María Balarin, investigadora asociada del Grupo para el Análisis de Desarrollo, de Perú, acaba de concluir una investigación sobre el crecimiento de la privatización en la educación en su país.

El estudio “The default privatization of Peruvian education and the rise of low-fee private schools: better or worse opportunities for the poor?” [“La privatización por defecto de la educación peruana y el ascenso de las escuelas privadas de bajo costo: mejores o peores oportunidades para las personas pobres?”], fue uno de los seleccionados para una convocatoria de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI) de Open Society Foundations, que también contó con la colaboración de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).

En marzo de 2015, la investigadora participó en el panel “Interrogating education privatisation in Latin America” [“Interrogando la privatización de la educación en América Latina”], realizado por PERI en el marco de la 59ª Conferencia de la Sociedade Internacional y Comparativa de Educación (CIES), donde pudo presentar los resultados de su investigación, a saber:

• En Perú, la educación privada se instaló y creció en la última década, en razón de una casi desaparición de la regulación y fiscalización relativa a la escuelas privadas, en función de la descentralización administrativa que ocurrió en el país en ese período.
• Perú es hoy uno de los países más segregados en materia de educación en América Latina. El sistema educativo es profundamente estratificado y esto se debe a factores como el lugar de residencia y el nivel de ingresos de las familias. Si bien dicha tendencia se verifica tanto en las escuelas públicas, como en las privadas, el nivel de estratificación es mayor en estas últimas, cuya oferta supera el alcance del marco regulatorio del Estado.
• La elección de escuelas privadas de parte de las familias más vulnerables económicamente resulta de decisiones prácticas, como la disponibilidad del servicio en las regiones donde viven, las proporción de maestras/os por estudiante y el hecho de que, al enviar a un niño o niña a un colegio cerca de sus casas les permite acompañar mejor su rutina escolar.

La investigadora también observa que es poco probable que la elección de un colegio privado de bajo costo garantice mejores oportunidades para las y los estudiantes, pues el desempeño de estudiantes de escuelas públicas y privadas de una misma área son similares. Además, se apunta a las implicaciones de la segregación socioeducativa para la ciudadanía y justicia social en Perú.

En el mismo Panel, también se presentaron los trabajos:

“Do charter schools really make a difference? The role and impact of Colegios en Concesión (CEC) in Bogotá” [“Las escuelas charter hacen una diferencia real? El papel y el impacto de los Colegios en Concesión (CEC) en Bogotá”], de Andreu Termes, Xavier Bonal and Antoni Verger, Universitat Autònoma de Barcelona.

“Neo-Liberalisation of Education in Chile” [“Neo-Liberalización de la Educación en Chile’]. Camila Cociña, Red de estudios para la profundización democrática.

“Getting down to business – the commodification of Education in Sao Paulo” [“Pasando a los negócios – la mercantilización de la educación en São Paulo”]. Gustavo Paiva, Ação Educativa

Recursos:

Accede a la presentación de María Balarin aquí (en inglés).

Lee el análisis “Low-fee private schools in Peru” [“Escuelas privadas de bajo costo en Perú”], de María Balarin, aquí (en inglés).

El número de universidades privadas en México se duplicó al llegar a 2,858 e los últimos ocho años, donde estudian 1.2 millones de jóvenes (33 de cada 100 universitarios); sin embargo, dichos establecimientos no tiene supervisión 

Fuente: Diário de Yucatán

AGENCIA PAR.- En México no hay incentivos para las universidades privadas que buscan acreditar voluntariamente su calidad, aunque cumplir con la ley no garantiza la excelencia

Esteban fue rechazado por la universidad pública. Este año ingresó a una universidad privada de bajo costo: “No te exigen mucho, los profesores en realidad no están comprometidos con la enseñanza”. Su escuela le garantiza un título, pero no calidad y excelencia educativa.

En los últimos ocho años, el número de universidades privadas se duplicó al llegar a 2,858 instituciones con más de cinco mil planteles o escuelas en todo el país.

Pero de ese universo de opciones, sólo 113 instituciones están acreditadas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), única instancia que certifica la calidad de una institución privada. A ello se suman 321 planteles que ofrecen al menos un plan de calidad otorgado por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

Periódicos Asociados en Red (PAR) revisó las condiciones en que operan universidades privadas en nueve estados: Jalisco, Yucatán, Durango, Sonora, Coahuila, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Veracruz.

Fácil y barato

Abrir una universidad es fácil y barato: en Sonora bastan 667 pesos para dar de alta un plan de estudios (en Baja California es gratis). Muchas instituciones se instalan en planteles improvisados: bodegas o casas que carecen de infraestructura básica como laboratorios, bibliotecas o centro de cómputo. En algunos casos, cuentan con menos de 500 alumnos y personal multifacético. Por ejemplo, en Durango 24 profesores de un instituto imparten once licenciaturas, dos maestrías y un doctorado.

En Baja California, las autoridades cerraron el año pasado una “universidad” que estaba adentro de un centro comercial. En Jalisco y Coahuila, carecen de registro a nivel estatal de inspecciones a universidades privadas. Con mensualidades de hasta 600 pesos, en muchas ocasiones la oferta se orienta según el mercado. Es el caso de Tabasco, en donde hay un “boom” de escuelas que ofrecen ingeniería petrolera en su matrícula.

En universidades privadas estudian 1.2 millones de jóvenes (33 de cada 100 universitarios), muchos de ellos, rechazados de universidades públicas. El problema, indica Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Fimpes, es que  son demasiadas las universidades, “ni las inspeccionan porque son muchas ni las cierran porque no les es conveniente, y tampoco las incentivan”.

El problema es que en el país no hay supervisión efectiva a las que operan de manera improvisada. Por otra parte, cumplir con la ley actual sólo significa que se atienden los requisitos mínimos para abrir y operar una escuela: la posesión de un inmueble, tener una plantilla de profesores y el pago del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por cada plan de estudio.

Educación | Calidad

“Cumplir los requisitos básicos no garantiza que haya calidad”, dice el secretario de la Fimpes.

Deficiente inspección

A la falta de garantía en la calidad se suma deficiente inspección de autoridades a las instituciones particulares, pues la ley no obliga a supervisar, sólo sugiere al menos dos inspecciones por año.

Incentivos

Juan Carlos del Castillo Vázquez, director técnico de Copaes, pide diseñar mecanismos que incentiven la acreditación de excelencia.

En último lugar

El 85 por ciento de los planteles con RVOE federal en el país están en el último lugar por su compromiso con la calidad y sólo el 4 por ciento tiene niveles de excelencia, según la última evaluación de la SEP. El diagnóstico añade: seis de cada 10 planteles carece de un estricto proceso de evaluación del aprendizaje.

Cierra puertas

La falta de competencias laborales cierra puertas a los egresados, según la Encuesta de Competencias Profesionales 2014 del Centro de Investigación para el Desarrollo: “sus títulos y estudios carecen de valor, pues no ofrecen lo que el mercado busca ni lo que el país necesita para ser competitivo”, concluye tras encuestar a 500 empresas.

Lee también: Escuelas patito, un engaño para pobres. El Universal.

Sylvain Aubry, investigador de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comenta  las tendencias a la privatización de la educación en Marruecos al periódico Le Monde

Fuente: Con informaciones de Le Monde

“Desde hace quince años, los sucesivos gobiernos de Marruecos fomentan el desarrollo del sector de la enseñanza privada. Hoy en día, la participación de las y los estudiantes en la escuela primaria privada aumentó del 4% en 1999 al 15% en 2015, y las propias autoridades no dejan de vehícular la idea de que la educación privada es mejor que la educación pública, lo que no es cierto”, cuenta Sylvain Aubry, investigador de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en entrevista al periódico Le Monde Afrique.

En la entrevista, comenta las tendencias a la privatización de la educación en el país. Evalúa que hay una voluntad ideológica de disminuir el papel del Estado y que la transferencia de responsabilidades de lo público hacia lo privado no contribuye para una mejora real de la calidad de la enseñanza, más bien promueve segregación – en el caso marroquí, en función de la origen socioeconómica.

Respecto a cómo solucionar los desafíos de la educación en Marruecos, afirma: “No hay una solución mágica. Para construir un sistema educativo de calidad, sin discriminación, se necesita una enseñanza pública consistente. En lugar de seguir el ejemplo de países donde el sistema es claramente un fracaso, el gobierno marroquí debería buscar inspiración en países como Finlandia, que obtiene año con año los mejores resultados, tanto en las pruebas internacionales como PISA, como en materia de igualdad en el sistema educativo. Hay que volver a trazar un plan ambicioso para la enseñanza pública”.

Lea la entrevista completa aquí (en francés).

Organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en Colombia se suman a iniciativa mundial para exponer y revertir la expansión del capital global en el sector de la educación pública

Fuente: Internacional de la Educación para América Latina

Líderes sindicales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y de la Asociación Sindical de Profesores Universitários (ASPU), organizaciones colombianas afiliadas a la Internacional de la Educación en Colombia, se reunieron el 10 de abril en Bogotá para aunar fuerzas y definir estrategias en el marco del nuevo proyecto de la Internacional de la Educación de respuesta mundial ante el lucro y la comercialización de la educación. El coordinador del proyecto, Angelo Gavrielatos, presentó la iniciativa junto a David Edwards,  Secretario General Adjunto de la Internacional de la Educación.

Fátima Da Silva (CNTE- Brasil) y Roberto Baradel (CTA-Argentina) también estuvieron presentes integrando la delegación de la Internacional de la Educación, en una misión de solidaridad en el marco actual de los procesos de paz y las reivindicaciones del magisterio colombiano.

Durante su intervención, Gavrielatos, ex-presidente del Sindicato Australiano de Educadores (AEU), reconoció las luchas de América Latina y el papel crucial de los sindicatos de la educación contra la ofensiva neoliberal en las últimas décadas. “Tenemos mucho que aprender de América Latina”, afirmó, “hemos dejado pasar demasiado tiempo antes de dar prioridad a este asunto a nivel mundial”.

Asimismo, señaló que los principales objetivos del proyecto son exponer y revertir “la expansión cada vez mayor del capital global en el sector de la educación pública”, así como “presionar a gobiernos y organizaciones internacionales para que asuman su responsabilidad de garantizar una educación pública de calidad integral, socialmente referenciada”.

En ese sentido, insistió en la necesidad urgente de articular una respuesta global ante la invasión creciente de grandes corporaciones en el sector de la educación pública, un sector que para ellas constituye “un mercado global emergente, valorado en 4,5 trillones de dólares y apenas capitalizado en un 0’1%”.

Ante la ausencia de un marco legislativo regulador adecuado, explicó Gavrielatos, “estas corporaciones imponen sus intereses lucrativos y provocan un déficit democrático sin precedentes en nuestras sociedades, actuando al margen de los estados-nación”.

Gavrielatos se refirió a las negociaciones sobre el próximo tratado de libre comercio, TISA (Trade in Services Agreement), que están teniendo lugar en secreto entre los gobiernos. “En el pasado, la educación pudo excluirse del GATS. Con TISA, todos los servicios están dentro por defecto, incluyendo a la educación. Si no se hace presión para excluirla, los gobiernos que firmen TISA habrán de tratar de igual manera a los proveedores públicos que a los privados.”

Gavrielatos participó el 7 y 8 de abril en una reunión con las afiliadas de la Internacional de la Educación para América Latina en Brasil, CNTE, CONTEE y PROIFES, en la que también se presentó y debatió el proyecto. Estas reuniones abren así un proceso de consulta con las afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina, con el objetivo de definir líneas de acción en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que confronten la disputa actual de la direccionalidad político-pedagógica de la educación.

La Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, que tendrá lugar del 6-8 de mayo en Chile, dedicará asimismo un espacio al análisis y el debate en torno a este tema.

“Que Chile decida su educación”, es el título del video con que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) invita a salir a la calle este jueves 16 de abril, en lo que será la primera marcha nacional convocada por los y las universitarios.

Fuente: Confech

Desde el edificio Costanera Center hasta Vega Central, son las imágenes que se pueden ver en el clip lanzado esta noche, recordando a su vez el contexto actual que vive el país en medio de los últimos casos de corrupción.

“Para que pesen más los millones de chilenos que los millones de pesos de los corruptos y empresarios”, es una de las frases más destacadas del video, invitando a la ciudadanía a “hacerse cargo del problema”, ya que ésta la más indicada para conducir los cambios que Chile necesita.

La movilización está convocada para el próximo jueves 16 de abril, a las 11.00, desde Plaza Italia al metro República.

Asista al video de Confech, a continuación:

Nota de #Contracorriente: También la Coordenadora Nacional de los Estudiante (Cones) convoca a la marcha. Vee el cartel que la Cones difundió en el Twitter:

 

 

El órgano jurisdiccional del Estado rechazó un artículo de la nueva institucionalidad de la educación parvularia, declarando inconstitucional la obligación de constituirse sin fines de lucro para los jardines que reciben recursos del Estado.

Fuente: El Dínamo

En mayo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto que crea una nueva institucionalidad de educación parvularia.

Si bien la mandataria explicó en aquella oportunidad que la idea era aplicar el fin del lucro a todos los establecimientos escolares que reciben aportes públicos, el Tribunal Constitucional (TC) rayó ayer la cancha rechazando un artículo de la nueva institucionalidad de la educación parvularia, declarando inconstitucional la obligación de constituirse como entidades sin fines de lucro para los jardines que reciben recursos del Estado.

El órgano jurisdiccional del Estado justificó su decisión argumentando que la norma requería de quórum orgánico para su aprobación, cuando en los hechos fue tramitada como simple.

Al respecto, la asesora encargada del área de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, María Isabel Díaz, refutó al TC asegurando que “tenemos una interpretación distinta del TC, toda vez que estimamos que no tiene el rango de orgánica constitucional (…) porque no impone normas adicionales para el reconocimiento oficial, sino para recibir recursos públicos”.

“Gracias a la Ley de Inclusión, recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional, se ha establecido como requisito para ser sostenedor de establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, incluidos jardines infantiles, la obligación de no perseguir fines de lucro, debiendo además destinar de manera integral y exclusiva los aportes estatales con fines educativos”, declaró.

De todos modos, el TC dio visto bueno al llamado proyecto de inclusión al rechazar los seis requerimientos presentados en enero pasado por un grupo de parlamentarios de la Alianza contra la reforma educacional.

“A lo largo de aproximadamente diez años, las multinacionales han hecho inversiones en gran escala en lo que consideran el lucrativo mercado de la educación en los países en desarrollo. ¿Su estrategia?  Proponer escuelas a bajo costo para los pobres. La ONU está preocupada por la privatización que exacerba las desigualdades”.

Así comienza el texto de Sylvie Ducatteau al periódico francés l’Humanité. El reportaje discute las características del modelo de educación que se viene estructurando alrededor del concepto de escuela privada de bajo costo y que, según sus defensores/as, constituiría una solución frente a las brechas dejadas por el sector público en la educación en los países en desarrollo.

Dichas escuelas, cuya proposta es ofrecer educación a un valor bajo a las familias más vulnerables económicamente, suelen alojarse en edificios prefabricados sin estructura adecuada para impartir clases, utilizando paquetes con contenidos estandarizados. En la opinión del investigador Sylvain Aubry, entrevistado por el reportaje, “este es el sistema de McDonalds aplicado a la educación. Aprenda la misma cosa al mismo tiempo y en cualquier lugar”.

El texto también presenta datos importantes: se estima que los sectores educativos, público y privado, movilizan recursos del orden de los 4 billones de euros. Los 100 millones de niñas y niños que no asistido jamás a la escuela y los 800 millones de personas adultas sin alfabetizarse representan, para dicho mercado, clientes potenciales. Ante ello, el artículo recuerda que más allá de la visión de mercado, distintos organismos han abogado por el fortalecimiento de la educación pública. El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Kishore Singh, por ejemplo, afirma que es una gran injusticia social el hecho de que muchas familias no puedan tener la oportunidad de mejorar su situación social a través de la educación.

Lea el reportaje aquí (en francés).

Informe paralelo de la sociedad civil al 23º período de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) argumenta que la privatización promueve la segregación socioeducativa y la discriminación en el país

Con miras al 23º período de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, a realizarse en noviembre de 2015, la Campaña Nacional por la Educación de Nepal, en conjunto con la Asociación por la Educación Básica y de Personas Adultas de Asia del Pacifico Sur (Aspbae, por su acrónimo en inglés) y aliados internacionales, elaboró el informe La segregación de la educación, la discriminación contra las niñas: la privatización y el derecho a la educación en Nepal. Visto que este país será evaluado en la 23ª session del EPU, se espera que que el informe paralelo de la sociedad civil pueda servir de insumo al proceso de evaluación.

Basado sobretodo en investigación documental, el informe concluye que la privatización rápida que ha tenido lugar en Nepal en los últimos 20 años ha conllevado a un alto nivel de segregación en el país, que probablemente superó al de Chile – considerado el más segregado de los 65 países evaluados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Además, en el Nepal la privatización impacta fuerte y negativamente el acceso de las niñas a la educación.

En el informe, se argumenta que esto no sólo constituye una violación de las normas nepalesas de derechos humanos, sino también constituye una amenaza adicional para la paz y la estabilidad en este país que recientemente se recuperó de un conflicto.

La segregación de la educación, la discriminación contra las niñas: la privatización y el derecho a la educación en Nepal es una iniciativa de la Campaña Nacional por la Educación de Nepal, de Aspbae, de la Iniciativa Mundial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CI-ESCR, por su acrónimo en inglés) y de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de Paris y tiene el apoyo de la Campaña Mundial por la Educación y de la Internacional de la Educación, entre otros aliados.

Descargue aquí el informe (en inglés).