Indignación causó la decisión del Tribunal Constitucional de Chile de declarar inadmisible el artículo 63 de la reforma a la educación superior. Este prohibía a las universidades que se definen sin fines de lucro incluir entre sus controladores a personas o instituciones que sí tengan fines de lucro. Con ello, se echa por la borda uno de los pilares de la reforma: poner fin al lucro en la educación.
Fuente: ALER
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Fortin Mapocho
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) fue en un fallo de 4 votos contra seis, cambiando uno de los puntos fundamentales de la reforma que fueron aprobados en el Congreso. Esta decisión deja en evidencia el peso del TC, que funciona como una tercera cámara política retrocediendo una vez más en demandas levantadas por los movimientos sociales y legisladas en el parlamento.
Sandra Beltrami, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, fue enfática en expresar la indignación del movimiento estudiantil y anunció que se iniciarán movilizaciones
“Que el artículo 63 de la reforma a la educación superior haya sido suprimido es un enorme daño a nuestra institucionalidad, a nuestro sistema democrático y a la educación chilena. Somos miles los estudiantes que estamos agobiados por el lucro en la educación, que claramente estas personas que son el empresariado de la educación se echan nuestra plata en los bolsillos y además los recursos de todos los chilenos. Es una burla que ahora también los recursos de la gratuidad, con los cuales por ley no se podía lucrar, ahora también sirvan para el lucro. Por qué estas personas tienen estos privilegios y por qué el gobierno permite que esto sea así. Aquí había una ley de la República que ha sido echada a bajo, lo que está claramente suplantando al Congreso el día de hoy. Los estudiantes nos vamos a movilizar más que nunca porque esto es una enorme transgresión a la democracia chilena y un daño gigantesco a la educación de nuestro país”.
La solicitud a esta indicación ingresada al Tribunal Constitucional fue realizada por la ex ministra en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Pilar Armanet, militante del PPD y presidenta de la Corporación de las Universidades Privadas, respaldada por el gobierno de Sebastián Piñera.
El Tribunal Constitucional y el Ejecutivo evidencian una retroexcavadora en los derechos ganados y un inminente peligro en las reformas levantadas por el movimiento social y llevadas a cabo en el gobierno de Michelle Bachelet.