Las y los miembros del CRC expresaron graves preocupaciones sobre el impacto de la privatización de las escuelas marroquíes en el derecho de las niñas y niños a la educación gratuita, de calidad y accesible

Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente

El 4 de septiembre, en Ginebra, el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas cuestionó Marruecos sobre su política de privatización de la educación y demostró lamentar la ausencia de una respuesta satisfactoria del gobierno. El gobierno marroquí fue examinado por el Comité de Expertos de la ONU, responsable por el monitoreo de la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Marruecos ratificó en 1993.

Las y los miembros del CRC expresaron graves preocupaciones sobre el impacto de la privatización de las escuelas marroquíes en el derecho de las niñas y niños a la educación gratuita, de calidad y accesible, haciendo cuatro preguntas sobre ese tema. Después que la delegación marroquí no respondió a la primera cuestión, miembros del CRC plantearon cuestiones adicionales respecto al asunto, poniendo de relieve sus preocupaciones sobre temas como la transferencia de docentes de las escuelas públicas a las privadas, las desigualdades generadas por la privatización, y el tipo de sistema educativo que el Marruecos viene promoviendo.

La delegación de gobierno, liderada por la Ministra de la Solidaridad, Mujeres, Familia y Desarrollo Social, Sra. Bassima Hakkaoui, respondió que el Marruecos “promueve la libre competición entre escuelas” y espera llegar rápidamente al “20% de estudiantes matriculadas/os en escuelas privadas”. Frente a la respuesta, que negó cualquier problema relativo a las escuelas privadas en el Marruecos, un miembro del CRC hizo otra cuestión de seguimiento al asunto.

El Comité recordó a la delegación marroquí que la educación es un bien público garantizado como tal desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También mencionó que el rey de Marruecos manifestó adhesión a las preocupaciones crecientes sobre las desigualdades generadas por la privatización en la educación que avanza en el país, y preguntó si la delegación marroquí sabría identificar por lo menos dos problemas asociados a la privatización. Solo en ese momento, el representante del departamento de derechos humanos del gobierno admitió que existía un problema y que el gobierno estaba trabajando para reformar el sistema educativo.

“Las respuestas del gobierno a las cuestiones del Comité sobre los Derechos del Niño no respondieron a los problemas estructurales básicos de la discriminación en el sistema educativo en el país, creada por la privatización en la educación”, comentó Sylvain Aubry, investigador sobre el derecho humano a la educación de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).

La GI-ESCR, junto con su aliado Marroquí, condujo un estudio de un año sobre los efectos de la privatización en el Marruecos, y publicó tres informes demostrando los impactos negativos de la privatización respaldada por el gobierno en la educación para los derechos de las niñas y niños a la educación (vea aquí).

Lucy McKernan, del Servicio de Enlace de la ONU junto al GI-ESCR, explicó que “durante 15 años, el gobierno incentivó el desarrollo de la educación privada. Sin embargo, hoy muchas personas en el Marruecos se sienten obligadas a sacrificarse para que sus niñas y niños puedan acceder a escuelas privadas y onerosas, lo que crea gran desigualdad y divide la sociedad entre aquellas personas que tienen acceso a las mejores y más caras escuelas, y otras que se siente echadas de lado”.

Bret Thiele, co-director de la GI-ESCR añadió: “Esperamos que en sus observaciones conclusivas el Comité sobre los Derechos del Niño recuerde a Marruecos su obligación ante la ley internacional de proveer educación pública de calidad para todas las personas para luchar contra la desigualdad, en vez de que incentivar la educación privada, que está exacerbando desigualdades geográficas y socioeconómicas y la segregación social”.

En seguimiento a su examen, el CRC publicará al final de septiembre un conjunto de recomendaciones sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Marruecos, llamado ‘observaciones conclusivas’. El GI-ESCR y sus aliados han indicado que irán monitorear la implementación de esas observaciones por el gobierno Marroquí.

Estudiantes agremiados en la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) cerraron las calles en varios puntos de la ciudad de Asunción y el país, en reclamo de mejoras en la educación

Fuente: ABC Color | Sugerencia del Foro por el Derecho a la Educación en el Paraguay

Con pancartas como “Con la educación no se lucra” y “No pierdo clases, aprendo a luchar por mis derechos”, los estudiantes cerraron por más de media hora la intersección de la avenida Mariscal López y San Martín, así como General Díaz e Independencia Nacional, entre otros puntos de Asunción y el país, causando dificultades en el tránsito vehicular.

Además del reclamo principal de una educación pública gratuita y de calidad, los alumnos presentaron varios pedidos.

En primer lugar, pidieron que la merienda y el almuerzo escolar alcancen también a los estudiantes secundarios.

Otros pedidos incluyeron el mejoramiento de la infraestructura escolar, el uso correcto y transparente de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), el cumplimiento de la Ley de Boleto Estudiantil que rige desde el 2003, la democratización de los colegios y la elección de representantes estudiantiles.

Falta de rubros

Sheila Ríos, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional (CTN) de Asunción, reclamó el problema persistente de la falta de rubros de docentes en esa institución. Alrededor de 16 maestros en este colegio enseñan de forma ad honórem, acotó.

“Estamos pidiendo respuestas por los rubros faltantes en el colegio, estamos pidiendo que nosotros no seamos los que tengamos que pagar a los profesores, que nuestros laboratorios tengan insumos”, indicó.
Agregó que el movimiento estudiantil busca demostrar que están unidos y que quieren el cambio.

 

El documental es independiente, autofinanciado y su distribución sigue una licencia Creative Commons

Fuente: Texto adaptado de la página de difusión de Universidad S/A

Universidad S.A. es un documental independiente, realizado por dos ex-estudiantes de la universidad pública en España. La producción pretende mostrar los procesos y las consecuencias que resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto político, económico y social. Se ha entrevistado a personas vinculadas a la universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles – de estudiantes al ex-rector, a fin de ofrecer una visión amplia y diversa de lo que acontece la educación superior. Así, el documental transita desde los espacios macroeconómicos de decisión que marcan la pauta y el hacer de los gobiernos a la traducción directa de la aplicación de estas medidas, previo señalamiento de los responsables políticos, explicitando las consecuencias sociales y personales que tienen estas dinámicas.

De acuerdo al equipo de realización, “la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización -literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende; elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público), deshumanizando las aulas y a lo que ellas contengan, etc. Todo, por tal de satisfacer a nuestras nuevas deidades: los mercados, las empresas y las corporaciones que en ellos actúan.”

Asista al documental, a continuación:

Universidad S.A. (Documental) www.universidadsa.com from Universidad S.A. on Vimeo.

• El colectivo Aulas en la Calle acumula datos de solicitudes de colegios en Infantil para reflejar un “trato de favor” a la escuela privada
• Cantidades similares de matrículas se utilizan para clausurar grupos o dejarlos abiertos
• La Comunidad de Madrid ha autorizado centros concertados religiosos en zonas con escasas peticiones

Por Laura Olías | El Diario

El colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada (Madrid) se ha convertido en un “fuerte de la educación pública” durante el verano. Varias familias afectadas por el cierre de un aula para niños de tres años cumplieron 50 días de encierro el pasado martes, 12 de agosto. Protestan por lo que califican como trato de favor por parte del Gobierno de Madrid hacia la escuela privada.

Ahora, un informe elaborado por el colectivo Aulas en la Calle arroja cifras que tratan de desmontar los argumentos que utiliza la Consejería de Educación para abrir o no aulas de Educación Infantil. El departamento se ampara en las solicitudes, plazas vacantes y ratio de alumnos por clase. El estudio afirma que no afecta por igual a todos los colegios. “Existe un trato de favor para los colegios concertados frente a los públicos”, concluye Chemi Martín, profesor y portavoz del colectivo al analizar esta manera de actuar del Partido Popular en esta etapa educativa.

El curso pasado, la consejera de Educación, Lucía Figar, echó el cierre a una de las dos clases de primero de Infantil del colegio público Arcipreste de Hita por un descenso en las solicitudes de admisión. Para el próximo septiembre, las peticiones se han disparado de las 28 a las 44, pero Educación no concede más que un aula de 25 niños. Su argumento: “Hay plazas vacantes en los centros cercanos que no justifican la apertura de una nueva aula”, afirma un portavoz.

“Tratan a los niños como meros expedientes, que da igual que sean admitidos en un colegio que en otro”, se quejaba Jéssica Gómez Romero, madre de uno de los 19 niños que se ha quedado sin plaza en el Arcipreste, en conversación con eldiario.es.

Sin embargo, Chemi Martín señala que la selección de qué colegios sufren los recortes no es igualitaria: “Cuando hay que cerrar un colegio por baja demanda, siempre es público. Con los mismos resultados en concertados, no se eliminan los conciertos y son colegios que pagamos con el dinero público”.

En el documento de Aulas en la Calle se enfrentan los datos de admisión de los colegios concertados de la localidad madrileña de Fuenlabrada en los cursos pasados ya que los datos del curso 2014/2015 (a falta del periodo extraordinario de matriculación) no han sido publicados por la Comunidad de Madrid. Entre ellos está, el colegio Alhucema, situado en la misma zona del Arcipreste de Hita, que este curso ha podido abrir dos aulas de 17 niños cada una. “Eso es por debajo de la ratio máxima de 25 que fija la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Arcipreste de Hita, con 44 solicitudes –diez más que el Alhucema– podría tener dos aulas de 22, pero solo le conceden una de 25”, apunta Chemi Martín.

La diferencia entre ambos centros, uno público y otro concertado, condujo a una denuncia de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos contra la consejera Figar y contra el director del área territorial de Madrid-Sur, Alberto González, por posible prevaricación. El estudio de Aulas en la Calle extiende “el trato de favor” a otros colegios concertados: durante el curso recién terminado, el colegio Albanta admitó 41 solicitudes, para las que tuvo dos clases, y el centro Madrigal ofreció tres clases de 22 alumnos.

Además, este colectivo ha tenido acceso a los datos de admisión del próximo curso en el centro concertado Fuenlabrada, que tendrá dos aulas de primero de infantil tras haber recibido 43 solicitudes, una menos que el Arcipreste de Hita, que sólo tiene una autorizada.

Misma dinámica en otros municipios

Esta dinámica favorecedora está extendida. En otros municipios madrileños también han criticado diferencia de criterios a la hora de abrir nuevos centros. La consejera Lucía Figar anunció en plena Semana Santa la apertura de dos colegios concertados religiosos en Parla y Rivas-Vaciamadrid, que echarán a andar el próximo septiembre. En ambas localidades, no ha existido ningún centro de estas características hasta el momento y sus respectivos Gobiernos municipales se opusieron a la medida, dado que habían solicitado sin éxito la apertura de colegios públicos en reiteradas ocasiones.

En Parla, el colegio Juan Pablo II, gestionado por la Fundación Educatio Servanda, abrirá sus puertas el próximo curso en la zona de Parla Este, de unos 22.000 habitantes y con mucha vivienda protegida. “Es una zona donde reside sobre todo gente joven y cada vez más niños”, cuenta un portavoz del Ayuntamiento. “Llevábamos mucho tiempo pidiendo el colegio público número 22 de la localidad, pero nos lo negaban porque no era necesario, supuestamente”, continúa.

El pasado curso, 115 alumnos se quedaron fuera del colegio público Madre Teresa de Calcuta (muy cercano al Juan Pablo II), por falta de plazas. El Ayuntamiento denunció la adjudicación de la parcela al colegio católico, que consideran “ilegal”: “El terreno es propiedad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y en la mesa de adjudicación no se informó de las características del proyecto al responsable municipal. Nos enteramos de que el terreno iría para un colegio religioso mediante unas declaraciones del portavoz del PP en Parla”, relata el portavoz del consistorio.

Ante la polémica, la Consejería y el Ayuntamiento de Parla han firmado un convenio en el que la Comunidad se compromete a finalizar las obras que quedaban pendientes en el centro Madre Teresa de Calcula, invertirá un millón en el mantenimiento de los centros públicos y construirá un colegio público para dentro casi dos años: curso 2015/2016. El Ayuntamiento concederá la licencia al colegio religioso, aunque continuará con la denuncia por la adjudicación.

En Rivas-Vaciamadrid la situación es similar. El Ayuntamiento ha impugnado la orden de la Comunidad de Madrid que autoriza la apertura de un centro educativo concertado, también debido a la parcela adjudicada por la Comunidad, “incompatible con las prescripciones urbanísticas del planeamiento en vigor”, apuntan en un comunicado. El colegio Santa Mónica –que pertenece al Camino Neocatecumenal (el movimiento conservador católico conocido popularmente como los Kikos)– informa en su cuenta de Twitter que, pese a todo, abrirá sus puertas en septiembre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas recurre también a las cifras para deslegitimar la demanda del colegio concertado por parte de sus ciudadanos. Frente a las 127 solicitudes que superaron las plazas públicas ordinarias ofertadas para alumnos de 3 años, el centro concertado Santa Mónica solo ha recibido 12 matriculaciones (de las 25 disponibles) para ese curso, según recoge la impugnación del Ayuntamiento.

“No queremos que saturen los centros y que todos lleguen a la ratio máxima. Lo que pedimos es igualdad entre colegios, que no cierren los públicos por baja demanda cuando hay otros concertados en la misma situación”, resume Chemi Martín, de Aulas en la Calle. Mientras las familias planean actividades para septiembre, en un verano que, para ellos, sigue avanzando entre pancartas.

Decisão afeta os cursos de especialização e MBA, atualmente cobrados pelas públicas; mestrado e doutorado já são gratuitos

Fuente: Último Segundo

A 6ª turma de desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, localizado em Brasília, decidiu, por unanimidade, considerar como “ilegítima” a cobrança de mensalidades nos cursos de pós-graduação em nível de especialização e MBA (da sigla em inglês, Master Business Administration) realizados em universidades públicas.

“A cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade em qualquer curso ministrado em estabelecimento oficial de ensino público viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal [normativo que prevê a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais]”, afirma documento que resume o voto dos desembargadores. Sigue leyendo →

Para entrar en vigencia, normativa se publicará en diario El Peruano

Fuente: La Mula [8 de julio de 2014]

El presidente Humala promulgó la nueva Ley Universitaria, aprobada por el Pleno del Congreso el 26 de junio, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno el último 7 de julio. Para entrar en vigencia, la norma se publicará en el diario oficial El Peruano.

Antes de firmar la ley, el presidente Humala agregó que si bien hay un crecimiento económico en el país, en el campo educativo queda trabajo por delante: “En educación no podemos sentirnos orgullosos porque no lideramos en calidad educativa, nuestras universidades no figuran en el ranking internacional”.

Humala también recordó los intereses en el debate de la nueva Ley Universitaria: “Hubo posiciones que no defendían una idea, sino un interés económico (…) Se han creado grandes fortunas e imperios que ingresan al Congreso de la República (…) eso tiene que cambiar”
La actividad tuvo como invitados a Fredy Otárola, titular del Parlamento; René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros; Jaime Saavedra de ministro de educación, y Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

Más información:
– ¿Cómo se distribuyeron los votos para aprobar la nueva Ley Universitaria?
– A favor y en contra: opiniones tras la aprobación de la nueva Ley Universitaria.

Este fue el mensaje en el acto de promulgación de la nueva Ley Universitaria:

Elas deverão publicar a decisão em dois jornais de grande circulação e manter o serviço de secretaria para que os alunos peguem todos seus documentos acadêmicos

Fonte: Portal Brasil

O Ministério da Educação descredenciou nesta segunda-feira (14), 28 instituições de ensino superior de diversos estados brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor.

Entre as instituições estão a Faculdade Católica Dom Aquino de Cuiabá, a Faculdade de Engenharia e Tecnologia do Instituto Mairiporã de Ensino Superior, de São Paulo, o Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis de Teófilo Otoni, de Minas Gerais e a Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia. Todas essas tiveram os processos administrativos instaurados em fevereiro deste ano.

Mesmo descredenciadas, as instituições e suas mantenedoras deverão preservar as atividades das secretarias para que sejam mantidos e entregues os documentos acadêmicos de cada um de seus alunos.

Elas deverão ainda publicar no prazo de dez dias, em pelo menos dois jornais de grande circulação de sua região, a decisão de descredenciamento feita pelo MEC e indicar o telefone e o local de atendimento aos alunos para entrega de documentação e demais orientações.

As faculdades terão até 30 dias para apresentação de recurso contra a decisão de descredenciamento junto ao Conselho Nacional de Educação.

La CLADE se sumó a solicitud internacional ante el Comité, para que considere los graves impactos de la privatización en la educación de niñas y mujeres

El 7 de julio, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas, realizó un medio día de discusión abierta sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres, con el propósito de avanzar en la formulación de una Recomendación General sobre el tema. El texto de la Recomendación, que se encuentra en proceso de preparación, cuenta también con aportes recibidos vía internet [sepa más aquí].

En el marco del encuentro, la CLADE se sumó a un grupo de 13 organizaciones y redes de distintos países, que actúan en defensa y promoción de los derechos humanos, con el propósito de presentar una solicitud especial ante el CEDAW: se pidió que la Resolución tome en cuenta los graves impactos de la privatización de y en la educación de niñas y mujeres. Asimismo, las organizaciones prepararon una solicitud y una presentación oral. En América Latina y el Caribe, aportó al proceso por escrito la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación [conozca aquí estos aportes].

Distintas evidencias muestran que la privatización agrava la discriminación de género en la educación, sea porque las familias sin recursos para pagar los estudios de sus niñas y niños tienden a enviar a los varones a la escuela – y no a las niñas. De otra parte, se ha observado la obligación del sector público de rendir cuentas en caso de violaciones al derecho a la educación – incluyéndose las discriminaciones de género – y tomar las medidas necesarias, lo que no se aplica necesariamente al sector privado. En ese sentido, las medidas de justicia tomadas con relación al sector público tienen mucho más condiciones de resultar en leyes y políticas que concurren para mejorar el sistema como un todo, mientras lo que sucede con el sector privado suele tratarse de manera aislada.

Con base en casos conocidos, la solicitud refuerza la posición de las organizaciones firmantes en defensa de la educación pública y gratuita, y afirma:

“De hecho, concluimos que para que las mujeres y niñas puedan realizar su derecho a la educación, bien como sus derechos a la no-discriminación y a la igualdad de manera más amplia, es imperativo que la educación se considere un bien público, no una mercadería”.

El compromiso del CEDAW con la elaboración de una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres tuvo inicio en el 2011, cuando la Campaña Mundial por la Educación (CME) organizó una reunión con el Comité, presentando un informe que analizaba los retos del derecho a la educación de niñas y mujeres en el mundo. Para conocer este informe y las recomendaciones de la CME, cliquee aquí.

En las próximas semanas, seguiremos compartiendo las informaciones sobre la reunión ante el CEDAW y la Resolución.

Recursos:

Descargue aquí la solicitud encaminada al CEDAW [en inglés].

Descargue aquí la presentación oral que se hizo ante al CEDAW [en inglés].

Descargue aquí los aportes de la Campaña Boliviana a la consulta de CEDAW.

Y lea también:

La educación de niñas y mujeres es un derecho. ¡Exíjalo! Posicionamiento de CLADE sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres

El día 12 de junio, la CLADE entregó en manos a Kishore Singh una carta alegatoria del Foro Chileno sobre el caso

En Ginebra, durante la realización de la 26ª Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial Sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, recibió en manos la Carta Alegatoria del Foro por el Derecho a la Educación, coalición socia de la CLADE en Chile, sobre el cierre de escuelas públicas en la municipalidad de Cerro Navia. En esa ocasión, Singh manifestó su gran preocupación por el hecho y se dispuso a tomar medidas, y además afirmó su disposición de visitar el país.

A comienzos de 2013, cuatro escuelas públicas en la municipalidad de Cerro Navia, Chile, fueron cerradas por el alcalde local. Según el Foro, la decisión del alcalde se amparó en la ley chilena, que autoriza el cierre de escuelas de parte de sus sostenedores, sin necesidad de rendir cuentas públicas. La situación representa una grave violación al derecho a la educación y, en el caso de los colegios cerrados, se puede añadir que todos respondían a criterios de calidad educativa, con docentes valoradas/os, y una fuerte organización comunitaria.

Este no constituye un caso aislado. Según el Colegio de Profesores de Chile, son más de 30 establecimientos municipales los que cerraron el último trimestre, aludiendo a temas como problemas de infraestructura y bajas matrículas, de esta manera pasaron a engrosar la lista de más de 864 escuelas públicas cerradas en los últimos 20 años. De acuerdo al Colegio de Profesores, en la mayoría de los casos, no hubo respuesta de parte de la justicia.

Las y los estudiantes y sus familias relatan que la alternativa dejada por el alcalde ha sido matricularse en colégios privados subvencionados, y que esto significó para las niñas y niños el inicio de una lucha contra la discriminación que han sufrido en estos colegios porque estudiaban antes en las escuelas municipales.

El Foro por el Derecho a la Educación viene apoyando a las comunidades afectadas en una serie de actividades de movilización, incidencia política y justiciabilidad por la reapertura de los colegios en Cerro Navia [sepa más aquí]. En mayo, la coalición preparó una Carta Alegatoria para el Relator Especial, respecto al tema [léala aquí], que en un primer momento se la entregó simbólicamente a Jorge Sequeira, Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO [sepa más aquí] y, luego, se la entregó en manos al Relator, con el apoyo de la CLADE.

La CLADE, que tuvo también la oportunidad de visitar los colegios cerrados de Cerro Navia y declarar su apoyo a la lucha de las comunidades afectadas, continuará dándole seguimiento al caso e incidiendo por el fortalecimiento de la educación pública como condición irrevocable para la realización del derecho humano a la educación.

Lea más:

Chile: el Cierre de escuelas en la trastienda de la educación pública

Chile: Foro denuncia vulneración del Derecho a la Educación en Chile ante Naciones Unidas 

En Ginebra, organizaciones proponen acciones colectivas para hacer frente a la privatización en el campo educativo 

Cerro Navia cierra sus colegios: visita el blog de las comunidades afectadas por el cierre