Por Jairo Bautista | Observatorio de Privatizaciones

El último año, Bogotá ha sido sacudida por una tremenda inestabilidad institucional: el enfrentamiento jurídico y político entre el Alcalde Mayor Gustavo Petro, político con antecedentes como militante de la guerrila del M19 (desmovilizada en 1990) y uno de los líderes de izquierda con mayor fuerza en el país de un lado, y el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez que encabeza la oposición de la derecha (e incluso sectores muy reconocidos de la extrema derecha) por otro.

En el fondo, todo arrancó con un proceso de destitución, originado en la decisión del alcalde Bogotano de crear una empresa pública de aseo y recolección de basuras, y cambiar por decreto el funcionamiento del sistema de aseo de la ciudad. Pero poco a poco, fueron apareciendo nuevos argumentos y procesos legales y políticos (que incluyen unas elecciones para definir la revocatoria de Petro) que demostraron que los argumentos legales que se esgrimieron inicialmente, en realidad estaban justificando la divergencia con una visión política sustancialmente diferente a aquella que privilegia la intervención de los actores privados en los asuntos estatales.

Hace 4 meses, desde diversos medios de comunicación  (ver entrevista de Ministra de Educación a la emisora local Blu radio: http://www.bluradio.com/#!59910/continuidad-de-colegios-en-concesion-debe-ser-prioridad-para-pardo-mineducacion) se levantaron diversas voces en contra de la decisión de la Alcaldía Mayor, de no renovar los contratos de concesión escolar que actualmente incluyen la gestión de 25 instituciones educativas en el Distrito.

Las razones para defender las concesiones son genéricas: los colegios concesionados son de “mejor calidad”, es “educación barata y de calidad para los más pobres”, su funcionamiento es más “eficiente”, e incluso desde las mismas comunidades escolares se defienden los colegios operados por privados con estos mismos argumentos y algunos adicionales como “los mayores niveles de disciplina y orden” que encontraron recientemente Toni Verger, Andreu Thermes y Jenny Ramirez en una investigación financiada por PERI y CLADE.

En realidad, los beneficios de las concesiones educativas son muy discutibles, y por ende una decisión sobre la continuidad del modelo no tiene bases sólidas en términos técnicos ni económicos, los diferentes procesos de evaluación han sido por decir lo menos discutibles tanto por la metodología propuesta, por los indicadores utilizados, por la estrecha financiación entre los gobiernos y los evaluadores, a tal punto que no se encuentran dos estudios que lleguen a resultados similares, y por ende no ofrecen bases sólidas para alimentar una decisión de política pública de tanta importancia.

La defensa de los colegios en concesión, es en principio una defensa ideológica y política, más que técnica, en realidad los colegios concesionados funcionan con reglas diferentes a los públicos, seleccionan indirectamente a la población generando restricciones al acceso, potencian una diferencia social entre las mismas poblaciones marginadas y todo ello sin que en realidad se presenten grandes cambios en los resultados en pruebas estándar, sin descartar la aplicación del principio del “teaching to the test” [enseñando para el test] que coloca el proceso educativo en pro de las pruebas y no del desarrollo social, intelectual y afectivo del estudiante, esto sin contar con que los docentes son remunerados muy por debajo de los de sus pares en el sector público, es decir, las concesiones presentan mayores niveles de explotación del estamento docente. Lo peor de todo es que nadie sabe en realidad cuanto le cuestan las concesiones escolares a las finanzas del Distrito Capital, la información sobre este punto no es publicada.

La ampliación del modelo de concesiones a otras ciudades (procesos financiado e incentivado por el Gobierno Nacional) y la aparición de nuevos agentes concesionarios que están desarrollando nuevas versiones del negocio, son elementos que explican el intento por destituir al Alcalde que se opone a seguir privatizando la educación. Hay que señalar que entre los promotores de la revocatoria del mandato del alcalde Petro, y de las campañas políticas de los opositores a su intención de “desprivatización” del gobierno Distrital, hay poderosos empresarios que tienen intereses en el negocio educativo, bien sea de manera directa (prestadores de servicios educativos, concesionarios, etc) o indirecta (gremios de empresarios que promocionan la educación).

Pese a los intentos, el Alclade Petro sigue en el poder, y la decisión de terminar las concesiones está en firme, este es un debate que aún no termina.