En medio de un conflicto por la educación que ha ido escalando, y que incluyó multitudinarias marchas, tomas y represión policial, el Congreso uruguayo discute el presupuesto quinquenal que tiene en el centro del debate la partida destinada a la educación. Todo indica que no se logrará el 6% del PBI que reclaman docentes y estudiantes.

Fuente: Marcha | Por Brisa de Giacomi

Desde hace más de dos meses, Uruguay está movilizado por la discusión del presupuesto quinquenal, el cual tiene como principal punto de debate el financiamiento destinado para la educación. Esto ha llevado a diversas movilizaciones de los gremios docentes -tanto del nivel primario, secundario y terciario- y de estudiantes, con apoyo de la central sindical PIT-CNT, lo cual generó diversas reacciones del Gobierno, que lejos está de promover la negociación como medio para alcanzar acuerdos.

A pesar de que se sabía que la lucha presupuestal en la educación iba a ser un punto de tensión para el gobierno -en la campaña el presidente Tabaré Vázquez aseguró que se dedicaría el 6% del PBI a la educación y ahora apenas propone el 4,7% para 2017-, el Poder Ejecutivo recién presentó su propuesta a mediados de agosto, imposibilitando negociar con tiempo y tranquilidad. A la vez, han centrado su accionar en la represión de la movilización en lugar de priorizar espacios de intercambio.

Manipulación discursiva en relación a las demandas

Las demandas presentadas por docentes y estudiantes son amplias y trascienden el aspecto salarial. Que desde los medios sólo se destaquen las demandas salariales tiene un sentido de realidad, ya que los salarios consumen gran parte del presupuesto de la educación, pero a su vez tiene un sentido estratégico al presentar el problema como un conflicto de intereses que atañe a los docentes como trabajadores y no a la educación en general.

Es así como una de las estrategias que ha utilizado el gobierno para contrarrestar el conflicto es presentar a los docentes como irresponsables que priorizan sus demandas corporativas a las necesidades colectivas, quitándoles horas de clase a niños y adolescente.

Pero al especificar el salario docente no sólo se omiten las horas de planificación, salidas comunitarias, etc, que se trabajan y no se pagan, sino que al comparar los salarios docentes con los de otros países, los resultados no son muy alentadores. Según datos de la encuestas Pisa 2012, un docente de educación media gana en promedio el 123% del PBI per cápita, mientras que en Uruguay dicho guarismo es de un 78%. Los salarios de los profesores en relación con el PBI ubican al país en el puesto 47 de los 53 países relevados.

Una demanda que ha pasado desapercibida es la mejora en infraestructura, que responde al diagnóstico de la existencia de muchos centros que no cubren las condiciones mínimas de estudio y trabajo, siendo edificios inadecuados y en mal estado; a la vez que los grupos superpoblados son muestra de la necesidad de construir nuevos centros educativos que permitan una mejor atención a los estudiantes.

Otro punto central de las demandas es la necesidad de aumentar el personal docente y no docente y la creación de nuevos cargos, como ser el aumento y mejora de los equipos multidisciplinarios que permitan atender las diversas necesidades que presenta actualmente el sistema educativo.

Finalmente, se reclama el trabajo conjunto de los diferentes entes relacionados con la educación para pensar mejoras en el sistema educativo que permitan resolver problemas vinculados a la cuestionada calidad académica y desigualdad educativa, que se expresan en una alta deserción estudiantil, principalmente en secundaria y en zonas de bajos ingresos, acompañado de una pérdida de confianza en el sistema educativo público.

En estos momentos, el presupuesto quinquenal está en debate en el Parlamento. Una lectura primaria de los distintos proyectos y su comparación dice que en los próximos dos años (2016-2017), lo que el Gobierno entiende por “gasto educativo” pasará del 4,51% del PBI en este 2015 a un 4,7% en 2017; es decir, muy lejos el 6% del PBI que reclama la comunidad educativa. Es claro, entonces, que una gran parte de las demandas docentes quedarán por el camino, en particular la creación de cargos y la construcción de nuevos edificios.

Del decreto de esencialidad al desalojo represivo del Codicen

Ante la ola de huelgas docentes y marchas, el 26 de agosto se decretó la “esencialidad” para los servicios educativos de todos los niveles. Es decir, que los docentes debían deponer el paro y acudir a dar clase “por decreto”, algo que no sucedía desde el retorno a la democracia. Este hecho no sólo interrumpió las negociaciones que venían realizándose entre los sindicatos educativos y el gobierno, sino que dividió al sistema político entre quienes apoyaron la medida y quienes la rechazaron, a la vez que impulsó una de las marchas en defensa de la educación pública más multitudinarias en el país en los últimos años.

Luego de cinco días, y debido a la presión tanto sindical como política, el decreto de esencialidad fue levantado, pero dejó como secuela un ámbito de negociación fracturado caracterizado por la desconfianza entre los diversos actores que venían participando del mismo.

Casi un mes después, el 22 de setiembre, la policía desalojó violentamente a estudiantes secundarios que mantenía ocupada la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Estudiantes, docentes y grupos sindicales que estaban esa noche custodiando la entrada al Codicen denunciaron el uso de fuerza desmedido.

Este hecho derivó en el procesamiento sin prisión de hasta hoy nueve personas, entre ellas diversos dirigentes sindicales, quienes denuncian arrestos irregulares que se realizaron sin orden judicial y por policías vestidos de civil.

Ambos hechos generaron el rechazo de los diferentes sindicatos de la educación y del PIT-CNT, quienes denunciaron la judicialización y criminalización de la protesta. El desalojo del Codicen desvío el tema central de debate en relación al presupuesto.

¿Y ahora qué?

El presupuesto finalmente se va a aprobar y todo indica que no será alcanzando el 6% reclamado para la educación. El conflicto deja un espacio de negociación totalmente fracturado, con un Gobierno que elije enfrentarse a los sindicatos en lugar de buscar acuerdos, lo cual demostró desde el inicio con el nombramiento de María Julia Muñoz como titular del Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de “lidiar” con los “gremios complicados”. Y un conglomerado de sindicatos con un conjunto de demandas que aún no alcanzan un nivel de agregación y que tienden a establecerse más en términos de negación que prepositivos.

Es así que frente a un sistema educativo que demuestra graves falencias, expresadas en los altos guarismo de deserción estudiantil así como de repetición, baja calidad académica y desvalorización del sistema educativo público, el gobierno responde responsabilizando de todas las fallas a los docentes, degradando su función y proponiendo una gestión por resultados centrada en la medición de la productividad.

A la vez que desvaloriza al sistema público de educación impulsando medidas que tienden a la privatización de la enseñanza, ampliando las posibilidades para que las empresas educativas privadas participen del presupuesto estatal y ampliando la cobertura de las mismas, por ejemplo, implementando el sistema de vouchers que anunció el presidente. Se perciben así un conjunto de medidas desagregadas que parecerían tender más a la desarticulación de la educación pública que a buscar soluciones para sus problemas.

Del otro lado, un conjunto de sindicatos que a pesar de presentar diversas demandas no parecen tener propuestas concretas para revertir la desvalorización del sistema educativo, o al menos no parecen ser eficientes en difundir sus demandas en términos generales más allá del aspecto salarial, para que los demás actores de la comunidad educativa, – padres, estudiantes, vecinos, etc- sean partícipes en la construcción de las mismas.