El Relator Especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que la privatización generalizada de los bienes públicos está eliminando sistemáticamente la protección de los derechos humanos y marginando aún más a las personas que viven en la pobreza
Con informaciones de OHCHR
Foto: Roberto Parizotti/Secom CUT
En el informe afirma que “la privatización es un proceso mediante el cual el sector privado asume, parcial o totalmente, la responsabilidad por el desempeño de actividades tradicionalmente a cargo del Estado, entre ellas muchas expresamente concebidas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos” y que la misma puede adoptar muchas formas. Agrega que la mayoría de las definiciones de la privatización son de escasa utilidad, ya que no tienen en cuenta los procesos más profundos de transformación de valores que están en juego.
Entre los ejemplos mencionados de privatización, en el caso de la esfera de la educación, señala que las escuelas privadas pueden reemplazar algunas o todas las escuelas públicas, o la administración puede subcontratar determinadas funciones, fomentar las escuelas subvencionadas, proporcionar cupones o incorporar técnicas del sector privado al sector público.
Resulta interesante que el informe se centre particularmente en la forma en que la comunidad de derechos humanos ha dado respuesta a esta transferencia de poder en gran escala desde el sector público hacia el sector privado, afirmando que “hasta el momento si bien algunos órganos internacionales y nacionales de derechos humanos han criticado los procesos de privatización, en general la mayoría de ellos no han reconocido o no han prestado atención a las consecuencias de gran alcance que tiene el punto de vista, expresado por el Banco Mundial casi 30 años atrás, de que “prácticamente no hay límites a lo que se puede privatizar”.
En ese sentido, Alston plantea cuestionamientos al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 20 por la promoción de la privatización; e incluso a la propia ONU afirmando que han promovido agresivamente la privatización generalizada de los servicios básicos, sin tener en cuenta las implicaciones de derechos humanos o las consecuencias para las personas pobres. Las criticas también se extienden a los grupos de derechos humanos por no responder lo suficientemente fuerte a los desafíos resultantes. Señala que “el papel de las Naciones Unidas en relación con la privatización ha sido desigual. Algunas partes interesadas han sido sumamente críticas, pero en su informe principal sobre política social mundial, las Naciones Unidas ni siquiera aluden a los efectos o las repercusiones de la privatización”. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible llama la atención sobre el importante importante énfasis en las alianzas público-privadas, así como la importancia que se asigna a la financiación privada.
En lo que refiere a los impactos sobre los derechos humanos, Alston señala que los mecanismos de privatización raramente incorporan evaluaciones sobre el impacto en los derechos humanos (“los criterios de derechos humanos están sistemáticamente ausentes de casi todos esos mecanismos”) y llama la atención sobre la ausencia de mecanismos de vigilancia sobre las repercusiones y sobre las “innumerables formas en que las personas que viven en la pobreza o que tienen bajos ingresos pueden verse afectadas negativamente por la privatización”.
En el informe se mencionan algunos ejemplos relativos a la privatización de algunos aspectos de los sistemas de justicia penal y sistemas de seguridad social, entre otros, para luego centrarse en el papel que ha tenido la comunidad de derechos humanos y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, considerando que “tienden a minimizar o evitar los aspectos de economía política de los derechos humanos, también lo han hecho en relación con la privatización, a pesar de su gran impacto en muchos contextos de derechos humanos”.
Destaca a su vez, que privatización es desde hace mucho tiempo una de las principales preocupaciones de la sociedad civil, y más recientemente en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“La privatización de la provisión de justicia penal, protección social, prisiones, educación, atención médica básica y otros bienes públicos esenciales no se puede hacer a expensas de tirar las protecciones de los derechos por la ventana”, afirmó.
Los actuales mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos son claramente insuficientes para hacer frente a los problemas que plantea la privatización generalizada y a gran escala
Finalmente considera necesario replantear las repercusiones de la privatización en los derechos humanos, para lo cual presenta una serie de estrategias, entre ellas: reconocer las deficiencias del pasado, reafirmar los valores básicos, garantizar el carácter central de los derechos humanos en el marco de la privatización y la rendición de cuentas como piedra angular de los derechos humanos.
Concluye afirmando que: las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado, especialmente por medio de la privatización y que la lógica de la privatización no asume límites en cuanto a lo que se puede privatizar, de modo que en su punto de mira están bienes públicos que van desde los servicios de protección y bienestar social hasta las escuelas, los sistemas de pensiones, los parques y las bibliotecas, así como la labor de la policía, la justicia penal y el sector militar; la privatización se basa en hipótesis fundamentalmente diferentes de las que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad dado que el objetivo prioritario es el beneficio económico; la privatización también socava la democracia al marginar el papel de los gobiernos.
Acceda al Informe completo en español: http://undocs.org/es/A/73/396
Acceda al Informe completo en inglés: http://undocs.org/A/73/396
OHCHR: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23740&LangID=E