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Organizaciones de la sociedad civil internacional cuestionan el apoyo del gobierno británico a escuelas privadas

En este 15 de octubre, se lanza un informe que comenta el papel de Reino Unido en el fomento a la privatización de la educación en África y Asia

Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente

Escuela privada de bajo costo en Lucknow District, Uttar Pradesh, India. Foto: Oxfam blogs

Escuela privada de bajo costo en Lucknow District, Uttar Pradesh, India. Foto: Oxfam blogs

Representantes de la sociedad civil internacional han expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno británico pueda estar violando el derecho a la educación con su apoyo al aumento del número de escuelas privadas en África y en el Sur de Asia. Organizaciones internacionales y británicas y sindicatos de docentes se han sumado a la sociedad civil de países como Kenia, Uganda y Gana*, para condenar la utilización cada vez más frecuente de recursos de la ayuda británica para apoyar escuelas privadas con ánimo de lucro, en particular las llamadas escuelas privadas de bajo costo, que promueven la desigualdad, creando segregación y socavando el derecho a la educación.

Dichas organizaciones lanzan hoy (15 de octubre) un informe en que comentan el apoyo del gobierno británico a la privatización de la educación. El informe – es el primero de este tipo – manifiesta que el Reino Unido está posiblemente violando los derechos humanos al apoyar a escuelas privadas con ánimo de lucro que cobran aranceles. De hecho, investigaciones han expuesto que dichas escuelas:

  • Cobran aranceles, lo que además transgrede la obligación de los Estados de proveer educación primaria gratuita, y que además son inasequibles para las familias más vulnerables económicamente.
  • Crean y atrincheran desigualdades en países como Gana, Kenia y Uganda, y discriminan a los grupos marginados, como las niñas.
  • No ofrecen educación de calidad. Por ejemplo, en escuelas privadas de bajo costo las maestras y maestros no suelen tener calificación ni formación.

Esas organizaciones también han sometido informes a dos Comités de derechos humanos de la ONU (el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), para analizar la legalidad, según la ley de derechos humanos, del apoyo del Reino Unido a las escuelas con ánimo de lucro en países en desarrollo. Los dos Comités están en este momento revisando los materiales sobre derechos humanos en el Reino Unido, que incluyen los dos informes sometidos. Las sesiones de revisión previa tuvieron lugar los días 5 y 14 de octubre de 2015 y servirán de preparación para la revisión formal del país el próximo año.

El gobierno británico ha ampliado cada vez más la inversión en iniciativas privadas de todo tipo, pero esto es particularmente visible en la educación. En 2012, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID, por su acrónimo en inglés) afirmó que: “la iniciativa privada no es solo una productora de riqueza, sino también es proveedora de servicios básicos fundamentales”, mientras su Análisis de Posición sobre la Educación en 2013 propuso “desarrollar nuevas alianzas en el espectro público-privado”.

Les preocupa a las y los representantes de la sociedad civil que DfiD pueda tener motivaciones ideológicas. Citan la investigación realizada por el mismo DfiD que descubrió que “docentes de escuelas privadas con frecuencia tienen menos calificación formal, bajos salarios y pocas garantías de permanencia en el empleo” y que es “ambiguo que las escuelas privadas lleguen a los lugares en que se encuentran las personas más vulnerables económicamente” y “que las personas más vulnerables económicamente tengan condiciones de pagar los aranceles de la escuela privada”. Dicha investigación también confirma que “las niñas tienen menor probabilidad de acceder a escuelas privadas que los niños”.

Delphine Dorsi, de Right to Education Project enfatizó que:

“La educación es un derecho humano. Los Estados tienen la obligación de garantizar su plena realización para todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la obligación de apoyar la implementación de la educación gratuita de calidad, y seguramente de no obstruir los esfuerzos de los países en desarrollo para proveer educación gratuita”.

Sobre el aumento de los actores privados en la educación en Uganda, Salima Namusobya, de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos en Uganda dijo:

“Realizamos investigaciones sobre el impacto del aumento de los actores privados en la educación, demostrando que ello ha creado y profundizado desigualdades, y no mejorado la calidad. De forma que el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación el último mes de junio ante la ‘ampliación de la brecha en el acceso a la educación de calidad, resultante del aumento en la provisión privada de educación’. Sin embargo, no entendemos por qué el DfiD apoya a las escuelas privadas con ánimo de lucro y de baja calidad, cuando Uganda se encuentra frente a una carencia crucial de fondos para enfrentar los desafíos del sistema público de educación, que atiende a las personas más marginadas”.

Sylvain Aubry, de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, confirmó:

“Hemos estado trabajando e desarrollando investigaciones en ocho países en desarrollo, en conjunto con organizaciones nacionales y comunitarias, demostrando el impacto negativo en los derechos humanos del crecimiento descontrolado de la educación privada, en particular, el efecto de producir segregación socioeconómica. Logramos que organismos  de expertas/os en derechos humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, el Consejo de Derechos Humanos docenas de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo expresaran preocupación sobre ese tema. Sin embargo, el Reino Unido continúa liderando el apoyo a las escuelas privadas”.

David Archer, de ActionAid dijo:

“La educación representa hoy una nueva frontera para la privatización. Así como sucede en el sector del agua desde hace 30 años, las empresas multinacionales piensan que entrar en el sector de provisión de educación trae un retorno financiero rápido. Pero ya sabemos que esto va a socavar el derecho de las niñas y niños a la educación. Esto quiere decir que la educación no más será una fuerza de promoción de equidad en la sociedad – una vez que el nivel de educación que las niñas y niños recibirán va a depender de la capacidad de sus madres y padres de pagar por ella. Sistemas de educación estratificados van a conducir a sociedades más desiguales e injustas. Creemos que esto está equivocado y que las personas de los países afectados también creen que esto es un error. Por esa razón, publicamos este informe el día de hoy y pedimos al DfiD y al Comité Selecto de Desarrollo Internacional que examinen sus inversiones actuales en ese sector”.

Nick Dearden, de Global Justice Now, añadió:

“El gobierno británico es líder mundial en la utilización del dinero de la ayuda para impulsar la educación privatizada en África y Asia. Tratan a estos continentes como conejillos de indias de un modelo que también se está implementando cada vez más aquí – apoyar a la educación con ánimo de lucro sin necesidad. Es chocante que el presupuesto de la ayuda se esté utilizando para abastecer los bolsillos de las multinacionales de la educación”.

Por último, Christine Blower, del Sindicato Nacional de Docentes de Reino Unido, dijo:

“La educación es un derecho humano y civil y un bien público. Nada en las políticas de ayuda del Reino Unido debe socavar este principio. Nítidamente, al promover la privatización en Asia y África, DfiD amenaza el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Hasta ahora tuvimos evidencias anecdóticas pero ahora tenemos evidencias científicas que muestran la escala del problema. Esto tiene que acabar”.

El informe será lanzado al público este 15 de octubre de 2015, en Londres.

Entre las y los ponentes confirmadas/os están:

  • Delphine Dorsi (Coordinadora Ejecutiva, Right to Education Project)
  • Polly Jones (Jefe de Campañas, Global Justice Now)
  • Christine Blower (Secretaria General, Sindicato Nacional de Docentes)
  • Salima Namusobya (Directora, Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, Uganda)
  • Sylvia Mbataru (Incidencia Política y Legislativa, The CRADLE, Kenya)

Recursos:

Nota:

* Los informes han sido sometidos al Comité sobre los Derechos del Niño y al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Right to Education Project con el apoyo de: ActionAid International, ActionAid UK, Association of Teachers and Lecturers, Center for Public Interest Law, Child Rights International Network, East African Centre for Human Rights, Eastern Africa Collaboration on Economic, Social and Cultural Rights, the Economic and Social Rights Centre-Hakijamii, Education International, Federation of Education NGO’s in Uganda, Ghana National Education Campaign Coalition, Global Campaign for Education, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Global Justice Now, Human Rights Advocacy Centre, Human Rights Network for Journalists, Initiative for Social and Economic Rights in Uganda, International Commission of Jurists – Kenyan Section, Kenya National Union of Teachers, Kenya Youth Foundation, Mathare Association, National Union of Teachers, Privatisation in Education Research Initiative, Soweto Forum, Uganda National Teachers’ Union, University and College Union y Women Uganda.

Estudio analiza el impacto de las políticas de austeridad en la profesión docente

Empreendido por la Internacional de la Educación, el estudio también elucida cómo las políticas de austeridad en el sector de educación socavan la educación gratuita, de calidad para todas las personas

Fuente: Internacional de la Educación

Foto: Gov.BA

Foto: Gov.BA

La investigación, iniciada en 2014, se llevó a cabo por Vasileios Symeonidis y se basa en una extensa revisión de la literatura y en una encuesta (que tuvo respuestas de 55 países).

El estudio muestra que las educadoras y educadores consideran su situación laboral como lejos de lo ideal (por ejemplo, por la provisión de condiciones de trabajo y salarios menos favorables, lo que limita las libertades profesionales fundamentales de las y los docentes, los recortes en la formación del profesorado).

A pesar de la creciente conciencia de que es necesario cerrar la brecha de la calidad docente, el estatus de la profesión docente ha declinado, especialmente en los países afectados por la crisis económica y las políticas de privatización excesivas. El estatus depreciado de maestras y maestros también se informó con mayor frecuencia en la educación de la primera infancia, la educación y formación profesional y entre las y los profesionales de apoyo a la educación.

Gracias a las numerosas respuestas a la encuesta por afiliadas/os de la Internacional de la Educación, el estudio proporciona fuertes evidencias y recomendaciones de políticas concretas, de manera que puede servir de referencia en el trabajo de incidencia de los sindicatos de la educación, dirigido a mejorar el estatus de las profesoras y profesores, que es de importancia crítica para los sistemas educativos.

Descarga el resumen ejecutivo en español aquí.

Reportaje advierte el riesgo de condicionar la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al libre comercio

La reciente aprobación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas ha suscitado importantes debates sobre sus posibles impactos y los retos implicados en su implementación que comienza ahora. La Red Internacional por los Derechos del Niño preparó un reportaje sobre el tema, en que discute las implicaciones de los ODS, indicando como desafío el tema de la participación privada en su consecusión, y su responsabilidad por la multiplicación de las desigualdades. Según el texto, la confianza en el sector privado para la implementación de los Objetivos y su apoyo al libre comercio genera cuestionamientos sobre el impacto que esto podrá tener en los derechos de niñas y niños. Léalo a continuación:

Fuente: CRIN Network | Traducción: María Mercedes Salgado

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DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Después de años de debate, consultas globales y negociaciones tensas, la ONU ha adoptado una versión final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, como los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), desempeñarán un papel importante en los próximos años en la determinación del enfoque global para el desarrollo internacional. También afectará inevitablemente la defensa de los derechos de los niños y las niñas, de qué forma la nueva agenda de desarrollo sostenible determinará los sectores que recibirán dinero de los donantes internacionales y en gran medida influirá en la elección de los temas en que las ONG se centrarán. Preocupa que esto pueda disuadir a organizaciones a emprender sobre temas de derechos humanos que no estén cubiertas por los ODS. La dependencia de los objetivos del sector privado y el apoyo al desarrollo mediante el libre comercio también plantea preguntas para los defensores de los derechos sobre el impacto que este enfoque tendrá en la realización de los derechos de las niñas y los niños.

La agenda de los derechos de los niños

Los ODS tienen como objetivo mejorar la vida de niñas, niños y jóvenes a través de una serie de metas y objetivos claros. Abordan la reducción de la pobreza (Objetivo 1), la salud (Objetivo 3), la educación (Objetivo 4), la igualdad de género (Objetivo 5), la violencia contra las niñas y los niños (Meta 16.2), así como una serie de otras áreas que impactan las vidas de las niñas y los niños. A pesar de este aparente enfoque en los intereses del niño/a, en las discusiones de los ODS lamentablemente quedaron fuera los objetivos y metas que abordan explícitamente los derechos de las niñas y los niños, y la agenda adoptada descuida un marco de derechos, fallando al hacer referencia apropiadamente a las niñas y los niños e individuos como titulares de derechos. Cuando se mencionan los derechos humanos, parecen haber desplegado como una floritura retórica en lugar de presentarse como los compromisos y las normas que guiarán la aplicación del programa de carácter vinculante. Al descuidar un marco basado en los derechos, en la narrativa general de los ODS se seguirá viendo a las niñas y los niños como objetos de caridad y no como sujetos de derechos humanos.

Más libre comercio, más desigualdad

En las recomendaciones de los ODS para alcanzar el desarrollo sostenible en los próximos 15 años es central la promesa de promover el libre comercio entre los países y aumentar la liberalización del comercio. No hay mención, sin embargo, a la responsabilidad de los Estados en medir el impacto sobre los derechos humanos de sus políticas y acuerdos. Para que el libre comercio pueda aportar beneficios reales a los derechos de los niños tiene que darse dentro de un sistema de comercio equitativo que reconozca diferentes necesidades de desarrollo entre los países y permita a las naciones invertir adecuadamente y proteger a las niñas y los niños y sus derechos. No se puede lograr el cumplimiento de los derechos humanos sin el fin de la desigualdad; y aunque los ODS establecen como prioridad la lucha contra la desigualdad, la receta para cumplirla es tecnocrática, obscura y totalmente inadecuada para la tarea en cuestión. En última instancia, los ODS no tienen en cuenta las causas sistémicas que hay que abordar para una transición a un mundo sostenible, y son incapaces de comprender el impacto del libre comercio y la desigualdad en la realización de los derechos de los niños y las niñas.

La imposibilidad de los ODS de reformar las instituciones y los procesos que apuntalan la desigualdad global, tales como la Organización Mundial del Comercio, y de dar respuesta a los preocupantes nuevos mecanismos como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo en Comercio de Servicios también aumentará los desafíos que enfrentan los defensores de los derechos en la próxima década.

El sector privado al rescate?

Los ODS tendrán consecuencias financieras significativas y será asombrosamente costoso implementarlos, lo que plantea el tema de dónde los fondos provendrán. A nivel mundial, la inversión total necesaria es alrededor de aproximadamente de 5 a 7 billones de dólares al año, según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Mientras que los seis principales bancos multilaterales de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional colectivamente han prometido $ 400 mil millones en préstamos y otro tipo de asistencia para ayudar a los países a cumplir sus obligaciones con los ODS, el compromiso de los gobiernos occidentales en pagar un 0,7 por ciento de su producto interno bruto en ayuda (pero a menudo contribuyen mucho menos que eso), el total estará muy por debajo de la cantidad requerida. En el contexto actual de desaceleración del crecimiento mundial y de intereses nacionales dispares, los gobiernos hasta ahora han tardado en señalar su deseo de financiar los ODS. Mientras que las palabras apasionadas fueron pronunciadas en la reunión de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Adís Abeba este verano, pocos recursos adicionales en realidad se han comprometido.

A diferencia de los ODM, el sector privado juega un papel destacado en el proceso de elaboración de los ODS, y se ha visto como vital con el fin de obtener los multi-billones de déficit de financiación en dólares. Como ejemplo, a través de los ODS el papel de la empresa en el desarrollo humano se menciona en un tono totalmente positivo. Sin embargo, los objetivos no hacen mención a mecanismos adecuados para la responsabilidad corporativa. Tampoco toman en cuenta el impacto negativo sobre los derechos humanos que el sector privado podría tener, incluyendo los riesgos del aumento de la función del sector privado en la prestación de servicios públicos, lo que plantea una amenaza considerable para la salvaguardia de los derechos de los niños. La privatización de los servicios clave rara vez es regulada apropiadamente por el Estado, lo que lleva a la dominación de los intereses comerciales por sobre los intereses de los niños. Sin embargo, es obligación de los Estados asegurar que todos los actores privados que desempeñan un papel en la provisión de servicios básicos tengan que rendir cuentas, y que tengan que cumplir con las normas mínimas que establecen las leyes de los derechos humanos

Metas e indicadores

Muchas de las críticas se hicieron sobre que el enfoque en las metas y la cultura de ‘marcar casilla’ de los ODM se ha replicado en los ODS. Este enfoque tendrá un impacto considerable en la capacidad de las ONG de perseguir el logro integral de los derechos del niño, con los donantes exigiendo cada vez más que las organizaciones no gubernamentales logren objetivos cuantificables, que es más fácil decirlo que hacerlo, pues estos temas demandan esfuerzos a largo plazo. Además, mientras que los ODM fueron criticados por su enfoque limitado en un estrecho rango de temas y metas, por otra parte, los ODS – con sus 17 objetivos y 169 metas específicas – son demasiado amplios para que se logren realistamente en el plazo propuesto. La preocupación de que el tamaño y la diversidad de los ODS socavará su implementación hizo eco en el Consejo Internacional para la Ciencia, cuya investigación ha demostrado que menos de un tercio de los ODS está “bien definido”, con algunos objetivos no cuantificados y muchas compensaciones que contienen consecuencias contradictorias y no intencionales. Además, la investigación llevada a cabo por el Instituto de Desarrollo de Ultramar ha demostrado que 14 de los 17 objetivos en su opinión necesitarán una “revolución” en el esfuerzo y enfoque para acelerar el progreso, y que en base a las tendencias actuales, el mundo no va a cumplir cualquiera de los ODS en la fecha propuesta de 2030.

Mirando hacia el futuro

La realidad es que el desarrollo sostenible no puede lograrse sin la realización universal y la protección de los derechos humanos. Desafortunadamente, la retórica altisonante sobre los derechos del niño y los derechos humanos en general en la ONU no se refleja en el contenido de los ODS, ni en los métodos indicados para su implementación y seguimiento. Claramente, la narrativa de los ODS significa un cambio en el enfoque global para el desarrollo – defensoras y defensores de los derechos deberían estar preocupadas/os. La responsabilidad se ha trasladado a los países más pobres con recursos insuficientes para resolver sus propios problemas, y la amplia propuesta de los ODS es mantener el status quo actual. En muchos aspectos, a pesar de que el trabajo ha ido hacia ellos, los ODS ahora presentan un mayor reto para las defensoras y defensores de los derechos que sus predecesores.

Especiales sobre los ODS:

El Salvador: Campaña demanda el incremento del 6% al PIB en educación

La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en El Salvador, reitera que sólo con más recursos públicos en educación se podrá garantizar la educación de calidad y basada en derechos

Fuente: La Prensa Gráfica

Pronto. RESALDE espera tener listo en octubre el anteproyecto de ley para aumentar presupuesto para educación. Mientras se presentan harán cabildeos con partidos políticos para que tenga un respaldo en AL. Foto: La Prensa Gráfica

RESALDE espera tener listo en octubre el anteproyecto de ley para aumentar presupuesto para educación. Mientras se presentan harán cabildeos con partidos políticos para que tenga un respaldo en AL. Foto: La Prensa Gráfica

La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) presentó la estrategia “6% , sí por la educación”, la cual pretende que se inicie en El Salvador un aumento progresivo en educación para llegar hasta el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El objetivo es aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, atendiendo así los principales problemas del sector educativo del país. Esta iría acompañada de una mejora en la eficiencia de recursos y regulación en la asignación presupuestaria en educación pública. Por hoy, la inversión en educación en el país representa el 3.5% del PIB (según datos del Ministerio de Educación de este año), una de las más bajas en América Latina.

Según estudios, la inversión en educación ha estado más concentrada en el nivel de educación básica, el cual presenta los niveles más altos de cobertura educativa (93.75%, según el Censo Escolar 2011). Los recursos destinados a otros niveles educativos, particularmente a la primera infancia y la adolescencia, han sido mucho más reducidos. Así, los sectores de población con menor acceso a la educación son las niñas y niños de cero a tres años, con menos de un 3% de cobertura de atención; los de cuatro a seis años, con una cobertura neta del 54.2%; y los adolescentes de 16 a 17 años, con una cobertura neta de apenas el 35.4% (Censo Escolar).

“Creemos que hay desafíos completos que nuestro país y sistema educativo tienen, por los cuales hay que incrementar la inversión de tal manera que podamos segurar una educación de calidad y basada en derechos”, dijo Margarita Franco, directora de Diseño de Programa para Save the Children.

Contar con un 6% del PIB en educación significaría acceso a toda la población en diferentes modalidades y niveles. Además, permitiría desarrollar programas de calidad en educación pública, respeto a derechos humanos en el ambiente educativo relacionados con la universalización de la educación inicial, parvularia, básica y media. Otro de los beneficios sería que los estudiantes podrían tener jornadas completas, se mantengan en la escuela y finalicen sus estudios; de esta forma, también se aseguraría la incorporación de niñas, niños y adolescentes que han sido excluidos del sistema educativo por violencia, discriminación, discapacidad física, género, entre otros.

Brasil: Internacional de la Educación realiza el Seminario Internacional sobre Privatización de la Educación

Seminario Internacional sobre privatización de la educación. Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, abrió el foro y destacó que "para combatir los ataques de la derecha a los proyectos de desarrollo con inversión en educación son necesarias políticas públicas educativas sólidas y estructuradas a partir de una visión transformadora de la sociedad". Foto: IE-AL

Seminario Internacional sobre privatización de la educación. Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, abrió el foro y destacó que “para combatir los ataques de la derecha a los proyectos de desarrollo con inversión en educación son necesarias políticas públicas educativas sólidas y estructuradas a partir de una visión transformadora de la sociedad”. Foto: IE-AL

Fuente: Internacional de la Educación (América Latina)

Hugo Yasky, Presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina inició con un claro panorama político-económico la mesa de apertura del Seminario Internacional “Los diferentes modos de privatización de la educación en el mundo y las estrategias globales y locales de combatirlos”. El seminario se realizó del 21 al 24 de agosto en São Paulo, Brasil, y contó con la participación de especialistas brasileños y de otras partes del mundo.

El encuentro fue organizado por la Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PROIFES) y la Internacional de la Educación para América Latina.

¿Cuáles son las consecuencias de privatizar un sistema educacional? ¿Qué contribuciones hacen los diferentes estados so gobiernos para el avance y consolidación de la privatización de la educación como política pública global? ¿Cuáles son las estratégias políticas para enfrentar la privatización? Esas y otras preguntas similares se abordaron en el Seminario Internacional “Los diferentes modos de privatización de la educación en el mundo y las estrategias globales y locales de combatirlos”.

Hugo Yasky recordó que “estamos a 10 años de un momento que marcó una división de las aguas para nuestro continente, el no al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en todos los países de América Latina en que el gobierno de Los Estados Unidos lo intentaba implementar.

Yasky agregó que después de esto el continente atravesó cambios significativos que derivaron en la elección de gobiernos progresistas, lo que colocó dos fuerzas claramente en conflicto en la región: el neoliberalismo, que defiende  las privatizaciones y mantiene una élite en el poder y el progresismo, con políticas populares de distribución de la riqueza que ha sufrido los ataques de los medios capitalistas, en especial en Brasil, Venezuela, Bolivia y Argentina.

Para Eduardo Rolim, Presidente de Proifes-Federação, es necesario señalar las contradicciones del gobierno actual y que este realice cambios más profundos. Rolim destacó además las diversas formas de utilización de fondos públicos para iniciativas privadas de educación y la necesidad de control sobre estos movimientos financieros.

Roberto Leão presidente de la CNTE y Vicepresidente Mundial de la Internacional de la Educación, reforzó las intervenciones de anteriores y avaló la importancia de la educación pública especialmente en las zonas donde la privatización avanza de forma avasalladora. “Vivimos un momento difícil en la realidad brasileña. Tenemos todas las dificultades económicas y políticas, solo organizados seremos capaces de ofrecer algún tipo de resistencia a esta situación” señaló Leão.

Madalena Guasco, Cooordinadora General de CONTEE consideró fundamental la creación de estrategias conjuntas de lucha contra la mercantilización de la educación, por lo cual resulta de muchísima importancia la decisión del congreso mundial de la Internacional de la Educación de levantar esa bandera, tanto para la defensa de una regulación y reglamentación del sector privado para la defensa de la educación pública.

Entre los invitados internacionales se encuentran especialistas de Australia, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelandia, quienes abordarán temas como la mercantilización de la educación a nivel global y la articulación de una estrategia mundial de respuesta a la influencia de las corporaciones, empresarios y organizaciones filantrópicas en la agenda política educativa. También analizarán las pruebas PISA, la estandarización de las pruebas, la gobernanza educativa a nivel mundial y el avance de los grupos privados en América Latina, entre otros.

Descargue las presentaciones a continuación:

Entrevista: “La eficiencia económica es una forma más de referirse al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado”

Las vistas desde el Colegio Hernando Duran Dusan. Foto: Andreu Termes

Las vistas desde el Colegio Hernando Duran Dusan. Foto: Andreu Termes

Los llamados Colegios en Concesión (CEC) son un tipo de Alianza Público Privada en educación que ha sido implementado en Colombia al final de los años 1990, bajo la idea de promover la eficiencia en la gestión escolar y mejorar la calidad educativa. Sin embargo, una investigación reciente realizada por el Grupo de investigación Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS) de la Universitat Autónoma de Barcelona y la organización colombiana Fundación Escuela para el Desarrollo, revela que dichos colegios han generado segregación socioeducativa y empeoramiento de las condiciones laborales de las y los docentes; mirando en perspectiva a dichos establecimientos, el equipo de investigación evalúa que tampoco la promesa de calidad se ha cumplido. #Contracorriente entrevistó a Andreu Termes y Lizeth López, integrantes del equipo que realizó el estudio, para compartir algunos de sus hallazgos.

Esta entrevista es parte del Especial: "La educación privatizada" 

Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conocer y contrarrestar las distintas formas de privatización en la educación en América Latina y el Caribe, y en particular sus riesgos e impactos para la realización del derecho humano a la educación, es una tarea urgente. En esa serie de entrevistas, #Contracorriente presenta las conclusiones y puntos de vista de investigadoras/es sobre el tema, cuyos estudios lanzados en el 2015 permiten conocer mejor los contornos de este fenómeno en nuestra región. Las entrevistadas y entrevistados comentan puntos como los impactos de las Alianzas Público-Privadas en la educación, las consecuencias de la comercialización de servicios educativos en el mercado de acciones, y también el hecho de que las tendencias hacia la privatización se encuentran profundamente respaldadas por los medios de comunicación hegemónicos. Dichas investigaciones han sido realizadas con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI, por su acrónimo en inglés), de Open Society Foundations, mediante una convocatoria que contó con los aportes de la CLADE. ¡Acompáñenos!

Lea la entrevista, a continuación.

¿Qué son los Colegios en Concesión? ¿Cómo se caracterizan en materia de estructura, alcance y objetivos político-pedagógicos?

Andreu Termes

Andreu Termes

Andreu Termes [AT]: La idea básica de los Colegios en Concesión es lo que se ha llamado Alianza Público Privada, es decir, son los colegios de titulación pública y financiación pública que están gestionados por entidades privadas. Ese modelo, que es relativamente habitual en muchos países, se empieza a implementar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en 1999 gracias a la participación y al énfasis político que harán dos personas con un peso político muy especial, que es, en primer lugar, el alcalde de Bogotá en la época, Enrique Peñalosa, y, después, Cecilia Vélez, que está primero en la Secretaría de Educación y después en el Ministerio de la Educación colombiano. Los Colegios en Concesión que, como le digo, se basan en esa colaboración público-privada, están situados en zonas deprimidas y vulnerables de la ciudad de Bogotá.

Lizeth Lopez

Lizeth López

Lizeth López [LL]: Los objetivos de esos colegios, que precisamente explicaba la que fue Ministra de la Educación, Cecilia Vélez, eran primordialmente dos: [1] ampliar la oferta educativa a grupos vulnerables en áreas marginales de las ciudades; y [2] lograr una mejora, un aumento en la calidad, básicamente con dos cosas: mayor atención y mejor aprendizaje y había una preocupación con que se pudiera medir sus resultados. Había otros objetivos, como conservar las condiciones de materiales, también elevar algunos índices, como los de acceso y de atención a los niveles académicos. Una característica de esos centros educativos es que tienen el ciclo completo, desde el grado cero hasta el último de la educación secundaria, y otra característica es la infraestructura o la dotación que se dió, es decir, son colegios construidos por el Distrito con algunas ventajas materiales.

AT: Ese aspecto es fundamental en un contexto, digamos, empobrecido y dónde la sola presencia de colegios de nueva planta con infraestructura moderna, materiales pedagógicos y nuevas tecnologías inmediatamente genera un impacto y una especie de ‘distinción’ en relación con otros colegios públicos de la zona, también de titularidad pública pero que son muy distintos a este nivel de infraestructura y materiales.

Colegio Distrital José Celestino Mutis. Foto: Lizeth Lopez

Colegio Distrital José Celestino Mutis. Foto: Lizeth López

LL: Otra característica que me parece muy importante es que las organizaciones a las cuáles se concesionó esos planteles debían ser entidades sin ánimo de lucro. A pesar de que tuvieran sus actividades económicas en otras áreas, al obtener la concesión de estos colegios había una prohibición de sacar algún provecho económico que significara lucro. También había algunos requerimientos de ofrecer servicios, como la jornada completa, que entonces estaba solamente en algunos colegios. Otra característica son los resultados académicos, desde que se firmaron los contratos de las concesiones los colegios debían demostrar que lograban ciertos resultados académicos en términos de indicadores y también desde una prueba estandarizada que se hace aquí en Colombia, que es aplicada directamente por el Estado a través del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (ICFES) y que ahora se conoce también como Prueba Saber.

AT: La idea fundamental que está por detrás de la aplicación de este programa es la autonomía escolar en un doble sentido, por un lado pedagógico, por otro lado gerencial, con la confianza de Cecilia Vélez en la superioridad del sector privado sobre el sector público. Esta autonomía pedagógica-gerencial debía permitir, supuestamente, que los Colegios en Concesión fueran más innovadores pedagógicamente y con un manejo económico más eficiente de los recursos económicos, y aquí se incluye también el manejo de los recursos humanos, de la planta docente, de la situación laboral del profesorado etc.

Hoy en día hay más evidencia sobre los riesgos de la llamada endo-privatización. Este término, de Stephen Ball, indica la adopción de lógicas privadas en lo público, lo que también se entiende como un tipo de privatización encubierta. ¿Cómo los Colegios en Concesión ilustran ese fenómeno y qué tipo de cuestionamiento suscitan al respecto?

Mensaje de empreendedorismo en el Colegio Hernando Duran Dusan. Foto: Lizeth López

Mensaje de empreendedorismo en el Colegio Hernando Duran Dusan. Foto: Andreu Termes

AT: Yo creo que esto está en el núcleo del programa. Uno de los objetivos principales de los Colegios en Concesión es incorporar el quehacer de la gestión privada en lo público. Desde la óptica de quiénes implementan esa reforma, que se basa en una crítica muy fuerte al sector público colombiano, al profesorado colombiano y, en particular, a los sindicatos de profesoras/es colombianas/os, ese ataque se traduce o se sustenta en la idea que la gestión de los colegios públicos es burocrática, ineficiente, que hay una especie de acomodamiento del funcionariado y del profesorado. Entonces, la idea es darle autonomía a los Colegios en Concesión para implementar la endo-privatización. Lo que nosotros demostramos con una importante base empírica es una historia que está muy silenciada en la literatura del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): en el fondo, la endo-privatización de los CEC es se traduce fundamentalmente en un empeoramiento brutal de las condiciones laborales del profesorado; muchas más horas, mucho menos estabilidad laboral, contractos de 11 meses, peores salarios y, por lo tanto, una relación pesos/hora muchísimo menor y, en último término, lo que es políticamente muy relevante, es la oposición de las directoras/es de esos colegios a cualquier intento de sindicalización del profesorado. Nuestros datos apuntan que si ¾ partes del profesorado del sector público, a grosso modo, está sindicalizado, este porcentaje es tan solo como el 7% en los Colegios en Concesión. Lamentablemente la eficiencia económica es una forma más de referirse eufemísticamente al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado.

Colegio San Cayetano, gestionado por ColSubsidio. Foto: Lizeth López

Colegio Colsubsidio San Cayetano. Foto: Lizeth López

LL: Entre las implicaciones que tiene la inclusión del sector privado en la educación, yo añadiría otras dos cosas: la primera es que, si bien la no generación de lucro es una de las condiciones para otorgar estas concesiones, si no se puede demostrar completamente que haya lucro, tampoco se puede demostrar lo contrario. Esta es una percepción que tenemos cuando nos acercamos de esas comunidades, y además por la trayectoria que tienen las organizaciones concesionarias. Un ejemplo que, para mi es más claro, es el de las cajas de compensación familiar, que aquí en Colombia tienen una función en el sistema de seguridad social con el objetivo de ofrecer servicios a las trabajadoras y trabajadores, como subsidios, por ejemplo una de esas cajas de compensación familiar es Colsubsidio, que tiene un portafolio bastante amplio, con supermercados, droguerías, negocios en turismo y una línea de créditos en el área de educación y salud, entre otros. Dentro de los servicios que ellos ofrecen en educación, incluyen a los Colegios en Concesión que administran, ya que Colsubsidio es uno de los concesionarios participantes del proyecto. Sería interesante hacer un rastreo de hasta dónde ciertas organizaciones podrían estar ofreciéndose o comprándose a sí mismas servicios educativos y de administración con los recursos públicos de los Colegios en Concesión.

Colegio Torquigua, gestionado por ColSubsidio. Foto: Lizeth López

Colegio Torquigua, gestionado por ColSubsidio. Foto: Andreu Termes

En segundo lugar, la incursión de estas prácticas y de toda la lógica privada en la educación supone también un cambio en la percepción de qué es la educación, de qué deben hacer las profesoras/es, de qué debe hacer el Estado, y en la percepción que tienen incluso las familias, las y los estudiantes, de la educación. Entonces, esto implica también un cambio y una reforma en los currículos. Los Colegios en Concesión tienen autonomía pedagógica para crear sus propios proyectos pedagógicos. Evidenciamos que en algunos casos – incluso de manera muy fuerte y preocupante –, hubo una adaptación de esos currículos, que se volvieron demasiado empresariales, sirviendo como dispositivo para anclar las lógicas del privado, las lógicas empresariales en detrimento de lo público, de lo colectivo.

¿Cómo evaluar el impacto de los Colegios en Concesión?

AT: Si uno piensa en términos de un país como Colombia, su impacto no es tanto cuantitativo, porque son muy pocos – solo 25 colegios en Bogotá y 70 en el país. Pero ellos tienen impacto en la medida que son un laboratorio a través del cual se puede experimentar reformas que tienen una potencialidad de ser aplicadas a gran escala en otros niveles. No sólo en esos 25 colegios empeoran las condiciones del profesorado, sino que pueden ser utilizados como punta de lanza para fomentar aún más la gestión privada de la educación pública, lo que implicaría un cambio del rol del Estado, que dejaría de ser el proveedor de la educación y pasaría a ser simplemente un financiador de la educación. Hay también un tipo de impacto mundial, pues los Colegios en Concesión han tenido una gran visibilidad en la literatura académica internacional, en informes del Banco Mundial, del BID, UNESCO, etc.

¿Hay proyectos de ley y programas que apunten a una tendencia a extender el sistema de concesión?

Colegio Hernando Durán Dusan. Foto: Lizeth López.

Colegio Hernando Durán Dusan. Foto: Andreu Termes

LL: Si bien en el nivel legislativo, no hay ninguna iniciativa en Colombia que pretenda extender el modelo de concesión educativa a una gran escala en el país, me parece importante decir que en realidad aún en la educación pública, las lógicas de esa administración privada se están implementando desde la gestión y, en general, en todo el sector público, lo cual significa que también hay que cuestionar que en el mismo sector público, a veces, se está metiendo a los colegios en las lógicas de la educación privada.

AT: Los Colegios en Concesión y otras Alianzas Público Privadas son una cosa que el Banco Mundial y otras entidades están promoviendo [por ejemplo, aquíaquí]. Lo que tenemos que entender en términos de economía política para ver como funciona ese emprendimiento es que esas reformas tienen un carácter muy parcial y fragmentario, lo cual las hace más difíciles de combatir, es decir, son habituales reformas de carácter local, un colegio aquí, un colegio allá. Pero las escuelas charter ,en particular, y las alianzas público privadas están en la orden y están siendo promovidos por importantes agentes internacionales.

Uno de los argumentos de aquellas personas que defienden la privatización y las Alianzas Público Privadas es que supuestamente la calidad sería superior en los colegios privados o público-privados. ¿Esto procede en el caso de los Colegios en Concesión?

El Colegio Distrital José Celestino Mutis y su entorno. Foto: Lizeth López

El Colegio Distrital José Celestino Mutis y su entorno. Foto: Lizeth López

AT: Uno de los puntos más chocantes y al mismo tiempo más interesantes de nuestra investigación es que esta aparente superioridad académica no está comprobada, si uno tiene en cuenta otras variables igualmente importantes. Esto es: los Colegios en Concesión parten de una ventaja comparativa brutal en relación a los colegios públicos: tienen una mejor infraestructura, una menor ratio estudiante-docente y, lo que es más importante, tienen una jornada completa, mientras que los otros colegios públicos no. Por lo tanto, si uno analiza la cuestión desde una óptica más general, se da cuenta que lo que pasa es que tienen una situación de ventaja comparativa. No quiero entrar en muchos detalles, pero realizamos un análisis estadístico en una técnica que se llama análisis de regresión múltiple para ver el peso de cada variable independiente a la hora de explicar el resultado de esas pruebas estandarizadas (ICFES/Saber). Lo más importante es el status socioeconómico de las personas y la jornada de las escuelas (si es jornada única o tiene más de una jornada ) – y eso era mucho más importante de que el tema de si era un colegio privado o gestionado públicamente. Por lo tanto, es pertinente responder a la pregunta teniendo en cuenta esa situación de ventaja comparativa. Cuando se quita esa ventaja comparativa, la calidad es la misma, a pesar que los defensores del modelo digan el contrario.

LL: Cuándo preguntamos sobre la calidad en el colegio, madres y padres, estudiantes y docentes se referían a cosas que tenían que ver con, por ejemplo, la identidad, con el ethos de los Colegios en Concesión, si tienen una disciplina, si están más apegados a la fe o no tanto, de cómo las niñas y niños se comportaban. Es una cuestión que no está relacionada con los resultados en términos cuantitativos, y mucho con el compromiso de las y los docentes, porque cuándo nosotros les pedíamos a ellas/os, a las y los mismas/os docentes de los Colegios en Concesión, a las madres y padres de familia, a las rectoras/es y también a las y los estudiantes que definieran cuáles podrían ser las diferencias más importantes que ellos reconocían que había entre los Colegios en Concesión y los colegios del Distrito, casi siempre mencionaban la labor que hacían las y los docentes: decían que en los Colegios en Concesión las profesoras y profesores eran mucho más comprometidas/os, tenían más vocación, hacían más acompañamiento a las familias.

El tema de las relaciones público-privado en educación es delicado en la medida en que toca en puntos muy sensibles, como la segregación socioeducativa y la cuestión misma de los sentidos de la educación como un derecho humano. ¿Qué tipo de evaluación de puede hacer de los Colegios en Concesión al respecto?

A pesar que son públicos, algunos CEC no respetan el principio de laicidad. Colegio Dom Bosco III. Foto: Lizeth López

A pesar que son públicos, algunos CEC no respetan el principio de laicidad. Colegio Dom Bosco III. Foto: Andreu Termes

AT: Una consecuencia no deseada, pero sí esperable, es que la implementación de los Colegios en Concesión ha aumentado muchísimo la segregación escolar en las zonas. Si en el contexto de una situación socioeconómica más o menos homogénea, se introducen colegios con financiación pública, pero que tienen unas características muy distintas, se está generando una brecha profunda, desigual y discriminatoria. Y de hecho, cuando se iniciaron los Colegios en Concesión, que eran los colegios nuevos, con mejor dotación, con mejores materiales, que ofrecían la jornada completa, esa superioridad se justificaba políticamente a través del principio de la discriminación positiva, es decir, originalmente estos colegios deberían ser para las y los estudiantes más pobres y de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, esto no ha sido así, porque los Colegios en Concesión sistemáticamente se han dedicado a seleccionar el alumnado. Esa situación diferenciada, junto con la selección del alumnado por parte de los Colegios en Concesión, ha generado una gran segregación en sectores del sistema educativo bogotano.

LL: Debemos recordar las características de las organizaciones a las cuales se les entregó esas concesiones, por ejemplo, las organizaciones religiosas que obviamente utilizan esas concesiones, esos colegios y las comunidades de esos colegios para llevar a cabo su proyecto religioso. Y las organizaciones que no eran religiosas tenían un interés corporativo, de ajustar la educación a los valores, a los intereses, a las tendencias que hoy en día aparecen como una educación para el trabajo, una educación por competencias, una educación que educa a las niñas, niños y jóvenes únicamente para que puedan tener acceso a una vida laboral y que les está inculcando desde la edad más temprana con la idea de que la educación sirve en la medida en que tenga una orientación empresarial o que sirva para la inserción laboral.

AT: El punto que merece atención es que, con los Colegios en Concesión, se pasa de un paradigma de educación como un derecho humano a otro paradigma, en que se valora la educación como generadora de capital económico. Y eso se vincula con todas las teorías del capital humano, con lo que a nivel académico, por ejemplo, son las tasas de retorno económico de la educación. Y en ese tránsito hay de fondo un debate sobre lo que es la educación, si un derecho o un solo medio o herramienta para alcanzar una mejor exigencia económica tanto individual como colectiva.

Teniendo en cuenta el paradigma de la educación como un derecho humano, ¿qué es más importante: fortalecer la educación pública o invertir en Alianzas Público Privadas, como los Colegios en Concesión?

Alianza Educativa Colegio Santiago de las Atalayas. Foto: Lizeth López

Alianza Educativa Colegio Santiago de las Atalayas. Foto: Andreu Termes

LL: Esa implementación que se hizo de los Colegios en Concesión fue una manera de aplicar el modelo neoliberal en la educación colombiana. Hoy en día, después de 15 años de implementación de ese modelo, la actual administración pretende hacer que estos colegios retornen a la administración pública – de hecho no se renovaron las concesiones a varios colegios –, como forma para poder aumentar la calidad y el acceso a la educación pública como un derecho. Por otro lado, es cierto que la educación pública necesita una reforma, pero no por la vía de la concesión, ni por la vía de la entrega a la iniciativa privada.

AT: A mi me parece que la iniciativa de los Colegios en Concesión es equivocada. Esto no quiere decir que los Colegios en Concesión sean terribles, ni que debamos demonizarlos, porque hay gente trabajando muy buena y muy honesta que cree en lo que hace y quiere ayudar. Sin embargo, cuando uno está en la administración pública, tiene un deber con el interés general y colectivo. Desde mi perspectiva, la educación pública colombiana tiene muchísimos problemas más urgentes que dedicarse a un proceso de sofisticada ingeniería social que tiene lógicas perversas de segregación escolar, que tiene lógicas perversas de empeoramiento de las condiciones del profesorado. En ese sentido, concentrarse en el tema de aumentar las plazas escolares en la educación pública, disminuir la ratio estudiante-profesor y, por lo tanto, contratar más profesorado, abrir más escuelas públicas, evidentemente, tendría unas consecuencias mucho más tangibles para la población vulnerable de Bogotá.

Brasil: “En las últimas décadas, se han venido deshaciendo las fronteras entre lo público y lo privado”

Screen Shot 2015-09-16 at 10.02.26 AMEn julio de 2015, se difundió la noticia de que el gobierno del Estado de Pará, Brasil, con el apoyo del Banco Mundial, decidió implementar el modelo de escuelas charter, es decir, colegios públicos, con financiación pública, pero gestionados por el sector privado. En esa etapa de implementación, se van a construir 50 escuelas secundarias charter en el Estado.

El gobierno sostiene que las escuelas charter son una solución para mejorar la calidad de la educación en el Estado de Pará. Si bien este argumento ha sido ampliamente difundido por las y los defensoras/es de ese modelo y por el Banco Mundial, los estudios realizados en países que adoptaron las escuelas charter no son concluyentes cuanto a su impacto en la mejoría de la calidad de la enseñanza – lo que de hecho, no se comprueba. De otra parte, estudios también muestran que dichos colegios pueden contribuir al aumento de las desigualdades y la segregación socioeducativa – como en el caso de los colegios en concesión, de Colombia.

#Contracorriente consultó a Luiz Araújo, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasília, Brasil, para saber su opinión sobre el proyecto del Estado de Pará. Léala, a continuación:

“La propuesta de creación de escuelas charter por el gobierno del Estado de Pará es un capítulo más en el avance que el sector privado ha tenido en Brasil. En las últimas décadas, se han venido deshaciendo las fronteras entre lo público y lo privado, que ya no estaban bien definidas por la Lei de Diretrizes e Bases [Ley General de Educación].

En el momento en que se inicia la vigencia de un Plan Nacional de Educación, que posee metas audaciosas de aumento de la inclusión en la escuela, el gobierno da señales de su intención de flexibilizar (eufemismo!) la provisión de los servicios educativos, manteniendo la financiación pública, pero transfiriendo al sector privado su gestión. Son varios formatos los que están siendo implementados y que arriesgan tomar escala en el próximo período”.

Y más: Visita el blog de Luiz Araújo aquí.

Uruguay se retira de negociaciones sobre el TISA

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El TISA solo tiene como objetivo doblegar a sus países miembros a las voluntades de las grandes potencias que son parte de este alianza, según un informe presentado por Wikileaks el año pasado.

Fuente: teleSUR

El Gobierno de Uruguay anunció este lunes su retirada de las negociaciones del Tratado Internacional de Comercio de Servicios, mejor conocido como TISA, tras la negativa del Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) expresada el pasado sábado.

Así lo dio a conocer la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, durante una rueda de prensa en la cual detalló que esa medida se tomó tras un pedido del presidente Tabaré Vázquez, quien había solicitado la opinión del gobernante FA sobre el tema.

Lea también: Wikileaks revela texto central del acuerdo de servicios TISA

Luego de que esa fuerza se pronunciara el sábado en contra de mantener las negociaciones sobre el polémico acuerdo, el mandatario uruguayo “asume la decisión y la pide al canciller Rodolfo Nin Novoa que la haga concreta”.

Cabe resaltar que durante el Plenario Nacional del FA la votación resultó en 117 votos a favor de la salida del TISA con 22 en contra.

La declaración del partido gobernante cree que la decisión tiene como principal objetivo el desarrollo integral de la nación uruguaya.

Lea también: TISA: amenazante secreto ofensivo

En contexto:

  • El TISA es un acuerdo entre 24 países, que incluye a la Unión Europea y a Estados Unidos.
  • Con el TISA se promueve la liberalización a escala global del comercio de los servicios como el caso de la banca, transporte y telecomunicaciones.
  • En 2014, se dieron a conocer una serie de documentos a través de Wikileaks, donde se da a conocer ciertas acciones que violentan la soberanía de los Estados que forman parte del acuerdo a través de la restricción de sus capacidades como el caso de imponer sus propias limitantes en lo que a inversión extranjera se refiere.

Argentina: estudiantes toman seis colegios en Córdoba y demandan estudiar “en condiciones dignas”

“Reclamamos lo que nos pertenece, es nuestro derecho”, dijo Yamila González, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Alejandro Carbó

Fuente: Cba24n

Foto: Cba24n

Foto: Cba24n

Estudiantes de la Escuela Normal Alejandro Carbó decidieron en la noche del martes tomar el establecimiento educativo en reclamo de reformas edilicias.

De esta manera, ya son seis los colegios tomados en la ciudad de Córdoba, aunque este número puede aumentar en los próximos días ya que se realizan asambleas en diferentes colegios por los mismos motivos.

Los establecimientos en situación de toma son el IPET 248 Leopoldo Lugones, el IPEM 38 Francisco Pablo de Mauro, el IPEM 318 Combate de La Tablada, la escuela Juan Amos Comenio, la escuela Niñas de Ayohuma y la Escuela Normal Alejandro Carbó.

A modo general, los estudiantes exigen que se readecuen las instalaciones y que se realice mantenimiento para poder estudiar “en condiciones dignas”.

Santiago Prystupczuk, presidente del centro de estudiantes del Carbó, señaló que decidieron entrar en estado de toma “por el reclamo de todas las fallas edilicias y las promesas y actas compromiso incumplidas que fueron firmadas por el Ministerio de Educación”.

“Hay obras que desde el 2010 se empezaron y no se terminaron, y obras que directamente ni se abordaron, que estaban pautadas en el plan de obras (…) Específicamente, reclamamos una rampa de discapacitados, la refacción de baños, un baño adaptado para discapacitados, un plan de evacuación, problemas de humedad; son varias cosas”, enumeró Prystupczuk al programa Cara y Cruz, de Radio Universidad.

Los estudiantes del Carbó manifestaron que mantendrán la toma hasta que tengan un plan de obras con fecha de inicio y fecha final, que cumpla con las exigencias de sus reclamos. “No levantaremos la medidas hasta que no veamos que se están empezando a tratar”, aseguró el representante estudiantil.

Los estudiantes del IPEM 318 Combate de La Tablada de barrio Villa Urquiza tienen similares reclamos. Yamila González, vicepresidenta del centro, manifestó que el establecimiento se encuentra tomado desde el lunes, principalmente, por la falta de gas natural en el edificio.

El colegio tiene especialidad técnica en alimentos y la provisión de gas es primordial para su aprendizaje.

“Reclamamos lo que nos pertenece, es nuestro derecho. Estamos decididos a seguir con la toma (…) Además reclamamos la limpieza exterior, falta de porteros en los dos turnos, y otros problemas de infraestructura”, señaló González.

Los jóvenes denuncian además que en el día de ayer se presentó un móvil policial que acusaba tener una orden de desalojo, que finalmente nunca presentó. El uniformado se bajó de la patrulla con escopeta en mano y amedrentó a los estudiantes a que desalojaran el edificio.

Movilización estudiantil

Doce escuelas secundarias se movilizarán este miércoles a las 17 para pedir un plan de arreglo integral para los colegios que dependen del Gobierno Provincial. Partirán desde la intersección de calles Rondeau e Ituzaingó, frente al colegio Leopoldo Lugones.

Buena parte de estos colegios protagonizaron en 2010 tomas estudiantiles que duraron semanas por los mismos reclamos y la oposición a la reforma de la Ley de Educación 8113.

“Estamos atendiendo las demandas de las escuelas”

Desde el Ministerio de Educación de Córdoba admiten demoras en las refacciones pero señalan que están cumpliendo con las obras acordadas en los colegios.

“Las dificultades en el IPEM de Villa Urquiza es que se tuvo que hacer una instalación de gas nueva y estamos esperando la prueba hidráulica de Ecogas para poder seguir adelante con las obras. Es de público conocimiento que las obras de gas dependen de las inspecciones, con las demoras que tienen ellos”, argumentó Javier Taborda, secretario de Emergencia Edilicia del Ministerio.

Respecto a la Escuela Normal Alejandro Carbó, el funcionario provincial señaló que desde hace dos semanas realizan obras en el establecimiento.

“Estamos edificando dos escaleras de emergencia. Desde el año 2010 esta escuela viene recibiendo una inversión muy importante y todos los años se llevan a cabo distintas etapas de obras. En general, el edificio está en condiciones de dar clases. Se viene avanzando”, aseguró Taborda a Cba24n.

Colombia: Frente Amplio invita a la audiencia pública “La Educación no se Compra, Mi Derecho no se Vende”

Foto: El Turbión

Foto: El Turbión

El conjunto de movimientos y organizaciones de la sociedad civil colombiana reunidos en el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz realiza este 10 de septiembre de 2015, la la audiencia pública Presupuesto para la Educación en Colombia: La Educación no se Compra, Mi Derecho no se Vende. En su pronunciamiento, el Frente Amplio afirma que:

“… decidimos convocar y organizar esta audiencia por presupuesto digno para la educación, pues nos negamos a aceptar que las políticas públicas educativas de la nación colombiana se sigan orientando, desde afuera y desde arriba, a favor del sector privado con la única y mezquina imposición de las estrategias de formación del capital humano que impone el credo neoliberal deshumanizante”.

Asimismo, plantea:

“… reafirmamos unitariamente que la educación no es una mercancía, porque los seres humanos, huéspedes transitorios de la madre tierra, no somos una mercancía. Hemos confirmado que la paz, deber y derecho de todas y de todos, no significa simplemente el fin de la insurrección armada, sino que sobretodo implica superar la dualidad rotunda entre las palabras y la acción real que afecta todas las dimensiones de la realidad”.

Screen Shot 2015-09-09 at 6.02.08 PMEn el 26 de agosto último, en la Universidad Nacional, el Frente Amplio celebró el Foro “Propuesta Educativa con los Candidatos a la Alcaldía de Bogotá”. En esa oportunidad, estudiantes, docentes y representantes de organizaciones sociales pudieran conversar y discutir la política educativa para la capital de Colombia a partir de las diferentes propuestas de los y las candidatos/as a la Alcaldía de Bogotá, lo que contribuyó a generar compromisos con el movimiento educativo, social y estudiantil de esa ciudad.

El evento se ubica en el marco de una gran movilización por el Derecho a la Educación, el 9 de septiembre, y una audiencia pública por la defensa del Derecho a la Educación: “La Educación no se Compra, Mi Derecho no se Vende“, a realizarse en el Congreso de la República, el 10 de septiembre. El Frente Amplio invita a participar en los dos eventos, y a apoyar la lucha por el fortalecimiento de la educación pública.

Integran el Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz: Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, miembro de la CLADE en Colombia. FEU Colombia. Unidad Estudiantil Pedagógica. ASPU-UPN. ACEU. Colectivo Tejiendo Memoria. Escuela Pedro Nel Jiménez. Identidad estudiantil. La Tulpa educativa. Congreso de los Pueblos. CODES. ACEU. Multiestamentaria UD. Maestros MODEP. UPN. Colectivo Libremente. REO. El Rebelde Medios Alternativos. Sintraupn. Comité de convivencia UPN. Equipo de Paz UPN. Red Unipaz. Bienestar Universitario UPN. FUNAMA. ANDES. Colectivo Pizarrón Rebelde. Mesa de movilización social por la educación. Vamos por los derechos. Red Revuelta. Colectivo Taiyarí. Colectivo Siembra. Programa de Egresados UPN. Revista CEPA. Marcha Patriótica. Agrosolidaria Tunjuelito. Frente Amplio por la Paz. ASPU Nacional. Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación y la Pedagogía en Colombia –OACEP-.  Coordinadora Distrital de Estudiantes de Secundaria. ASPU UN. Alternativa Popular Educativa. Red Distrital de estudiantes de secundaria -REDES. Toma. UP Bases en Rebelión. Planeta Paz. Colectivo Pedagógico. ADE. SINTRAUCOL.