiencia en Kenia. Parece que BIA continúa infringiendo las normas nacionales pese a los repetidos llamados de atención. Ningún proveedor de la educación puede pasar por encima de la ley, y esperamos que el proceso en Kenia sea similar y que conduzca al cierre de las escuelas Bridge o al respeto de las normas nacionales”.
A pesar de que la compañía afirma lo contrario, el fallo del Tribunal Superior de Kampala demuestra una vez más que el gobierno de Uganda informó a BIA cuáles eran las exigencias legales que debían cumplirse, pero no se tomaron las medidas adecuadas para cumplir con tales exigencias. Esto confirma los temores existentes con relación a BIA, una compañía multimillonaria que si bien tiene los medios y recursos para cumplir con las regulaciones, parece haber ignorado las múltiples solicitudes de cumplimiento con los estándares educativos de los países en los que opera.
Salima Namusobya, de la organización ugandés Iniciativa para los Derechos Económicos y Sociales (ISER, por sus siglas en inglés) agregó: “Con este fallo ha quedado demostrado que BIA no toma con seriedad el respeto por la ley. Las escuelas BIA no respetaron las Pautas Gubernamentales sobre los Requisitos y las Normas Básicas Educativas, por ejemplo, con respecto a la infraestructura, contratando deblieradamente a docentes no calificados con el fin de reducir costos, lo cual constituye una violación a las leyes de Uganda, es decir, se trataba de un negocio con fines de lucro pero sin contar con el acuerdo y la adecuada supervisión de las autoridades”.
En Kenia y Uganda, según las leyes nacionales y también en base al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de establecer y hacer cumplir estándares educativos mínimos en todas las escuelas. Recientemente, los órganos de la ONU creados para el monitoreo de los derechos humanos y la Comisión Africana exhortaron a ambos países, Kenia y Uganda, a cumplir con su obligación de regular las escuelas privadas y una resolución de julio de 2016 del Consejo de Derechos Humanos también les exigió una regulación adecuada ante el aumento de actores empresariales en la educación.
Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-DESC) comentó: “Varios órganos creados para el monitoreo de los derechos humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han expresado una seria preocupación con respecto al rápido y desregulado crecimiento de los proveedores privados de educación, en particular los empresariales. Los Estados tienen obligaciones para con los derechos humanos por lo cual deben regular adecuadamente a los actores privados a través de la legislación nacional, tal como lo ha hecho el gobierno de Uganda en este caso. Las instituciones educativas, especialmente las empresas internacionales con gran cantidad de recursos deben respetar las normas y las leyes nacionales “.
En este contexto, las organizaciones que suscriben esta declaración están muy preocupadas ante la posibilidad de que los accionistas de BIA, entre ellos inversores de alto nivel como Mark Zuckerberg, Omidyar, Novastar, el Grupo del Banco Mundial, la agencia de desarrollo británica y la institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos estén incumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones de debida diligencia, lo que podría tener implicaciones legales. La práctica de los derechos humanos y la legislación nacional en varios países así como los códigos de práctica de diversas compañías exigen que los accionistas procuren evitar que las empresas en las que están invirtiendo incurran en cualquier violación de la ley, y los órganos de derechos humanos ya han advertido al Reino Unido, en dos oportunidades, que se abstenga de financiar escuelas comerciales como BIA. Las organizaciones que suscriben esta declaración, solicitan a los inversores de BIA que se aseguren de que BIA cumpla inmediatamente con la ley dondequiera que esté operando y que otorgue una compensación a los padres, niños y niñas, u otras partes damnificadas, inclusive en forma de reembolsos a los padres que se vieron obligados a retirar a sus hijos e hijas de las escuelas de BIA por incumplimiento de la ley.
Tanvir Muntasim, de ActionAid International, acota: “Los acontecimientos en Uganda deben servir de advertencia para los países que pretenden permitir la habilitación de escuelas comerciales sin regulación o supervisión adecuada y también para los inversores que planean invertir en redes de escuelas que se basan en máximas ganancias a costas de bajos estándares”.
Las organizaciones que suscriben esta declaración están listas para trabajar con los gobiernos de Uganda, Kenia, y otras autoridades interesadas con el fin de apoyar el desarrollo de un sistema de educación pública de calidad en el que todas las escuelas cumplan con los estándares y las normas de derechos humanos.
Signatarios
• ActionAid International
• ActionAid Uganda
• African Network Coalition on Education for All (ANCEFA)
• Amnesty International
• East African Centre for Human Rights (EACHRights)
• Equal Education Law Centre
• Ghana National Education Campaign Coalition (GNECC)
• Global Campaign for Education (GCE)
• Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights
• Global Justice Now
• Initiative for Economic and Social Rights (ISER)
• International Federation of Centers for Training in Active Education Methods (Ficeméa)
• Public Services International
• Right to Education Project
• The Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University
Nota para los editores: Antecedentes de Bridge International Academies
Bridge International Academies Ltd (BIA) es una empresa estadounidense registrada en Delaware. Es una empresa con fines de lucro que opera una red comercial, privada de educación primaria y educación en la primera infancia. Con más de 400 centros y 100.000 niños/as matriculados/as en escuelas de BIA, es la red más grande de escuelas privadas con fines comerciales en todo el mundo.
BIA ha recibido financiación de varias empresas, inversores y actores para el desarrollo importantes, incluyendo la Red Omidyar, fundada por el multimillonario creador de eBay, Pearson (la empresa educativa más grande del mundo), Novastar Ventures, Kholsa Ventures, el filántropo Bill Gates, Education Ventures de Zuckerberg, el fundador de Facebook, la Corporación Financiera Internacional (una rama del Grupo del Banco Mundial), la Corporación para el Desarrollo del Commonwealth del Reino Unido (con fondos del Departamento para el Desarrollo Internacional – DFID, por sus siglas en inglés) y la Overseas Private Investment Corporation.
BIA abrió su primera escuela en el barrio marginal de Mukuru kwa Njenga en Kenia en el 2009, y en el 2015 la compañía contaba con 405 escuelas en Kenia. La compañía se expandió aún más, abriendo 2 escuelas en Nigeria en el 2015 y 63 escuelas en Uganda en el 2016, y planea abrir escuelas en la India. Recientemente BIA ha entabladao una asociación pública-privada piloto con el gobierno de Liberia. A través del programa “Escuelas en Asociación para Liberia” el gobierno ha subcontratado 92 de sus escuelas públicas a nivel de educación primaria y pre-primaria. BIA está operando 23 escuelas primarias en el plan piloto. BIA procura crecer aún más con el objetivo de llegar a 10 millones de estudiantes en el 2025.
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