El equipo de investigadoras/es que produjo el estudio The role and impact of private schools in developing countries, del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) de Reino Unido, responde a las críticas que la investigación recibió de James Tooley y David Longfield

Fuente: Con informaciones de UKFIET

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia (extraída de UKFIET)

Un equipo de 10 investigadoras/es, formado por Laura Day Ashley, Claire Mcloughlin, Monazza Aslam, Jakob Engel, Joseph Wales, Shenila Rawal, Richard Batley, Geeta Kingdon, Susan Nicolai y Pauline Rose, acaba de difundir un comunicado en el que comenta la producción del informe The role and impact of private schools in developing countries (el papel y el impacto de las escuelas privadas en los países en desarrollo, en traducción libre), que elaboró para el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), de Reino Unido. El mismo comunicado también trata de responder a las críticas que dicho estudio recibió de James Tooley y David Longfield, en otro informe publicado por Pearson Education [sepa más aquí].

Lo que sabemos – y no sabemos – sobre el impacto de la escolarización privada en los países en desarrollo es el título del comunicado que busca reforzar la importancia del estudio de DFID para ordenar las evidencias existentes y disponibles respecto al papel de la educación privada en la formación de las personas de mayor vulnerabilidad social en los países en desarrollo, como también evaluar el impacto que ese tipo de educación puede tener en la vida de dichas personas y en la superación de las desigualdades. El estudio de DFID, al final, discute las relaciones entre la privatización y el desarrollo a partir de las evidencias disponibles, tema este que viene suscitando fuerte interés político en los ámbitos nacional e internacional y que ha sido el foco de una serie de investigaciones recientes (59 de las cuales se analizan en el informe).

Mientras Tooley y Longfield expresan la opinión de que la calidad de la educación privada es superior a la de la educación pública, los 10 expertos/as contratados por DFID demandan cautela. “Con base en ese proceso riguroso, nuestra revisión identificó que llegar a conclusiones generales sobre el impacto de la escolarización privada es difícil en razón de la diversidad del sector privado de educación, de las brechas significativas en la evidencia, y del hecho de que raramente se puede generalizar la investigación disponible más allá de su contexto específico”, dicen en su texto-respuesta.

El mismo equipo se muestra sorprendido por el informe de Pearson que, según afirman, no tomó en cuenta los puntos de coincidencias de opinión entre los dos informes, ni el rigor con que se realizó en estudio de DFID.

James Tooley es hoy uno de los mayores defensores de la educación privada y de la reducción del papel del Estado en la educación. Pearson Education, a su vez, es uno de los mayores conglomerados en el mercado de educación privada y en el mercado editorial en el mundo.

A pesar de la visibilidad adquirida por el tema a partir del debate entre los dos informes, es fundamental percibir que tienen amplitud restricta, una vez que enfocan prioritariamente algunos países del Sur de Asia. De esa manera, no se debe tomar ni uno, ni otro, como representativo de un contexto mundial más amplio.

Lee aquí el comunicado del equipo de investigación contratada por DIFD (en inglés).

Descarga el informe de DFID (en inglés).

Lee el informe de James Tooley (en inglés).

Foto: Orealc UNESCO/Santiago

En una Lista de Asuntos publicada el 5 de Marzo, el Comité por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), ha solicitado formalmente al gobierno de Chile que explique los impactos de la privatización de la educación y sus medidas para “asegurar que se ponga fin a la segregación del sistema educativo y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación tanto en el acceso a la educación como dentro de las escuelas”.

En el párrafo 14 del mismo documento, el Comité solicita al Estado chileno que se sirvan a “detallar si se plantea eliminar el sistema de bonos así como los procesos de selección de estudiantes en todos los colegios públicos, subvencionados y privados”.

El CDN destacó en su listado de preguntas uno de los problemas clave del sistema educacional chileno: los vouchers (bonos), a través de los cuales el Estado subsidia colegios privados, entendiendo la educación como un mercado. Sumado al sistema de selección de estudiantes en las escuelas, este sistema ha llevado a Chile a tener el sistema educacional con los más altos niveles de segregación por grupos socioeconómicos en el mundo. El gobierno está actualmente reformando el sistema educacional para responder a algunos de estos temas, siguiendo las demandas de las protestas estudiantiles del 2011.

La inclusión explícita del sistema de vouchers, la selección de estudiantes y segregación como parte del listado de preguntas representa un importante avance. Además de incorporar elementos claves en relación a las reformas en Chile, esta es una importante señal para otros Estados, como el de Marruecos, que están explorando la posibilidad de adoptar un sistema de vouchers similar al chileno.

La lista de asuntos presentados por el CDN es consecuente con un informe presentado por una coalición de organizaciones chilenas y extranjeras llamando la atención sobre los posibles efectos de la privatización de la educación en Chile y el cumplimiento de los derechos humanos. El informe fue preparado por la Clínica de Derechos Humanos de Sciences Po Paris y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, trabajando en asociación con el Foro por el Derecho a la Educación – Chile, la Red de Estudios para la Profundización Democrática, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación, el Proyecto sobre el Derecho a la Educación, la Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación, y el Equal Education Law Centre.

En Diciembre de 2014, otro ente de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ya había llamado la atención sobre los mismos temas, en línea con otro informe presentado por la misma coalición de organizaciones. El CDESC solicitó al Estado de Chile dar cuenta de “medidas adoptadas por el Estado parte para eliminar los sistemas de cobro y selección que restringen el acceso a la educación de forma equitativa, e indiquen qué pasos concretos ha emprendido el Estado parte para disminuir la brecha de desigualdad generada por el actual sistema de educación”.

Las organizaciones involucradas en este informe están listas para contribuir al debate de la reforma educacional en Chile. Seguirán trabajando en estos temas con la sociedad civil chilena en los próximos meses, dado que el Estado de Chile debe responder por escrito las preguntas al CDN el 15 de Junio de 2015. El Estado de Chile será luego revisado formalmente por el CDN durante su 70ª sesión, en presencia de representantes del gobierno, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, siguiendo las observaciones concluyentes del CDN. Antes de esto, Chile será también revisado por el CDESC, el 9 y 10 de junio de 2015.

Recursos: 

Descarga aquí el Informe alternativo presentado al Comité o su Resumen Ejecutivo, aquí. 

Vea la Lista de Asuntos publicada por el CDN aquí. 

Ginebra (12 de febrero de 2015). “La educación básica gratuita y de calidad es un derecho humano fundamental de todos, y los gobiernos no deben delegar esta responsabilidad en el sector privado”, dijo hoy el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Kishore Singh.

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

Foto: Teachers for EFA

El llamado del experto viene en respuesta a la discusión de las autoridades africanas de educación sobre, entre otros temas, la posibilidad de reducir el gasto público en educación, promoviendo la expansión de la educación privada, durante la Conferencia Regional Ministerial de la África Sub-Sahariana sobre la Educación Post-2015, celebrada en Kigali, Ruanda.

“Estoy profundamente preocupado por el hecho de que algunos gobiernos están motivando activamente el crecimiento de la educación privada en la educación básica”, dijo Singh. “La educación no es un privilegio de los ricos y bien-nacidos; es un derecho inalienable de todos/as los niños y niñas. La provisión de educación básica gratuita es una obligación fundamental de los Estados”.

“La privatización de la educación afecta negativamente al derecho a la educación como un derecho y como empoderamiento. Además, se reduce la inversión pública en la educación como un servicio público esencial y puede dar lugar a prácticas abusivas “, subrayó el experto, recordando el informe que presentó ante la Asamblea General de la ONU en 2014.

“Ahora más que nunca, los gobiernos deberían ampliar las oportunidades de educación pública para los grupos marginados, especialmente los y las niños/as de familias pobres”, destacó el Relator Especial.

Sr. Singh observó que, en el contexto de la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la ONU, “la educación debe ser de alta prioridad, recibiendo alta inversión pública, en reconocimiento al hecho de que beneficia tanto al individuo, como a la sociedad.”

“Hago un llamado a los gobiernos a que se oponen a la idea de privatizar la educación básica y a que fortalezcan sus sistemas públicos. La educación básica gratuita es la piedra angular del derecho a la educación y no debe ser socavada por la privatización”, dijo.

Descarga el informe 2014 del Relator aquí.

Esta es la opinión de Max Lawson, coordinador de campañas globales de Oxfam, respecto a las escuelas privadas de bajo costo; el tema ha suscitado amplios debates en razón de una polémica en torno a informe del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) británico.

Fuente: Con informaciones de The Guardian

Foto: Oliver Balchs/The Guardian

Las llamadas escuelas privadas de bajo costo, o low-fee private schools en inglês, son un fenómeno que viene en aumento en distintas partes del mundo, sobre todo en África y Asia. Dichos centros de enseñanza privada se dirigen a familias de bajos ingresos, con la promesa de ofrecer una educación de calidad.

Sin embargo, no hay todavía datos suficientes para que se compruebe la calidad de la educación ofrecida por estos colegios. Al respecto, una polémica ha ganado visibilidad en la última semana, gracias a la respuesta de James Tooley, profesor de política educativa en la Universidad de Newcastle, a un informe del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) británico.

Mientras el estudio de DFID no se ha mostrado conclusivo sobre el tema, el informe de James Tooley, publicado por Pearson Education, trata de defender el modelo de educación privada y escuelas privadas de bajo costo. Los dos informes están basados en otros 59 estudios académicos, la mayoría relativa a países asiáticos.

James Tooley es hoy uno de los mayores defensores de la educación privada y de la reducción del papel del Estado en la educación. Pearson Education, a su vez, es uno de los mayores conglomerados en el mercado de educación privada y en el mercado editorial en el mundo.

Frente a la polémica suscitada por Tooley, importa notar las cuestiones en juego en el contexto en que emergen los dos informes, es decir, un contexto de achicamiento del Estado y de fuerte tendencia de retracción en la ayuda internacional en educación, con amplia incidencia de actores privados interesados en ocupar el espacio dejado por el sector público. En ese sentido, las escuelas privadas de bajo costo representan un mercado que moviliza, solo a través del Affordable Learning Fund de Pearson, 49 millones de dólares.

En reconocimiento al callejón sin salida de esta coyuntura en que los intereses corporativos están tan fuertemente presentes, distintas organizaciones han llamado la atención sobre la importancia de fortalecer la educación pública, con la finalidad de impedir que este derecho deje de cumplirse en función de intereses de mercado. Así, Max Lawson, director de campañas globales de Oxfam, recuerda: “Solo la enseñanza pública y gratuita puede acercarnos de la educación para todas las personas en lugar de unas pocas”.

Recursos:

Descarga el informe de DFID (en inglés).

Lea el informe de James Tooley (en inglés).

El próximo 18 de marzo, en Paris, Francia, el Relator Especial sobre el derecho a la Educación, Kishore Singh realizará una ponencia sobre los impactos de la privatización en el derecho a la educación. Junto con Singh, participa el ex-Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, quien es miembro del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales actualmente. El encuentro también incluye la presentación de estudios de caso desarrollados en Chile y Nepal.

Evento: Conferencia Internacional sobre la Privatización en la Educación

Realización: The Right to Education Project, Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Clinica de Derechos Humanos de Sciences Po Paris.

Inscripciones cerradas.