Foto: El Quinto Poder
El 8 de junio de 2015, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Red de Estudios para la Profundización Democrática y el Foro por el Derecho a la Educación de Chile, presentaron una declaración oral ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En la declaración, demandaron que el Estado chileno establezca un mecanismo de investigación independiente para evaluar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la educación chilena, entre otros puntos. La declaración consistió en un síntesis del informe que las mismas organizaciones presentaron al Comité en el comienzo de 2015, elaborado con el apoyo de la Clínica de Derecho de Sciences Po, con las adhesiones de ocho organizaciones. Lea, a continuación, la declaración:
Violaciones graves al derecho a la educación en Chile: la hora de actuar
Buenos días,
Estoy haciendo esta declaración en nombre de la Iniciativa Global para los DESC, a raíz de un informe que presentamos en conjunto con la Clínica de Derecho de Sciences Po y con el apoyo de ocho organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales que trabajan sobre el derecho a la educación en Chile.
Quisiera en esta declaración externar las preocupaciones con respecto al impacto del sistema educativo privatizado en Chile sobre los derechos protegidos por el Pacto.
Chile es uno de los países que tienen el sistema educativo que más privatizado en el mundo, a través de un sistema a gran escala de bonos públicos para las escuelas privadas, desarrolladas bajo el régimen de Pinochet. La matrícula de la escuela privada representa en la actualidad más del 60% de la matrícula total. Sin embargo, este sistema ha tenido un impacto devastador en la realización del derecho a la educación, y más allá, de los derechos económicos, sociales y culturales, en Chile. Sólo un par de ejemplos:
– Chile es el país más segregado por condición socioeconómica y rendimiento, entre los 65 países analizados por la OCDE en su estudio de la educación PISA.
– Tal segregación tiene efectos discriminatorios de larga duración. Un informe que publicaremos pronto recuerda que en igualdad de competencias, los y las estudiantes que asistieron a escuelas privadas en Chile ganan salarios 18,5% más altos que los y las estudiantes que han asistido a las escuelas públicas, en su primera experiencia profesional [véase Paola Borbon, “Efectos del prestigio de los colegios de enseñanza media, de las universidades y el aprendizaje del empleador sobre los salarios en Chile”, in: Estudios Públicos, Vol. 133, Summer 2014, pp. 69 – 96].
Estos son impactos profundos y dramáticos. Al cuestionar la naturaleza misma del derecho a la educación, que se supone que es un derecho habilitante a todos los demás derechos económicos, sociales y culturales, el sistema educativo chileno también ha puesto en duda el propio sentido de la justicia y la equidad en la sociedad. Esto se evidencia por las enormes protestas públicas en defensa de reformas educativas, que tuvieron lugar en 2006 y 2011.
Estos efectos se han observado correctamente por este Comité en la Lista de Cuestiones, que puso de relieve las desigualdades generadas por el sistema educativo. Del mismo modo, sólo unas semanas más tarde el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación en su Lista de Cuestiones por la “segregación” en el sistema educativo chileno.
Es evidente que el sistema educativo chileno, y el nivel de desigualdad y discriminación sistémica que implica, constituye una grave violación de los derechos a la educación y a la no discriminación protegidos por el Pacto. Por lo tanto, se deben tomar medidas urgentes y decididas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos para hacer frente a esta situación.
En ese contexto, el gobierno de Chile debe ser reconocido por las reformas valientes y difíciles del sistema educativo se está llevando a cabo, como se indica en su respuesta a la Lista de Cuestiones. Acogemos con gran satisfacción estas reformas; son pasos importantes en la dirección correcta.
Sin embargo, creemos que es esencial que el Comité aborde coherentemente el sistema educativo privatizado de Chile y su impacto sobre la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por dos razones.
En primer lugar, porque es necesario que haya una evaluación imparcial de derechos humanos del sistema educativo privatizado chileno, y vuestro Comité tiene un papel decisivo a jugar. Dicha evaluación es esencial para Chile en un momento en el que se están disputando las reformas de la educación que el gobierno está tratando de implementar, para que el debate sea informado por consideraciones de derechos humanos. También es fundamental para las docenas de países en desarrollo que están mirando al sistema educativo privatizado de Chile como un modelo a seguir. Actualmente, en el momento en el que estamos hablando, se están discutiendo reformas en Ghana, Kenia, Uganda, India, Pakistán y muchos otros países, que buscan replicar exactamente el sistema educativo de Chile. En Marruecos el gobierno ha tomado explícitamente el sistema educativo chileno basado en el mercado como un modelo para sus propias reformas. Esto a pesar de los impactos catastróficos de los derechos humanos que ese sistema ha tenido en Chile.
Por lo tanto, instamos al gobierno a establecer un mecanismo de investigación independiente nacional o internacional para evaluar el sistema educativo chileno respecto a las normas de derechos humanos.
En segundo lugar, las reformas adoptadas hasta ahora son insatisfactorias. Fundamentalmente, no cuestionan la naturaleza de mercado del sistema educativo. Al mantener el sistema de vouchers, el sistema chileno sigue poniendo en competencia escuelas públicas con un histórico de desentajas con escuelas privadas que reciben el apoyo del público, y vive en la ilusión de que la educación debe organizarse como un mercado en el que el consumidor puede tomar una decisión, a pesar de las altas desigualdades engendra.
Respecto a ese tema de la elección, nos gustaría reforzar que el Pacto, así como todos los textos de derechos humanos, no proporciona un derecho a elegir las escuelas, sino una libertad de los padres y madres para elegir una escuela diferente de la escuela pública. Esto implica que cada niño y niña debe tener la oportunidad de acceder a una escuela pública de calidad, sin segregación en esas escuelas. Las obligaciones legales de Chile deben estar en el corazón de las reformas de la educación en el país, e instamos al gobierno a profundizar sus reformas en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos en el marco del Pacto, entre otras cosas, a través de la prohibición de todas las posibilidades de lucro de las escuelas privadas, de la prohibición de todas las formas de pruebas de acceso y entrevistas en las escuelas, prohíbiendo totalmente las pruebas estandarizadas individuales, los fondos para desmunicipalizar la educación y la reforma integral del sistema de bonos con el fin de eliminarlo.
Gracias.
Descargue aquí la declaración original (en inglés).
