Fuente: Sputnik News

Reuters/Carlos Júlio Martinez

Las universidades públicas colombianas, en particular, y la educación oficial, en general, están en crisis. El Gobierno de Colombia pretende que las instituciones educativas públicas cumplan con el encargo de educar a la población, pero no aporta los recursos suficientes.

Docentes y estudiantes de las universidades públicas colombianas saben que frotando la lámpara de Aladino no es como van a surgir los genios, los investigadores, los científicos y las mentes brillantes que requiere nuestra sociedad. La educación no se vale del empleo de las artes mágicas para alcanzar sus propósitos.

Para que nos formemos una idea de la grave situación de la educación pública colombiana, cabe resaltar estos datos: solo el 48,5% de los bachilleres colombianos consigue entrar en la universidad, y la deserción universitaria es superior al 45%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los que acceden a la universidad no continúa. Solo alrededor del 24,2% de los bachilleres alcanza a integrarse plenamente a la enseñanza universitaria.

Y el calvario también lo sufren los estudiantes universitarios cuando obtienen una licenciatura y están endeudados con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Su futuro queda automáticamente hipotecado. De modo que para pagar el crédito educativo, necesitarían más de una vida dado los altos intereses.

En Colombia, todos los que hemos sido estudiantes de las instituciones educativas públicas hemos padecido en cierto modo la cruda realidad de la educación oficial de nuestro país. Aún recuerdo que las aulas de clase de la escuelita donde terminé la educación primaria no tenían paredes, sus columnas eran horcones y el techo era de palma. No tenía tampoco biblioteca, que era lo peor de todo.

Cuando un estudiante de la enseñanza secundaria colombiana se gradúa de bachiller, ese día siente la felicidad de haber alcanzado una de las metas más importantes de su vida, pero esa alegría se acaba al día siguiente cuando comprueba que no es fácil estudiar en una universidad pública colombiana.

De ahí que para empezar a solucionar la crisis de la educación pública es inevitable iniciar por el aumento considerable del presupuesto que el Gobierno nacional destina para las universidades públicas y las demás instituciones educativas públicas del país. Se debe invertir más dinero en la educación. Urge restarle dinero a la guerra para sumárselo a la educación pública. La cantidad que del PIB se gasta en la guerra es alta, en tanto que los profesores y los estudiantes están apropiándose del saber en difíciles condiciones.

Colombia es el país de América Latina que menos invierte en educación, tal como lo revela un informe de 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todos los países de la región invierten una cantidad promedio de 10.182 dólares al año por estudiante, mientras que Colombia tan sólo coloca 3.245 dólares por estudiante al año. Es apenas obvio comprender que las clases que están en el poder prefieren a una población de seres embrutecidos. La idea principal es pulverizar de cualquier forma la crítica, el análisis y el pensamiento.

En Colombia, los corruptos se roban la nada despreciable cantidad de 50 billones de pesos al año —15.500 millones de dólares—, una cifra cercana al 4% del PIB colombiano, es decir, alrededor del doble de la cantidad destinada para educación en el año 2017, más del doble del monto asignado para la salud en el mismo año y más de cuatro veces el presupuesto asignado para la atención a las víctimas del conflicto social armado interno, según datos del año 2017.

Es inadmisible que los corruptos saquen la mejor tajada del presupuesto nacional, en tanto que la suma fijada en el 2017 para educación fue de 33,5 billones de pesos —10.400 millones de dólares—; para defensa, 29,5 billones —9.200 millones de dólares—; para salud, 21,4 billones —6.600 millones de dólares—; y para la atención a víctimas, 12 billones de pesos —3.700 millones de dólares—.

Recientemente, el Congreso de la República (Parlamento colombiano) aprobó el Presupuesto General de la Nación: educación con 41,4 billones —12.800 millones de dólares—, defensa con 33,5 billones y salud con 32,2 billones de pesos —alrededor de 10.000 millones de dólares para ambos—.

Por eso, los estudiantes universitarios le solicitan al Gobierno del presidente Iván Duque una reunión para explicarle el porqué de su exigencia, presentarle una radiografía actualizada sobre la gravedad de la situación por la que está atravesando la educación pública colombiana, entregarle una propuesta de cómo resolverla, además de exigirle un incremento de 4,5 billones de pesos —1.400 millones de dólares— en el presupuesto de las universidades públicas.

Pero el presidente Duque se comporta como si padeciera de sordera selectiva, o como dice la canción de Shakira: ciego, sordo y mudo. Su actitud de no querer reunirse con los estudiantes colombianos es un acto de desaire. En los más recientes días, se ha reunido con la gente de la farándula nacional: Maluma, Carlos Vives, Silvestre Dangond, etcétera. Con todo eso, los estudiantes continúan exigiéndole al mandatario nacional una reunión para dialogar, pues dialogando es como la gente civilizada se entiende.

Por otra parte, el ex candidato presidencial colombiano y espectacular profesor Sergio Fajardo brilla por su ausencia en las marchas que exigen educación pública y de calidad en Colombia. Porque, en el fondo, lo que los estudiantes universitarios están exigiendo es algo que se ha ido convirtiendo en una utopía en Colombia: una educación que les enseñe a entender lo que leen, y por lo tanto de calidad y verdaderamente pública. Por ello, y tal como se grita en las marchas estudiantiles: ¡La lucha continúa!