El grupo tendrá el objetivo de revisar la legislación brasileña para facilitar la actuación de los inversores extranjeros en la educación, intensificando su privatización
Con informaciones de Avaliação Educacional
Consciência.net
La creación de dicho grupo de trabajo en el Ministerio de la Educación (MEC) brasileño ocurre por solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, en un momento en que se evalúa la entrada de Brasil en el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TiSA). Este acuerdo, firmado por 50 países, tiene como objeto facilitar la prestación de servicios públicos, en varios campos, por empresas internacionales.
De resultar en vigor, el acuerdo abarcaría aproximadamente el 70% de los servicios públicos en el mundo, lo que implicaría la pérdida de la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales, como el agua, y los servicios públicos esenciales, como la educación, poniendo en riesgo la garantía de los derechos humanos, como ya señaló la CLADE.
El avance de este tratado y la aproximación de Brasil ante las negociaciones del acuerdo están en línea con la política económica neoliberal adoptada por el presidente Michel Temer, que ya afecta la educación, con medidas como: la propuesta de Enmienda a la Constitución Federal que limita los recursos públicos para la educación por los próximos 20 años ; el incentivo del gobierno a la participación empresarial en el diseño y definición de los planes educativos y la reforma de la secundaria, que el gobierno Temer impone a la sociedad, sin diálogo con el Congreso Nacional, ni las comunidades educativas.
La investigadora Theresa Adrião, del Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (GREPPE) de la Universidad de Campinas (Unicamp), destaca que, en la misma semana del lanzamiento de la iniciativa “Aliança Brasileira pela Educação”, el MEC ha creado un grupo de trabajo con miras a analizar los actuales reglamentos del sector educativo privado y preparar un “listado negativo para efectos de negociaciones internacionales en el comercio de servicios, en el ámbito de sectores y subsectores de servicios relacionados con la educación”.
“Considerando la necesidad de ampliar los recursos públicos previstos para la realización del Plan Nacional de Educación, es urgente afirmar la educación como un derecho humano y garantizar que su oferta sea mantenida, gestionada y orientada por el poder público”, afirma Adrião.
Los intentos de incluir la educación brasileña como una mercancía en los acuerdos comerciales internacionales tienen lugar desde la década de 1990 y el TiSA es el mayor de eses acuerdos, pretendiéndose con él profundizar aún más el proceso de privatización de la educación pública en el país.
La inclusión de los servicios de educación en cualquier acuerdo comercial plantea preocupaciones considerables, pues las normas comerciales pueden tener el efecto de intensificar las presiones por la comercialización y privatización de este derecho. Por ejemplo, las reglas de acceso al mercado pueden limitar la capacidad de los Estados para restringir y regular las operaciones del sector privado en el campo educativo, así como fiscalizar y regular la actuación de escuelas e instituciones con fines de lucro.
El TiSA tiene como objeto garantizar una “neutralidad competitiva” o una igualdad de condiciones entre los proveedores públicos y privados, lo que debilita la actuación de los gobiernos en el sentido de garantizar la realización del derecho humano a la educación de todas las personas, a través de inversiones en la red pública de educación.
Los acuerdos comerciales también pueden afectar negativamente a la capacidad de las autoridades para garantizar la calidad de la educación ofrecida. El TiSA pretende promover el libre comercio de servicios, garantizando mercados abiertos para todos. Sin embargo, mediante la concesión de acceso a los mercados sin restricciones a todas las empresas de educación, los gobiernos pueden sumergirse en un mar de proveedores de calidad cuestionable.
En este escenario, que se repite en todo el mundo, un número creciente de organizaciones representativas de las y los trabajadoras/es de la educación de diversos países se une a la queja sobre los efectos nocivos de estos acuerdos neoliberales y repudian la total falta de transparencia en las negociaciones. El TiSA estipula que sus disposiciones siguen siendo un secreto de estado, sin su divulgación pública hasta al menos cinco años después de la firma del acuerdo.
Martin Romer, director del Comité Sindical Europeo de la Educación, denuncia la falta de transparencia en las negociaciones de este acuerdo, mientras que se utiliza un lenguaje impreciso en el mismo, en la medida en que no se establece una distinción entre lo que se considera educación pública y lo que se considera educación privada. Además, fortalece los mecanismos de interferencia del espíritu empresarial en la gestión de las escuelas públicas, sin el compromiso de elevar la calidad de la educación.