Según investigadores, la reforma fue diseñada con la participación de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la red empresarial “Mexicanos Primero”
Por Fabíola Munhoz, de CLADE
Con la colaboración de Filomena Siqueira
Agencia Infomania
De acuerdo a la abogada e investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Volga de Pina, la reforma educativa que se impulsa en México desde el 2013 se enmarca en un conjunto de reformas neoliberales que el gobierno de Peña Nieto viene impulsando en distintos sectores de la gestión pública, como el fiscal, el financiero, el de justicia, de energía, de salud y de educación, entre otros.
“Pasamos también por una reforma energética que ha determinado la privatización de nuestro petróleo. Se trata de un paquete de reformas neoliberales, que en el campo de la educación busca debilitar a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sin abordar la necesaria ampliación de la cobertura de la educación pública”, comenta. Cuenta además, que los protagonistas de la reforma educativa son las y los integrantes de la red de empresarias/os “Mexicanos Primero”, hoy liderada por Claudio González. “En el debate y la definición de esta reforma, el gobierno se sentó a conversar con pocos sectores, entre ellos la organización “Mexicanos Primero” y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación (SNTE), que es alineado con la presidencia. La CNTE, que es la coordinadora docente más radical, así como las/os docentes indígenas y otros sectores populares no fueron llamados a dialogar”, afirma.
Según la maestra en investigación educativa Martha de Jesús López Aguilar, la reforma educativa fue diseñada por los organismos financieros trasnacionales Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la red empresarial “Mexicanos Primero”. “Para darle certeza legal a la reforma fue impuesta a través del Pacto por México con la participación de PAN, PRI y PRD y aprobada por todos los partidos políticos, sin ser analizada y discutida por los diputados y senadores y sin considerar un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas educativas aplicadas en sexenios anteriores. No se tomó en cuenta a estudiantes, maestros, padres de familia, investigadores y especialistas, por lo que carece de legitimidad”, escribe en artículo publicado en La Jornada.
Alberto Arnaut, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que, como herencia del modelo desarrollista que se vivió en varios países de América Latina y el Caribe desde finales de los años 70 hasta el cambio de siglo, se impulsan cambios en el sistema educativo mexicano que van a tono con las políticas y recomendaciones que llegan del exterior, sobre todo de los organismos financieros internacionales y de la OCDE. Otros cambios, de acuerdo con él, combinaron requerimientos nacionales con recomendaciones internacionales.
“En paralelo, el Estado adhería a pruebas estandarizadas internacionales de evaluación educativa. A continuación, se funda el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 1992, y luego se crea la Prueba Enlace [Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares] para evaluar a los aprendizajes de niñas y niños de educación primaria y secundaria”, explica. En este momento, de acuerdo al historiador, empiezan a aparecer de manera más visibles, en el sistema educativo mexicano, las recomendaciones internacionales y el concepto de calidad desde la perspectiva neoliberal, asociada a instrumentos de evaluación de estudiantes y docentes [oiga aquí la entrevista completa con el historiador].
Prensa Latina
De hecho, se observa que los lineamientos generales de la reforma educativa que se lleva a cabo desde el 2013 en México siguen fuertemente las recomendaciones hechas por la OCDE al Estado mexicano, en el marco de un acuerdo de cooperación para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, que fue firmado en 2010. De manera sencilla, este acuerdo enfatiza la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas, con el fin de mejorar los resultados de niñas y niños que asisten a la educación básica.
En este acuerdo, la OCDE argumenta que para mejorar la calidad de la formación docente es necesario aumentar las exigencias de ingreso a los programas formativos y establecer un examen de selección y evaluación nacional, con instrumentos para medir el conocimiento y las habilidades de las y los docentes. A lo largo de todas las recomendaciones la idea es “evaluar para ayudar a mejorar”.
Así, la reforma educativa que se impulsa en México crea la ilusión de que el enemigo o el gran héroe de la educación es el maestro evaluado periódicamente en testes estandarizados. Todos los demás aspectos que atraviesan el proceso de enseñanza, como la infraestructura precaria de las escuelas, el desarrollo del conocimiento pedagógico, el impacto de la pobreza en la vida de las personas y sus condiciones de acceder a la educación obligatoria y concluirla, las inversiones públicas necesarias, las diferencias regionales y tantos otros temas pendientes quedan al margen de las discusiones.
Por otra parte, según la abogada e investigadora Volga de Pina, los medios de comunicación han impulsado una fuerte campaña en contra de la lucha de la CNTE, lo que ha aumentado el perjuicio en contra de las demandas docentes y la polarización de miradas en la sociedad mexicana, que hoy se divide entre quienes apoyan o no apoyan al sindicado disidente. “Es importante subrayar que las y los docentes no se oponen apenas a las pruebas estandarizadas, se oponen al modo como la reforma educativa ha sido conducida, sin diálogo y sin dar respuestas a los principales desafíos del sistema educativo”.