Ministerio de Educación potenciará obras por impuestos y asociaciones público-privadas para mayor infraestructura en el 2015

Fuente: El Comercio | Gustavo Kanashiro Fonken

La más reciente evaluación de la calidad educativa de la región, publicada esta semana y conducida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) tuvo resultados positivos para el Perú.

Nuestro país no solo escaló posiciones desde el 2006 sino que fue uno de los países mejor posicionados en algunos rubros. Sin embargo, el estudio también detectó que los alumnos que tuvieron un mayor desempeño provenían de colegios privados, lo que demuestra que la educación pública tiene todavía mucho que avanzar.

Asimismo, el examen de la Unesco, cuyos resultados fueron difundidos a través del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la región, reveló que asistir a escuelas con servicios básicos de agua, desagüe y luz permite a los jóvenes obtener mejores calificaciones en comprensión lectora, matemática y ciencias, las materias evaluadas en el estudio.

De ahí que la deficiente infraestructura educativa en el Perú sea el principal reto. Según datos del Ministerio de Educación, se necesita invertir S/.63 mil millones para cubrir la brecha que tiene a miles de jóvenes en el país estudiando en locales precarios.

“El 25% de edificaciones en los colegios del país requiere ser sustituido y no solo por riesgo ante emergencias, sino porque no cuentan con lo mínimo para ser lugares de enseñanza”, detalló a El Comercio Juan Pablo Silva, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu).

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Una de las prioridades para el gobierno en el 2015 será acortar la brecha de infraestructura. Para esto se han separado, de los más de S/.22.000 millones que recibió el Minedu de presupuesto para el próximo año, unos S/.2.400 millones exclusivamente para realizar obras de inversión pública. A ello se sumará inversión privada, con lo que se alcanzará una cifra mayor a los S/.4.000 millones.

“A estos S/.4.000 millones se le tiene que sumar lo que ejecutarán las regiones y los gobiernos locales porque la verdadera responsabilidad a nivel de infraestructura recae en ellos. El Minedu lo que hace es tomar un papel más activo para poder cerrar antes la brecha”, detalló el viceministro Silva.

“Hay que dotar de la mejor educación posible a la escuela pública. No puede seguir el estigma de enviar a los hijos a un colegio público solo porque no se puede pagar el privado”, añadió el funcionario.

Chile es considerado el sistema educativo más segregado del mundo; el Foro por el Derecho a la Educación de Chile y la CLADE participaron en la elaboración del informe, al lado de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación

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(Santiago de Chile, Ginebra) En un informe que se hace público en el día de hoy, el Foro por el Derecho a la Educación de Chile (FORO), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés), la Clínica de Derecho de la Sciences Po y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI, por su acrónimo en inglés) hacen un llamado a que expertas/os de derechos humanos de la ONU cuestionen al gobierno de Chile por las violaciones a los derechos humanos, resultantes de su sistema de educación privatizado [Descarga aquí: Informe| resumen ejecutivo].

Chile tiene la cuarta mayor proporción de escuelas primarias privadas en relación a las escuelas públicas en el mundo, número tres veces mayor que el promedio de los países miembros de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en consecuencia de las reformas económicas neoliberales puestas en marcha durante la dictadura de Pinochet en los años 1980s y reforzadas por los gobiernos que le sucedieron.

Además, el sistema educativo chileno es el más segregado entre los hogares más ricos y los más pobres, según los datos de la OCDE, en una comparación con otros 64 países. El informe demuestra que ese sistema es ampliamente discriminatorio en el ámbito socioeconómico, violando a los estándares de derechos humanos internacionales que el país tiene la obligación de cumplir.

“Ese no solo es un sistema inaceptable, que impacta con más fuerza a las personas marginadas, vulnerables y pobres y reproduce altos niveles de desigualdades, sino que también es un sistema muy injusto, que afecta la cohesión de la sociedad como un todo y es ilegal, según los estándares internacionales”, indicó Camilla Croso, la coordinadora general de CLADE.

Cobros a las madres y padres de familia, practicados por las escuelas privadas primarias y secundarias son uno de los principales factores de discriminación socioeconómica, y pueden ser empleados por las escuelas para excluir a ciertos/as estudiantes indeseadas/os. En el 2012, una de las mejores escuelas privadas de Chile cobraba aranceles de USD 690 por mes, casi dos veces más que el valor del salario mínimo mensual.De la misma forma, seleccionar estudiantes mediante el cobro de aranceles, y seleccionar directamente , por exámenes de admisión o exámenes de conducta, es una práctica común.

Planteando el tema junto a la ONU, para cambiar la ley en Chile

El lanzamiento de este informe se realiza mientras el parlamento chileno se encuentra prestes a revisar un segundo paquete de leyes para reformar el sistema educativo, que será crucial para la futura orientación del sistema educativo chileno.

“El nivel actual de desigualdades respecto al derecho a la educación es insostenible, y esta fue la razón de las protestas que tuvieron lugar en el 2006 y en el 2011 en el país. Mientras las autoridades han prometido tomar providencias frente a esta situación, el parlamento y el gobierno deben actuar rápidamente y poner en el centro de las reformas el impacto de la política educativa en los derechos humanos, de manera a rediseñar un sistema que esté en línea con sus obligaciones internacionales” añadió Rene Varas, coordinador del Foro por el Derecho a la Educación, de Chile.

Para auxiliar esta discusión, el informe fue enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas, previamente a la revisión de Chile en el ámbito del mismo Comité de expertas/os, a realizarse en junio de 2015. El CDESC evaluará el respeto del gobierno a distintos derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la educación. Lo mismo se encuentra reunido en sesión previa en esa primera semana de diciembre, y luego lanzará una “lista de temas”, que incluye cuestiones que el gobierno tendrá que responder por escrito.

“Ningún Estado llegó tan lejos cuanto Chile en materia de privatización de la educación, y por eso el sistema chileno nos informa sobre el impacto en largo plazo de la privatización. Si el CDESC plantear cuestiones sobre el sistema chileno, también enviará un mensaje fuerte a otros países, en un momento en que muchos Estados están privatizando su sistema educativo y esquivándose de sus responsabilidades” indicó Lucy McKernan, del Comité de Enlace en la ONU de la GI-ESCR.

Muchos organismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, cuestionaron recientemente la creciente privatización en la educación, e hicieron un llamado reforzando el papel del Estado de proteger la educación como un “bien público”.

• Descarga aquí el informe
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La Presidenta está participando de la versión 2014 de la cita multilateral que tiene como tópicos principales la educación, innovación y cultura en la región. En esta penúltima gira fuera del país, Bachelet se refirió a la reforma educacional chilena y destacó la necesidad de convertir la educación en un derecho social.

Fuente: Right to Education Project | Traducción: #Contracorriente

Marrakech. En una declaración conjunta lanzada el último 28 de noviembre en Marruecos, durante el Foro de Educación en el Foro Mundial de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil internacional han manifestado serias preocupaciones sobre el énfasis que se puso en la participación del sector privado en la educación en África en un informe reciente del Banco de Desarrollo Africano (AfDB, por su acrónimo en inglés), la Comisión Económica por África (ECA, por su acrónimo en inglés), la Comisión de la Unión Africana (AUC, por su acrónimo en inglés), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El informe enfoca el progreso respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) en África. El informe es significativo, una vez que servirá para influenciar el debate sobre el próximo marco de desarrollo internacional que pasa a vigorar después que terminen los ODMs en 2015.

La declaración recibió un enorme apoyo de más de 60 organizaciones, en particular de coaliciones nacionales de educación en África. Esto refleja la importancia del tema en África y en todo el mundo.

La declaración subraya que as políticas de privatización aumentan la desigualdad en el acceso, no garantizan la calidad y socavan la noción de educación como un bien público. Así, llama a la retirada del Informe sobre los ODMs 2014: Enderezar el progreso en África rumbo a Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fin de que se pueda reconsiderar las recomendaciones en apoyo a la privatización en la educación y hacer recomendaciones que sean consistentes con el derecho humano a la educación.

El Sr. Limbani Nsapato, de la Campaña de Educación Para Todos de la Red Africana (ANCEFA, por su acrónimo en inglés), una de las organizaciones que coordinan la Declaración, dijo: “Estamos muy molestos por las recomendaciones de ese informe, en defensa de una mayor participación del sector privado en la provisión de la educación, pues ignoran las crecientes evidencias de que la privatización en la educación genera desigualdades y conduce a la segregación, como vemos actualmente en Gana”.

“A pesar de reconocer que dos políticas de educación han sido particularmente efectivas en la expansión del acceso y permanencia en la educación – la eliminación de los cobros y las inversiones de largo plazo en la educación – el llamado a un incremento en el papel de los actores privados, en el informe, puede poner África en la dirección contraria, y arriesga socavar las conquistas en la ampliación del acceso”, dijo el Sr. David Archer, de ActionAid.

La Sra. Caroline Pearce, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), comentó: “Sabemos que los cobros escolares y otros costos asociados a la educación son una de las principales barreras al acceso a la educación. La mayor parte del aumento expresivo en la matrícula en la escuela primaria en África desde el 2000, en la matrícula de niñas, se dio después de la eliminación de los cobros. Sin embargo, este informe promueve más privatización, lo que inevitablemente resulta en escuelas dónde se pagan cobros”.

Como reconoce el Informe sobre los ODMs 2014, muchos países africanos están “todavía enfrentando las brechas escolares entre los hogares más pobres y los más ricos”. La Unión Africana, a través del plan de acción de la Segunda Década de Educación (2006-2015), reiteró la necesidad de asegurar la equidad. Este principio también se encuentran bajo la sólida protección de la ley internacional.

Sin embargo, la ampliada del sector privado en la educación es una fuerza motora de la segregación y de las desigualdades de oportunidades. Como el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU expresó recientemente, la privatización “va en contra de las bases que prohíben la discriminación basada, de modo notable, en la ‘origen social’, en la ‘condición económica’, en el ‘nacimiento’ o ‘propiedad’ en las convenciones internacionales de derechos humanos”.

La declaración de la sociedad civil también advierte que la privatización en la educación resulta en violaciones de la ley internacional de derechos humanos. El Sr. Sylvain Aubry, de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo: “Hemos hecho investigación sobre la privatización en la educación que tiene lugar en Gana, Marruecos, Uganda, Chile y Kenya, y encontramos violaciones de la ley internacional, en particular respecto al derecho a la educación, el derecho a la no discriminación, la obligación del gobierno de proveer educación gratuita y de calidad, y las faltas de los gobiernos con la regulación y monitoreo de las escuelas privadas”.

El Informe OMD 2014 justifica un llamado por la ampliación de la participación del sector privado en la educación, con base en el argumento de que esto podría ayudar a mejorar la calidad. Sin embargo, la evidencia no respalda tal posición. El Sr. Fred van Leeuwen, de la Internacional de la Educación, comentó: “Calificación adecuada, formación y condiciones dignas de trabajo a las maestras y maestros son factores decisivos para asegurar la calidad de la educación are crucial. Sin embargo, en muchos países las escuelas privadas contratan docentes sin calificación y de formación insuficiente. En Gana, por ejemplo, solo el 9.2% de las maestras y maestros de la enseñanza primaria reciben formación en el sector privado, en comparación con el 69.4% en las escuelas públicas”.

La calidad de la educación privada también es problemática en el Marruecos, donde el Foro Mundial de Derechos Humanos se realiza. El Sr. Ahmed Sehouate, de la Coalición Marroquí por la Educación para Todos dijo: “en el Marruecos las inversiones privadas en educación no equivalen a inversiones en la calidad. Después de casi 15 años de rápido aumento en la inversión privada en educación, las escuelas privadas no lograron formar ningún maestro/a, pero dependen extensivamente de docentes del sector público, fragilizándolo”.

Está claro en la ley internacional que la educación es un bien público, que debe así ser protegido de la mercantilización y de la comoditización. Los Estados enfatizaron hace unos meses, en el llamado Acuerdo de Muscat, que “a través de los gobiernos, el Estado es el garante de la educación de calidad como un bien público”. Sin embargo, el Informe sobre los ODMs 2014 llama de modo explicito a la comercialización del sector de educación, que “es propicio a rendimientos lucrativos sobre las inversiones” para los inversores/as. La Sra. Pearce, de CME, enfatizó: “El lucro en la educación es inaceptable, especialmente cuando se explora las aspiraciones por una vida mejor, de las madres y padres más pobres”.

Materiales

Declaración completa (en inglés)

Informe sobre los ODMs 2014: Enderezar el progreso en África rumbo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en inglés)

Último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, de la ONU (en inglés)

Investigación sobre el impacto de la privatización en el derecho a la educación (en inglés)

Organizaciones firmantes

Iniciativa: Campaña de Educación Para Todos de la Red Africana (ANCEFA), la Internacional de la Educación (EI), ActionAid y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).

La declaración recibió las adhesiones de las organizaciones a continuación:

1. African Resources Watch (AFREWATCH)
2. Alliance2015
3. Alphabétisation et Développement (Alpha Dev)
4. Arab Campaign for Education for All (ACEA)
5. Argentinian Campaign for the Right to Education (CADE
6. Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)
7. ASO-EPT Niger
8. Association Nationale pour l’Alphébétisation, Senegal (ANAFA)
9. ATTAC/CADTM Maroc
10. Basic Education Network Ethiopia
11. Botswana Coalition for Education for All
12. Buliisa Initiative for Rural Development organisation (BIRUDO)
13. Burundi Coalition for Education For All
14. Cameroon Education for All Network (CEFAN)
15. Carrefour de la famille marocaine
16. Centre du Commerce International pour le Développement, CECIDE, Guinée (CECIDE)
17. Centre for Social Impact Studies (CeSIS)
18. Centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11, Belgium
19. Civil Society Action Coalition on Education for All
20. Civil Society Action Coalition on Education for All (CSACEFA)
21. Civil Society Education Coalition, Malawi (CSEC),
22. Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique, Senegal (COSYDEP)
23. Coalition des organisations Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC)
24. Coalition Marocaine pour l’Education Pour tous (CMEPT)
25. Coalition National EPT-Burkina-Faso
26. Coalition Pour l’Education Pour Tous Bafashebique, Burundi
27. Collectif National de l’Education Alternative et Populaire, Senegal (CNEAP)
28. Committee for Peace and Development Advocacy (COPDA) – Liberia
29. Confédération des syndicats autonomes, Senegal (CSA)
30. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement
31. Consulenti, orientatori, formatori in rete, Italia (Cofir)
32. Education Coalition of South Africa, South Africa(ECSA)
33. Education For All Network, The Gambia
34. Equal Education Law Centre, South Africa (EELC)
35. EqualEducation, South Africa
36. Fédération Nationale des Associations de Parents d’Elèves au Maroc (FNAPEM)
37. Fédération Nationale des Associations de Parents d’Eleves et d’Edudiants, Senegal (FENAPES)
38. Forum for Education NGO’s in Uganda (FENU)
39. Foundation For Environmental Right, Advocacy & Development, Nigeria (FENRAD)
40. Foundation for the Conservation of the Earth (FOCONE)
41. Ghana National Education Campaign Coalition (GNECC)
42. Global Campaign for Education (GCE)
43. Global Network for Good Governance(GNGG Cameroon)
44. Global Rights, Nigeria
45. Groupe Pivot Education de Base, Mali
46. IBIS
47. Inclusive Development a International
48. Initiative for Social and Economic Rights (ISER)
49. Jamaa Resource Initiatives, Kenya
50. Kosovo Civil Society Consortium for Sustainable Development (KOSID)
51. Lumière Synergie pour le Développement
52. Maison des Mines du Kivu (MMKi)
53. Mouvement Anfass Démocratique, Morocco
54. Organisation Démocratique de l’Enseignement, Morocco (ODT)
55. Oxfam
56. Peace Point Action (PPA)
57. PREMICONGO
58. Privatisation in Education Research Initiative (PERI)
59. Public Interest Law Center, Chad (PILC)
60. RESULTS
61. Right to Education Forum, India
62. Right to Education Project (RTE)
63. Section27, South Africa
64. Syndicat Unique et Démocratique du Sénégal (SUDES)
65. Tanzania Education Network/Mtandao wa Elimu Tanzania (TEN/MET)
66. Wacam, Ghana
67. Zambia National Education Coalition

 

Fuente: Por Mandeep Tiwana | Articulo originalmente publicado en RightingFinance, de donde se reproduce con permiso | Traducción y revisión: #Contracorriente y María Mercedez Salgado

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El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2014 de CIVICUS, que se basa en los aportes de algunas de las principales voces de la sociedad civil en el mundo, advierte sobre los riesgos de que la gobernanza global esté determinada por intereses privados influyentes. Las grandes corporaciones transnacionales están yendo más allá de los ensayos de regulación que hacen las jurisdicciones nacionales. Muchos de los peores actos de represión contra la sociedad civil están en contra de activistas que buscan la justicia ambiental y la protección de los derechos a la tierra, en oposición a las poderosas industrias de la construcción, la agroindustria y las industrias extractivas, que se benefician de los favores del Estado.

El resentimiento contra las fuerzas del fundamentalismo de mercado también está dando lugar a una frustración profundamente arraigada ante la superposición y la connivencia entre las élites políticas y económicas. En casi todos los países del mundo, vemos una profusión de políticos/as con grandes intereses empresariales y a económicamente poderosos volviéndose hacia la política como una manera de proteger su riqueza. Las decisiones políticas tomadas en beneficio de los intereses económicos de la elite están generando protestas en todo el mundo, como se evidenció en Brasil, Turquía y Sudáfrica el año pasado. En comparación con su propia falta de voz, las y los manifestantes en estos países vieron que los intereses del sector privado gozan de acceso privilegiado a las y los responsables de la toma de decisiones. Vieron Estados abdicar de sus responsabilidades en favor de la externalización de los servicios básicos y la venta de elementos de la esfera pública a los intereses privados, mitigando consecuentemente las rendiciones de cuentas (accountability).

Como las contribuciones al informe de CIVICUS’ revelan, los grandes negocios están mirando cada vez más al sector público como una vía de obtención de ganancias. Particularmente, “alianzas entre múltiples grupos de interés” se está convirtiendo en la nueva frase escogida para disfrazar el aumento de la participación privada en actividades de desarrollo. Un argumento común es que el sector público es ineficiente, por lo tanto requiere eficiencia a través de la privatización. Esta línea de pensamiento presenta serios problemas.

En primer lugar, la idea de hacer el ajuste del sector público para cumplir su propósito a través de mejores mecanismos de gobernanza se desecha sin probarla adecuadamente. La suposición profundamente arraigada de que el sector privado aporta mayor eficiencia necesita ser analizada teniendo en cuenta los enormes márgenes de ganancias de las empresas privadas a costas de lo público.

En segundo lugar, transferir los servicios públicos a la esfera privada reduce el potencial de rendición de cuentas a ser ejercido por las ciudadanas y ciudadanos. Sectores de la esfera pública son de esta manera protegidos del escrutinio directo al tiempo que aumentan las posibilidades de corrupción. En tercer lugar, la alianza para la provisión de servicios fomenta la influencia de la élite en la política, lo que trabaja en última instancia en detrimento de los intereses de la mayoría. La posibilidad de acceso a información privilegiada que permite a los socios privados acceso directo a las y los formuladoras/es de políticas, es una receta para el nepotismo en la sociedad.

Finalmente, la reducción rápida del sector público que se encuentra en marcha con el propósito de dar cabida a los intereses privados equivale a una abdicación de la responsabilidad de Estado y, de hecho, a una traición del contrato social entre las ciudadanas/os y el Estado. Impuestos y otras formas de contribución financiera se pagan a los gobiernos en la expectativa de que los servicios esenciales de calidad serán proporcionados a las ciudadanas y ciudadanos a un costo razonable. Cuando estos se externalizan y se les permite convertirse en otra vía para obtener ganancias a favor de los intereses de la élite, habrá insatisfacción pública.

Mandeep Tiwana es el Director de Políticas e Investigación de la Alianza Global de la Sociedad Civil, CIVICUS. Este blog está basado en un análisis publicado anteriormente por Open Democracy.

Leslie Tettey, coordinador de coalición por el derecho a la educación de Gana, recuerda que “la educación es un bien público, no una mercancía”

Fuente: GI-ESCR

(Ginebra, Accra) – En una lista de temas publicada a fines de octubre, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC, por su acrónimo en inglés) demandó formalmente que el gobierno de Gana se explicara respecto a la creciente privatización de la educación en el país y el efecto que tiene sobre la realización del derecho a la educación para todas las personas.

Esta es una victoria para las organizaciones de la sociedad civil en Gana que han investigado los impactos perjudiciales de la multiplicación de escuelas privadas. Sylvain Aubry, investigador de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés) comentó:

“Escuelas privadas ‘de bajo coste’ son escuelas que afirman cobrar precios pagables y atender a las personas pobres. Sin embargo, la investigación en diversos países ha mostrado que sus valores no son pagables. En Gana, la mayoría de las familias tiene que sacrificarse para enviar sus niñas y niños a dichas escuelas, y en algunos casos necesitan gastar hasta un 40% de sus recursos con el envió de solo uno niño o niña a la escuela.”

El Comité sobre los Derechos del Niño es un organismo de la ONU, integrado por expertas/os internacionales responsables de monitorear la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como parte de su revisión sobre la implementación de la Convención por parte de Gana, apuntó diversos temas, que el gobierno tiene que responder por escrito hasta el 24 de marzo de 2015.

El CRC requirió al gobierno explicarse sobre ciertos temas que habían sido destacados en un informe sobre la privatización en la educación en Gana, que publicaron la Coalición Campaña de Educación de Gana (GNECC, por su acrónimo en inglés) y el GI-ESCR en agosto de 2014. En particular, el CRC demandó que Gana “provenga información detallada sobre las razones por detrás del aumento de la educación privada y la baja calidad de la educación pública, incluyendo la falta y el ausentismo de docentes en el Estado miembro, lo que limita el acceso a una educación de calidad para niñas y niños que no pueden pagar por la enseñanza en escuelas privadas”[Párrafo 14]. También demandó que Gana provenga datos desagregados sobre las niñas y niños que asisten a escuelas privadas.

Leslie Tettey, coordinador nacional del GNECC, celebró este importante desarrollo:

“El acceso a una educación de calidad no debe determinarse por la capacidad de pagar por ella. El rápido crecimiento de escuelas privadas, incluyendo las escuelas privadas e bajo coste, promoverá la segregación social, en perjuicio de las personas más marginadas. La educación es un bien público, no una mercancía. Las escuelas privadas pueden complementar la educación pública, mas no deben remplazarla”.

Esta es la segunda vez en pocos meses en que el CRC cuestiona el impacto de la privatización en la educación sobre el derecho a la educación, en seguimiento a las recomendaciones hechas a Marruecos en septiembre, para contrarrestar los efectos de la privatización sobre el derechos a la educación.

La GNECC y el GI-ESCR esperan ahora que el gobierno responda con precisión y transparencia a las cuestiones que le han sido sometidas y mantiene la expectativa de un examen completo de la privatización de la educación en Gana durante la revisión formal de ese Estado en junio de 2015.

Fuente: ACNUDH

NUEVA YORK/GINEBRA (27 de octubre de 2014) – “La educación no es un privilegio de los ricos y acomodados; es un derecho inalienable de cada niño y niña”, afirmó hoy el Relator Especial sobre el derecho a la Educación de Naciones Unidas, Kishore Singh, durante la presentación de su informe ante la Asamblea General de la ONU*.

“El crecimiento exponencial de la educación privada debe ser regulado por los gobiernos para garantizar la educación como un bien público”, señaló el experto en el foro global, advirtiendo que la rápida expansión de la educación privada está sustituyendo cada vez más a la educación pública, en lugar de complementarla.

“Los costos asociados a las escuelas privadas están exacerbando la desigualdad en las sociedad, ya que sectores pobres y marginados no pueden acudir a ellas” dijo Singh. “El Estado es a la vez garante y regulador de la educación, que es un derecho humano fundamental y una causa noble. Ofrecer educación básica gratuita no es sólo una obligación fundamental de los Estados, sino también es un imperativo moral”.

El informe de Singh abordó varias preocupaciones surgidas en términos de las obligaciones del Estado en la prestación del derecho a educación, así como del respeto a los principios de justicia social y equidad, que son básicos para el Sistema de las Naciones Unidas.

“Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”, comentó Singh.

El Relator Especial destacó que los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales a través de una regulación cuidadosa de las escuelas privadas, con una supervisión y aplicación diligente, en países en desarrollo donde el sistema público se ve sobrepasado y es incapaz de hacer frente a una demanda que crece rápidamente.

“No hacerlo ha resultado en que escuelas de bajo costo, pero con fines de lucro, tomen el dinero de los padres, pero a la vez sean incapaces de ofrecer una educación de calidad para sus hijos. Perversamente, esto lleva a los estudiantes pobres a una vida de aún más pobreza, a pesar de los mayores esfuerzos de sus padres”, expresó, llamando a los Estados a poner fin a las reformas educacionales impulsadas por el mercado, que proporcionan subsidios a la educación privada.

Singh advirtió que la privatización por definición es perjudicial para la educación como un bien público, y deteriora la misión humanista de la educación. “Debemos reconocer la importancia de preservar el interés social en la educación, y sostener la educación como un bien público”, afirmó.

“Esto es de gran importancia para fomentar el valor humanístico de la educación para el bien común. Debe ser una preocupación central en la regulación de los proveedores privados de educación, para que el interés social de la educación no sea sacrificado en aras del beneficio privado”, enfatizó el experto en derechos humanos.

“En conjunto con regulaciones gubernamentales y mecanismos de derechos humanos, los reguladores, la sociedad civil, los padres y los estudiantes deben tener el derecho legal de declarar cualquier abuso cometido por estas escuelas en las cortes y tribunales”, dijo el Relator.

Singh señaló que los parlamentarios desempeñan un papel crucial en promover el derecho a la educación, a través de la aprobación de leyes y la estimulación del debate público, centrado en preservar la educación como un bien público, y garantizando que la educación con fines de lucro esté prohibida”.

“Reitero mi llamado a todos los gobiernos, a que cumplan con su obligación de ofrecer educación primaria de calidad y gratuita para todos y todas, y a que reconozcan los grandes beneficios que reportan sus economías y sociedades cuando la educación pública se pone a disposición para todos y todas, en todos los niveles”, puntualizó el Relator Especial en la Asamblea General de la ONU.

(*) Revise el informe completo (A/69/402): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/AnnualReports.aspx

FIN

Kishore Singh (India), el Relator Especial sobre el derecho a la educación desde agosto de 2010, es un profesor especializado en derecho internacional, que ha trabajado durante muchos años con la UNESCO para la promoción del derecho a la educación, y ha asesorado a varios organismos internacionales, regionales e internacionales sobre asuntos vinculados al derecho a la educación. Durante su carrera, Singh ha apoyado el desarrollo del derecho a la educación en sus múltiples dimensiones y ha trabajado para promover un mejor entendimiento de este derecho como un derecho internacionalmente reconocido. Para saber más, visite:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx

Fuente: BioBioChile | Publicado por: Christian Leal

Mientras en Chile continúa el debate respecto de si se debe permitir -y en qué medida- el lucro en la educación, en Alemania ya tienen claro el panorama. Esto porque a principios de octubre, el estado germano de Baja Sajonia fue el último en abolir los pagos a instituciones públicas de educación superior, declarando la gratuidad universitaria en todo su territorio.

La medida beneficia también a los estudiantes extranjeros, por lo que -efectivamente- si viajaras a Alemania podrías estudiar sin ningún costo (fuera del pasaje y tu mantención).

El nuevo estátus no es una novedad para los teutones. Según explica el diario británico The Independent, las universidades en Alemania habían sido tradicionalmente gratuitas hasta que en 2006, un fallo judicial abrió la posibilidad a que algunos planteles pudieran cobrar, tras asegurar que esto no era contrario a la garantía de educación universal.

Sin embargo los cobros, que oscilaban entre los 500 a 650 euros semestrales (380 a 490 mil pesos chilenos), se hicieron tan impopulares que las casas de estudios pronto los abandonaron. Baja Sajonia era la última que los mantenía, destaca el medio de economía estadounidense, Business Insider.

Gabrielle Heinen-Kjajic, ministra para la Ciencia y la Cultura de Baja Sajonia, indicó que la decisión se había tomado porque “no queremos que la educación superior dependa del nivel de ingreso de los padres”.

De igual forma Dorothee Stapelfeldt, integrante de la comisión de Ciencias del Senado, aseguró que “el cobro de una cuota desincentiva a los jóvenes que provienen de familias con padres que no son profesionales, a continuar sus estudios”.

“Es una tarea prioritaria para los políticos el asegurarnos de que los jóvenes puedan acceder a una educación de la más alta calidad y sin costo en Alemania”, añadió.

El financiamiento del sistema educativo alemán también contrasta con el chileno en torno a su origen. Esto porque mientras los chilenos pagamos cerca del 21% de nuestro producto interno bruto en impuestos, los alemanes prácticamente duplican sus aportes llegando al 40%, según cifras de la Heritage Foundation recogidos en 2012.

Fuente: El Mostrador, vía Foro por el Derecho a la Educación

Entre los casos más críticos está la comuna de Alto Hospicio, cuya matrícula municipal [pública] es de un 3,4%, y en la RM la Cisterna, con 11,2%, y La Pintana, con un 19,2%.

“La educación pública no hay que fortalecerla, hay que recuperarla”. Bajo esta consigna se presentaron este martes los resultados de un estudio sobre el financiamiento de la educación pública chilena, realizado por la Fundación SOL, el Foro por el Derecho a la Educación, El Observatorio Chileno de Políticas Educativas y la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta.

La investigación arrojó que si se consideran estándares ajustados a derecho en donde disminuyan los estudiantes por curso, aumenten los sueldos del personal docente y no docente, así como también las horas no lectivas, los recursos que se dedican a la educación pública, sólo por este ítem, deberían aumentar más de un 50%.

Los resultados del trabajo, aplicado en la comuna de San Joaquín, fueron presentados en el marco del seminario Propuestas para Reconstruir la Educación Pública y apuntan principalmente a la necesidad de reemplazar el financiamiento por alumno por un financiamiento basal que garantice las necesidades de cada comunidad educativa. “No basta con elevar el financiamiento, es importante ver cómo se gestionan y administran esos recursos”, explicó Juan González, representante del Centro Alerta.

“TERREMOTO NEOLIBERAL EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA”

A Chile le queda solo un 37,5% de educación pública, la que ha ido disminuyendo progresivamente desde 1981, donde había un 78% de matrícula municipal. Entre los casos más críticos está la comuna de Alto Hospicio, cuya matrícula municipal es de un 3,4%, y en la RM la Cisterna, con 11,2%, y La Pintana, con un 19,2%.

Esta realidad contrasta con la situación de los países de la OECD, con quienes solemos compararnos, en donde la educación pública en promedio es de un 81,7%. Hoy en día se asiste a un verdadero “terremoto neoliberal en la educación pública”, señaló González.

Por su parte, Marco Kremerman, economista de la Fundación SOL, destacó que el adecuado financiamiento ocupa un rol central en garantizar una educación desmercantilizada y gratuita: “Hoy en día estamos presos del mercado de la educación. La escuela tiene que adaptarse al sistema de financiamiento y no es el financiamiento el que se adapta a la escuela, como debiera de esperarse”.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La propuesta además, enfatiza la importancia de fortalecer la participación de la comunidad en el reconocimiento y superación de los problemas de su entorno.

En la actividad estuvieron presentes diversos representantes de la comunidad educativa, entre ellos Yorma Alcaraz, representante del Colegio de Profesores de Rancagua, quien determinó que existe una pérdida de confianza entre los profesores de una misma escuela, “tenemos recreos diferidos, no nos vemos nunca. Tampoco tenemos espacios para debatir en comunidad”.

Por su parte, desde la organización de Padres Movilizados del Instituto Nacional, se hizo énfasis en la necesidad de cambiarles el sentido a los centros de padres: “Hoy son meros recaudadores de dinero, pero no hay discusión sobre la reforma, por ejemplo”.

La actividad concluyó con un taller participativo en el que se discutieron las propuestas de financiamiento, identificando líneas de acción y mejora.

El documento de la propuesta está disponible aquí.

Naciones Unidas han denunciado el desarrollo acelerado y sin regulación del sector privado de educación, que refuerza las desigualdades respecto al derecho a la educación en Marruecos

Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente

“La educación privada se viene desarrollando muy rápidamente, en particular en el nivel primario, sin la supervisión necesaria con relación a las condiciones de matrícula y la calidad de la educación que se ofrece, lo que condujo para reforzar las desigualdades en el gozo del derecho a la educación”, declaró el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por su acrónimo en inglés) el día 24 de septiembre. El Comité de expertos, que monitorea la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Marruecos en 1993), publicó sus recomendaciones escritas en esta fecha, en seguimiento a la revisión del país, realizada el día 3 de septiembre.

“Este es un mensaje de gran fuerza del Comité sobre los Derechos del Niño. Conecta claramente la educación privada a las desigualdades y por lo tanto a la discriminación. El CRC indica que la decisión del Marruecos de permitir la desigualdad y la segregación en el sistema educacional a través de la privatización va en contra de los estándares de derechos humanos. Esto demuestra que el crecimiento de la educación privada, en Marruecos y en los muchos otros países donde esto viene teniendo lugar, puede ser cuestionado bajo la ley internacional de derechos humanos” dijo Sylvain Aubry, el investigador del derecho a la educación de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés).

El Comité también demandó, en sus recomendaciones escritas, que el gobierno Marroquí “maneje y resuelva las consecuencias del rápido desarrollo de la educación privada […] y garantice que las maestras y maestros del sector público aporten a la mejora de la educación en el Marruecos, en vez de ser usados por el sector privado”.

Khadija Yamllahi, miembro del comité directivo de la Coalición Marroquí sobre la Educación Para Todos (CMEPT, por su acrónimo en inglés) y miembro del Grupo Parlamentario sobre Educación en el Marruecos resumió la posición de la coalición, que representa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil: “El Comité afirmó claramente que todas las personas en el Marruecos tienen el derecho a una educación gratuita, de calidad y pública, y es simplemente ilegal e inaceptable que muchas familias sean forzadas a hacer sacrificios financieros para enviar sus niñas/os a escuelas privadas por la sola razón de que las escuelas públicas cerca de sus casas son de baja calidad. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos tanto para garantizar que las escuelas públicas ofrezcan lo que las familias tiene derecho de esperar, como para regular efectivamente las escuelas privadas, muchas de las cuales abusan de su posición de fuerza”.

El GI-ESCR y la CMEPT publicaron una serie de informes en los últimos 10 meses, analizando el impacto de la privatización en la educación para el derecho a la educación en el Marruecos. Estos informes condujeran a que el CRC cuestionara a representantes del gobierno marroquí durante el examen del Estado en el 3 de septiembre, en particular después que la jefe de la delegación dijo al Comité que el gobierno desea “promover la libre competición entre escuelas”.

La Sra. Yamllahi y el Sr. Aubry hicieron reflexiones sobre los próximos pasos: “Estas recomendaciones le dan a la sociedad marroquí herramientas consistentes de incidencia para engancharse en esta problemática. Lo que necesitamos verdaderamente, en Marruecos y otros países, es de un debate abierto y transparente sobre el futuro del sistema educativo y el papel de la educación privada. Como muchos países en desarrollo, el Marruecos está caminando rápidamente hacia un modelo donde la educación es ampliamente regulada por el mercado, similar al de Chile, y la experiencia ha demostrando que tales modelos son altamente discriminatorios e ineficientes. No creemos que tal movimiento sea el deseo de la sociedad marroquí. Ahora tenemos la confirmación de la ONU de que es probable que en algunas circunstancias el impacto de la privatización en la educación constituya una violación de los estándares de derechos humanos”.

El GI-ESCR, junto con muchos otros aliados, empezó recientemente un proyecto de investigación de 18 meses en siete países, con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI) del Programa de Apoyo a la Educación de Open Society Foundations, para explorar el tema de la aplicación de los estándares de derechos humanos ante la privatización de la educación. Este proyecto viene en un contexto de crecimiento muy veloz, en los últimos años, de escuelas privadas, con ánimo de lucro y que cobran tasas, lo que está cambiando muy rápidamente los sistemas educativos y minando los la igualdad de derechos y la cohesión social en muchos países en desarrollo. Las observaciones conclusivas sobre el Marruecos lanzadas por el CRC son un paso importante hacia el avanzo de una respuesta basada en los derechos humanos a este fenómeno reciente.

Documentos:

Para una representación visual de los informes del GI-ESCR, haz clic en: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/05/Visual-privatisation-in-education-in-Morocco.pdf

El último informe del GI-ESCR sobre la privatización de la educación en el Marruecos está disponible en: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/08/Supplementary-report-reaction-to-the-responses-of-the-government-of-Morocco-July-2014_eng-Final.pdf