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Mundo: Avanzan las acciones para fortalecer la educación pública, en detrimento de las escuelas privadas de bajo costo

La Comisión Africana sobre los Derechos Humanos cuestionó al gobierno de Kenia por su apoyo a los centros privados Bridge International Academies

Foto: Aaron Knox

Foto: Aaron Knox

Una controversia que no estado tan visible para la opinión pública gana fuerza en ámbito global. El apoyo de gobiernos, de empresarios y de la cooperación internacional a las llamadas escuelas privadas de bajo costo es el meollo de esta querella. Esto porque dichas escuelas, cuya misión es ofrecer “educación pagada” a personas vulnerables socioeconómicamente, en países en desarrollo, han recibido el apoyo de distintos gobiernos, del Banco Mundial, del BID y de empresarios de gran influencia internacional, así como de la cooperación británica para el desarrollo, y gracias a ellos se han promovido como solución para garantizar el cumplimiento de los índices y metas de educación mínimos establecidos por los acuerdos internacionales.

Dichos intereses se contraponen a los de representantes de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos de la ONU que, con el respaldo de investigaciones académicas recientes, han demostrado y reafirmado que las escuelas privadas de bajo costo violan al derecho humano a la educación y que los Estados deben invertir en educación pública y gratuita, de calidad, para todas las personas. El Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por ejemplo, han instado a los gobiernos de Gana y Uganda a explicarse sobre su apoyo a las escuelas privadas de bajo costo. El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Kishore Singh, también se ha pronunciado un sinnúmero de veces, cuestionando el papel de dichas escuelas frente a los derechos humanos.

Resueltamente, se trata de una controversia que exhibe el impacto profundo de la privatización dentro del campo educativo en el derecho humano a la educación: mientras se promueven modelos escolares basados en la idea de ofrecer una educación “pagada” (de bajo costo), se deja de fortalecer la educación gratuita para todas las personas. Los problemas de las escuelas privadas de bajo costo no terminan ahí: ha sido comprobada la baja calidad de la enseñanza en esos centros, el hecho de que promueven segregación y discriminación y de que violan los derechos de docentes. En resumen, son escuelas incompatibles con el derecho humano a la educación, que prevé justamente que toda persona tiene derecho a recibir educación pública, gratuita y de calidad, sin discriminación de ningún tipo.

De toda manera, los defensores/as de las escuelas privadas de bajo costo han respondido a las/os que promueven la educación como un derecho humano. En noticia publicada el 11 de noviembre de 2015 en el periódico Business Daily, se critica la declaración conjunta firmada en mayo por 116 organizaciones de la sociedad civil, en la que pedían que el Banco Mundial retirase sus inversiones de las escuelas privadas de bajo costo. El texto del Business Daily manifiesta preocupación por el futuro de las Bridge Academies, una cadena de escuelas de ese tipo en Kenia que recibió inversiones masivas de instituciones como el Banco Mundial a través de su Corporación Financiera Internacional, de la Corporación de Desarrollo del Commonwealth, de la red Omidyar, de Mark Zuckerberg (el creador de Facebook) y Bill Gates (el creador de Microsoft).

De acuerdo a otra noticia publicada por el mismo periódico en septiembre de 2015, el gobierno británico invirtió US$ 6 millones en las escuelas privadas de bajo costo a través de su oficina para el desarrollo financiero. Dicha oficina, el CDC, está en la lista de los mayores financiadores de Bridge Academies, que también reciben el apoyo del banco Goldman Sachs.

 

Las escuelas privadas de bajo costo han recibido respuestas tímidas de los gobiernos. La nota de Daily News es una reacción a la decisión del Ministerio de Educación de Kenia de frenar la expansión de estas escuelas, a fin de resolver problemas de reglamentación a la luz del Acto de Educación Básica, de 2013. En Kenia, la existencia de Bridge Academies generó un problema de definición de las atribuciones de las llamadas escuelas no formales: si bien estas escuelas están acreditadas así, en realidad se les deja ofrecer educación formal. Así es que, en septiembre, el Ministerio frenó los planos de apertura de 100 nuevas escuelas en 2015.

 

Mientras tanto, la sociedad civil reacciona. Gracias a un informe que un grupo de organizaciones presentó ante la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, este organismo cuestionó al gobierno de Kenia por su apoyo ostensivo a Bridge International Academies [oiga aquí, en inglés]. Frente a ello, el gobierno de Kenia tendrá que responder a algunas cuestiones, a saber:

 

  • ¿Por qué las cadenas de escuelas privadas como Bridge International Academies están acreditadas como escuelas no-formales, si ellas parecen ofrecer educación formal?
  • ¿Como el Estado inspecciona, monitorea y evalúa la implementación de educación básica por escuelas privadas no formales, para garantizar que ellas cumplan la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿El Ministerio de la Educación está bien provisto en materia de información y capacidad técnica para llevar adelante esta función?
  • Si el gobierno tiene la intención de remplazar progresivamente la educación no formal por la formal, ¿por qué apoya continuamente a las escuelas no formales sin un plan para que se las conduzca a la formalización? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los planes del gobierno para poner fin a la educación no formal y cómo tal intención se concreta en leyes y políticas?
  • ¿Qué pasos se están dando para garantizar que la educación primaria pública se fortalezca para llegar a los grupos marginados, como los asentamientos informales, y para garantizar que la educación pública sea gratuita y de buena calidad, para evitar que se fuerce a las madres y padres a tener que recurrir a escuelas privadas? Específicamente, ¿el gobierno tiene planes de asignar recursos para mejorar el acceso y calidad de la educación pública en los asentamientos informales?

Es un primer e importante paso rumbo al fortalecimiento de la educación pública y gratuita para todas las personas en ese país. Seguiremos acompañando las noticias y difundiéndolas.

Argentina: Proyecto de ley en el Congreso podrá elevar presupuesto educativo al 8% del PIB

Numerosas organizaciones sociales, entre ellas CTERA y la Fundación SES, en representación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, incidieron para que la diputada nacional Adriana Puiggrós presentara esta propuesta al parlamento

11 de noviembre de 2015

Foto: Sarmale/Olga

Foto: Sarmale/Olga

La diputada nacional Adriana Puiggrós, del Frente para la Victoria, presentó al Congreso de la Nación Argentina el proyecto de la Nueva Ley de Financiamiento Educativo, propuesta que se formuló en conjunto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y numerosas organizaciones sociales que incidieron para que se presentara esta propuesta al parlamento, entre ellas, el Grupo de Monitoreo para el Financiamiento Educativo, del que participa la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), a través de la Fundación SES. Este grupo, hace más de tres años, le ha dado seguimiento a la necesidad de contar con una nueva ley que garantice un piso actualizado de financiamiento de la educación, para garantizar las actuales exigencias educativas y sociales respecto a la Educación para Todas y Todos en Argentina.

“Para nosotros es una gran alegría porque hace más de tres años que venimos luchando para que el Congreso de la Nación y otros sectores aprueben una nueva Ley que garantice el presupuesto educativo, piso básico para cualquier mejora que pretendamos lograr en nuestro país”, afirma Alberto Croce, coordinador nacional de la CADE.

El proyecto de la nueva Ley de Financiamiento Educativo pide que se aumente acumulativamente el gasto en educación obligatoria del Gobierno Nacional, llegando al 8% del PIB para la Educación Básica y el 2% para Educación Superior, Ciencia y Tecnología hasta el 2021. La ley actual, cuyos plazos y metas caducaron, permitió que Argentina llevara el presupuesto educativo al 6% del PBI, con cerca de 5,5% destinado a Educación Básica y el 0,5% dedicado a Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

La nueva propuesta además determina como obligaciones del Estado: garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria para todos/as los/as niños, niñas y jóvenes; asegurar la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidades; promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza; lograr que adolescentes y jóvenes no escolarizadas/os ingresen o se reincorporen a la educación secundaria; erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y propender al fortalecimiento y expansión de la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema; mejorar las condiciones de enseñanza, laborales y salariales de las y los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de su carrera docente y el mejoramiento de la calidad en su formación. [Descargue aquí el proyecto de ley completo].

Elección presidencial – En el actual momento de campaña electoral para la presidencia del país, el debate sobre la renovación de los compromisos del Estado con el financiamiento educativo ha exigido de los candidatos favoritos que se posicionen sobre las inversiones públicas en educación. Daniel Scioli ha dicho que quiere llegar a un presupuesto del 7% para la educación básica y el 1% para Educación Superior, Ciencia y Tecnología, mientras Mauricio Macri no se ha expedido respecto a este tema. “Estamos contentos de que, en el marco del gran debate que tiene hoy la sociedad argentina, los candidatos deban tomar postura al respecto de qué piensan y qué quieren para la educación de nuestro pueblo. Es un momento de definiciones para estas cuestiones tan importantes para todos y todas los/as argentinos/as”, afirma Croce.

Argentina: Eliminan el examen de ingreso a las universidades

El Senado sancionó la reforma de la Ley de Educación Superior, que establece el acceso a la universidad como “libre e irrestricto” y garantiza la gratuidad de la educación superior pública

Fuente: Con informaciones de La Nación

Foto: Ministerio de la Cultura/Argentina

Foto: Ministerio de la Cultura/Argentina

La reforma a la Ley de Educación Superior (LES) sancionada el 28 de octubre de 2015 en el Senado de Argentina pone fin a la exigencia de exámenes de ingreso a la universidad y garantiza la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones públicas.

Los dos principales artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, modificados por el proyecto presentado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós son el segundo, sobre la gratuidad de la educación universitaria, y el séptimo, sobre los “exámenes eliminatorios”.

En cuanto a este último, la norma – que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados en 2013- establece el acceso a la universidad como “libre e irrestricto”, es decir que se prohibirán los “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.

“Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”, dice el artículo 7º.

Por otro lado, en el artículo 2° queda explicitado que “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas”.

A su vez, garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales.

Además, el artículo establece la “prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa” sobre las carreras de grado en las universidades públicas.

Por otro lado, por la nueva ley, cada universidad podrá definir los requisitos que deben cumplir las y los estudiantes para ingresar formalmente al centro educativo. Hasta ahora, en las universidades con menos de 50.000 alumnos, debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos.

Para Alberto Croce, coordinador de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, se trata de un importante logro de la educación pública del país. “A partir de ahora, las Universidades Públicas podrán implementar otro tipo de mecanismo de ‘ingreso a la universidad’, como cursos de nivelación, introducción a las disciplinas universitarias, entre otros. Pero, ya no más exámenes”, afirma.

En entrevista a Nodal Universidad, la diputada Adriana Puiggros, afirmó que hay cuestiones muy concretas que hicieron necesario cambiar la Ley de Educación, como evitar que se cobre tasa de contribución o arancel por los estudios universitarios y reafirmar la responsabilidad del Estado respecto a esta etapa educativa. “La otra, está contemplada en el artículo 3º, que dice que las instituciones de educación superior estatales no podrán suscribir acuerdos, públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o alienten ofertas de mercantilización. Uno de los grandes problemas acá y en el mundo es que el mercado ha descubierto en la educación un enorme negocio”, añadió.

Lea la entrevista completa aquí.

Experto finlandés es categórico: “La educación debe ser gratis porque es un derecho humano”

El especialista nórdico en educación sostiene que una de las características del sistema educativo finlandés es que está basado en una cultura de la confianza. “Las autoridades educativas y los responsables de las políticas a nivel nacional confían en los profesores, quienes saben, junto a directores y apoderados, cómo entregar la mejor educación a los niños y adolescentes en un determinado distrito”, explica.

El experto en educación Jari Lavonen. Foto: El Mostrador

El experto en educación Jari Lavonen. Foto: El Mostrador

Por Marco Fajardo | Fuente: El Mostrador

Un destacado finlandés experto en educación, Jari Lavonen, será parte de la 35ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA 2015), que comienza hoy con importantes invitados de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, los países invitados de honor, y fuerte presencia de autores latinoamericanos.

Programada del 22 de octubre al 8 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, entre el centenar de autores invitados este año además destaca la visita de aquellos provenientes de 12 países de la región, como María Negroni, Claudia Piñeiro y Federico Falco (Argentina), Gabriela Wiener e Iván Thays (Perú), William Ospina (Colombia), Óscar Martínez (El Salvador), el ilustrador Bernardo Fernández (México), y los brasileños Luiz Ruffato y Marçal Aquino.

En tanto, los nórdicos no solo llegan con literatos sino también con una fuerte presencia de expertos en educación y fomento lector, pilares de los sistemas de enseñanza por los que son conocidos internacionalmente.

Es el caso del finlandés Jari Lavonen, autor de más de 200 textos enfocados en ciencias y el uso de tecnologías de información en educación, y la sueca Cajsa Gustavsson, con amplia experiencia en nuevas técnicas para estimular la lectura. Lavonen estará el sábado 24 [de octubre de 2015] a las 20:30 horas con la charla “Innovación y nuevas tecnologías en la educación”.

Visita de actualidad

Este profesional finlandés ha trabajado toda su vida en torno a la educación, desde las ciencias y tecnología, desarrollando varios cursos de capacitación en ciencias y tecnología. Desde 2003 es profesor de Educación en Ciencias y Director del Departamento de Pedagogía en la Universidad de Helsinki. Sus principales temas de investigación han sido la enseñanza de las ciencias y el uso de tecnologías de información en educación.

Ha publicado, junto a otros investigadores, 142 papers en revistas y libros universitarios, más de un centenar de otros artículos y casi 200 libros en Ciencias. Ha sido director (investigador principal) en 18 proyectos de investigación con fondos externos y ha supervisado unas 20 tesis de doctorado. Su carrera incluye numerosas colaboraciones internacionales, entre ellas reformas docentes en Perú, Noruega, Malta y Sudáfrica, organizando programas de doctorado en Noruega, y para graduados en Finlandia, Alemania, Suecia, Estonia y Holanda.

Su visita es de enorme actualidad en un momento en que Chile discute temas como la gratuidad en la educación, la formación de profesores y la carrera docente

Por qué la educación debe ser gratis

En cuanto al primer tema, por ejemplo, Lavonen no tiene dudas: la educación debe ser gratuita.

“Hay muchas razones. Primero, la educación es parte de los derechos humanos”. En el caso de su país, Finlandia, se trata de un valor nacional muy fundamental.

“Segundo, solo somos cinco millones de personas y nuestra sociedad los necesita a todos: todos requieren una buena educación para funcionar en las complejas situaciones diarias futuras”, dice.

En tercer lugar, apunta a que no hay muchos tipos de trabajos rutinarios disponibles. “Uno necesita las así llamadas competencias del siglo XXI, especialmente para aprendizaje a largo plazo. Debes ser capaz de aprender nuevas competencias en tu vida diaria y situaciones laborales”.

“En cuarto lugar, crecimiento económico y educación van de la mano. Una sociedad basada en el conocimiento necesita gente educada”, afirma.

Secreto finlandés

Finlandia ha sido citada constantemente como ejemplo. Hace cuarenta años comenzó a invertir masivamente en educación. Gracias a ello, encabezó en 2000, 2003 y 2006 las pruebas PISA, que comparan el desempeño en matemática, ciencia y lectura de medio millón de alumnos de 15 años en 65 países y son realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Cuál es el secreto de su éxito? Lavonen cita a varios investigadores compatriotas suyos para apuntar a factores como la filosofía y práctica pedagógica, así como a la dura experiencia del país durante las dos guerras mundiales.

“En primer lugar, la igualdad educacional es lo más esencial de la política educativa finlandesa”, explica. “Según esta política, los estudiantes deben tener las mismas posibilidades para aprender, y por eso la educación es gratuita, incluidos los libros, la comida y la salud. Una consecuencia importante de esta política de igualdad es una educación especial efectiva. Su objetivo es impedir que los estudiantes abandonen y apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes”, detalla.

Para Lavonen, los profesores no deben considerar a los estudiantes de sus clases como una sola entidad, sino ajustar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante.

Otra característica de la educación finlandesa es una cultura de la confianza. “Las autoridades educativas y los responsables de las políticas a nivel nacional confían en los profesores, quienes saben, junto a directores y apoderados, cómo entregar la mejor educación a los niños y adolescentes en un determinado distrito”.

Un sistema donde la selección no existe y el objetivo es que la escuela esté lo más cerca del hogar del alumno, y donde en las áreas rurales se provee un sistema de transporte gratuito para los estudiantes.

La importancia del maestro

Las escuelas y los maestros han sido responsables de elegir el material de enseñanza y los métodos de estudios desde comienzos de los años 90, cuando se acabó con la designación a nivel nacional. “Los profesores son valorados como profesionales en el desarrollo del currículum, la enseñanza y la evaluación en todos los niveles”, agrega. “La profesión docente siempre ha gozado de gran respeto y aprecio en Finlandia”, asegura.

La profesionalización de los maestros también ha sido nombrado como elemento fundamental. En 1974 la docencia se convirtió en una carrera de cinco años. “Desde el comienzo el objetivo de la educación docente ha sido educar profesores cuya experticia es de alto nivel y, por lo tanto, asegura que sean capaces de una planificación profesional, colaborativa y autónoma, implementando y evaluando su propio trabajo, incluida la planificación del currículum a nivel local”.

“Con todo, los maestros finlandeses son considerados profesionales. Tienen una base de conocimiento profunda y versátil. Colaboran con otros maestros y son considerados profesionales académicos, capaces de planear, implementar y evaluar la enseñanza que imparten y el aprendizaje de sus alumnos”, puntualiza.

Ciencia es clave

Como especialista en ciencia, Lavonen además destaca la importancia de enseñar esta disciplina en la escuela.

“La ciencia es un importante sujeto escolar desde el punto de vista de las necesidades individuales y también del progreso tecnológico y el crecimiento económico”, señala.

Para Lavonen, una persona debe ser científicamente alfabetizada para comprender las estructuras del mundo, los ecosistemas, la evolución” y poder, así, manejarse en un mundo moderno. “Por ejemplo, los temas de salud y medio ambiente son importantes para todos. Una ciudadanía responsable es uno de los objetivos centrales de la educación en ciencia”, añade.

“Nuestra sociedad, industria tecnológica y autoridades necesitan conocimiento científico para apoyar el avance en ciencia, tecnología, medicina, etcétera”, remata.

Lavonen resalta que la enseñanza de la ciencia ya puede comenzar en el jardín infantil. “Tengo una estudiante de doctorado que ha organizado clubes de ciencia para niños de kindergarten. Combina actividades de juego de rol y juego con las actividades. Por ejemplo, analizando las propiedades del hielo”, apunta.

Brasil: Governo do Amapá é obrigado a acabar com terceirização na educação

Justiça determinou que o estado não efetue contratações de pessoal por meio de Caixas Escolares e Unidades Descentralizadas de Execução

Fonte: Rede Brasil Atual

Foto: Arquivo EBC

Foto: Arquivo EBC

São Paulo – O Ministério Público do Trabalho (MPT) obteve na Justiça a proibição do governo do Estado do Amapá de contratar trabalhadores na área da educação por meio de Caixas Escolares, Unidades Descentralizadas de Execução (UDE) ou organização similar. Na ação de execução, o MPT requer ainda o pagamento de R$ 22,2 milhões em multas. O processo foi ajuizado devido ao descumprimento de termo de ajuste de conduta (TAC) assinado pelo Amapá para substituir os terceirizados por servidores concursados.

De acordo com a decisão da 5ª Vara do Trabalho de Macapá, o estado terá de rescindir todos os contratos firmados com trabalhadores nessas condições, especialmente aqueles que exercem a função de vigia, merendeiro, servente, auxiliar operacional de serviços diversos e operador de piscina.

A ilegalidade do estado consiste na violação do princípio constitucional do concurso público, contratando mão de obra subordinada aos órgãos públicos e entes da administração para execução de atividade-fim. Pesam contra o governo inúmeras sentenças em ações trabalhistas individuais, as quais comprovam a irregularidade na contratação de pessoal via Caixa Escolar/UDE, tornando as admissões nulas.

Caso não cesse as contratações via Caixas Escolares e Unidades Descentralizadas de Execução até o dia 13 de janeiro do próximo ano, o estado deverá pagar multa de R$ 50 mil por item descumprido, acrescido de R$ 10 mil por trabalhador encontrado em situação irregular.

De acordo com o portal Agência Educa Brasil, as Caixas Escolares são instituições jurídicas de direito privado que atuam como unidades financeiras executoras dos recursos financeiros escolares provenientes da União, estados e municípios, bem como os valores arrecadados pelas instituições de ensino. Esse modelo de gestão descentralizada ganhou força na década de 1990, quando o Ministério da Educação, baseado no princípio da escola autônoma, passou a transferir os recursos diretamente às unidades escolares.

Histórico
Há pouco mais de dois anos, o governo do Amapá firmou TAC com o MPT para sanar irregularidades nos contratos relacionados à educação. Além da abstenção de contratar pessoas via Caixas Escolares e UDEs, o estado deveria nomear servidores públicos devidamente aprovados em concurso, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.

O TAC ainda previa a contratação de servidores temporários em caráter de excepcional interesse público e a não terceirização da atividade-fim da administração. As audiências administrativas, no entanto, comprovaram o descumprimento do acordo, levando à execução do termo. O documento foi assinado por representantes do Estado e das Secretarias de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro, do Desporto e Lazer e da Educação.

Em outubro de 2013, seis meses após a assinatura do acordo, o MPT firmou um termo aditivo ao TAC, garantindo um novo prazo de 180 dias para rescisão dos contratos, o pagamento do saldo de salários e a garantia aos trabalhadores do saque dos depósitos do FGTS referentes ao período dos contratos de trabalho nulos. Apesar disso, as obrigações não foram cumpridas pelo governo. Segundo levantamento do MPT, há mais de 2 mil trabalhadores em situação irregular dentro das UDEs e Caixas Escolares na educação amapaense.

Entrevista: “En la prensa hegemónica, la educación aparece vinculada a la escuela pública como caos y a la escuela privada como calidad”

¿Cómo el tema de la privatización de y en la educación aparece en los medios de comunicación? Esta pregunta orientó el estudio “Mediatización y Privatización de la Educación en América Latina: Tensiones y Disputas en la Cobertura Mediática”, realizado conjuntamente por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). La investigación se dividió en dos frentes: un equipo del Centro de Estudios Avanzados analizó la cobertura de educación vehiculada durante un mes por ocho periódicos, en cuatro países – El Clarín y Página 12 (Argentina); El Mercurio y El Mostrador (Chile); El Comercio y El Telégrafo (Ecuador); y El Universal y La Jornada (México), así como algunos portales de prensa digital, con una muestra de cerca de 100 a 200 noticias por periódico. De otra parte, desde ALER se evaluó la cobertura radial del mismo tema.

#Contracorriente entrevistó a Eva Da Porta, docente e investigadora del Centro de Estudios Avanzados, quien coordinó la investigación en periódicos gráficos y digitales.

Esta entrevista es parte del Especial: "La educación privatizada" 

Para la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), conocer y contrarrestar las distintas formas de privatización en la educación en América Latina y el Caribe, y en particular sus riesgos e impactos para la realización del derecho humano a la educación, es una tarea urgente. En esa serie de entrevistas, #Contracorriente presenta las conclusiones y puntos de vista de investigadoras/es recientes sobre el tema, que permiten conocer mejor los contornos de este fenómeno en nuestra región. Las entrevistadas y entrevistados comentan puntos como los impactos de las Alianzas Público-Privadas en la educación, las consecuencias de la comercialización de servicios educativos en el mercado de acciones, y también el hecho de que las tendencias hacia la privatización se encuentran profundamente respaldadas por los medios de comunicación hegemónicos. Dichas investigaciones han sido realizadas con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI, por su acrónimo en inglés), de Open Society Foundations, mediante una convocatoria que contó con los aportes de la CLADE. ¡Acompáñenos!

Descarga aquí el informe de resultados del estudio Mediatización y Privatización de la Educación en América Latina: Tensiones y Disputas en la Cobertura Mediática. 

Lee, a continuación, la entrevista: 

¿Qué se puede decir sobre la influencia que tienen los medios de comunicación en los procesos de privatización de y en la educación en América Latina?

Eva da Porta. Foto: Archivo personal

Eva da Porta. Foto: Archivo personal

El eje de nuestro trabajo fueron los medios hegemónicos, es decir, los medios que tienen una posición dominante en el mercado en cada país, ese fue el énfasis más analítico para tratar de encontrar de qué manera esos medios van construyendo ideas y sentidos dominantes en torno a los procesos de privatización de la educación, pero también nos pareció interesante indagar medios que estuvieron posicionados desde otras perspectivas que, si bien no son hegemónicos, también conviven en el mercado de la prensa gráfica. Se puede decir que los medios hegemónicos siguen siendo constructores de opinión pública, de discurso social, de las representaciones en torno de la realidad, y siguen marcando la temática, los enfoques, el espacio de la discusión – siguen siendo la esfera de la discusión de lo público. A pesar de las transformaciones que hay por la Internet, ellos siguen siendo reconocidos como los diarios que interpretan el sentir de la nación. Esos medios son los más leídos y los que tienen mayor circulación, y también son los más retomados en el discurso público, en los discursos políticos, en los discursos empresariales, en los discursos educativos. Son quienes definen las temáticas de lo que se debe discutir, de lo que se debe pensar, y de lo que se debe sentir por la actualidad, aquello que nos pasa a todos y todas. Aunque esta hegemonía hoy está jaqueada por los medios independientes, sigue siendo dominante su posición en la construcción de agenda.

La temática de privatización en educación es una temática central, sobre todo por la magnitud de lo que encontramos, hay una presencia muy notable de esa temática en los medios investigados y atraviesa todas las secciones de los diarios.

¿Qué tipo de enfoque se da al tema de la privatización de y en la educación en esos periódicos?

Los estudios relevados por otras investigaciones son estudios de editoriales o de artículos de opinión, donde es más fácil ver el enfoque ideológico que se da a cualquier temática. Nosotros estudiamos no solamente el formato de Opinión sino también que trabajamos con el formato de Noticia y Crónica, donde predomina un estilo más objetivo, más distante, más neutral, que hace más complejo ver de qué modo los medios van poniendo ciertos énfasis sobre determinados contenidos. En el género de opinión, los diarios opinan a través de sus propios editoriales y dejan el espacio abierto a las y los especialistas en los artículos. Lo que ocurre es que hay mucha coincidencia entre lo que esos especialistas dicen y el posicionamiento de cada diario. Son muy pocos los diarios que hemos visto en que hay una apertura o una paleta amplia ideológica. Por lo general, en los medios más hegemónicos, hay una perspectiva más orientada hacia la privatización: predominan los especialistas consultores/as “think tanks” que trabajan quizás desde una empresa de consultoría privada, y que hemos atestado que tienen columnas de opinión todas favorables a los procesos de privatización. Estos/as consultores/as ofrecen información más cuantificada en defensa de una educación privatizada y en desmedro de la educación pública. En los diarios más progresistas, aparece la figura del o de la intelectual critico/a que es por lo general de un centro universitario, un investigador/a, un sociólogo/a, que plantea la problematización de la educación y del tema central de los procesos de privatización de la educación en nuestros países. Pero en los medios mas conservadores o de perfil neoliberal predomina un enfoque afín a la privatización de la educación.

¿Qué caracteriza la cobertura de la prensa hegemónica respecto al tema de la privatización en el campo educativo?

En líneas generales, la prensa orientada hacia la privatización plantea algunas cuestiones que se repiten en todos los países. Lo que encontramos en esos medios es un énfasis puesto en la mayor eficiencia del sector privado al respecto de lo público en cuestiones de la educación. Eso es muy marcado en todos los medios de orientación neoliberal conservadora. Se destaca de distintas formas que la educación privada es más eficiente que la educación pública y se pone un fuerte énfasis en la ineficiencia de las políticas públicas, de las escuelas públicas, de las decisiones del Estado, de los y las funcionarios/as estatales – este es un punto central. El otro punto central es cómo se va construyendo la noticia orientada a favorecer o tratar como positiva la Alianza Público Privada en educación. Hay distintas maneras a través de que en las noticias se va orientando las lecturas que positivan la influencia o el ingreso de los sectores privados en lo público, por ejemplo, aparecen noticias vinculadas a las ventajas que traen determinadas empresas que invierten en las escuelas estatales, que ponen la tecnología a la disposición de las y los estudiantes, que abren pasantías en empresas privadas, etc. Otro punto es que la educación se plantea como una cuestión individual, inclusive los derechos son tomados como individuales. No hay un enfoque de la educación pública como una cuestión colectiva, pero se destacan historias de vida de niñas/os provenientes de sectores marginados o maestras/os y cómo del esfuerzo individual, se generan buenas prácticas educativas. Está muy centrada la mirada en la educación como formación del individuo y no como una cuestión social, comunitaria y derecho humano – lo que no aparece de ninguna manera. Como la educación está relatada como si fuera un servicio, todas las cuestiones vinculadas a demandas de las y los docentes, movilizaciones y paros están pensadas como obstáculos para que las y los ciudadanas/os puedan educarse. Hay una mirada no política del tema, es decir, todos los hechos políticos vinculados a la educación están evaluados negativamente. Las y los docentes – y eso quedó muy claro en el caso de México porque todo el mes estudiado (octubre de 2013) estuvo atravesado por los conflictos docentes – son asociados a cuestiones de delito: frente a los paros, las tomas y acciones de las y los docentes en lucha, se ha puesto el énfasis en los efectos negativos que eso genera sobre el comercio, sobre el funcionamiento de la ciudad. Todo lo político está valorado negativamente, la militancia estudiantil, las demandas de las y los docentes, etc. Otra cuestión que aparece muy fuerte es que el diagnostico de los problemas relacionados a la falta de inclusión, a la segregación, etc., que son diagnósticos que uno podría hacer de los sistemas educativos nuestros, siempre se resuelven a partir de perspectivas claramente orientadas a la privatización: más eficiencia, más gestión empresarial, más ingreso de capital privado. Hay un reconocimiento del problema educativo, pero la respuesta siempre viene de la mano del sector privado o de alianzas público-privadas. El Estado es siempre planteado como ineficiente, hay un claro posicionamiento en contra de la educación pública y la calidad es siempre asociada al esfuerzo individual, a estándares internacionales, a aportes del sector privado. Lo público es siempre vinculado a la ineficiencia, a la falta de calidad, o sea, se critica fuertemente toda la inversión del Estado en educación, como si estuviera mal orientada. Respecto de las fuentes consultadas, cuándo algún/a funcionario/a del Estado es entrevistado, en el próximo párrafo es deslegitimado contraponiendo “datos” que lo deslegitiman. Esa es una situación común, se evalúa la educación con criterios económicos, se utiliza el lenguaje de los intereses económicos, la eficiencia, la cantidad, y los números, los resultados de las pruebas estandarizadas como los máximos componentes para medir la calidad de la educación. Otra cuestión que parece muy fuerte son los lugares comunes que se van construyendo en el discurso. En el discurso hegemónico la escuela pública siempre aparece asociada a caos, a crisis educativa, a ineficiencia, a déficit, a malos resultados, y la educación privada aparece asociada a calidad, al respeto del individuo, a valores positivos a progreso individual.

¿Y cómo es la cobertura de los medios más críticos?

En las perspectivas más críticas, en diarios orientados hacia líneas más de izquierda, hay enfoques muy distintos de educación. En primer lugar, está planteada la educación como un derecho más claramente, esto no lo vemos en la prensa de tipo más hegemónico donde la educación no está planteada como un derecho social, sino que como un derecho individual. Se pone énfasis en las demandas al Estado y en las políticas públicas, que son valorados positivamente. Además, aparecen otros actores sociales como fuentes, se le da la voz a las y los maestras/os, estudiantes, madres y padres de familia, a las comunidades que demandan – actores sociales que en la prensa hegemónica son genéricos, están casi invisibilizados. En la prensa orientada a una perspectiva más social aparecen otras voces, otros encuadres, se contextualiza la información, se vincula el hecho educativo con diversos procesos sociales. Hay una mirada más socioeducativa, dónde lo político aparece como dimensión de lo educativo. Se piensa a las y los docentes, por ejemplo, desde el derecho laboral y no como quiénes reclaman y hacen un paro y obstaculizan a las y los estudiantes en sus estudios. En la prensa mas hegemónica las y los docentes casi no tienen voz, son hablados por otras personas; en algunos caos, se les da la palabra, pero hay una voz hegemónica que ofrece un relato en contra. En cambio en la prensa más progresista las y los docentes son voceras/os y representantes de su grupo social. De igual modo las y los estudiantes: en la prensa más hegemónica, se invisibiliza sus demandas – y además, las personas adultas suelen hablar en su lugar, mientras en la prensa más alternativa las y los estudiantes son tomadas/os como sujetos de derechos, tienen voz, son consultadas/os, es un enfoque muy distinto.

¿Cómo comprender la influencia de la publicidad que financia a los vehículos de comunicación en la cobertura de educación?

En el caso de los medios estudiados, un solo el medio es estatal, El Telégrafo, de Ecuador; todos los otros viven de la publicidad. En el caso de El Mercurio, es muy notable la cantidad de publicidad de escuelas y universidades privadas y con mucho espacio, cubriendo las mismas hojas donde aparece información sobre educación. En los otros medios, de otros países, no aparece tanto la publicidad de empresas privadas de educación, pero hemos encontrado noticias que uno puede reconocer que es una publicidad encubierta, por ejemplo, que determinada empresa, Intel, va a dar un curso de capacitación gratis a docentes o que va donar determinada cantidad de computadoras a escuelas. La cuestión de la publicidad es central, en la medida que permite a los medios tener mayor o menor independencia respecto de las temáticas.

¿Qué se puede decir sobre el alcance de esos periódicos? ¿Cómo ve usted el impacto relativo de esos vehículos, su capacidad de difundir sus ideas?

Lo que se puede ver es que los medios gráficos nacionales diarios siguen definiendo la agenda temática, se tiene mucha potencia discursiva porque después son retomados por otros medios, por otros discursos a lo largo del día, se impone la agenda. Por ejemplo el tema del bullying aparece repetidas veces en los medios hegemónicos, y por lo general el tema del bullying o la violencia hacia las y los estudiantes en la escuela aparece asociado a escuelas públicas, escuelas de sectores marginados. Esos encuadres forman una cadena de sentidos que queda asociada a esos lugares y luego los otros medios, los otros espacios de discusión van retomando esa temática. Entonces, hay que considerar la influencia de los medios en términos de representaciones sociales, o textos que van teniendo ciertas ideas que se van haciendo aceptables. Esa idea de que la educación privada es de mejor calidad se va construyendo en parte en ese tipo de noticia que muestra, por ejemplo, una escuela privada con capitales privados y aportes de una empresa, donde las niñas y niños hacen un experimento que largan al espacio un robot para medir una cuestión de la atmosfera: se van narrando estos hechos de forma aparentemente objetiva, de modo que no hace falta decir directamente que la educación privada es de mejor calidad. Al lado, aparece la información de que en una escuela pública le pegaron a un niño a la puerta de la escuela, o a una niña porque era bonita, y las madres y padres se metieron al medio, etc., y luego se genera esa asociación entre escuela pública y caos, crisis social y educativa sin decirlo abiertamente. Yo creo que la operación discursiva es muy compleja y sobre todo hay que mirarla en esa asociación entre sentidos que se van estableciendo, entre educación privada y calidades positivas y educación pública y calidades negativas. Es un formato que se va repitiendo en distintas noticias, con distintas temáticas, pero siempre el enfoque que predomina es que la educación privada o los procesos de privatización se asocian a eficiencia, calidad, integración, y la educación pública se asocia a caos, a descuido, a mala calidad… Esas narrativas se van retomando en el discurso político, en discursos del sentido común, en la vida cotidiana y su impacto es sobre el imaginario social, sobre el sentido común.

Se mencionó anteriormente que los medios críticos hacen una cobertura más coherente con la idea de educación como un derecho humano. ¿Podría comentar un poco más esa idea?

Eso es claro, aparece claramente educación como un derecho, cuándo, por ejemplo, se plantea que hay un paro docente, una huelga, y se le pregunta por qué hacen paro a las y los docentes, cuál es el derecho vulnerado. En esos casos, se les reconoce como trabajadoras/es y se reconoce un derecho. En la forma con que se construye la noticia, cómo se narra, cómo se relata, qué énfasis se pone, cómo se cuentan los hechos, a quiénes se les da la palabra, se va orientando la lectura hacia una mirada orientada hacia la educación como un derecho – y como un derecho social y colectivo también, donde el Estado es el garante. Eso se ve claramente en la forma de interrogar a las funcionarias/os estatales, por ejemplo, una vez que se les interpela por las respuestas que pueden dar a las demandas sociales. Otra cuestión que hemos visto es que, en la prensa alternativa, aparece lo educativo no sólo vinculado a la escuela, sino otras demandas, de reconocimiento de otros saberes que plantean distintas comunidades; hay una mirada más amplia de educación. En la prensa hegemónica, la educación aparece vinculada a la escuela pública como caos, mediocridad, deficiencia, atraso y a la escuela privada como orden, calidad, modernidad.

¿A qué aspectos un lector o lectora de periódicos debe estar atento/a para hacer una lectura crítica de los mensajes que ellos transmiten?

El trabajo de los medios es sutil, es un trabajo sobre el lenguaje, sobre la imagen, sobre los énfasis, entonces, en primer lugar, hay que pensar desde qué lugar se está contando el hecho, cuál es la posición que tiene el medio respecto al que se está contando. Por ejemplo, si un periódico está contando la toma de una universidad, ¿está en contra o a favor, o tiene una posición neutral? ¿De qué manera caracteriza el hecho: cómo una ruptura social o cómo una demanda de derechos vulnerados? ¿A qué actores sociales se da la palabra y qué se dice de esos actores sociales? ¿Quiénes hablan, quiénes tienen voz? ¿Quiénes son las y los especialistas consultadas/os?. Importa notar cuáles son los encuadres desde los cuáles es narrado el hecho noticioso, pues un hecho noticioso puede ser narrado de distintas perspectivas. Es distinta una perspectiva que ponga el énfasis, por ejemplo, en los problemas que genera la educación pública de una que ponga el énfasis en las demandas que se generan a la educación pública. ¿Se pone el énfasis en la educación como un derecho o se pone el énfasis en la educación como un servicio? Hay que estar atento a ese tipo de cuestión. La pregunta central es cuál es el lugar de la educación pública en el relato noticioso. Otro aspecto central a considerar es en la composición de la noticia, es decir, ¿cómo se titula?, ¿qué fotos se ponen?, ¿cuáles son los encuadres?; ¿la foto está valorando positiva o negativamente al hecho y a los sujetos que aparecen?; ¿cómo se retrata a los actores?, y ¿cuál es el espacio que se les da en todo el periódico? También el lugar que ocupa cada asunto en la página las noticias es muy importante, por ejemplo, en la prensa hegemónica, hay noticias sobre cómo una universidad privada promueve la inserción laboral que ocupan toda la página.

Lee también, en “La educación privatizada”: “La eficiencia económica es una forma más de referirse al empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado”. Entrevista a Andreu Termes y Lizeth López

Brasil: Pós-graduação paga é ‘fim de um dos pilares da nação’, diz entidade

Fim da gratuidade é antirrepublicano, dizem dirigentes das federais. Para pós-graduandos, ensino deve ser gratuito em todos os níveis

Foto: Daniel Jacobino

Foto: Daniel Jacobino

Entidades ligadas a instituições de ensino superior públicas se posicionaram contra a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite que as universidades públicas cobrem mensalidade para cursos de extensão, pós-graduação lato sensu e mestrados profissionais. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (21), em meio a uma discussão entre deputados favoráveis e contra a mudança.

Fica mantida a exigência de gratuidade nos cursos de graduação, residência na área da saúde e curso de formação profissional na área de ensino.

Em um comunicado divulgado em seu site na quarta, antes da votação, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirmou que a medida significa “o fim de um dos pilares da Nação: a gratuidade da educação pública”.

Ainda segundo a Andifes, “trata-se de uma atitude antirrepublicana e antidemocrática que abrirá caminho para a generalização da cobrança de taxas e mensalidades nos estabelecimentos públicos do país, em todos os níveis e modalidades. Em outros países que destruíram a educação pública foi exatamente assim: amparados em discursos processuais votaram emendas constitucionais e retiraram direitos”.

Também na quarta-feira, antes da votação, a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) divulgou uma nota afirmando ser contra a proposta. Segundo a ANPG, a educação deve ser gratuita “em todos os níveis educacionais”, e os cursos de pós-graduação lato sensu devem ser regulamentados, para garantir a qualidade.

A Câmara dos Deputados promovou, na manhã de quarta, um debate sobre o assunto, do qual participararam a Andifes, a ANPG, representantes do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e outras entidades ligadas à area.

Texto ainda vai para o Senado

O texto principal da proposta recebeu 318 votos favoráveis, 129 contra e 4 abstenções. Os deputados analisarão na próxima semana destaques que visam modificar a PEC. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto ainda precisará passar por uma votação em segundo turno antes de ir ao Senado.

A PEC altera o artigo 206 da Constituição, para dizer que o princípio da “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” não se aplica nos casos de pós-graduação, cursos de extensão e mestrado.

Nestes casos, caberá à direção da universidade decidir se cobrará ou não dos alunos. Atualmente, algumas universidades que cobram mensalidade são alvos de processos judiciais que questionam a legalidade do procedimento.

“É uma vergonha que o Brasil, como oitava economia mundial, não esteja entre as 100 melhores universidades do mundo. O que estamos fazendo é instituindo a autonomia universitária. São mestres e doutores que decidirão os melhores caminhos para as universidades. Isso vai significar um avanço no setor educacional”, argumentou o líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), que defendeu a proposta.

Para o relator da PEC, deputado Cleber Verde (PRB-MA), com a cobrança, as universidades terão mais dinheiro para investir um cursos de graduação de qualidade, bem como em tecnologia e laboratórios de pesquisa.

“São cursos profissionalizantes, feitos por demanda que vem da empresa, de órgãos públicos, para a capacitação daquele trabalhador. Não é justo que a universidade, que já tem os seus cursos diminuídos, tenha de custear também cursos profissionalizantes”, afirmou.

Já o líder do PSOL, deputado Chico Alencar (RJ), alegou que a PEC representa o início da “privatização do sistema público”. “Esse projeto acaba ferindo e abrindo uma porta perigosa para o papel estratégico do sistema educacional público. Vai contra o princípio da educação pública, universal, de qualidade”, declarou.

Também contrário à PEC, o deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) afirmou que a proposta vai “entregar patrimônio científico aos que se alimentam do lucro”.

Pesquisa alerta para privatização da educação na América Latina

Estudo aponta o avanço de diferentes tendências de privatização em 15 países da América Latina e do Caribe

Fonte: Jornal da Unicamp | por Manoel Alves Filho

A professora Theresa Adrião, uma das organizadoras do levantamento. "A privatização acentua as dificuldades e dificulta o acesso à escola". Foto: Antonino Perri; edição de imagem: Fabio Reis

A professora Theresa Adrião, uma das organizadoras do levantamento. “A privatização acentua as dificuldades e dificulta o acesso à escola”. Foto: Antoninho Perri; edição de imagem: Fábio Reis

Países da América Latina e Caribe vivenciam o avanço de diferentes tendências de privatização da educação básica, processo que prejudica o acesso da sociedade a esse direito fundamental. A constatação faz parte da pesquisa intitulada “Tendências da privatização da educação na América Latina e no Caribe”, coordenada pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE), rede que articula diversos grupos e entidades em defesa da educação. O trabalho de investigação foi organizado pelas professoras Theresa Maria de Freitas Adrião, da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, e Teise de Oliveira Guaranha Garcia, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL) da USP, campus de Ribeirão Preto.

De acordo com a professora Theresa Adrião, o objetivo da pesquisa, que contemplou 15 países [Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, República Dominicana, México, Nicarágua e Haiti], foi identificar e debater os mecanismos e tendências que induzem à privatização da educação básica na América Latina e Caribe. A docente explica que as tendências identificadas são variadas e com diferentes graus de complexidade e consequências para a manutenção de sistemas públicos de ensino, considerados fundamentais para a garantia do acesso e da permanência na escola.

De maneira geral, prossegue a pesquisadora, o que tem ocorrido na região é o uso de mecanismos institucionais e políticos que possibilitam a transferência, direta ou indiretamente, das responsabilidades da educação pública para o setor privado lucrativo. Assim, um dos modelos de privatização, classificado no relatório final do estudo como “exógeno”, é concretizado por meio do repasse de recursos públicos para o setor privado. “Em alguns países, corporações que visam exclusivamente o lucro têm pressionado o poder público a subsidiar escolas privadas, em geral de baixo custo, no lugar de constituir redes públicas de educação. Em outros países, tem-se a oferta educativa ampliada por meio do pagamento de ‘cheques-ensino’, modelo que se assenta numa falsa ideia de que as famílias, e aqui se trata das famílias pobres, poderiam ‘escolher’ uma escola privada para seus filhos e que esta, por ser privada, seria melhor que a pública”.

Por causa desse movimento, conforme a docente da Unicamp, está havendo uma gradativa substituição de um modelo pelo outro em vários países. Os casos identificados pelos sujeitos entrevistados no estudo indicam essa tendência para Brasil, Chile e Colômbia. A pesquisa também identificou que existe a privatização “endógena”, caracterizada pela incorporação, por parte da gestão pública e, por consequência, da escola pública, de valores e práticas do mercado, como modelos de gestão fundados no alcance de resultados. Experiências do tipo foram encontradas em países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México e Peru.

Outro apontamento importante da investigação, conforme a professora Theresa Adrião, foi a emergência e a consolidação, em determinados contextos, de novas formas de privatização da educação pública. Entre esses novos formatos estão os programas de atribuição da responsabilidade pela educação às comunidades locais; os processos de governança corporativa no campo educativo, que permitem que empresas privadas participem da tomada de decisões a respeito da política de educação; e a financeirização da educação básica, que transforma as matrículas públicas em “commodities no mercado financeiro”.

A pesquisa analisou todas essas tendências considerando as implicações para a efetivação do direito humano à educação, o qual exige a participação direta do Estado no financiamento e na gestão dos sistemas públicos de educação como condição para que ocorra o que a CLADE e a comunidade internacional identificam como elementos de operacionalização do direito à Educação: disponibilidade, acessibilidade, aceitação e adaptabilidade. “A privatização acentua as desigualdades e dificulta o acesso à escola”, sustenta a docente da FE.

Um ponto importante a ser considerado ao analisar esse fenômeno, assinala a professora Theresa Adrião, é que o processo de privatização ocorre em uma região na qual a educação básica obrigatória é uma conquista recente da sociedade. “Na maior parte dos países, essa conquista ainda não foi concretizada, ou seja, está em construção. Com o avanço da lógica das corporações privadas, o direito humano à educação tem corrido sérios riscos”, reforça. Quando elementos fundamentais da prática educativa são colocados nas mãos do setor corporativo, como o desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, dos livros didáticos e de softwares educativos, bem como o desenho das avaliações institucionais, acrescenta a coordenadora do estudo, o caráter público e democrático da educação é colocado em xeque, visto que esta fica submetida a uma lógica essencialmente mercantil.

Questionada sobre o caso específico do Brasil, a professora Theresa Adrião informa que o processo de privatização da educação básica tem se aprofundado no país. “Aqui, a situação é ainda mais evidente que na Argentina, para ficar em um único exemplo. Podemos verificar uma crescente destinação de subsídios públicos para o setor privado, movimento que segue na contramão do que seria desejável, inclusive considerando que durante o período analisado houve aumento do gasto público com o setor. O atendimento em creches e escolas de educação infantil está passando por isso. Ao delegar a missão para terceiros (organizações sociais, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip) ou introduzir as parcerias público-privadas [PPPs], os governos objetivamente transformam a educação em um serviço”, aponta a docente da Unicamp.

Uma maneira de resistir ao processo de privatização da educação básica, principalmente quando se trata de ampliar a sua obrigatoriedade, é dar conhecimento à sociedade das implicações desse movimento, entende a professora Theresa Adrião. “Nós, na academia, fazemos isso por meio da publicação de artigos, da organização e participação em eventos científicos e da atuação conjunta com setores organizados da sociedade civil. Também contribuímos com a formação de recursos humanos qualificados dentro da perspectiva da defesa da educação pública de qualidade. Um exemplo disso é que cinco de nossos orientandos de graduação e pós-graduação participaram da pesquisa. Outra ‘trincheira’ fundamental é o ativismo, como o exercido pela CLADE e pelas entidades ligadas a ela. Esse conjunto de organizações levam suas posições e argumentos para inúmeros fóruns de discussão, disputando orientações em agências como a Unesco, [Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura], Fórum Mundial de Educação, Organização dos Estados IberoAmericanos [OEI] etc”.

METODOLOGIA

O estudo “Tendências da privatização da educação na América Latina e no Caribe” exigiu um grande esforço por parte dos pesquisadores, de acordo com a professora Theresa Adrião. Inicialmente, foi realizado um levantamento das Constituições e das legislações nacionais relativas à educação básica. Num segundo momento, um questionário foi encaminhado para as organizações que integram a CLADE e para especialistas em política educacional dos 15 países contemplados na investigação, indicados por essas organizações. “A análise das respostas possibilitou a construção de um inventário acerca da percepção que as organizações e os especialistas têm sobre os processos de privatização”, esclarece a docente da FE.

Por último, os participantes da pesquisa buscaram dados estatísticos que pudessem subsidiar a compreensão do fenômeno da privatização. “Para os países em que havia dados disponíveis, consideramos a taxa de matrícula na educação básica nas redes pública e privada durante o período de 2005 a 2011. Também consideramos informações disponíveis nas bolsas de valores dos países da região, para identificar a abertura de empresas da área da educação nos principais mercados de capitais”, pormenoriza a professora Theresa Adrião. O relatório completo do estudo coordenado pela CLADE pode ser acessado aqui.

Uruguay: la lucha por el presupuesto y la privatización de la educación

En medio de un conflicto por la educación que ha ido escalando, y que incluyó multitudinarias marchas, tomas y represión policial, el Congreso uruguayo discute el presupuesto quinquenal que tiene en el centro del debate la partida destinada a la educación. Todo indica que no se logrará el 6% del PBI que reclaman docentes y estudiantes.

Fuente: Marcha | Por Brisa de Giacomi

Foto: Marcha

Foto: Marcha

Desde hace más de dos meses, Uruguay está movilizado por la discusión del presupuesto quinquenal, el cual tiene como principal punto de debate el financiamiento destinado para la educación. Esto ha llevado a diversas movilizaciones de los gremios docentes -tanto del nivel primario, secundario y terciario- y de estudiantes, con apoyo de la central sindical PIT-CNT, lo cual generó diversas reacciones del Gobierno, que lejos está de promover la negociación como medio para alcanzar acuerdos.

A pesar de que se sabía que la lucha presupuestal en la educación iba a ser un punto de tensión para el gobierno -en la campaña el presidente Tabaré Vázquez aseguró que se dedicaría el 6% del PBI a la educación y ahora apenas propone el 4,7% para 2017-, el Poder Ejecutivo recién presentó su propuesta a mediados de agosto, imposibilitando negociar con tiempo y tranquilidad. A la vez, han centrado su accionar en la represión de la movilización en lugar de priorizar espacios de intercambio.

Manipulación discursiva en relación a las demandas

Las demandas presentadas por docentes y estudiantes son amplias y trascienden el aspecto salarial. Que desde los medios sólo se destaquen las demandas salariales tiene un sentido de realidad, ya que los salarios consumen gran parte del presupuesto de la educación, pero a su vez tiene un sentido estratégico al presentar el problema como un conflicto de intereses que atañe a los docentes como trabajadores y no a la educación en general.

Es así como una de las estrategias que ha utilizado el gobierno para contrarrestar el conflicto es presentar a los docentes como irresponsables que priorizan sus demandas corporativas a las necesidades colectivas, quitándoles horas de clase a niños y adolescente.

Pero al especificar el salario docente no sólo se omiten las horas de planificación, salidas comunitarias, etc, que se trabajan y no se pagan, sino que al comparar los salarios docentes con los de otros países, los resultados no son muy alentadores. Según datos de la encuestas Pisa 2012, un docente de educación media gana en promedio el 123% del PBI per cápita, mientras que en Uruguay dicho guarismo es de un 78%. Los salarios de los profesores en relación con el PBI ubican al país en el puesto 47 de los 53 países relevados.

Una demanda que ha pasado desapercibida es la mejora en infraestructura, que responde al diagnóstico de la existencia de muchos centros que no cubren las condiciones mínimas de estudio y trabajo, siendo edificios inadecuados y en mal estado; a la vez que los grupos superpoblados son muestra de la necesidad de construir nuevos centros educativos que permitan una mejor atención a los estudiantes.

Otro punto central de las demandas es la necesidad de aumentar el personal docente y no docente y la creación de nuevos cargos, como ser el aumento y mejora de los equipos multidisciplinarios que permitan atender las diversas necesidades que presenta actualmente el sistema educativo.

Finalmente, se reclama el trabajo conjunto de los diferentes entes relacionados con la educación para pensar mejoras en el sistema educativo que permitan resolver problemas vinculados a la cuestionada calidad académica y desigualdad educativa, que se expresan en una alta deserción estudiantil, principalmente en secundaria y en zonas de bajos ingresos, acompañado de una pérdida de confianza en el sistema educativo público.

En estos momentos, el presupuesto quinquenal está en debate en el Parlamento. Una lectura primaria de los distintos proyectos y su comparación dice que en los próximos dos años (2016-2017), lo que el Gobierno entiende por “gasto educativo” pasará del 4,51% del PBI en este 2015 a un 4,7% en 2017; es decir, muy lejos el 6% del PBI que reclama la comunidad educativa. Es claro, entonces, que una gran parte de las demandas docentes quedarán por el camino, en particular la creación de cargos y la construcción de nuevos edificios.

Del decreto de esencialidad al desalojo represivo del Codicen

Ante la ola de huelgas docentes y marchas, el 26 de agosto se decretó la “esencialidad” para los servicios educativos de todos los niveles. Es decir, que los docentes debían deponer el paro y acudir a dar clase “por decreto”, algo que no sucedía desde el retorno a la democracia. Este hecho no sólo interrumpió las negociaciones que venían realizándose entre los sindicatos educativos y el gobierno, sino que dividió al sistema político entre quienes apoyaron la medida y quienes la rechazaron, a la vez que impulsó una de las marchas en defensa de la educación pública más multitudinarias en el país en los últimos años.

Luego de cinco días, y debido a la presión tanto sindical como política, el decreto de esencialidad fue levantado, pero dejó como secuela un ámbito de negociación fracturado caracterizado por la desconfianza entre los diversos actores que venían participando del mismo.

Casi un mes después, el 22 de setiembre, la policía desalojó violentamente a estudiantes secundarios que mantenía ocupada la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Estudiantes, docentes y grupos sindicales que estaban esa noche custodiando la entrada al Codicen denunciaron el uso de fuerza desmedido.

Este hecho derivó en el procesamiento sin prisión de hasta hoy nueve personas, entre ellas diversos dirigentes sindicales, quienes denuncian arrestos irregulares que se realizaron sin orden judicial y por policías vestidos de civil.

Ambos hechos generaron el rechazo de los diferentes sindicatos de la educación y del PIT-CNT, quienes denunciaron la judicialización y criminalización de la protesta. El desalojo del Codicen desvío el tema central de debate en relación al presupuesto.

¿Y ahora qué?

El presupuesto finalmente se va a aprobar y todo indica que no será alcanzando el 6% reclamado para la educación. El conflicto deja un espacio de negociación totalmente fracturado, con un Gobierno que elije enfrentarse a los sindicatos en lugar de buscar acuerdos, lo cual demostró desde el inicio con el nombramiento de María Julia Muñoz como titular del Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de “lidiar” con los “gremios complicados”. Y un conglomerado de sindicatos con un conjunto de demandas que aún no alcanzan un nivel de agregación y que tienden a establecerse más en términos de negación que prepositivos.

Es así que frente a un sistema educativo que demuestra graves falencias, expresadas en los altos guarismo de deserción estudiantil así como de repetición, baja calidad académica y desvalorización del sistema educativo público, el gobierno responde responsabilizando de todas las fallas a los docentes, degradando su función y proponiendo una gestión por resultados centrada en la medición de la productividad.

A la vez que desvaloriza al sistema público de educación impulsando medidas que tienden a la privatización de la enseñanza, ampliando las posibilidades para que las empresas educativas privadas participen del presupuesto estatal y ampliando la cobertura de las mismas, por ejemplo, implementando el sistema de vouchers que anunció el presidente. Se perciben así un conjunto de medidas desagregadas que parecerían tender más a la desarticulación de la educación pública que a buscar soluciones para sus problemas.

Del otro lado, un conjunto de sindicatos que a pesar de presentar diversas demandas no parecen tener propuestas concretas para revertir la desvalorización del sistema educativo, o al menos no parecen ser eficientes en difundir sus demandas en términos generales más allá del aspecto salarial, para que los demás actores de la comunidad educativa, – padres, estudiantes, vecinos, etc- sean partícipes en la construcción de las mismas.

Brasil: Comitê da ONU expressa preocupação com privatização da educação pública e cortes orçamentários

Após ter recebido a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Anced, a Ação Educativa e a Conectas para reunião fechada realizada em caráter excepcional em Genebra (Suiça), o Comitê incorpora todos os pontos apresentados pela sociedade civil em suas recomendações ao Brasil

Fonte: Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Votação do Plano Nacional de Educação, em abril de 2014. Foto: Mídia Ninja

Votação do Plano Nacional de Educação, em abril de 2014. Foto: Mídia Ninja

“Aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo, asseguram que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições de ensino públicas sejam priorizadas”. É o que recomenda o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU ao Estado Brasileiro em seu relatório final que acaba de ser divulgado com as conclusões sobre a situação dos direitos das crianças no Brasil. O Comitê também destaca a importância “da Emenda Constitucional nº 59 de 2009, tornando obrigatória a educação para crianças entre 4 e 17 anos de idade”, mas no entanto, expressa a preocupação com os “cortes orçamentais no setor da educação, e os seus efeitos negativos sobre a implementação do Plano Nacional de Educação”.

Essa recomendação incorpora a principal mensagem levada à ONU em Genebra pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em documento produzido em parceria com a Anced, Ação Educativa e Conectas. Em caráter excepcional, após a solicitação da sociedade civil, os membros do Comitê receberam as organizações em reunião fechada horas antes do início da Sessão com o Estado Brasileiro, que foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro, durante a 70º Sessão em Genebra. Agora, o resultado concreto desta incidência é evidenciado com a divulgação das recomendações do Comitê ao Estado Brasileiro, o qual incorpora todos os pontos alertados pela Campanha e entidades parceiras.

Durante a reunião fechada com membros do Comitê, a Campanha apresentou o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e foi a primeira organização a entregar ao Comitê a versão traduzida para o inglês da íntegra da lei do PNE (Lei 13.005/2014) e dos Royalties do Petróleo para Educação (Lei 12.858/2013), além de dossiê produzido em parceria com a Ação Educativa “Privatização da educação e violação de direitos no Brasil: apontamentos para o Comitê dos Direitos da Criança”, documento anexo ao II Relatório Alternativo sobre os Direitos da Criança apresentado ao Comitê pela Anced. A Campanha ressaltou durante sua apresentação ao Comitê os impactos negativos da privatização da educação; os cortes sociais de 2015 e os riscos ao Plano Nacional de Educação (PNE) e necessidade de ampliação do investimento em infraestrutura, a militarização das escolas públicas e os retrocessos na promoção da igualdade de gênero nos planos municipais de educação, temas agora incorporados nas recomendações oficiais da ONU ao Brasil.

A seguir, as recomendações relativas a itens destacados do relatório – tradução não-oficial feita pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Sobre PNE, acesso, qualidade e militarização (item de número 74)

(A) investir na melhoria da infra-estrutura escolar, incluindo o acesso à água e saneamento, particularmente nas áreas rurais e remotas; alocar recursos humanos adequados, assim como recursos técnicos e financeiros para essas escolas, e proporcionar uma formação de qualidade para os professores, com vistas a garantir a acessibilidade e a qualidade da educação para as crianças indígenas e as crianças que vivem em áreas rurais e remotas;
(B) abordar as causas do abandono escolar entre as crianças que vivem em áreas urbanas, incluindo a pobreza, a violência familiar, trabalho infantil e gravidez na adolescência, e desenvolver uma estratégia abrangente para resolver o problema; as medidas incluem o apoio para adolescentes grávidas e mães adolescentes para o não-abandono escolar;
(C) aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo, assegurar que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições de ensino públicas devem ser priorizadas;(D) certificar-se de que todas as escolas sejam operadas por autoridades civis, funcionando sob regras disciplinares e métodos pedagógicos amigos da criança; e retirar progressivamente as escolas da gestão militar.

Sobre a privatização: 

O Comitê está preocupado com o aumento da participação do setor privado, na educação, em especial:(A) as altas taxas nas escolas privadas que exacerbam a discriminação estrutural existente no acesso à educação e reforçam as desigualdades educacionais;
(B) o aumento do financiamento público para o setor de educação privada, incluindo a estabelecimentos de ensino com fins lucrativos, bem como sob a forma de incentivos fiscais e tributários para matrículas no financiamento privado para a educação e creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino especial através de parcerias público-privadas (“conveniamentos”); e,
(C) a compra pelos municípios de sistemas de ensino apostilados e sistemas de gestão escolar de empresas privadas, que incluem materiais de ensino e formação de professores e da escola.

Recomendações:

(A) estabelecer um quadro regulamentar claro, segundo o qual todos os fornecedores privados de educação são obrigados a comunicar ao público designado regularmente as suas operações financeiras, em conformidade com as regulamentações prescritivas, abrangendo questões como mensalidades escolares e salários, e declarar, de uma forma totalmente transparente, que não estão envolvidos na educação com fins lucrativos, como recomendado pelo relator especial sobre o direito à educação.
(B) encerrar a transferência de recursos públicos para o setor do ensino privado, e revisão no que diz respeito a incentivos fiscais e tributários para matrícula nas instituições de ensino privadas, a fim de garantir o acesso à educação de qualidade gratuita em todos os níveis, particularmente em creches e pré-escolas, para todas as crianças por priorizar estritamente o sector da educação pública, na distribuição dos recursos públicos; e,
(C) acabar com a compra de sistemas de ensino e de gestão escolar padronizados pelos municípios de empresas privadas.
 
Sobre Discriminação e Gênero:

O Comitê manifesta preocupação com a discriminação estrutural contra as crianças indígenas e afro-brasileiras, crianças com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI) crianças, crianças em situação de rua e crianças que vivem nas zonas rurais, remotas e marginalizadas áreas urbanas, incluindo favelas.
A Comissão está seriamente preocupada também com a eliminação das estratégias contra a discriminação com base no sexo, orientação sexual e raça, que foram removidos a partir dos Planos de vários estados Educação. Além disso, está preocupada com as atitudes patriarcais e estereótipos discriminatórios de gênero contra as meninas e mulheres.

O Comitê recomenda que o Estado Parte:

(A) reforce os seus esforços para combater a discriminação, a exclusão social e estigmatização das crianças que vivem na pobreza em áreas urbanas marginalizadas, como favelas, crianças em situação de rua, bem como as crianças e as meninas afro-brasileiros e indígenas;
(B) decrete legislação para proibir a discriminação ou a incitação da violência com base na orientação sexual e identidade de gênero e dê sequência ao projeto !Escolas sem Homofobia”; e,
(C) priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, nomeadamente através de programas educacionais e de sensibilização.

Sobre Educação Inclusiva:

O Comitê reconhece a importância da adoção da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em 2008. No entanto, o Comitê está preocupado com a continuação da educação especial segregada para as crianças com deficiências em vários estados, inclusive em São Paulo, Minas Gerais, e Paraná, bem como através do estabelecimento de escolas especiais, com menção à meta 4 do Plano Nacional de Educação que perpetua uma educação segregada para crianças com deficiências.

O Comitê recomenda ao Estado Parte a adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos com a deficiência e tomar todas as medidas para acabar com os sistemas de educação especial em todos os estados e realizar iniciativas de sensibilização junto a professores e pais sobre os benefícios da educação inclusiva. A este respeito, o Comitê recomenda que o Estado deve empregar professores especializados em número suficiente, fornecendo aos profissionais em classes integradas o apoio pessoal e toda a atenção necessária para crianças com dificuldades de aprendizagem.

Além disso o Comitê recomenda que o Estado Parte:

(A) prontamente investigue casos de violência contra crianças e abuso de, entre outros, em instituições e garantir serviços de apoio às vítimas;
(B) estabeleça um mecanismo de denúncia para crianças, acessíveis a crianças com diferentes tipos de deficiência e garantir que as agências de aplicação da lei da polícia e outros levem devidamente em conta as queixas apresentadas por crianças com deficiência;
(C) rever imediatamente Lei nº 9263/1996 e explicitamente proibir a esterilização das crianças com deficiência;
(D) assegurar o acesso aos cuidados e medidas de apoio médico para todas as crianças com deficiência e facilitar a obtenção de exames médicos;
(E) realizar campanhas para funcionários do governo, o público e as famílias para combater a discriminação e o preconceito contra as crianças com deficiência e promover uma imagem positiva destas crianças; e,
(F) rever o sistema de dados sobre violações dos direitos das crianças (SIPIA-CT), com vista a assegurar a recolha de dados abrangentes sobre o abuso das crianças com deficiência.