Chile: ¿Fin del lucro en la educación parvularia?: al parecer no, según el Tribunal Constitucional

El órgano jurisdiccional del Estado rechazó un artículo de la nueva institucionalidad de la educación parvularia, declarando inconstitucional la obligación de constituirse sin fines de lucro para los jardines que reciben recursos del Estado.

Fuente: El Dínamo

Screen Shot 2015-04-14 at 3.46.53 PMEn mayo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que crea una nueva institucionalidad de educación parvularia.

Si bien la mandataria explicó en aquella oportunidad que la idea era aplicar el fin del lucro a todos los establecimientos escolares que reciben aportes públicos, el Tribunal Constitucional (TC) rayó ayer la cancha rechazando un artículo de la nueva institucionalidad de la educación parvularia, declarando inconstitucional la obligación de constituirse como entidades sin fines de lucro para los jardines que reciben recursos del Estado.

El órgano jurisdiccional del Estado justificó su decisión argumentando que la norma requería de quórum orgánico para su aprobación, cuando en los hechos fue tramitada como simple.

Al respecto, la asesora encargada del área de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, María Isabel Díaz, refutó al TC asegurando que “tenemos una interpretación distinta del TC, toda vez que estimamos que no tiene el rango de orgánica constitucional (…) porque no impone normas adicionales para el reconocimiento oficial, sino para recibir recursos públicos”.

“Gracias a la Ley de Inclusión, recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional, se ha establecido como requisito para ser sostenedor de establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, incluidos jardines infantiles, la obligación de no perseguir fines de lucro, debiendo además destinar de manera integral y exclusiva los aportes estatales con fines educativos”, declaró.

De todos modos, el TC dio visto bueno al llamado proyecto de inclusión al rechazar los seis requerimientos presentados en enero pasado por un grupo de parlamentarios de la Alianza contra la reforma educacional.

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