Organizaciones de la sociedad civil e informes apuntan para el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional británico a los procesos de privatización en países en desarrollo

Por Tom Lawson | Fuente: Occupy.com

En junio, el Reino Unido se convirtió en la primera nación del G-7 a consagrar como ley una meta estipulada por las Naciones Unidas en 1970, para que se destinara el 0,7% del ingreso nacional bruto a la ayuda internacional. Aunque el Reino Unido sólo alcanzó la meta por la primera vez el año pasado, la nueva ley significa que todos los futuros gobiernos británicos están legalmente obligados a cumplir con ella.

La medida fue bien recibida por la Secretaria de Desarrollo Internacional del gobierno, Justine Greening, junto con varias organizaciones de ayuda, incluyendo Concern Worldwide, ONE Campaign y la red Bond, cuyo CEO Ben Jackson dijo al periódico The Guardian que dicha normativa “envía una fuerte señal a los países en desarrollo que continuaremos para mantener nuestra promesa de ayuda para ellos”.

Pero desde que la ley fue anunciada por primera vez en marzo, han emergido varios casos que revelan cómo el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno, responsable de la ayuda exterior, está aumentando su apoyo al sector privado y beneficiando a corporaciones en lugar de personas.

En Nigeria trabajadores/as del sector de la energía están perdiendo puestos de trabajo, en Tanzania agricultores/as están siendo desplazados/as, y la pobación ugandese no puede pagar la educación básica, mientras que las empresas involucradas, como Agrica y Coca-Cola, se están beneficiando de acceso a nuevos mercados.

Como resultado, una serie de organizaciones de ayuda y desarrollo vienen externando su preocupación por cómo se están asignando los fondos del DFID. Morten Thaysen, asistente de comunicaciones digitales en la organización de la campaña Justicia Global Ahora, dijo que la nueva ley “es una gran noticia, pero por desgracia vemos ejemplos continuos de dinero de la ayuda del Reino Unido en beneficio de las élites corporativas en lugar de la gente común”.

Educación en África Oriental

Un informe, Lucrando con la Pobreza, de Nuevo, lanzado en abril por Justicia Global Ahora, afirma que “la ayuda está siendo utilizada como una herramienta para convencer, persuadir y obligar a la mayoría del mundo a llevar a cabo políticas de apoyo a las grandes empresas” y que “el DFID se ha convertido en el donante más importantes del mundo en la punta de lanza de un empuje para que las empresas con fines de lucro gestionen y provengan educación en África y Asia”.

Un ejemplo dado es la participación de DFID en la creación de escuelas primarias de bajo costo con fines de lucro, a través de Bridge Internacional Academies (BIA) en Kenia y Uganda. En mayo, más de 100 organizaciones internacionales, incluidas 30 en Uganda y Kenia, dieron a conocer una declaración abierta conjunta, dirigida al Banco Mundial, en la que manifiestan su preocupación por BIA que, de acuerdo a la Red Global Justice, emplea “maestras/os mal pagadas/os sin formación y estrategias de marketing agresivas con miras a los hogares pobres”.

Aunque la declaración abierta fue dirigida al Banco Mundial, que ha invertido $ 10 millones en BIA, el Departamento para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña también participa a través de su Impact Fund (Fondo de Impacto). Anunciado en 2012, el fondo es un proyecto de 13 años por valor de £75 millones (115 millones de dólares), y constituye el “principal mecanismo [del DFID] para el aprovechamiento de la inversión del sector privado” en los países en desarrollo. La primera inversión de DFID a través del fondo está en Novastar Ventures, que en cambio va a invertir en BIA.

Un cupo en una escuela Bridge cuesta $ 6 por mes. Por lo tanto, de acuerdo con la Red de Justicia Global, el envío de tres hijos/as a una escuela BIA costaría al menos, la cuarta parte de los ingresos mensuales de la mitad de las familias en Kenia y Uganda. Por el contrario, el presupuesto 2015/16 para las escuelas estatales en Uganda está a sólo 10.000 chelines ugandeses (menos de 3 dólares) por niño/a para todo el año, dice la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos en Uganda.

Un portavoz DFID dijo que “en algunos países en desarrollo las escuelas privadas de bajo costo son parte de la vida cotidiana de las personas”, y que “el Reino Unido trabaja con una serie de socios en educación para garantizar los mejores resultados posibles y valorar el dinero de las y los contribuyentes”.

Pero Angella Nabwowe, gerente de programas de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, dice: “Lo que está haciendo el DFID es la promoción de las desigualdades en Uganda. DFID debería direccionar recursos a la educación pública que recibe financiación largamente insuficientes, de manera que hay escuelas que carecen de instalaciones sanitarias básicas”.

A pesar de estas cuestiones, el DFID también está ampliando su participación en programas de educación privatizada en la República Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique, Tanzania y Nepal. A través de Girls’ Education Challenge, DFID gastará £355 millones (545 millones de dólares) entre el 2011 y el 2017 en proyectos de educación gestionados por la red multinacional de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers, y está trabajando con Coca-Cola para promover “el empoderamiento económico de 5.000.000 de mujeres empreendedoras a través de la cadena de valor de Coca-Cola mundial “, lo que la Red Jsticia Global afirma beneficiar abertamente la estrategia de ventas de la compañía.

Pero no es sólo en educación que la influencia de DFID está beneficiando empresas privadas a expensas de la población local.

Agricultura en Tanzania

Un informe publicado en junio por el Instituto Oakland revela que la compañía británica Agrica recibió £10 millones (15 millones de dólares) en dinero de la ayuda del Reino Unido para apoyar el establecimiento de una plantación de arroz industrial en Tanzania, bajo la dirección de Kilombero Plantaciones Ltd (KPL).

Para dar paso a la nueva plantación de 5.818 hectáreas, el informe dice que muchos/as pequeños/as agricultores/as fueron desalojados de sus tierras. Y aunque KPL ofreció contratos de tipo “pequeños/as productores/as” que permiten a las y los agricultoras/es a trabajar para la empresa, muchos/as han sido empujados a la deuda debido a la escasa rentabilidad y a la imposibilidad de pagar los préstamos necesarios para comprar las semillas y productos químicos específicos necesarios para el trabajo.

Un agricultor dijo a la Red Justicia Global: “A través del contrato, nos vimos obligados a aceptar las tecnologías que realmente no necesitamos para obtener una buena cosecha. Todas las decisiones sobre la agricultura fueron hechas por KPL. Porque yo tenía una deuda, tendía que hacerlo de la manera en que exigieron”.

DFID también está aportando £ 600 millones (922 millones de dólares) de 2012 a 2022 para apoyar la Nueva Alianza para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria, que bombea fondos en el sector agrícola de África, requeriendo en cambio que se modifique las reglas comerciales de manejo de la tierra, y de las semillas para favorecer a los agronegocios multinacionales sobre los y las pequeños/as agricultores/as.

Energía en Nigeria

En marzo, se reveló que desde el año 2002, £140 millones (215 millones de dólares) se han gastado por el DFID para apoyar la privatización de la infraestructura energética de Nigeria. El proyecto, denominado Servicio de Asesoramiento para Infraestructura en Nigeria, está siendo ejecutado por Adam Smith International, una empresa de consultoría creada por el centro de estudios de mercado libre Adam Smith Institute.

Como sólo el 40% de los nigerianos tienen acceso a la electricidad – y con el suministro tan mal realizado que la empresa estatal Power Holding Company de Nigeria fue apodada “Por favor tenga una vela cerca” – muchos dicen que es necesario engancharse en acciones para ayudar a mejorar la situación. Sin embargo, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan y el enfoque pro desnacionalización de DFID están haciendo empeorar las cosas.

Desde la entrega de licencias a las empresas privadas, los sindicatos afirman que 10.000 empleados/as, o el 25% de la plantilla, han perdido sus puestos de trabajo sin compensación. Mientras tanto han habido informes de aumento de apagones y, de acuerdo a la Acción Social de Nigeria, la mayoría de las y los clientes se han enfrentado a una subida de precios del 50%.

Con una fuente de abastecimiento no confiable y el 67% de la población viviendo con menos de 1,25 dólares al día, la energía electrica se ha vuelto inasequible para muchos. Por lo tanto, millones de hogares han optado por generar su propia electricidad con inversores de baterías y generadores de gasolina. Incluso el gobierno ha tenido que gastar 4.2 millones de dólares en los generadores para mantener sus oficinas en funcionamiento.

“Las y los nigerianos han sido chantajeadas/os en la creencia de que no había ninguna solución a los retos de electricidad sin la privatización”, dice Ken Henshaw, el gerente senior de programas de Acción Social Nigeria. “Hay que preguntar, quién se está beneficiando de la privatización de la energía en Nigeria, ya que sin duda no es el pueblo de Nigeria”.

Un problema que persiste

Además de estos casos recientes, el organismo de monitoreo de la ayuda del gobierno del Reino Unido, la Comisión Independiente de Impact Aid, declaró en su informe Negocios en el Desarrollo de mayo que “DFID debería reevaluar cómo se evalúa, monitorea y evalúa sus compromisos con las empresas para garantizar su adecuación a los propositos y un foco más atento a las personas pobres”.

De la misma manera otras organizaciones están presionando a DFID adoptar diferentes enfoques.

De Uganda Angella Nabwowe dice que “lo que se tiene que hacer es vigilar donde este dinero se va, y lo que se está haciendo exactamente con ello”, mientras que Jessica Hammer de Oxfam dice que “DFID debería aprender de las experiencias del pasado, revisar su apoyo a la financiación del sector privado y dar prioridad a las inversiones en servicios públicos fuertes. La Red Justicia Global, dice que “la ayuda debe ser utilizada para apoyar las necesidades humanas mediante la creación de servicios públicos en los países que no cuentan con los mismos niveles de privilegio económico que el Reino Unido”.

Pero será que el gobierno británico les escuchará?

Está bien documentado que los conservadores, quien en mayo ganaron una mayoría absoluta por primera vez en 23 años, están entregando gradualmente el control de los servicios públicos de Reino Unido a las empresas privadas – el Servicio Nacional de Salud es quizás el ejemplo más visible. Ahora está claro que este programa no se limita a Gran Bretaña.

A pesar de un futuro seguro para el presupuesto de ayuda del Reino Unido, mientras la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional Justine Greening habla de “oportunidades emergentes” para las empresas británicas en el mundo en desarrollo, y describe la ayuda como “creación de mercado”, al que parece el alivio de la pobreza ya no es la única prioridad del programa de ayuda del gobierno.