Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) expresan su preocupación por la tendencia creciente a la privatización y su potencial de generar discriminación, segregación y violaciones del derecho a la educación en Chile, Uganda y Gana. En el proceso relativo a Chile, el Foro por el Derecho a la Educación y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se sumaron a las actividades de incidencia lideradas por la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Proyecto Derecho a la Educación y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI), que incluyeron la producción de un informe de la sociedad civil. [Sepa más aquí]
Fuente: GI-ESCR | For English, click here
Foto: Caro Brown
(Ginebra, 24 de Junio de 2015) Dos organismos de expertas/os en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) emitieron declaraciones sin precedientes esta semana, llamando la atención al crecimiento y los efectos de la privatización de la educación en Ghana, Chile y Uganda, y formularon fuertes recomendaciones para hacer frente a dicha cuestión.
Las observaciones finales de los organismos de expertas/os muestran un panorama sombrío de la evolución de los sistemas educativos de estos países en los últimos años. Confirman que una rápida tendencia a la privatización no regulada en la educación se lleva a cabo en muchos países, en particular los de ingresos más bajos, lo que en varios casos culmina en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
En Ghana, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC) expresó su preocupación de que “la educación privada se está desarrollando muy rápidamente, sin la supervisión necesaria de las condiciones de matrícula, de la calidad de la educación proporcionada, y de la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos para la educación”.
En Uganda, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) expresó su preocupación por el “ensanchamiento de la brecha en el acceso a una educación de calidad que resulta del incremento en la provisión de la educación privada y afecta desproporcionadamente a las niñas y niños de familias de bajos ingresos”.
El CDESC llegó a describir el sistema de educación en Chile, que es uno de los más privatizados del mundo, como responsable por “la segregación y la discriminación por razones socioeconómicas”.
Ian Macpherson, que representa la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI) reaccionó: “Junto con varias organizaciones, incluyendo la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés), el Proyecto Derecho a la Educación (RTE, por su acrónimo en inglés), y otros aliados en los respectivos países, desde el año pasado hemos estado documentando el impacto perjudicial y negativo que el crecimiento de los proveedores privados de educación viene teniendo en los derechos económicos y sociales, y es crucial que el mandato de las y los expertas/os en derechos humanos de la ONU esté reconociendo y actuando en ese tema”.
En el análisis de Uganda, el CDESC ha recordado que “los Estados asuman la responsabilidad principal de la prestación de una educación de calidad para todos los niños y niñas” y recomendó que Uganda “fortalezca las regulaciones y amplíe los mecanismos de vigilancia y supervisión de las instituciones de educación privada”.
En Chile, el CDESC reconoció que el Gobierno condujo reformas actualmente en curso, y además recomiendó que él “Tome las medidas necesarias para eliminar las agudas disparidades que existen actualmente en la calidad de la educación entre las escuelas privadas, subvencionadas y públicas, asegurando también que todos los centros educativos cuenten con una infraestructura adecuada y personal docente debidamente capacitado”.
Sylvain Aubry, de la GI-ESCR, insistió: “Estos resultados del CRC y del CESCR son indicativos del daño demasiado causado a menudo por la privatización de la educación. El reconocimiento por parte de expertos/as internacionales de que la privatización en la educación crea la segregación socio-económica, como en Chile, y de que los Estados tienen la obligación legal de proporcionar una educación de calidad, así como de evaluar y abordar las consecuencias de esta privatización, son un importante paso adelante en la reconsideración del papel de los actores privados en la educación en el marco de los derechos humanos.
Delphine Dorsi, desde el Proyecto Derecho a la Educación también destacó: “La publicación de estos resultados es muy oportuna, ya que el Consejo de Derechos Humanos está discutiendo actualmente el último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, el Sr. Singh, que analiza la tendencia a la comercialización de la educación, y cómo cada vez se viene promoviendo el sector privado como una solución en las actuales negociaciones sobre los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que los Estados se basen en estos análisis para detener la promoción de la privatización en la educación y regular a los proveedores privados, de acuerdo con las normas de derechos humanos”.
Todos los hallazgos de los últimos organismos de expertos/as de la ONU están disponibles en un documento publicado por la GI-ESCR, que resume las principales observaciones finales recientes de los organismos de monitoreo de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, respecto a la privatización de la educación.