El país ha otorgado ayuda, través de la cooperación al desarrollo, a las escuelas privadas con fines de lucro en los países en desarrollo, como es el caso de su apoyo a Bridge International Academies, que actúa en Kenya, Liberia y Nigeria generando impactos negativos al derecho humano a la educación de la niñez en estos países
Una escuela privada “low cost” de la Bridge International Academy, en Nairobi, Kenia. Foto: GPE/Mediabase
En comunicado de prensa difundido ayer [24 de mayo de 2016], varias organizaciones que defienden el derecho a la educación comparten información sobre el proceso que se ha venido desarrollando en el ámbito del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) en oportunidad de la revisión de cumplimiento de Reino Unido a la obligaciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellas las asociadas al derecho a la educación.
En el mismo se informa sobre algunas de las preocupaciones y cuestionamientos que ha suscitado el apoyo que Reino Unido ha venido otorgando a las escuelas privadas con fines de lucro en los países en desarrollo. En particular, a actores privados en la educación a través de la cooperación al desarrollo – Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)-, como es el caso de su apoyo a Bridge International Academies (BIA) y los impactos que ello está teniendo sobre los derechos de los/as niños/as, especialmente el derecho a la educación. Iniciativas de este tipo han venido siendo desplegadas en países como Kenya, Liberia y Nigeria.
Entre las preocupaciones mencionadas, se hace referencia a la resistencia, por parte de estos actores privados de educación, a los esfuerzos de regulación del sector que vienen haciendo los gobiernos de los países donde se encuentran implementando sus iniciativas.
En el comunicado se mencionan algunas de las preguntas que el Comité ha dirigido a la delegación oficial del Reino Unido (algunas de las cuales han quedado sin respuesta), relativas, por ejemplo, al aumento de la ayuda al desarrollo dirigida a los actores privados en la educación; a los esfuerzos que se han venido realizando en términos de vigilancia y monitoreo, tendientes a garantizar que los fondos de ayuda otorgados a estos actores no den lugar a violaciones, así como a la creación de marcos legales que aseguren el respeto de los derechos de los/as niños/as por parte de dichos actores. También se indaga sobre la existencia de planes para convertir en academias el conjunto de las escuelas primarias y secundarias en Inglaterra para el año 2022 .
Finalmente, se hace referencia a las reacciones de algunos actores de la sociedad civil, quienes expresaron también sus preocupaciones, señalando que Reino Unido podría estar actuando en violación de sus obligaciones en relación a los derechos humanos por afectar el derecho a la educación de la niñez en los países en desarrollo. Asimismo, alertan que la rápida expansión de las escuelas privadas en Kenya está socavando el derecho a la educación de las niñas y niños del país, lo que genera la necesidad de reorientar el apoyo del Estado y de la cooperación internacional hacia las escuelas públicas, gratuitas y de calidad. Cuestionan también algunas de las intenciones del gobierno de Reino Unido que podrían suponer la privatización de su sistema educativo.
La revisión a Reino Unido tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo en Ginebra.
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