Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Fuente: Rebelión

En Colombia las Universidades Publicas están heridas de muerte, su proyecto científico es arrastrado al fracaso y su aparato de reproducción cultural sometido al arbitrio del mercado, bajo las orientaciones del consenso de Washington formulado en 1989 con el doble propósito de reorientar las políticas económicas y convertir hasta lo inimaginable en mercancía. El resultado un profundo déficit de las condiciones materiales que sostenían el derecho a la educación como asunto humano previsto en las declaraciones de derechos conquistados. La consecuencia el desmonte del proyecto político cultural de construcción de nacionalidad y defensa del pensamiento propio ante el reposicionamiento del neocolonialismo por vía del capital depredador. La tragedia se consuma al meter a las universidades al mundo de los negocios con la excusa de eliminar carencias y superar faltantes compitiendo por oportunidades que dicen igualar, pero que al contrario ahondan brechas y convierten a las universidades en fabricas productoras y reproductoras acríticas de mercancías de conocimiento y de cultura mal vendidas a otros procesos de producción.

El fundamento ideológico usado para arrastrar las universidades hacia el fracaso fue la privatización, que las condujo por el mismo camino de la industria privada, indicando que el sistema de gestión de esta era mas eficiente que el de las empresas estatales y que por tanto había que ofrecer estímulos a los directivos para que estos tuvieran un interés personal directo en los beneficios. La invitación a alcanzar la mayor eficiencia posible para maximizar los beneficios, hizo que muchos directivos ávidos de poder acomodaron las universidades publicas a la medida de beneficios privados, que en muchos casos dieron origen a sistemas de corrupción perfectamente encubiertos con términos como trasparencia, excelencia y calidad, reforzados y amparados por el Plan Baker, que en 1985 promovió el impulso oficial norteamericano con el apoyo del FMI y el BM para fomentar la privatización en el mundo y particularmente en América Latina [1].

El fundamento político para provocar el fracaso fue la desregulación, que incentivó a que todo tipo de dinero legal e ilegal saliera a invertir en cientos de negocios universitarios privados, programas sin garantías científicas y diplomas de toda índole, que bloquearon la posibilidad de creación de nuevas universidades publicas a la vez que las empujaron a competir y a ampliar su cobertura para atender sin garantías de calidad al segmento mas empobrecido del mercado (que equivaldría para 10 universidades más), lo que las llevó a crecer por encima de sus capacidades de atención real.

En síntesis, con fundamentos de base económica, las universidades publicas fueron separadas de las demandas de la sociedad, debilitadas políticamente en su potencia de lucha y puestas a merced del mercado, que las conduce a su fracaso filosófico e histórico, al tiempo que exalta sus negocios y resalta con honores y certificaciones su docilidad para autofinanciarse, gracias a la interminable fila de clientes dispuestos a lo que sea para ingresar a un aula. El triunfo del consenso mercantil cobra su victoria eliminando la memoria de grandeza de las universidades y se esfuerza por aislarlas de sí mismas respecto a su naturaleza científica, su carácter publico de servicio a los sectores populares, su laicidad, su librepensamiento y sus principios de democracia participativa constituyente.

Las dinámicas de entrada a la ilusión por un país en paz, después de una guerra continua de medio siglo, parecen hacer brotar otra vez la tensión de modelos, uno tradicional y excluyente y otro que aunque se vislumbra aun no se define. Aun es tiempo para evitar la perdida definitiva del sentido de la universidad publica y enfrentar al modelo del capital, replanteando los modos de acción política y social, uniendo en una sola lucha a agremiaciones, sindicatos, colectivos y movimientos alternativos en torno a la dignidad como valor y a una agenda nacional universitaria como fin material, con tres tipos de contenidos: globales antisistema; de particularidades regionales que incorporen los problemas del entorno (saqueo de recursos naturales, minerales, agua, energía, desempleo, territorios, tierras, atención a victimas, activos patrimoniales, otros); y específicos de cada universidad. El objetivo, ejecutar acciones radicales (desde la raíz de los problemas) por la defensa y recuperación de la universidad publica como un patrimonio de la nación inalienable e inderogable y resignificarla como instrumento de emancipación y garantía del derecho humano a la educación y a las libertades. Como en toda lucha hay un lugar común inicial a enfrentar materialmente que es el Consejo Superior ampliamente reconocido como responsable de la conversión ideológica de la universidad hacia el mercado y de haber instalado allí al bipartidismo liberal-conservador (o sus fragmentos) que se tomaron muy en serio convertir a las universidades publicas en su negocio que han demostrado defender a costa de lo que sea, y cuyas actuaciones son argumento suficiente para destituirlos, acabarlos de inmediato. Casos ejemplares como los siguientes provocan vergüenza y evocan su final urgente: En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tres consejeros se encargaron de distribuir presupuestos, cargos y privilegios y actuar sin siquiera necesitar del rector [2], de ellos se dijo que “el trio designará a dedo a sus amigos, para que, sin elección alguna, lleguen en representación de tales estamentos y, ahíì sí, nunca habrá elecciones en la Universidad y la privatizaran, para su servicio” [3]. En la Universidad de Córdoba, Mancuso -Jefe Paramilitar-, autor de crímenes de lesa humanidad, que impuso la motosierra como arma de terror y se encargó de condecorar a sus subalternos por la barbarie causada (como la masacre del Aro), fijó las reglas de convivencia en la Universidad e impartió inclusive ordenes para “aconductar” a sus estudiantes y profesores y gobernó a las directivas, en sus confesiones a justicia y paz, dijo que “antes de la elección de Claudio Sánchez se reunió con los miembros del Consejo Superior, entre quienes se encontraba el nuevo rector y representantes de los sindicatos y les dijo que el que aceptara a seguirlos era porque accedía a cumplir con los compromisos impuestos por las AUC” [4]. En la Universidad Industrial de Santander, al ser descubierta una trama de negocios e ilegalidades (compras de un vehículo Audi, un terreno y otros) el Consejo Superior “hizo justicia”: lo absolvió [5] y condenó a permanecer por tres meses en el cargo con funciones controladas. En la UPTC, quizá se esconde el secreto de un pacto de silencio entre miembros del Consejo Superior, que crearon un estado de excepción para mantener un poder absoluto e inescrutable, cuyo desenlace empezó por cambiar reglas en beneficio propio [6], y sostener a un rector subjudice por mas de 15 meses, depuesto en virtud de un Fallo Judicial del Consejo de Estado. Los mismos que crearon la crisis, sin atender siquiera un mínimo recato de ética ni vergüenza decidieron otra vez, es su idea de eficiencia.

En algunas Universidades los Consejos Superiores parecen enviar el cifrado mensaje de que son la mayoría y que?, lo que da para creer, -guardadas las proporciones y contexto-, que siguen las lecciones del telegrama 71 del Furher, respecto de que “sí la guerra esta perdida, que la nación perezca”, lo que en la universidad equivaldrá a señalar que sí su poder de consejeros está en riesgo, los intereses de ellos estarán por encima de todo aunque la universidad perezca y si se sienten perdidos o descubiertos preferirán asociar sus esfuerzos a los de cualquiera de sus enemigos para exterminar a su propio pueblo. A esa realidad habrá que enfrentarse sin vacilación para pensar por cuenta propia.

P.D. El SMAD aparece señalado de la muerte de un estudiante de la Universidad Distrital, en paro frente al autoritarismo del Consejo Superior; de la muerte de tres indígenas del paro agropecuario étnico y popular; del desalojo de estudiantes en la UPTC; de mas de cien heridos del paro nacional. En paralelo el Congreso de la Republica se apresta a aprobar un código de ciudadanía diseñado por la misma policía y la T.V., resaltan a la policía desparasitando a 70 animales entre perros y gatos rescatados del Bronx (donde la maldad mafiosa no tiene limite, incluida la de 14 policías y un coronel capturados por sus vínculos con este tenebroso infierno del horror). ¡que ironía en tiempos de prepaz y pre-posconflicto¡