En entrevista a la CLADE, el investigador Antoni Verger, del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica los rasgos definidores de la privatización en el marco de los sistemas educativos. Frente a las crecientes tendencias hacia la ampliación de políticas y prácticas privatistas en el ámbito mundial, Verger considera fundamental la acción de la sociedad civil, no solo de resistencia, sino que también para articular una alternativa y propuestas de mejora en el sector público mismo. Lea la entrevista, a continuación:

La tendencia hacia la privatización de la educación a nivel mundial es un tema que poco a poco más viene recibiendo atención de la academia y de la sociedad civil. ¿Qué es y cómo se manifiesta actualmente?

La privatización educativa es una política con múltiples caras y que, además, no suele manifestarse de forma absoluta, es decir, como una transferencia total del control o de la propiedad del sistema educativo público a manos privadas, como sí ha sucedido en otros sectores. Más bien, la privatización educativa se manifiesta en modelos híbridos, en los que el sector público y el privado interactúan y asumen diferentes roles en el marco del sistema educativo.

Además, los procesos de privatización varían en función de qué ámbito concreto de la política educativa se está privatizando, es decir, de si lo que se está privatizando es la provisión, la propiedad o la financiación de la educación. De hecho, la privatización puede avanzar en cada uno de estos ámbitos a la vez, pero también hacerlo de forma independiente, es decir, avanzando en un ámbito determinado, pero no en los otros.

¿Por ejemplo?

Por ejemplo, el hecho de que aumenten las cuotas en la universidad pública implica una privatización de la financiación (ya que un agente privado como son los estudiantes y sus familias estarían supliendo una parte de los recursos que aporta el sector público), pero no necesariamente implica una privatización de la provisión ni de la propiedad de la universidad.

Otro ejemplo lo encontramos en las escuelas charter, muy extendidas en los EE.UU., Nueva Zelanda y, en cierta medida, en Colombia (ahí se llaman ‘colegios en concesión’). Se trata de escuelas que son propiedad del Estado, pero que son gestionadas por empresas privadas por un periodo de tiempo determinado. Estas escuelas, por lo tanto, representan una privatización de la provisión, pero no de la propiedad del centro educativo, que se mantiene de titularidad pública.

Otro de estos modelos híbridos se da cuando el gobierno sub-contrata al sector privado para que ofrezca una educación en condiciones de ‘servicio público’, es decir, que no discrimine, que sea gratuita o que imparta un currículum definido por el Estado. En este caso, estaríamos ante una privatización de la provisión que no debería implicar necesariamente una privatización de la financiación. No obstante, muchos países no cuentan con sistemas regulatorios ni de monitoreo suficientemente desarrollados para controlar que todas las partes cumplan con sus obligaciones en el marco de este tipo de convenios, de manera que son suficientemente conocidos los casos en los que las escuelas, entre otras irregularidades, cobran cuotas encubiertas a las familias.

¿Qué otros mecanismos y prácticas podrían caracterizar los procesos de privatización de y en la educación?

La privatización consiste también, y en términos más generales, en introducir lógicas del mercado y técnicas gerenciales, que hasta ahora eran más propias del sector privado, en el sistema educativo público. Se busca así que los centros públicos se comporten como lo harían agentes privados en situaciones de mercado. Otras medidas como los rankings escolares, la libre elección de escuela, el cheque o voucher escolar o la financiación por resultados buscan, de forma más explícita, generar competición entre centros. Chile es el país del mundo donde las políticas de mercado llevan más tiempo funcionando y a una mayor escala, a raíz del sistema de voucher universal y de descentralización educativa drástica que instauró el gobierno de la Junta Militar.

¿Por qué dichos procesos han ganado una dimensión tan expresiva en escala global en los últimos años?

En realidad, cuesta encontrar un patrón común y coherente que explique el avance de la privatización educativa a escala global. Los motivos y las lógicas por las que los países adoptan políticas de privatización varían.

Tradicionalmente, en muchos puntos del planeta, la privatización educativa ha contado con el apoyo de gobiernos liberales porque éstos consideran que el sector privado es intrínsecamente superior al público en la gestión de todo tipo de servicios, incluyendo los educativos. No obstante, en los últimos años, estamos viendo como la privatización avanza también en países con una larga tradición social-demócrata, donde los gobiernos adoptan medidas de privatización educativa no porque consideren que el sector privado es mejor que el público, sino porque piensan que la privatización puede ser una buena vía para la desburocratización de los sistemas de bienestar y la promoción de una oferta educativa más diversificada

En países de bajo ingreso, por otra parte, la privatización avanza bajo lógicas muy diferentes. En las últimas décadas, han recibido muchas presiones tanto internas como externas para expandir su educación, lo cual es a priori muy positivo. El problema viene cuando a raíz de restricciones financieras muchos gobernantes piensan que la única manera de ampliar el acceso educativo es mediante la sub-contratación de escuelas privadas, o promoviendo su creación.

Por su parte, en los países europeos con una presencia significativa de escuelas religiosas, como son Bélgica, Holanda y España, pero también en múltiples países de América Latina, las políticas de subcontratación del sector privado son habituales. Estas políticas de ‘alianza’ con el sector educativo privado, eminentemente religioso, se llevan a cabo por una mezcla de motivaciones de carácter eficientista, de garantizar la libertad de enseñanza a la población, y de responder a un lobby que acostumbra a ser muy poderoso como es el de la iglesia católica o protestante.

Finalmente, otro motivo por el cual la privatización está avanzando a escala global es porque hay una serie de organismos internacionales, muy influyentes, que están promoviendo de forma muy entusiasta dichas políticas.

Concretamente, ¿a qué organizaciones se refiere? Y ¿por qué razones, desde su punto de vista, propugnan la implementación de estas políticas privatizadoras?

Posiblemente, los actores más activos a la hora de promover la privatización educativa a escala internacional sean agencias de desarrollo internacional como el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y determinadas agencias bilaterales de desarrollo. No obstante, numerosos think-tanks, consultorías internacionales y fundaciones filantrópicas están apostando también fuertemente por la agenda pro-privatización en los últimos años.

Todos estos agentes acostumbran a promover la privatización por razones ideológicas, ya que no cuentan con la evidencia académica suficiente como para justificar su opción política a favor de la privatización. Ahora bien, determinadas personas que trabajan, por ejemplo, en el Banco Mundial o en agencias de desarrollo internacional, no promueven la privatización exclusivamente por motivos políticos sino porque transponen al sector educativo experiencias o intervenciones pro-mercado (o pro-competición) que consideran que les han funcionado en otros sectores. Y lo hacen de manera excesivamente simplista, y sin tener en cuenta las complejidades y particularidades del sector educativo.

Por su lado, muchas consultorías o corporaciones educativas promueven la privatización educativa mediante la realización y difusión de estudios e informes. Pero en este caso, muy a menudo, más que motivaciones ideológicas, encontramos motivaciones de carácter material. Dichos agentes recomiendan las políticas de privatización desde una supuesta neutralidad científica, cuando lo que les interesa es, en realidad, legitimar sus prácticas y programas, así como la ampliación de su cuota de mercado.

¿Qué casos conoce de impactos de los procesos de privatización? ¿Cuáles son sus consecuencias?

Las políticas de privatización y, más concretamente, los mecanismos de mercado se han instaurado con fuerza en países como Chile, Inglaterra o varios estados de E.E.U.U. bajo la creencia de que la competición entre centros promoverá la calidad del sistema educativo y favorecerá la innovación educativa. En los sistemas educativos en que estas políticas llevan más tiempo instauradas, el resultado es más bien un aumento de la desigualdad y de la segregación educativa. Esto se debe, en gran medida, a que este tipo de políticas otorgan incentivos a los centros para elegir a los ‘mejores’ alumnos, sea por razones académicas, socioeconómicas o de comportamiento, y a discriminar aquellos estudiantes que consideran más difíciles de educar. De esta manera, los procesos de selección y discriminación del alumnado se convierten en el principal factor de competitividad escolar, lo que favorece la concentración de los alumnos menos deseados en determinados centros, así como la fragmentación y la jerarquización del sistema educativo.

Promover la competición entre centros es problemático por los motivos expuestos, pero también porque dificulta la cooperación entras escuelas y maestros. La evidencia internacional también muestra que los sistemas más mercantilizados no son necesariamente más innovadores ni ‘diversos’ por lo que respecta a la oferta pedagógica. Esto se debe, en cierta medida, a la dependencia de estos sistemas respecto a pruebas externas estandarizadas, las cuales fomentan que los contenidos curriculares y los procesos de enseñanza se centren de forma excesiva en conseguir buenos resultados en este tipo de pruebas.

¿Cuáles serían los riesgos desde una perspectiva del derecho humano a la educación?

Dependería del tipo de privatización del que estemos hablando. En los casos en los que la privatización implica el cobro de cuotas a las familias, se estaría levantando una barrera muy evidente al acceso a la educación. Incluso las escuelas privadas llamadas de ‘bajo coste’ representan un esfuerzo económico monumental para las familias pobres. Ello tiene implicaciones, además, en términos de género, porque está comprobado que muchas familias en situación de pobreza, cuando la escolarización no es gratuita, priorizan la educación de sus hijos a costa de la de sus hijas

Cuando la privatización, bajo la forma del cuasi-mercado, implica segmentación escolar se estaría dificultando que todos los niños y niñas tengan una experiencia educativa satisfactoria. Desde la perspectiva de los derechos, este tipo de impacto es más intangible, ya que no se estaría alterando necesariamente los niveles de acceso. Ahora bien, los niños y niñas estarían teniendo acceso a una educación de una naturaleza y de una calidad muy diferenciadas. Sin duda, la segregación escolar debería ser vista como una vulneración al derecho a la educación ya que afecta las oportunidades de aprendizaje de una parte importante de los estudiantes.

¿En qué medida la sociedad civil se ha involucrado en los debates sobre la privatización de la educación en el ámbito mundial? Qué papel la sociedad civil puede desempeñar con relación a dichos procesos?

A nivel internacional, me consta que la Campaña Mundial por la Educación está introduciendo más y más este tema en su agenda política, y en la agenda de las coaliciones miembro. Hace unos años, las principales demandas de la sociedad civil internacional estaban relacionadas con ‘más recursos’ y ‘más acceso’ a la educación. No obstante, creo que hoy en día hay una mayor consciencia de que exigir más acceso o más recursos no es suficiente. Para la sociedad civil, poder discutir sobre diferentes modalidades de provisión y financiación de la educación, del rol que debería (o no debería) jugar el sector privado en cada una de ellas, así como de otras cuestiones de reforma educativa, cara a cara con gobiernos y organismos internacionales, resulta cada vez más fundamental.

Los sindicatos docentes son quizás el ente más activo en la resistencia a las políticas de privatización en la mayoría de puntos del planeta, y en algunos casos han sido exitosos. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno de Uribe de principios de la década del 2000 se planteaba llevar a cabo reformas privatizadoras más radicales, pero las desestimó a raíz de la oposición de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

A hora bien, es importante que la sociedad civil y los sindicatos docentes sean capaces de ir más allá de la resistencia a la privatización (y a las políticas neoliberales en sentido amplio) y articulen también una alternativa y propuestas de mejora en el mismo sector público. La mejor vacuna contra la privatización es contar con un sector público de calidad. También es muy importante que se hagan campañas de sensibilización para que las clases medias de todos los países lleven sus hijos a la escuela pública, ya que ésta es la mejor manera de dignificar y mejorar la eficacia del sector público, y de que éste cuente con más voz y presiones internas para su mejora.